Ignacio Ramonet País: Cuba, Estados Unidos (política exterior) Tema: Relaciones Norte-Sur, Geopolítica, Relaciones internacionales
En el libro que acaba de publicar sobre sus experiencias como secretaria de Estado durante el primer mandato (2008-2012) del presidente estadounidense Barack Obama, titulado Decisiones difíciles (1), Hillary Clinton escribe, a propósito de Cuba, algo fundamental: “Al terminar mi mandato, le pedí al presidente Obama que reconsiderase nuestro embargo contra Cuba. No cumplía ninguna función y obstaculizaba nuestros proyectos con toda América Latina.”
Por primera vez, una personalidad que aspira a la presidencia de Estados Unidos afirma públicamente que el bloqueo impuesto por Washington –¡desde hace más de cincuenta años!– a la mayor isla del Caribe no cumple “ninguna función”. O sea, no ha permitido doblegar a ese pequeño país a pesar del gran sufrimiento injusto que le ha causado a su población. Lo fundamental en la constatación de Hillary Clinton son dos aspectos.
Primero, rompe un tabú diciendo en voz alta lo que desde hace tiempo todos saben en Washington: que el bloqueo no sirve para nada. Y segundo, más importante, declara esto en el momento en que arranca su trayectoria hacia la candidatura demócrata a la Casa Blanca; es decir, no teme que esa afirmación –a contracorriente de toda la política de Washington hacia Cuba en el último medio siglo– constituya un obstáculo para ella en la larga batalla electoral que tiene por delante hasta las elecciones del 8 de noviembre de 2016.
Si Hillary Clinton sostiene una postura tan poco convencional es, en primer lugar, porque asume el desafío de responder sin temor a las duras críticas que no dejarán de formularle sus adversarios republicanos, ferozmente hostiles a todo cambio de Washington con respecto a Cuba. Y, en segundo lugar, y sobre todo, porque no ignora que la opinión pública estadounidense ha evolucionado sobre ese tema y es hoy “mayoritariamente” favorable al fin del bloqueo.
Palestino cruzando el check-point de Belén hacia Jerusalén, julio de 2013 (Musa Al Shaer/AFP/Dachary)
“LO QUE ES MÍO ES MÍO, LO QUE ES TUYO SE NEGOCIA”
A Israel no le interesa negociar con los palestinos
Por Alain Gresh*
Las negociaciones palestino-israelíes han finalizado sin ningún resultado. Hasta los propios emisarios de Estados Unidos se han declarado sorprendidos por la intransigencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Sin embargo, el incondicional apoyo de Washington a Tel Aviv no sufrirá ninguna alteración. Y no habrá un Estado palestino.
Las negociaciones tendrían que haber empezado con la decisión de detener las obras en las colonias. Pero pensamos que podíamos lograrlo gracias a la descomposición del gobierno israelí, entonces lo descartamos.” Entrevistado por el conocido periodista Nahum Barnea, del diario israelí Yediot Aharonot, en el marco de una investigación (1) sobre el fracaso de las negociaciones palestino-israelíes, el funcionario estadounidense –cuyo nombre queda en el anonimato– prosigue: “No habíamos comprendido que [el primer ministro Benjamin] Netanyahu usaba las licitaciones de las obras en las colonias para garantizar la sobrevivencia de su propio gobierno. Tampoco habíamos entendido que la prosecución de dichas obras ayudaba a que algunos ministros sabotearan, de un modo muy eficaz, el éxito de las negociaciones. [...] Recién ahora, tras el fracaso de las conversaciones, nos dimos cuenta de que estas obras [unas 14.000 viviendas] equivalían a una expropiación de tierras a gran escala”.
A la pregunta “¿Se sorprendieron cuando descubrieron que en realidad a los israelíes no les interesaba lo que pasaba en las negociaciones?”, el funcionario de la administración Obama responde: “Sí, nos sorprendimos. Cuando su ministro de Defensa, Moshe Yaalon, declaró que lo único que buscaba [el secretario de Estado estadounidense] John Kerry era conseguir el Premio Nobel, el insulto fue terrible, cuando nosotros lo hacíamos por ustedes”.
Aunque todas las fuentes de Nahum Barnea sean anónimas, se sabe que el autor accedió a todos los funcionarios estadounidenses, en especial a Martin Indyk, encargado por el presidente Barack Obama de supervisar las negociaciones palestino-israelíes. El principal argumento se reduce a tres palabras: “Nosotros [los estadounidenses] no sabíamos”. No sabíamos lo que significaba la colonización, no sabíamos que el gobierno israelí no estaba interesado en las negociaciones.
Mentiras piadosas
¿Es creíble? Estados Unidos, el principal aliado de Israel, que participa del “proceso de paz” desde hace cuatro décadas... ¿“no sabía”? ¿Cómo creer que el secretario de Estado John Kerry haya podido cruzar los océanos decenas de veces, coordinar cientos de horas de negociaciones, de conversaciones telefónicas y videoconferencias, multiplicar las entrevistas individuales con la mayoría de los líderes de la región en detrimento de otros problemas internacionales? ¿Cómo creer, en síntesis, que haya dedicado tanta energía a resolver este conflicto, para “tomar conciencia recién ahora” de que a los israelíes no les interesaban las negociaciones?
Sin embargo, hace más de una década que el “Proceso de Oslo” está muerto y enterrado bajo el peso de los colonos. Son más de 350.000 los que desde 1993 se han ido instalando en Cisjordania y Jerusalén Este. ¿Y Washington tampoco lo entendió? ¿Qué hay, entonces, en la cabeza de John Kerry? ¿Por qué tanta perseverancia en el fracaso? ¿Realmente “no sabía”? En realidad, Kerry, al igual que el presidente Obama y todos sus antecesores, adhirieron hasta tal punto a la mirada de Tel Aviv que ya no ven la realidad y no pueden entender el punto de vista de los palestinos. Saeb Erekat, el jefe de los negociadores palestinos, lanzó a los israelíes: “Ustedes no nos ven, somos invisibles”. Exactamente lo mismo podría decirse a Estados Unidos (2), a quien se puede aplicar, junto con los israelíes, el viejo principio de “lo que es mío es mío, lo que es tuyo se negocia”. Las tierras conquistadas en 1967 son “territorios disputados” y todos los derechos de los palestinos son negociables, ya sea sobre Jerusalén Este, sobre las colonias, la seguridad, los refugiados, el agua, etc. Así pues, cualquier concesión queda a cargo de los ocupados, no de los ocupantes. Por eso es que, cuando Israel acepta proceder a la retrocesión del 40% de Cisjordania, puede proclamar que está haciendo una dolorosa concesión, comprometiendo su seguridad, los derechos del “pueblo judío” en Eretz Israel (la tierra de Israel), etc.
Esta postura sirve al gobierno israelí para acumular obstáculos, pidiendo concesión tras concesión, y nunca ninguna es suficiente. Aunque los palestinos reconocieron el Estado de Israel –pero no a la inversa–, se les exige el reconocimiento de su carácter judío, cosa que nunca se pidió a Egipto ni a Jordania (3) ni a los palestinos en tiempos del primer mandato de Netanyahu (1996-1999).
Esta vez, sin embargo, una intransigencia tan arrogante provocó el mal humor de los diplomáticos estadounidenses, que estalló en varias ocasiones. Algunos de ellos –incluido el presidente Barack Obama– mencionaron el hecho de que no existía una solución alternativa a la de los dos Estados, sino un Estado único en el territorio histórico de Palestina. El propio John Kerry alertó sobre un sistema de “apartheid” (aunque se retractó rápidamente) (4).
En un primer momento, Washington había manifestado su satisfacción ante el desarrollo de las negociaciones. Iniciadas en julio de 2013, iban a durar nueve meses y la Autoridad Nacional Palestina aceptó múltiples concesiones respecto de la legalidad internacional: desmilitarización del futuro Estado palestino, presencia militar israelí en el río Jordán durante cinco años, reemplazada luego por la de Estados Unidos, paso de las colonias de Jerusalén a soberanía israelí, intercambio de territorios que permitan que el 80% de los colonos de Cisjordania sean integrados en el Estado de Israel. Por último, el regreso de los refugiados estaría condicionado al acuerdo de Israel (5). Ningún otro dirigente palestino había llegado tan lejos en las concesiones como Abbas y es poco probable que en el futuro se encuentre otro que esté dispuesto a aceptarlas.
A todos estos avances (o retrocesos, según el punto de vista que se adopte), Israel respondió con un “¡No!” rotundo. Como cuenta una de las fuentes estadounidenses de Nahum Barnea: “Israel presentó sus necesidades de seguridad en Cisjordania. Pidió el control total de los territorios [los estadounidenses nunca dicen “ocupados”, a pesar de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre de 1967]. Eso significaba, para los palestinos, [...] que Israel seguiría controlando Cisjordania para siempre”. Sin embargo, la cooperación en materia de seguridad entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina nunca había sido tan estrecha, ni la seguridad de los israelíes había sido tan resguardada (en detrimento –recordémoslo– de la de los palestinos, aprisionados por el recorte de los territorios, humillados por los controles incesantes y regularmente abatidos en Cisjordania y Gaza). Según la organización de defensa de derechos humanos B’tselem, en 2013 fueron asesinados 36 palestinos, es decir, el triple que el año anterior.
Falsas promesas
Unas semanas antes del 29 de abril, fecha en que caducaba el plazo para las negociaciones de paz, se hizo evidente que Netanyahu sólo buscaba ganar tiempo. Primero se retractó de su promesa de liberar al cuarto grupo de prisioneros palestinos encarcelados desde antes de 1993. La Autoridad entonces replicó ratificando cierto número de tratados internacionales (en particular las Convenciones de Ginebra que regulan las obligaciones de las potencias ocupantes y que el gobierno israelí viola alegremente desde 1967), pero se abstuvo, por el momento, de ratificar la Convención de la Corte Penal Internacional (CPI) que permitiría investigar a los líderes israelíes por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Para la CPI, la instalación de colonos en un territorio ocupado es un crimen de guerra.
Cuando el gobierno israelí confirmó su determinación de prolongar el control de Cisjordania “por los siglos de los siglos” (Biblia, Libro de Daniel, 7-18), el presidente Mahmud Abbas, fuertemente discutido dentro de Al Fatah e impopular, decidió que había llegado el momento de poner fin a la división que, desde 2007, había debilitado la causa palestina. Las condiciones habían madurado de ambos lados. El propio Hamas abrazó la idea, debilitado por el bloqueo conjunto de Israel y las nuevas autoridades egipcias –así como por la violenta campaña antipalestina instrumentada por El Cairo– y cuestionado en su interior por organizaciones más radicales, en particular el Yihad Islámico o grupos que responden a Al-Qaeda.
Así, el pasado 23 de abril se firmó un acuerdo para la creación de un gobierno de “técnicos” presidido por Abbas y la realización de elecciones legislativas y presidenciales en un plazo de seis meses. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) también tendría que realizar elecciones internas e integrar a Hamas, que nunca había sido miembro. Este acuerdo se adecua al firmado en El Cairo en 2011 y confirmado en Doha en 2012, pero nunca implementado. El convenio –que no había provocado la indignación de Washington y había sido celebrado por la Unión Europea– fue la excusa que encontró Israel para romper las negociaciones que, de todas maneras, estaban trabadas. “Abbas debe elegir: o hacer la paz con Israel o reconciliarse con Hamas” (6), proclamó Netanyahu, quien en los meses previos había puesto en duda la “representatividad” de Abbas con el argumento de que no controlaba Gaza... El líder palestino le respondió que el futuro gobierno estaría compuesto por tecnócratas e independientes: “Los israelíes preguntan: ¿reconoce este gobierno a Israel? Yo respondo: por supuesto. ¿Renuncia al terrorismo? Por supuesto. ¿Reconoce la legitimidad internacional? Por supuesto” (7).
Se podrían remitir estas preguntas a Netanyahu y a su coalición gubernamental, como así también a los partidos de carácter fascista que participan en ella, como el Hogar Judío de Naftalli Bannet, y sus doce diputados (de ciento veinte) (8). ¿Reconocen un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967 o las resoluciones de la ONU? Por supuesto que no.
Pero la suspensión prolongada de las negociaciones perjudica a Washington y a Tel Aviv: “Existe una amenaza muy concreta e inmediata para Israel si intenta imponer sanciones económicas a los palestinos –explica un funcionario estadounidense a Nahum Barnea–. Podrían actuar como un búmeran [...]. Podrían terminar en el desmantelamiento de la Autoridad Palestina y los soldados israelíes deberían administrar la vida de 2,5 millones de palestinos, para gran pesar de sus madres. Los países donantes dejarían de pagar y la factura de 3.000 millones de dólares tendrían que pagarla ustedes, a través de su ministro de Economía” (9).
Por otra parte, mientras dure el supuesto “proceso de paz”, los llamados a sancionar a Israel y su boicot son menos creíbles. No es casualidad que el gobierno alemán haya decidido, después del cese de las conversaciones, no subsidiar la compra de submarinos nucleares alemanes por parte de Israel, lo cual costará cientos de millones de dólares a los contribuyentes israelíes (10). Y la Unión Europea podría, luego de tantas prórrogas y tanta condescendencia para con Israel, impartir sanciones.
Lo que no cambiará, cualesquiera sean las violaciones cometidas contra la legalidad internacional, es que Estados Unidos se mantendrá firme detrás de Israel. Como explicaba Indyk recientemente: “Las relaciones israelo-estadounidenses cambiaron de manera fundamental [desde la guerra de octubre de 1973]. Sólo quienes los conocen íntimamente –como yo tengo el privilegio de conocerlos– pueden dar testimonio de cuán profundos y fuertes son los vínculos que unen a nuestras dos naciones. Cuando el presidente Obama habla, con un orgullo justificado, de vínculos ‘irrompibles’, piensa lo que dice y sabe de qué habla” (11). Indyk completa afirmando que, contrariamente a lo que sucedió después de la guerra de octubre de 1973, cuando el secretario de Estado Henry Kissinger negociaba un acuerdo entre Israel de un lado y Siria y Egipto del otro, Obama nunca suspendería las relaciones militares con Tel Aviv como en su momento hizo el presidente Richard Nixon.
Mañana, el Estado palestino, siempre mañana: así se puede resumir el discurso estadounidense (12). Hay que aceptarlo, Washington no llevará por sí solo y sin presiones la paz a Medio Oriente. Se necesitarán fuertes medidas de sanción contra Israel adoptadas por Estados y de boicot promovidas por la sociedad civil, para que los palestinos finalmente puedan celebrar “el año próximo en Jerusalén”.
1. Nahum Barnea, “Inside the talks’ failure: US officials open un”, www.ynetnews.com, 2-5-14.
2. Citado por Martin Indyk, “The Pursuit of Middle East Peace: A Status Report”, Washington Institute for Near East Policy, Washington, 8-5-14.
3. Sylvain Cypel, “L’impossible définition de l’ ‘Etat juif’”, OrientXXI.info, 5-5-14.
España vive un cambio de dimensiones sísmicas que se hizo patente por primera vez con el cénit del movimiento de “los indignados” –el 15-M– que generó un tsunami de “mareas” ciudadanas del que ha emergido una nueva forma de hacer política. En 2015, el bipartidismo PP-PSOE, asentado desde 1978, agoniza con su propuesta económica monocorde en las urnas y pronto dará paso a una nueva era socio-económica, pendiente del desafío soberanista catalán.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, lleva tiempo anunciándolo, pero que 2015 es el año del cambio radical en todos los aspectos de la sociedad española –empezando por los ámbitos político y económico– es ya un hecho incontrovertible. La España que surja de las cinco elecciones a las que han sido llamados los españoles en sólo nueve meses, comenzando con las autonómicas andaluzas el 22 de marzo y que culminarán el 13 o el 20 de diciembre con unas generales, será completamente distinta de la que se han repartido los dos grandes partidos que pactaron la Transición tras la muerte de Franco.
Para empezar, en enero de 2016 el Congreso de los Diputados presentará un reparto de escaños en el que ni el conservador Partido Popular (PP) podrá sumar mayoría de gobierno con aliados de la derecha –fundamentalmente, el partido Ciudadanos, creado en Cataluña hace diez años en contra del catalanismo nacionalista–, ni el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la sumaría aunque lograse el apoyo de Podemos, el movimiento ciudadano de ascenso fulgurante fundado por Pablo Iglesias para canalizar el empuje de los indignados del 15-M. En consecuencia, o de alguna forma se consigue que la nueva alineación de fuerzas dé paso a pactos multipartidistas, o sólo quedará una posibilidad: la Gran Coalición (PP-PSOE) a la alemana de la que ambos protagonistas abjuran y que es repudiada por la gran mayoría del electorado.
Pero incluso en ese último caso se confirmará el fin de la hegemonía del bipartidismo, puesto que por primera vez desde la recuperación de la democracia esos dos gigantes ya no sumarán los dos tercios de ambas Cámaras del Parlamento, requeridos para cambiar la Constitución, tras perder 8,4 millones de votos desde 2008. Ni siquiera podrán repetir maniobras de rodillo parlamentario para hacer enmiendas constitucionales (que sólo requieren una mayoría reforzada de tres quintos) como la que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero en el verano de 2011, modificando el Artículo 135 de la Carta Magna para limitar la deuda pública y dar “prioridad absoluta” a su pago a los acreedores –los llamados “mercados”–, poniendo los intereses del gran capital por encima de las propias necesidades de la ciudadanía.
Un hipotético gobierno formado en Gran Coalición por los hasta ahora principales enemigos políticos españoles tampoco tendría vía libre para imponer medidas antipopulares o perjudiciales para las clases más desfavorecidas, y no sólo por carecer de la mayoría cualificada necesaria sino, sobre todo, porque en esta segunda Transición se ha producido una movilización permanente de la ciudadanía; una hasta hace poco impensable politización de las masas –y especialmente de la juventud– que ha cuajado con la consolidación de las ya célebres “mareas” reivindicativas: la blanca, en defensa de la sanidad pública; la verde, en demanda de mejor educación pública; la roja, contra el desempleo; la naranja, en demanda de servicios sociales; la violeta, por la igualdad de sexos… y así hasta una docena que se agruparon en una movilización gigante en toda España en febrero de 2013 y que se autodenominó “Marea ciudadana contra el golpe de los mercados”.
Nuevos movimientos de base
La imparable fuerza de esa unidad popular espontánea se convirtió en un huracán con las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014, que concentraron en Madrid a casi dos millones de personas que llegaron caminando desde todos los rincones de España, y repitió esa imponente demostración un año después.
Aunque quizá ha sido todavía más importante, para confirmar la proyección política futura de ese inmenso movimiento de base, la creación de candidaturas ciudadanas unitarias que han sacudido el tablero municipal de uno a otro extremo del país al conquistar en las urnas las alcaldías de las mayores urbes: Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Compromís/València en Comú, Zaragoza en Común, la Marea Atlántica gallega (Santiago y A Coruña)… en muchos casos expulsando del poder a la derecha tras décadas de abrumadoras mayorías absolutas conservadoras. Hasta en Cádiz, un perroflauta (término acuñado por los dirigentes más duros del PP para desdeñar a los acampados del 15-M en la Puerta del Sol) como José María González Santos, más conocido por el mote andaluz Kichi, desbancó a la alcaldesa derechista Teófila Martínez, poderosa dirigente del partido de Rajoy que llevaba veinte años con el bastón de mando.
La debacle electoral de la derecha gobernante, tanto municipal como autonómica (perdió 6 de sus 10 comunidades y quedó a merced de Ciudadanos en las otras 4), sólo ha sido posible gracias a esa toma de conciencia política popular sin precedentes, que augura además un país de jóvenes militantes como no se conocía desde la Segunda República. Porque, inopinadamente, la juventud española se ha convertido en decisiva para los resultados electorales y este fenómeno es muy poco halagüeño para el futuro próximo de los dos grandes partidos, en particular el PP: los sondeos demuestran que prácticamente no atrae a ningún elector de otras formaciones y sólo cuenta con un 2,5% de votantes noveles, los que cumplieron 18 años después de los comicios anteriores.
El panorama político que se abre es, por tanto, desolador para los dinosaurios de la política española: el meteorito de las redes sociales ha acabado con los viejos árboles de los que se alimentaban, y la evolución de las nuevas especies de votantes los va a dejar atrás.
Más aun cuando esos novedosos movimientos de base municipales están sembrando una cosecha vindicativa y de recuperación de los derechos básicos de la ciudadanía: ocho de los alcaldes de grandes urbes del espacio Podemos –conocido en España como el “sí se puede”– dieron una nueva sacudida a la conciencia de los españoles al centrar su primera cumbre, en Barcelona, en la creación de una gran red ciudadana de solidaridad con los miles de refugiados que llegaban a las fronteras de Europa y eran vergonzosamente expulsados por los gobiernos de la opulenta UE. Ese encuentro –titulado Ciudades por el bien común. Ganar compartiendo experiencias de cambio– marcó otro hito importantísimo en la historia del futuro de España, porque no sólo estableció una plataforma de ayuntamientos progresistas (los mayores del país) dispuestos a seguir impulsando “el cambio” conjuntamente con los del resto de Europa, sino que también se convirtió en el germen de la Red de Ciudades de Acogida de los refugiados que obligó a cambiar de golpe de política no sólo al Gobierno de Rajoy, sino también a la propia Merkel… y a Cameron, Hollande y muchos más.
Fracaso con América Latina
Sólo dos meses antes del viraje del Gobierno español sobre este terrible drama humano –con Rajoy afirmando ahora que España acogerá a todos los refugiados que sea preciso–, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se negaba a aceptar ni siquiera la minúscula cuota (4.288) asignada entonces por la UE y aseguraba que Madrid sólo aceptaría a 1.449. Un ministro ultra que comparó la marea de refugiados con “goteras” que había que taponar y que apoyó el disparo de pelotas de goma contra inmigrantes que trataban de llegar a nado a Ceuta, causando la muerte de 15 de ellos. Pero el empuje electoral de las plataformas ciudadanas ha obligado al PP a anunciar una política exterior más humana, buscando caras nuevas y mensajes más solidarios.
Por tanto, ha eclosionado un nuevo frente popular en España que está también cambiando la política internacional. Mientras, por ejemplo, permanece en la conciencia latinoamericana la naufragada política exterior aznarista de Europa contra Cuba –increíblemente invalidada por la progresista Casa Blanca– resulta que el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, sigue encastillado en posiciones que son claramente caducas y cambiarán diametralmente en el futuro. Como ya ha ocurrido en cuanto Washington ha reanudado relaciones con La Habana y los mismos ministros que hasta entonces presionaban en la UE para que mantuviera la “Posición Común” de bloqueo de las relaciones con el Gobierno de Castro han salido corriendo hacia la isla en busca de las oportunidades de negocios perdidas.
Llegan tarde, porque la herencia de José María Aznar ha dejado a España aislada de América Latina, y el Gobierno de Rajoy no tiene protagonismo ninguno en el nuevo capítulo de la relación Cuba-UE. Como explica el eurodiputado de Izquierda Unida y hermano del camarógrafo asesinado en Bagdad por las tropas de EE.UU., Javier Couso: “Había una relación entre Madrid y La Habana que los gobiernos habían entendido que estaba por encima de la política. Aznar se cargó una tradición que no había roto ni Franco”.
Ahora ya es tarde para rectificar una política exterior tan miope como la que impuso quien alardea de haber sido el mejor presidente de Gobierno español. No se trata sólo de haber dilapidado siglos de lazos fraternos con los cubanos, sino que la diplomacia española ha dejado de tener influencia en el conjunto de Latinoamérica; de ser el eslabón imprescindible para el enlace de Europa y del resto del mundo con esa región en ascenso, España ha pasado a actuar como una mera comparsa, ajena a la crucial evolución exterior iberoamericana transatlántica y transpacífica. Así lo subraya también la ex ministra de Exteriores socialista Trinidad Jiménez, quien afirmó al diario Público: “Cuando Aznar impuso la Posición Común, el PP rompió un consenso básico en política exterior. No sólo perjudicó y bloqueó las relaciones con Cuba, también aisló a España de sus relaciones con el resto de América Latina”.
Las chispas que saltarán
Todo ello está siendo por fin asumido en las filas conservadoras, y sea cual sea el resultado electoral en las elecciones generales de diciembre, España va a dar un giro copernicano a su política exterior… aunque no a la informativa de sus grandes medios de comunicación, vasallos del gran capital que los ha (literalmente) comprado.
Es precisamente en el terreno mediático donde más chispas saltarán en cuanto cambie el panorama político español, nada más comenzar 2016. Porque el bipartidismo ha conseguido que unos pocos grupos (a menudo dominados por intereses multinacionales) controlen casi todos los canales de TV, periódicos de difusión nacional y emisoras radiofónicas, de forma que la ciudadanía ha perdido toda confianza en su prensa, privada de credibilidad y perdiendo influencia a pasos agigantados.
Por sólo citar un ejemplo: al nacer Podemos como fuerza política de cambio que se presentaba a las elecciones europeas, los grandes diarios españoles le hicieron el vacío, creyendo que si la condenaban al ostracismo no tendría posibilidad ninguna de triunfar. De hecho, de las 35 macro-encuestas publicadas antes de esos comicios, sólo 3 llegaron a preguntar por el movimiento de Iglesias, Monedero y Errejón... y las tres coincidieron en que sacaría “entre 0 y 1” escaños, es decir, ninguno. El Mundo no dio ni un miserable breve sobre la existencia del partido morado… hasta las 23 horas de la noche de la jornada electoral, cuando se vio obligado a informar del escrutinio que adjudicaba cinco eurodiputados a Podemos porque había reunido más de un millón de votos.
Como ésa, muchas otras evidencias prueban que las campañas mediáticas tradicionales ya no tienen la influencia de antaño, por muy sesgadas que sean, porque las redes sociales han creado un foro de discusión popular propio que es imposible de manipular con precisión: si se intoxica a los ciudadanos por esa vía, nunca se puede saber cuál será el resultado final. España es uno de los países con más actividad política en Internet y tiene a 22 millones de usuarios en Facebook, para un censo electoral de 34,5 millones. Twitter arde todos los días con un ciber-debate muy politizado y Pablo Iglesias cuenta ya con casi 1,25 millones de seguidores.
Al mismo tiempo, esa politización de la ciudadanía ha impulsado movilizaciones populares masivas muy desestabilizadoras, como la incontenible oleada independentista en Cataluña, donde no ha sido Artur Mas quien ha puesto en marcha el proceso soberanista, sino que lo que hizo el president de la Generalitat fue subirse a la gigantesca ola del nacionalismo catalán de base que tomó Barcelona en la Diada del 11-S de 2012. Desde entonces, las amenazas y medidas coercitivas del Gobierno central no han hecho más que exacerbar el movimiento secesionista, que no era más que una pequeña llama y fue atizado por la política anticatalanista del PP: logró con su recurso al Constitucional que el tribunal abrogase en 2010 el Estatuto de Cataluña aprobado en 2005 tanto por el Parlament de Catalunya como por el Congreso de los Diputados español, y refrendado por los electores catalanes en referéndum al año siguiente.
Fábrica de independentistas
Empleándose a fondo contra el nacionalismo catalán, con el fin de atraer votos en las regiones de España más refractarias a reconocer la identidad y cultura propias de Cataluña, el Partido Popular no ha hecho más que avivar ese incendio independentista en una comunidad donde tradicionalmente habían sido mayoría los que preferían permanecer en el Estado español, siempre y cuando se les permitiese desarrollar su lengua libremente y se les reconociesen derechos fiscales como los que gozan vascos y navarros.
Ni una cosa ni otra son santos de la devoción de la derecha española, heredera de un franquismo que hizo colgar en bares y restaurantes de Cataluña carteles que ordenaban: “Habla la lengua del Imperio” (el castellano). Así que Rajoy se ha empeñado en interferir en la enseñanza del catalán –la “inmersión lingüística” que sólo ofende a los que viven fuera de Cataluña y la desconocen–, hasta el punto de que su ministro de Educación, José Ignacio Wert, llegó a proclamar que la intención del Gobierno era “españolizar a los alumnos catalanes”, en un auténtico tic imperial.
En definitiva, los verdaderos fabricantes de independentistas han sido los que se arrogaban el monopolio de la defensa de la unidad e integridad de España, y sólo la aparición de las iniciativas políticas ciudadanas ha matizado la creciente indignación catalanista contra el Estado español. Según las encuestas del propio Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, en 2010 menos del 20% de los catalanes estaban a favor de la secesión, pero en junio de 2015 el porcentaje de partidarios de la independencia se había duplicado, alcanzando el 38%. Al comenzar la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de ese año, los que se declaraban dispuestos a votar a favor de una de las dos listas separatistas rondaban el 48%.
Finalmente, en las elecciones del 27 de septiembre las dos candidaturas independentistas –Junts pel Sí y la CUP– obtuvieron el 47,74% de los votos válidos, pero también sumaron una clara mayoría absoluta de escaños en el Parlamento de Cataluña: 72 diputados, 4 más de la mitad de la Cámara. Ése será el otro gran problema que tiene que afrontar España en el futuro inmediato: su comunidad más rica y próspera, con el 15% de la población, el 25% del PIB y desde la que sale el 28% de sus exportaciones, la primera en ingresos por turismo y la más avanzada tecnológicamente, quiere el divorcio.
Es perfectamente legítimo argumentar que no hay una mayoría popular deseosa de afrontar los riesgos y obstáculos que padecería Cataluña si proclamase la muy debatida Declaración Unilateral de Independencia, ya que un 48% de votantes independentistas no supone más que un tercio del censo electoral completo. No obstante, es también innegable que el propio sistema electoral vigente –que nunca han querido cambiar ni PP ni PSOE… y tampoco modificaron en Cataluña, aunque podían, los anteriores presidentes de la Generalitat–, diseñado para impedir que los partidos pequeños pudieran influir en las decisiones de gobierno, permitirá que una mayoría exclusivamente parlamentaria ponga en marcha una hoja de ruta estudiada para alcanzar la independencia en año y medio.
Aunque es más que previsible que esa secesión no llegará a culminar en un Estado catalán, por la férrea oposición del Estado español y porque esa secesión no interesa al resto de la Unión Europea, no cabe duda de que en los próximos años se vivirá una grave tensión política, social y económica entre el Gobierno central y la Generalitat, que en gran medida eclipsará los aun más serios problemas de desigualdad e injusticia que sufren, también en Cataluña, las clases trabajadoras.
Porque, como explica el catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, y ex catedrático de Economía, Vicenç Navarro, el sufrimiento de las clases populares catalanas se debe al formidable dominio que las derechas han tenido en las instituciones financieras, económicas, políticas y mediáticas del establishment catalán, cuyo centro ha sido el pujolismo (de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat durante más de 23 años). Esta clase dominante y su alianza con la clase política y mediática que ha controlado el Estado español explican el gran deterioro del bienestar y calidad de vida de las clases medias y bajas en esa comunidad, donde los gastos públicos sociales por habitante son de los más bajos de la Unión Europea de los quince.
Así que en Cataluña se produce la sangrante paradoja de que el independentismo está siendo azuzado por un nacionalismo españolista del que es portaestandarte la derecha posfranquista del PP, que al mismo tiempo comparte políticas y objetivos económicos con el catalanismo conservador de Convergència, que intenta ahora ponerse a la cabeza del movimiento secesionista. Es revelador que el president de la Generalitat –emboscado en el número 4 de la candidatura Junts pel Sí–, Artur Mas, dirija sus ataques más envenenados contra Podemos, cuando este movimiento (coaligado con la izquierda catalana de ICV en la lista Catalunya Sí Que Es Pot) es precisamente el que promete respetar el “derecho a decidir” de los catalanes en un referéndum sobre su soberanía y su futuro.
Lo que no se puede tapar
¿Por qué, entonces, Mas llega al disparate de tildar el discurso de Iglesias como “el mismo que el de Aznar o el de la ultraderecha”? Se trata de tapar la realidad, exactamente opuesta: fue Mas y su partido (Convergència) los que le dieron la presidencia del Gobierno a Aznar, cuando éste aún no gozaba de mayoría absoluta, y fue su Govern catalán el que primero y más diligentemente aplicó en Cataluña, nada más estallar la crisis, los recortes y las privatizaciones de la doctrina económica ultraliberal.
Camuflado tras la cortina de humo nacionalista –más bien la tormenta de arena independentista levantada por la indignación ciudadana– Mas ha conseguido convencer a los catalanes de que las terribles consecuencias del austericidio que él también cometió se deben todas a las imposiciones del neocapitalismo al que sirve Rajoy y, por tanto, el Estado español. Aunque es bien cierto que las secuelas de esa política de austeridad exigida por la Troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea) han sido nefastas para el conjunto de los españoles, incluidos los catalanes, y serán sin duda responsables del previsto fracaso del PP en las elecciones generales de fin de año.
Mientras Rajoy alardea de que España está a la cabeza de la recuperación económica en Europa, la realidad que sufre el pueblo llano es una multiplicación descomunal de la pobreza y la desigualdad. Pese a que en los últimos meses el desempleo se ha reducido hasta el nivel que el PP heredó del PSOE al tomar el poder en diciembre de 2011, durante la legislatura que se cierra los padecimientos de los trabajadores que han permitido el astronómico rescate de la banca y el enriquecimiento de los más adinerados quedan patentes con los fríos e incontrovertibles datos al cierre de su tercer año de mandato, 2014, el último para el que hay cifras completas, que seguidamente apuntamos.
Durante los primeros tres años de gobierno de Rajoy, se destruyeron más de medio millón de empleos y el número de parados de larga duración aumentó en más de 700.000; la renta media por hogar bajó a niveles de diez años antes y 150.000 españoles engrosaron la lista de los ya casi 13 millones en riesgo de caer en la pobreza; también creció en 800.000 el número de niños que viven en España bajo el umbral de la pobreza, y la tasa de pobreza infantil se disparó del 28,2% al 36,3%, un incremento sólo superado por México; España se convirtió en el país con mayor brecha entre ricos y pobres de la OCDE, con un ritmo de ampliación de ese abismo de desigualdad (+64,3%) que no sólo supera, sino que quintuplica o sextuplica, a los siguientes en la lista: México (+13,8%) y EE.UU. (+9,27%).
Pero esa política autodestructiva es insostenible: los asalariados sufragan el 90% de los ingresos del Estado, mientras España es un paraíso fiscal para las corporaciones, multinacionales y grandes fortunas. De hecho, España es el segundo país de la OCDE –tras Israel– donde más ha caído la recaudación fiscal desde que comenzó la crisis.
Por todo ello, y mucho más, España vive un fin de ciclo político y dará un giro copernicano a su gobierno tras las elecciones generales. De lo que se tratará en 2016 es de si PSOE y Podemos serán capaces de poner en práctica una reforma radical que permita “democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida”, como se titulaba el documento de bases que aportaron los profesores Juan Torres y Vicenç Navarro para el programa económico que ha elaborado el equipo de Pablo Iglesias. Si el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, logra revitalizar el partido socialista y se puede gobernar España mediante una coalición de fuerzas de izquierda, el cambio será rotundo e irresistible.
Quizá en ese caso los catalanes se reincorporen a la barca común y remen al unísono con el resto de los españoles. En caso contrario, los expertos prevén que el proceso de “desconexión” de Cataluña sacuda y desestabilice la nave de España durante los próximos diez años.
Si, kojonudo, leyendolo por encima, este señor no veo que haga referencia a Tripas, las tres semanas donde el BCE sometio al pueblo heleno a la realidad de un corralito, la bajada de pantalones de Tripas y su partido, y el fin del sueño de la izquierda en europa, kojonudo el articulo, como siempre dando :b:por dar, al igual que el personal le da al me gusta en el face
Antisozzial escribió:Si, kojonudo, leyendolo por encima, este señor no veo que haga referencia a Tripas, las tres semanas donde el BCE sometio al pueblo heleno a la realidad de un corralito, la bajada de pantalones de Tripas y su partido, y el fin del sueño de la izquierda en europa, kojonudo el articulo, como siempre dando :b:por dar, al igual que el personal le da al me gusta en el face
Claro, un artículo que habla demasiado de Rajoy y del PP para analizar la situación política española ¿no? cómo se le ocurre semejante cosa... estarás acostumbrado a leer más sobre Chipras en artículos políticos sobre España.
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Sobre Mariano lo unico que tendria que decir es que todos los fin des mes , va a Bruselas para enseñar los deberes a la TROIKA, para ver si hizo bien la tarea, ya ves tu como te lo resumo yo en dos lienas, en vez de escribir tantas imbeciliades
El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió. Ese día, armados de simples aviones de línea, un grupo reducido de terroristas derrumbó el mito de la globalización feliz. Sacudió a la mayor potencia global y al orden internacional vigente desde la posguerra, cuyas instituciones resisten, regidas por los principales exportadores de armas del planeta (1).
La caída de las Torres Gemelas, a diferencia de la del Muro de Berlín, sólo trajo aparejados temores e incertidumbre. El mundo dichoso que prometía la victoria de un capitalismo liberal asimilado sin más a la democracia y el bienestar dio paso a una guerra sin fin, que no cesa de ramificarse e inflamarse desde que el 1° de mayo de 2003 (¡hace ya 13 años!), a bordo del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos George W. Bush anunció, voluntarioso y sonriente, “misión cumplida”, dando por terminado el conflicto en Irak que amenaza con ser recordado en el futuro como el inicio de la Tercera Guerra Mundial.
Como si las lecciones del pasado fuesen vanas, la conflagración que actualmente arrasa a una porción importante y estratégica del planeta, del Norte de África al Sur de Asia, con epicentro en Medio Oriente, sigue siendo analizada bajo el prisma de la inmediatez y un etnocentrismo pavoroso. La proclamada intención occidental de exportar la democracia a esa vasta región demostró su falacia con el apoyo a la represión que siguió a las primaveras árabes. La destrucción de las estructuras estatales en Irak, Libia y, en distinta medida, Siria, para expulsar del poder a los antiguos socios, liberó el terreno para el tráfico de armas, mercancías y seres humanos y la multiplicación de las redes terroristas que se pretendía combatir, al acecho de una Europa en crisis y circundada de conflictos. Fomentado por los intereses geopolíticos, el enfrentamiento milenario entre las distintas ramas del islam se ha convertido en guerra abierta, provocando un caos de proporciones aún inconmensurables y el mayor desplazamiento forzado de seres humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de la destrucción en Homs, tercera ciudad en importancia de Siria, dan cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria (2).
¿Despertaremos pronto con un sentimiento renovado de justicia y empatía, clamando “cómo ha podido suceder esto”? Según una investigación presentada por la asociación International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Médicos Internacionales por la Prevención de la Guerra Nuclear), galardonada en 1985 con el Premio Nobel de la Paz, el número total de muertes directas e indirectas provocadas por la “guerra contra el terror” en Irak, Afganistán y Pakistán en 12 años es de 1.300.000 personas (3). El informe señala que esa cifra puede en realidad superar los 2 millones y que no abarca a otros países afectados como Yemen, Somalia y Libia por falta de datos. Por otra parte, las cifras sólo dan cuenta de las víctimas de la violencia, sin contabilizar aquellas derivadas de otros daños (destrucción de infraestructura, hospitales, etc...).
Asimismo, según el Índice de Terrorismo Global, en 2015, cerca del 80% de los atentados de raíz religiosa tuvieron lugar en cinco países: Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria, y sus víctimas fueron principalmente musulmanes (4). El horror de los atentados terroristas en Occidente no debe cerrar las fronteras a la solidaridad y permitir que prevalezcan el miedo y el odio. La indignación social ante casos como el del niño Aylan Kurdi, ahogado en septiembre de 2015 frente a las costas de Turquía cuando intentaba escapar de la guerra junto a su familia, es tan efímera como un mensaje en el muro del Facebook –al menos trescientos niños murieron en el Mediterráneo en los últimos cinco meses (5)– y no logra contener la estigmatización de la comunidad musulmana, cuyo único resultado es un repliegue identitario que nutre a los extremismos de todos los bandos.
A medida que se implementan nuevas excepciones al Estado de Derecho en nombre de la seguridad, la democracia se reduce como piel de zapa. El caso de Francia, donde, tras los atentados de enero y noviembre de 2015 en París, el gobierno de François Hollande propone inscribir en la legislación ordinaria medidas propias del Estado de Emergencia es paradigmático y está en línea con las leyes patrióticas adoptadas por Estados Unidos desde 2001. El presidente “socialista” encontró incluso una manera original de luchar contra el auge de yihadistas locales: quitarle la nacionalidad a los binacionales culpables de actos terroristas. Ser francés y terrorista es un oxímoron.
El riesgo es que tras fracasar en el terreno de la igualdad, los gobiernos occidentales se ataquen ahora a las libertades, con la excusa de combatir el terror, anticipándose a las conmociones de una crisis económica sin fin y al creciente malestar democrático.
Luces que encandilan
Las derivas en todos los ámbitos (salud, medio ambiente, migraciones, criminalidad) de un modelo de desarrollo basado en la exclusión y el consumo desenfrenado que ha demostrado ser insostenible constituyen bombas de tiempo sociales que sólo podrán ser desactivadas mediante mayor vigilancia y represión. Ni siquiera el brillo enceguecedor de los avances tecnológicos logra disimular la violenta e inmoral desigualdad reinante: según un informe de Oxfam, en 2015, el 1% de la población mundial acumuló más riquezas que el 99% restante y 62 personas poseían lo mismo que la mitad más pobre de la población mundial, es decir 3.600 millones de personas (6). Ya en 2015, la ONG alertaba sobre la aceleración de la concentración de la riqueza, denunciando un “secuestro de los procesos democráticos por parte de las elites”.
En otro informe presentado a mediados de enero de 2016, el Banco Mundial señala por su parte que alrededor del 60% de la población mundial (4.000 millones de personas) no cuenta aún con acceso a Internet, y que sólo 1.100 millones de personas lo hacen a través de accesos de banda ancha. Así, reconoce el organismo, “si bien hay muchos casos individuales de éxito [...] los beneficios de la acelerada expansión de las tecnologías digitales han favorecido a las personas adineradas, cualificadas e influyentes del mundo”, incrementando la brecha entre países ricos y países en vías de desarrollo (7).
La revolución tecnológica, impresionante por donde se la mire, muestra sus límites: las herramientas no son más que herramientas y, como medios de producción, sirven a quien las controla. Las soluciones mágicas que ofrecen se convierten en una vuelta de tuerca de la precarización laboral que da pie a una nueva fuga hacia adelante de la crisis económica iniciada en 2008. Alarmada por la persistencia de la misma y su impacto en los países emergentes por la baja en la cotización de las materias primas, la Organización Internacional del Trabajo señala que la precarización del empleo no deja de progresar, alcanzando a unos 1.500 millones de personas, es decir el 46% del total de empleos en el mundo. En 2016, el número de desempleados se acercaría a los 200 millones ( 8 ).
Paradójicamente, si algo define al imperio de las comunicaciones, además de que los ciudadanos sometan voluntariamente su información personal a todo tipo de vigilancia, es la exacerbación del individualismo (difícil ver el mundo cuando se está demasiado ocupado en admirar su reflejo en la pantalla). El sociólogo francés François Dubet sostiene que el “retorno de las desigualdades no es sólo un efecto mecánico de las mutaciones del capitalismo, sino que también responde al hecho de que los individuos ya no eligen la igualdad social. [...] La reducción de las desigualdades descansa sobre los lazos y los sentimientos de solidaridad, que hoy están en declive, y de cierta manera no queremos más ‘pagar por los otros’” (9). Sálvese quien pueda...
Desafíos colectivos
En América del Sur, en las últimas dos décadas, tras sufrir en carne propia los experimentos neoliberales, distintos movimientos sociales y políticos alcanzaron el poder defendiendo la necesidad de renovar los compromisos colectivos, con proyectos populares e inclusivos. Pero a pesar de contar con abundantes recursos, no supieron o pudieron modificar las estructuras existentes ni crear consensos para edificar instituciones que redistribuyan la riqueza de manera duradera. Con contradicciones y una retórica muy alejada de la realidad, en muchos casos se fueron radicalizando y replegando a medida que enfrentaron la oposición –feroz– de las elites y de los grupos económicos concentrados, cerrando el camino al debate, la crítica y la posibilidad de revertir errores o mejorar el camino. El culto a los líderes, la confrontación permanente, terminaron alejando a amplias franjas de la sociedad a medida que las promesas de construir democracias más participativas se fueron diluyendo. El proceso ha perdido impulso y debe hacer frente al resurgimiento de la derecha conservadora, más pragmática y aggiornada a la plasticidad de un mundo “sin ideologías” pero siempre lleno de buenos negocios. No obstante, el giro a la izquierda latinoamericano ha cimentado bases que serán difíciles de revertir, expandiendo derechos, renovando el compromiso político de muchos ciudadanos y generando entusiasmo en otras latitudes agobiadas por las políticas de ajuste permanente.
Los éxitos individuales, incluso nacionales, no son más que una quimera frente a la magnitud de los problemas actuales. Como demuestra el desafío de hacer frente al cambio climático, las soluciones sólo pueden ser colectivas. Con sus aciertos y errores, las luchas históricas por la igualdad y la libertad deben servir de guía. Porque mientras intelectuales, periodistas, analistas, historiadores y académicos se desvelan buscando nuevas categorías para definir los cambios que moldean la lenta mutación del planeta desde la implosión del socialismo real, las amenazas que se ciernen sobre la humanidad, en el fondo, son siempre las mismas: guerras, masacres, odios, fanatismos, codicia, pobreza, hambre, desigualdad, explotación, opresión, éxodos, desastres naturales...
En julio de 1999, el Dipló llegaba a Argentina, y se expandía a América Latina, para combatir el pensamiento único y aportar “una voz clara en medio del ruido” de los medios de comunicación concentrados, una mirada profunda, crítica e irreverente de la evolución del mundo. Hoy, doscientos números después, con esta edición especial editada junto a la Universidad Nacional de San Martín, renueva ese compromiso, con un análisis de las principales líneas de fractura globales (imposible abarcarlas todas), que esbozan un futuro sumamente inestable y peligroso para todos aquellos ciudadanos comprometidos con la fraternidad, el progreso, la paz y la democracia.
1. En el período 2010-2014, Estados Unidos (31%), Rusia (27%), China (5%), Alemania (5%), Francia (5%) y Reino Unido (4%) exportaron el 77% de armas pesadas del mundo. Los cinco principales importadores fueron India (15%), Arabia Saudita (5%), China (5%), Emiratos Árabes Unidos (4%) y Pakistán (4%). Sipri Yearbook 2015, www.sipriyearbook.com 2. www.lanacion.com.ar/1867858-un-dron-muestra-como-quedo-la-ciudad-siria-de-homs-tras-la-guerra 3. www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf 4. Citado por Iván Petrella, “Balance 2015. Religión, política y violencia”, La Nación, Buenos Aires, 20-12-15. 5. Ozan Köse, “Que ferais-je si ce bébé était à moi ?”, Le Monde, París, 4-2-16. 6. Oxfam, “Una economía al servicio del 1%”, 18-1-16, www.oxfam.org 7. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2016. Dividendos digitales, www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 8. “Toujours plus de précaires et de chômeurs dans le monde”, Le Monde, 21-1-16. 9. Raquel San Martín, “François Dubet: No sólo somos víctimas de desigualdades, somos también sus autores”, La Nación, 30-8-15.
Este artículo forma parte de la edición especial de Le Monde diplomatique y la Universidad Nacional de San Martín - EL MUNDO EN CRISIS (Migraciones, desigualdad, conflictos armados, malestar democrático: un análisis a fondo de las principales líneas de fractura globales). Escriben, entre otros: José Natanson, Pablo Stancanelli, Pablo Stefanoni, Serge Halimi, Juan Martín Bustos, Ignacio Ramonet, Mario Greco, Nancy Fraser...
El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió. Ese día, armados de simples aviones de línea, un grupo reducido de terroristas derrumbó el mito de la globalización feliz. Sacudió a la mayor potencia global y al orden internacional vigente desde la posguerra, cuyas instituciones resisten, regidas por los principales exportadores de armas del planeta (1).
La caída de las Torres Gemelas, a diferencia de la del Muro de Berlín, sólo trajo aparejados temores e incertidumbre. El mundo dichoso que prometía la victoria de un capitalismo liberal asimilado sin más a la democracia y el bienestar dio paso a una guerra sin fin, que no cesa de ramificarse e inflamarse desde que el 1° de mayo de 2003 (¡hace ya 13 años!), a bordo del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos George W. Bush anunció, voluntarioso y sonriente, “misión cumplida”, dando por terminado el conflicto en Irak que amenaza con ser recordado en el futuro como el inicio de la Tercera Guerra Mundial.
Como si las lecciones del pasado fuesen vanas, la conflagración que actualmente arrasa a una porción importante y estratégica del planeta, del Norte de África al Sur de Asia, con epicentro en Medio Oriente, sigue siendo analizada bajo el prisma de la inmediatez y un etnocentrismo pavoroso. La proclamada intención occidental de exportar la democracia a esa vasta región demostró su falacia con el apoyo a la represión que siguió a las primaveras árabes. La destrucción de las estructuras estatales en Irak, Libia y, en distinta medida, Siria, para expulsar del poder a los antiguos socios, liberó el terreno para el tráfico de armas, mercancías y seres humanos y la multiplicación de las redes terroristas que se pretendía combatir, al acecho de una Europa en crisis y circundada de conflictos. Fomentado por los intereses geopolíticos, el enfrentamiento milenario entre las distintas ramas del islam se ha convertido en guerra abierta, provocando un caos de proporciones aún inconmensurables y el mayor desplazamiento forzado de seres humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de la destrucción en Homs, tercera ciudad en importancia de Siria, dan cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria (2).
¿Despertaremos pronto con un sentimiento renovado de justicia y empatía, clamando “cómo ha podido suceder esto”? Según una investigación presentada por la asociación International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Médicos Internacionales por la Prevención de la Guerra Nuclear), galardonada en 1985 con el Premio Nobel de la Paz, el número total de muertes directas e indirectas provocadas por la “guerra contra el terror” en Irak, Afganistán y Pakistán en 12 años es de 1.300.000 personas (3). El informe señala que esa cifra puede en realidad superar los 2 millones y que no abarca a otros países afectados como Yemen, Somalia y Libia por falta de datos. Por otra parte, las cifras sólo dan cuenta de las víctimas de la violencia, sin contabilizar aquellas derivadas de otros daños (destrucción de infraestructura, hospitales, etc...).
Asimismo, según el Índice de Terrorismo Global, en 2015, cerca del 80% de los atentados de raíz religiosa tuvieron lugar en cinco países: Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria, y sus víctimas fueron principalmente musulmanes (4). El horror de los atentados terroristas en Occidente no debe cerrar las fronteras a la solidaridad y permitir que prevalezcan el miedo y el odio. La indignación social ante casos como el del niño Aylan Kurdi, ahogado en septiembre de 2015 frente a las costas de Turquía cuando intentaba escapar de la guerra junto a su familia, es tan efímera como un mensaje en el muro del Facebook –al menos trescientos niños murieron en el Mediterráneo en los últimos cinco meses (5)– y no logra contener la estigmatización de la comunidad musulmana, cuyo único resultado es un repliegue identitario que nutre a los extremismos de todos los bandos.
A medida que se implementan nuevas excepciones al Estado de Derecho en nombre de la seguridad, la democracia se reduce como piel de zapa. El caso de Francia, donde, tras los atentados de enero y noviembre de 2015 en París, el gobierno de François Hollande propone inscribir en la legislación ordinaria medidas propias del Estado de Emergencia es paradigmático y está en línea con las leyes patrióticas adoptadas por Estados Unidos desde 2001. El presidente “socialista” encontró incluso una manera original de luchar contra el auge de yihadistas locales: quitarle la nacionalidad a los binacionales culpables de actos terroristas. Ser francés y terrorista es un oxímoron.
El riesgo es que tras fracasar en el terreno de la igualdad, los gobiernos occidentales se ataquen ahora a las libertades, con la excusa de combatir el terror, anticipándose a las conmociones de una crisis económica sin fin y al creciente malestar democrático.
Luces que encandilan
Las derivas en todos los ámbitos (salud, medio ambiente, migraciones, criminalidad) de un modelo de desarrollo basado en la exclusión y el consumo desenfrenado que ha demostrado ser insostenible constituyen bombas de tiempo sociales que sólo podrán ser desactivadas mediante mayor vigilancia y represión. Ni siquiera el brillo enceguecedor de los avances tecnológicos logra disimular la violenta e inmoral desigualdad reinante: según un informe de Oxfam, en 2015, el 1% de la población mundial acumuló más riquezas que el 99% restante y 62 personas poseían lo mismo que la mitad más pobre de la población mundial, es decir 3.600 millones de personas (6). Ya en 2015, la ONG alertaba sobre la aceleración de la concentración de la riqueza, denunciando un “secuestro de los procesos democráticos por parte de las elites”.
En otro informe presentado a mediados de enero de 2016, el Banco Mundial señala por su parte que alrededor del 60% de la población mundial (4.000 millones de personas) no cuenta aún con acceso a Internet, y que sólo 1.100 millones de personas lo hacen a través de accesos de banda ancha. Así, reconoce el organismo, “si bien hay muchos casos individuales de éxito [...] los beneficios de la acelerada expansión de las tecnologías digitales han favorecido a las personas adineradas, cualificadas e influyentes del mundo”, incrementando la brecha entre países ricos y países en vías de desarrollo (7).
La revolución tecnológica, impresionante por donde se la mire, muestra sus límites: las herramientas no son más que herramientas y, como medios de producción, sirven a quien las controla. Las soluciones mágicas que ofrecen se convierten en una vuelta de tuerca de la precarización laboral que da pie a una nueva fuga hacia adelante de la crisis económica iniciada en 2008. Alarmada por la persistencia de la misma y su impacto en los países emergentes por la baja en la cotización de las materias primas, la Organización Internacional del Trabajo señala que la precarización del empleo no deja de progresar, alcanzando a unos 1.500 millones de personas, es decir el 46% del total de empleos en el mundo. En 2016, el número de desempleados se acercaría a los 200 millones ( 8 ).
Paradójicamente, si algo define al imperio de las comunicaciones, además de que los ciudadanos sometan voluntariamente su información personal a todo tipo de vigilancia, es la exacerbación del individualismo (difícil ver el mundo cuando se está demasiado ocupado en admirar su reflejo en la pantalla). El sociólogo francés François Dubet sostiene que el “retorno de las desigualdades no es sólo un efecto mecánico de las mutaciones del capitalismo, sino que también responde al hecho de que los individuos ya no eligen la igualdad social. [...] La reducción de las desigualdades descansa sobre los lazos y los sentimientos de solidaridad, que hoy están en declive, y de cierta manera no queremos más ‘pagar por los otros’” (9). Sálvese quien pueda...
Desafíos colectivos
En América del Sur, en las últimas dos décadas, tras sufrir en carne propia los experimentos neoliberales, distintos movimientos sociales y políticos alcanzaron el poder defendiendo la necesidad de renovar los compromisos colectivos, con proyectos populares e inclusivos. Pero a pesar de contar con abundantes recursos, no supieron o pudieron modificar las estructuras existentes ni crear consensos para edificar instituciones que redistribuyan la riqueza de manera duradera. Con contradicciones y una retórica muy alejada de la realidad, en muchos casos se fueron radicalizando y replegando a medida que enfrentaron la oposición –feroz– de las elites y de los grupos económicos concentrados, cerrando el camino al debate, la crítica y la posibilidad de revertir errores o mejorar el camino. El culto a los líderes, la confrontación permanente, terminaron alejando a amplias franjas de la sociedad a medida que las promesas de construir democracias más participativas se fueron diluyendo. El proceso ha perdido impulso y debe hacer frente al resurgimiento de la derecha conservadora, más pragmática y aggiornada a la plasticidad de un mundo “sin ideologías” pero siempre lleno de buenos negocios. No obstante, el giro a la izquierda latinoamericano ha cimentado bases que serán difíciles de revertir, expandiendo derechos, renovando el compromiso político de muchos ciudadanos y generando entusiasmo en otras latitudes agobiadas por las políticas de ajuste permanente.
Los éxitos individuales, incluso nacionales, no son más que una quimera frente a la magnitud de los problemas actuales. Como demuestra el desafío de hacer frente al cambio climático, las soluciones sólo pueden ser colectivas. Con sus aciertos y errores, las luchas históricas por la igualdad y la libertad deben servir de guía. Porque mientras intelectuales, periodistas, analistas, historiadores y académicos se desvelan buscando nuevas categorías para definir los cambios que moldean la lenta mutación del planeta desde la implosión del socialismo real, las amenazas que se ciernen sobre la humanidad, en el fondo, son siempre las mismas: guerras, masacres, odios, fanatismos, codicia, pobreza, hambre, desigualdad, explotación, opresión, éxodos, desastres naturales...
En julio de 1999, el Dipló llegaba a Argentina, y se expandía a América Latina, para combatir el pensamiento único y aportar “una voz clara en medio del ruido” de los medios de comunicación concentrados, una mirada profunda, crítica e irreverente de la evolución del mundo. Hoy, doscientos números después, con esta edición especial editada junto a la Universidad Nacional de San Martín, renueva ese compromiso, con un análisis de las principales líneas de fractura globales (imposible abarcarlas todas), que esbozan un futuro sumamente inestable y peligroso para todos aquellos ciudadanos comprometidos con la fraternidad, el progreso, la paz y la democracia.
1. En el período 2010-2014, Estados Unidos (31%), Rusia (27%), China (5%), Alemania (5%), Francia (5%) y Reino Unido (4%) exportaron el 77% de armas pesadas del mundo. Los cinco principales importadores fueron India (15%), Arabia Saudita (5%), China (5%), Emiratos Árabes Unidos (4%) y Pakistán (4%). Sipri Yearbook 2015, www.sipriyearbook.com 2. www.lanacion.com.ar/1867858-un-dron-muestra-como-quedo-la-ciudad-siria-de-homs-tras-la-guerra 3. www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf 4. Citado por Iván Petrella, “Balance 2015. Religión, política y violencia”, La Nación, Buenos Aires, 20-12-15. 5. Ozan Köse, “Que ferais-je si ce bébé était à moi ?”, Le Monde, París, 4-2-16. 6. Oxfam, “Una economía al servicio del 1%”, 18-1-16, www.oxfam.org 7. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2016. Dividendos digitales, www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 8. “Toujours plus de précaires et de chômeurs dans le monde”, Le Monde, 21-1-16. 9. Raquel San Martín, “François Dubet: No sólo somos víctimas de desigualdades, somos también sus autores”, La Nación, 30-8-15.
Este artículo forma parte de la edición especial de Le Monde diplomatique y la Universidad Nacional de San Martín - EL MUNDO EN CRISIS (Migraciones, desigualdad, conflictos armados, malestar democrático: un análisis a fondo de las principales líneas de fractura globales). Escriben, entre otros: José Natanson, Pablo Stancanelli, Pablo Stefanoni, Serge Halimi, Juan Martín Bustos, Ignacio Ramonet, Mario Greco, Nancy Fraser...
Muy buen artículo, Pur. Comparto al 100% la descripción que hace de la realidad planetaria. Me ha llamado especialmente la atención este párrafo, especialmente lo resaltado en negrita:
"Paradójicamente, si algo define al imperio de las comunicaciones, además de que los ciudadanos sometan voluntariamente su información personal a todo tipo de vigilancia, es la exacerbación del individualismo (difícil ver el mundo cuando se está demasiado ocupado en admirar su reflejo en la pantalla). El sociólogo francés François Dubet sostiene que el “retorno de las desigualdades no es sólo un efecto mecánico de las mutaciones del capitalismo, sino que también responde al hecho de que los individuos ya no eligen la igualdad social. [...] La reducción de las desigualdades descansa sobre los lazos y los sentimientos de solidaridad, que hoy están en declive, y de cierta manera no queremos más ‘pagar por los otros’” (9). Sálvese quien pueda..."
Lo realmente lamentable, es que tiene toda la razón. En el mundo "desarrollado" la mayoría de los ciudadanos nos hemos transformado en unos seres imbéciles y egoístas, y lo peor, es que el mundo de una forma u otra, está en nuestras manos.
El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió. Ese día, armados de simples aviones de línea, un grupo reducido de terroristas derrumbó el mito de la globalización feliz. Sacudió a la mayor potencia global y al orden internacional vigente desde la posguerra, cuyas instituciones resisten, regidas por los principales exportadores de armas del planeta (1).
La caída de las Torres Gemelas, a diferencia de la del Muro de Berlín, sólo trajo aparejados temores e incertidumbre. El mundo dichoso que prometía la victoria de un capitalismo liberal asimilado sin más a la democracia y el bienestar dio paso a una guerra sin fin, que no cesa de ramificarse e inflamarse desde que el 1° de mayo de 2003 (¡hace ya 13 años!), a bordo del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos George W. Bush anunció, voluntarioso y sonriente, “misión cumplida”, dando por terminado el conflicto en Irak que amenaza con ser recordado en el futuro como el inicio de la Tercera Guerra Mundial.
Como si las lecciones del pasado fuesen vanas, la conflagración que actualmente arrasa a una porción importante y estratégica del planeta, del Norte de África al Sur de Asia, con epicentro en Medio Oriente, sigue siendo analizada bajo el prisma de la inmediatez y un etnocentrismo pavoroso. La proclamada intención occidental de exportar la democracia a esa vasta región demostró su falacia con el apoyo a la represión que siguió a las primaveras árabes. La destrucción de las estructuras estatales en Irak, Libia y, en distinta medida, Siria, para expulsar del poder a los antiguos socios, liberó el terreno para el tráfico de armas, mercancías y seres humanos y la multiplicación de las redes terroristas que se pretendía combatir, al acecho de una Europa en crisis y circundada de conflictos. Fomentado por los intereses geopolíticos, el enfrentamiento milenario entre las distintas ramas del islam se ha convertido en guerra abierta, provocando un caos de proporciones aún inconmensurables y el mayor desplazamiento forzado de seres humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de la destrucción en Homs, tercera ciudad en importancia de Siria, dan cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria (2).
¿Despertaremos pronto con un sentimiento renovado de justicia y empatía, clamando “cómo ha podido suceder esto”? Según una investigación presentada por la asociación International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Médicos Internacionales por la Prevención de la Guerra Nuclear), galardonada en 1985 con el Premio Nobel de la Paz, el número total de muertes directas e indirectas provocadas por la “guerra contra el terror” en Irak, Afganistán y Pakistán en 12 años es de 1.300.000 personas (3). El informe señala que esa cifra puede en realidad superar los 2 millones y que no abarca a otros países afectados como Yemen, Somalia y Libia por falta de datos. Por otra parte, las cifras sólo dan cuenta de las víctimas de la violencia, sin contabilizar aquellas derivadas de otros daños (destrucción de infraestructura, hospitales, etc...).
Asimismo, según el Índice de Terrorismo Global, en 2015, cerca del 80% de los atentados de raíz religiosa tuvieron lugar en cinco países: Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria, y sus víctimas fueron principalmente musulmanes (4). El horror de los atentados terroristas en Occidente no debe cerrar las fronteras a la solidaridad y permitir que prevalezcan el miedo y el odio. La indignación social ante casos como el del niño Aylan Kurdi, ahogado en septiembre de 2015 frente a las costas de Turquía cuando intentaba escapar de la guerra junto a su familia, es tan efímera como un mensaje en el muro del Facebook –al menos trescientos niños murieron en el Mediterráneo en los últimos cinco meses (5)– y no logra contener la estigmatización de la comunidad musulmana, cuyo único resultado es un repliegue identitario que nutre a los extremismos de todos los bandos.
A medida que se implementan nuevas excepciones al Estado de Derecho en nombre de la seguridad, la democracia se reduce como piel de zapa. El caso de Francia, donde, tras los atentados de enero y noviembre de 2015 en París, el gobierno de François Hollande propone inscribir en la legislación ordinaria medidas propias del Estado de Emergencia es paradigmático y está en línea con las leyes patrióticas adoptadas por Estados Unidos desde 2001. El presidente “socialista” encontró incluso una manera original de luchar contra el auge de yihadistas locales: quitarle la nacionalidad a los binacionales culpables de actos terroristas. Ser francés y terrorista es un oxímoron.
El riesgo es que tras fracasar en el terreno de la igualdad, los gobiernos occidentales se ataquen ahora a las libertades, con la excusa de combatir el terror, anticipándose a las conmociones de una crisis económica sin fin y al creciente malestar democrático.
Luces que encandilan
Las derivas en todos los ámbitos (salud, medio ambiente, migraciones, criminalidad) de un modelo de desarrollo basado en la exclusión y el consumo desenfrenado que ha demostrado ser insostenible constituyen bombas de tiempo sociales que sólo podrán ser desactivadas mediante mayor vigilancia y represión. Ni siquiera el brillo enceguecedor de los avances tecnológicos logra disimular la violenta e inmoral desigualdad reinante: según un informe de Oxfam, en 2015, el 1% de la población mundial acumuló más riquezas que el 99% restante y 62 personas poseían lo mismo que la mitad más pobre de la población mundial, es decir 3.600 millones de personas (6). Ya en 2015, la ONG alertaba sobre la aceleración de la concentración de la riqueza, denunciando un “secuestro de los procesos democráticos por parte de las elites”.
En otro informe presentado a mediados de enero de 2016, el Banco Mundial señala por su parte que alrededor del 60% de la población mundial (4.000 millones de personas) no cuenta aún con acceso a Internet, y que sólo 1.100 millones de personas lo hacen a través de accesos de banda ancha. Así, reconoce el organismo, “si bien hay muchos casos individuales de éxito [...] los beneficios de la acelerada expansión de las tecnologías digitales han favorecido a las personas adineradas, cualificadas e influyentes del mundo”, incrementando la brecha entre países ricos y países en vías de desarrollo (7).
La revolución tecnológica, impresionante por donde se la mire, muestra sus límites: las herramientas no son más que herramientas y, como medios de producción, sirven a quien las controla. Las soluciones mágicas que ofrecen se convierten en una vuelta de tuerca de la precarización laboral que da pie a una nueva fuga hacia adelante de la crisis económica iniciada en 2008. Alarmada por la persistencia de la misma y su impacto en los países emergentes por la baja en la cotización de las materias primas, la Organización Internacional del Trabajo señala que la precarización del empleo no deja de progresar, alcanzando a unos 1.500 millones de personas, es decir el 46% del total de empleos en el mundo. En 2016, el número de desempleados se acercaría a los 200 millones ( 8 ).
Paradójicamente, si algo define al imperio de las comunicaciones, además de que los ciudadanos sometan voluntariamente su información personal a todo tipo de vigilancia, es la exacerbación del individualismo (difícil ver el mundo cuando se está demasiado ocupado en admirar su reflejo en la pantalla). El sociólogo francés François Dubet sostiene que el “retorno de las desigualdades no es sólo un efecto mecánico de las mutaciones del capitalismo, sino que también responde al hecho de que los individuos ya no eligen la igualdad social. [...] La reducción de las desigualdades descansa sobre los lazos y los sentimientos de solidaridad, que hoy están en declive, y de cierta manera no queremos más ‘pagar por los otros’” (9). Sálvese quien pueda...
Desafíos colectivos
En América del Sur, en las últimas dos décadas, tras sufrir en carne propia los experimentos neoliberales, distintos movimientos sociales y políticos alcanzaron el poder defendiendo la necesidad de renovar los compromisos colectivos, con proyectos populares e inclusivos. Pero a pesar de contar con abundantes recursos, no supieron o pudieron modificar las estructuras existentes ni crear consensos para edificar instituciones que redistribuyan la riqueza de manera duradera. Con contradicciones y una retórica muy alejada de la realidad, en muchos casos se fueron radicalizando y replegando a medida que enfrentaron la oposición –feroz– de las elites y de los grupos económicos concentrados, cerrando el camino al debate, la crítica y la posibilidad de revertir errores o mejorar el camino. El culto a los líderes, la confrontación permanente, terminaron alejando a amplias franjas de la sociedad a medida que las promesas de construir democracias más participativas se fueron diluyendo. El proceso ha perdido impulso y debe hacer frente al resurgimiento de la derecha conservadora, más pragmática y aggiornada a la plasticidad de un mundo “sin ideologías” pero siempre lleno de buenos negocios. No obstante, el giro a la izquierda latinoamericano ha cimentado bases que serán difíciles de revertir, expandiendo derechos, renovando el compromiso político de muchos ciudadanos y generando entusiasmo en otras latitudes agobiadas por las políticas de ajuste permanente.
Los éxitos individuales, incluso nacionales, no son más que una quimera frente a la magnitud de los problemas actuales. Como demuestra el desafío de hacer frente al cambio climático, las soluciones sólo pueden ser colectivas. Con sus aciertos y errores, las luchas históricas por la igualdad y la libertad deben servir de guía. Porque mientras intelectuales, periodistas, analistas, historiadores y académicos se desvelan buscando nuevas categorías para definir los cambios que moldean la lenta mutación del planeta desde la implosión del socialismo real, las amenazas que se ciernen sobre la humanidad, en el fondo, son siempre las mismas: guerras, masacres, odios, fanatismos, codicia, pobreza, hambre, desigualdad, explotación, opresión, éxodos, desastres naturales...
En julio de 1999, el Dipló llegaba a Argentina, y se expandía a América Latina, para combatir el pensamiento único y aportar “una voz clara en medio del ruido” de los medios de comunicación concentrados, una mirada profunda, crítica e irreverente de la evolución del mundo. Hoy, doscientos números después, con esta edición especial editada junto a la Universidad Nacional de San Martín, renueva ese compromiso, con un análisis de las principales líneas de fractura globales (imposible abarcarlas todas), que esbozan un futuro sumamente inestable y peligroso para todos aquellos ciudadanos comprometidos con la fraternidad, el progreso, la paz y la democracia.
1. En el período 2010-2014, Estados Unidos (31%), Rusia (27%), China (5%), Alemania (5%), Francia (5%) y Reino Unido (4%) exportaron el 77% de armas pesadas del mundo. Los cinco principales importadores fueron India (15%), Arabia Saudita (5%), China (5%), Emiratos Árabes Unidos (4%) y Pakistán (4%). Sipri Yearbook 2015, www.sipriyearbook.com 2. www.lanacion.com.ar/1867858-un-dron-muestra-como-quedo-la-ciudad-siria-de-homs-tras-la-guerra 3. www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf 4. Citado por Iván Petrella, “Balance 2015. Religión, política y violencia”, La Nación, Buenos Aires, 20-12-15. 5. Ozan Köse, “Que ferais-je si ce bébé était à moi ?”, Le Monde, París, 4-2-16. 6. Oxfam, “Una economía al servicio del 1%”, 18-1-16, www.oxfam.org 7. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2016. Dividendos digitales, www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 8. “Toujours plus de précaires et de chômeurs dans le monde”, Le Monde, 21-1-16. 9. Raquel San Martín, “François Dubet: No sólo somos víctimas de desigualdades, somos también sus autores”, La Nación, 30-8-15.
Este artículo forma parte de la edición especial de Le Monde diplomatique y la Universidad Nacional de San Martín - EL MUNDO EN CRISIS (Migraciones, desigualdad, conflictos armados, malestar democrático: un análisis a fondo de las principales líneas de fractura globales). Escriben, entre otros: José Natanson, Pablo Stancanelli, Pablo Stefanoni, Serge Halimi, Juan Martín Bustos, Ignacio Ramonet, Mario Greco, Nancy Fraser...
Nuevos relatos de la economía del Siglo XXI: desigualdad, globalización, modernización de la matriz productiva...
Macronmacri
Por José Natanson
La publicación de El capital en el siglo XXI produjo una pequeña revolución en la discusión política mundial (1). En momentos en que los economistas se dedicaban al análisis algorítmico de las finanzas, la economía del comportamiento y la aplicación de sus leyes a la vida cotidiana para ver por ejemplo cómo se patean los penales, el profesor francés Thomas Piketty escribió un libro-mundo de 800 páginas que incluía una “gran tesis”, contundente y diáfana, de esas que aparecen pocas veces en la historia y que pueden ser objetadas, discutidas y matizadas pero no ignoradas: en el largo plazo –sostuvo en base al trabajo de una red internacional de expertos que procesó datos de dos siglos y cuatro continentes– la tasa de retorno del capital supera a la tasa de crecimiento del ingreso, por lo que la participación del capital en el producto se incrementa. En otras palabras, el capitalismo tiende a concentrar la riqueza.
La conclusión de Piketty demoró tanto en llegar por el recuerdo todavía vívido de los años que van del New Deal (en Estados Unidos) o la finalización de la Segunda Guerra Mundial (en Europa Occidental y parte del mundo en desarrollo) hasta mediados de los 70, cuando esta tendencia se interrumpió y los tres objetivos principales de las sociedades occidentales (crecimiento económico, democracia política e inclusión social) parecieron, por fin, compatibles. Pero Piketty demostró que los “años dorados”, según la famosa definición de Eric Hobsbawm, no fueron la regla sino una feliz –y, considerados históricamente, una muy breve– excepción. Y que una vez pasado este período extraordinario, el capitalismo recuperó su vértigo concentrador, por lo que, si las cosas siguen como están, rápidamente el siglo XXI será tan desigual como el XIX.
Una vez planteada, la tesis de Piketty operó como una revelación en la discusión económica global, como un velo que súbitamente se descorría para dejar ver algo que había permanecido increíblemente oculto. Con cientos de miles de ejemplares vendidos y traducciones a 30 lenguas, el libro convirtió a su autor en una especie de rockstar, festejado por los premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman y elevado a la categoría de “primer gran intelectual del siglo XXI” por la prensa mundial. “Llevar El capital en el siglo XXI debajo del brazo se ha convertido en la nueva herramienta de conexión social en ciertas latitudes de Manhattan”, llegó a decir The Guardian (2).
La investigación produjo todo tipo de reacciones. En Argentina, el sociólogo Gabriel Kessler publicó un libro en el que, al cumplirse una década de la llegada del kirchnerismo al poder, analizaba la evolución de la desigualdad en torno a una serie de variables, de ingreso y riqueza pero también vinculadas a la distribución de la tierra, la vivienda, la salud y la educación (3). En Ecuador, Rafael Correa quiso llevar a la práctica algunas de las conclusiones de Piketty y dispuso el aumento de dos impuestos, a la herencia y a la plusvalía inmobiliaria, de modo tal de limitar la rentabilidad del capital, pero la campaña mediática y la resistencia social que produjo su decisión, a pesar de que afectaba a menos del 2% de la población, lo obligaron a retroceder.
En todo caso, el libro de Piketty tuvo el mérito de reubicar en el centro de la discusión a la desigualdad, que hasta el momento permanecía como una obsesión demodé de unos pocos keynesianos y marxistas remanentes. ¿Qué quedó de aquel debate?
La política francesa es ilustrativa al respecto. Cuatro años después de la aparición de El capital…, Emannuel Macron fue elegido presidente. Consagrado con un amplio respaldo popular ratificado luego en las legislativas, Macron se las arregló para, en el breve lapso de un año, pulverizar al Partido Socialista, acorralar al viejo gaullismo y derrotar a Marine Le Pen. Dotado de un genio táctico innegable y de un espesor intelectual infrecuente en la aplanada élite política francesa, Macron logró reunir en torno suyo a la izquierda de la derecha y a la derecha de la izquierda hasta construir un nuevo centro. Social-liberal, tal la definición aproximada del nuevo gobierno, caracterización que resulta absolutamente bizarra en Argentina pero que en Europa tiene su explicación: Macron es progresista, cosmopolita y laico en materia de inmigración, derechos de las minorías, educación y cultura, y claramente liberal –o neoliberal- desde el punto de vista económico.
Pero lo que interesa aquí no es describir al flamante gobierno sino indagar en su posición respecto de la desigualdad, que en Francia, como en el resto de Europa, viene aumentando de manera sostenida. Y en este punto Macron suscribe el consenso centrista que indica que la desigualdad es una consecuencia inevitable de la globalización, la deslocalización industrial y la nueva realidad del mercado laboral; y que, aunque seguramente sería deseable una sociedad más igualitaria, el único camino posible no es redistribuir el ingreso, y menos aún la riqueza, sino las oportunidades.
Como venimos señalando en este espacio (4), la perspectiva de la igualdad de oportunidades no apunta a construir una sociedad de iguales sino una línea única de largada para que los individuos, que son todos distintos y quieren cosas diferentes, se esfuercen y compitan, que es lo que en definitiva asegura el progreso. Macron lo planteó explícitamente en su primer slogan –“Francia debe ser una oportunidad para todos”– y lo graficó con la elección para sus spots de campaña del caso de Charles Rozoy, un nadador francés que sufrió un accidente que le impidió seguir compitiendo y que luego se convirtió en campeón paraolímpico. El mismo Macron es un ejemplo de cómo una persona nacida en el seno de una familia de clase media de provincia puede llegar, mediante el aprovechamiento de las oportunidades que abre la educación y un talento singular, a la cúspide de la política de su país.
Pero no fueron sólo slogans. En su breve gestión como ministro de Economía de François Hollande, Macron implementó un festejado plan orientado a que las grandes empresas contraten a estudiantes de los barrios periféricos que, por carecer de las redes de contactos y el capital social adecuado, no consiguen trabajo pese a sus buenas calificaciones. Ya en el gobierno, decidió invertir más recursos en las zonas de educación prioritarias (ZEP), desplegar una serie de medidas para enfrentar la discriminación étnica y de género, y fortalecer los programas sociales para garantizar un piso mínimo de subsistencia.
Con título de politólogo y un paso por la filosofía bajo la protección de Paul Ricoeur, que le agradece su ayuda en la introducción de La memoria, la historia, el olvido, la perspectiva de Macron descansa en las teorías del enorme filósofo liberal John Rawls y su intento de congeniar libertad e igualdad, y conecta también con las tesis del economista indio Amartya Sen, que concibe a la pobreza como un problema no de recursos sino de autonomía: en un célebre ejemplo, Sen compara la situación de dos personas, una que no come porque ayuna y otra porque carece de dinero. Ambas pasan hambre, pero la primera porque lo elige y la segunda no: la pobreza, en suma, es un déficit de libertad, y su solución consiste en garantizarles a todos la posibilidad de elegir (incluso si la elección es dejar de comer).
Para asegurar esta libertad, la perspectiva de la igualdad de oportunidades busca evitar la discriminación mediante políticas de acción afirmativa como las zonas de educación prioritaria que está reforzando Macron, los cupos étnicos al estilo estadounidense y las becas educativas. Se trata, por supuesto, de medidas positivas que generan probados efectos de inclusión, pero que no afectan la esencia de la estructura social. Y que operan un sutil desplazamiento del foco político: de la redistribución a la discriminación y de la desigualdad a la pobreza, objetivos estos últimos más consensuales y menos conflictivos, que a su vez justifican políticas públicas orientadas a corregir antes que a reformar, y que no suponen esquemas de suma cero, en el que para que uno gane el otro tenga que perder.
Lejos de las propuestas de Piketty de establecer un impuesto global a los movimientos financieros y aumentar el peso de los tributos a la herencia y las actividades rentistas, el plan económico de Macron apunta a devolverle el dinamismo a un país al que considera paralizado, mediante iniciativas de flexibilización laboral, apertura controlada de la economía y un giro decisivo hacia las industrias del conocimiento y las nuevas tecnologías. En suma, construir una economía más abierta, desregulada y competitiva, más al estilo de Estados Unidos, el único país con el que Francia acepta compararse, sentando de este modo posición en un debate que divide la discusión político-intelectual francesa entre quienes creen que del otro lado del Atlántico hay lecciones que aprender (el best-seller de Jean-François Revel, La obsesión anti-americana, fue uno de los libros más comentados de la campaña) y aquellos que miran con horror la americanización de Europa (Régis Debray acaba de publicar Civilización. Cómo nos convertimos en americanos) (5).
Concluyamos con un comentario sobre Argentina. La perspectiva liberal de igualdad de oportunidades es la gran orientadora de la gestión de Mauricio Macri y una de las pocas referencias más o menos abstractas que acepta incluir en sus discursos. No hace falta ser un comparativista experto para entender que un océano de progreso y bienestar separa la realidad de Francia, con un Gini de 0,33 y una pobreza apenas del 8%, de Argentina, donde la desigualdad llega a 0,42 y la pobreza supera el 30. Así las cosas, puede que sea necesario sacar a Francia de su inmovilismo y quizás hasta le venga bien una sacudida a la americana, pero el camino parece definitivamente inadecuado para un país como el nuestro, que más que flexibilizar el trabajo necesita formalizarlo y que antes que adaptar su Estado de Bienestar requiere construirlo.
De Piketty a Macron y del kirchnerismo al macrismo, ¿qué nos dice la deriva francesa de la Argentina actual? Que incluso en sociedades con una fuerte tradición igualitarista, la redistribución del ingreso y la riqueza no constituyen un valor tallado en la roca de los tiempos sino un objetivo social contingente, permanentemente amenazado.
1.Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, 2013. 2. 28-4-14. 3. Gabriel Kessler, Controversias sobre la desigualdad. Argentina 2003-2013, Fondo de Cultura Económica, 2014. 4. Véase “Contra la igualdad de oportunidades”, editorial en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, N° 199, enero 2016; el debate entre François Dubet (“Elegir para actuar”) y Vicente Palermo (“Las dos cosas a la vez”), Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, N° 201, marzo 2016; y el editorial “Cuando la desigualdad es una elección popular”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, N° 217, julio 2017. 5. Jean François Revel, La obsesión antiamericana, Tendencias, 2007; y Régis Debray, Civilisation. Comment nous sommes devenus américains, Gallimard, 2017.
"RESUMEN Para Thomas Piketty, los debates intelectuales y políticos sobre la distribución de la riqueza se han alimentado sobre todo de grandes prejuicios y de muy pocos datos. En ese campo de batalla han convergido ideas sobre la igualdad entre los ciudadanos, el derecho de las personas a ser retribuidas conforme a sus méritos, la confianza en que el crecimiento económico mitiga de manera natural los contrastes entre los más favorecidos y los francamente abandonados, pero la información concreta, referida a un plazo largo y a diversas geografías, no se había empleado con suficiente rigor para entender cómo se acumula el patrimonio, qué consecuencias sociales tiene ese proceso y qué pueden hacer los Estados para enfrentarlo.
El lector encontrará en estas páginas un muy detallado análisis de cómo se han distribuido el ingreso y la riqueza en el mundo, desde el siglo xviii y hasta nuestros días. A partir de una rica base de datos económicos de una veintena de países disponible en línea para quien quiera profundizar en tal o cual asunto y con certeras pinceladas literarias Balzac y Austen sirven para dar ejemplos de cómo las sociedades han entendido su relación con el dinero, Piketty hace un minucioso recorrido histórico y estadístico para identificar ciertos patrones en el proceso de acumulación del patrimonio en las principales economías. Para el investigador de la École de Economie de Paris, cada nación ha respondido de manera diferente a una ley básica del capitalismo, según la cual el rendimiento del capital suele ser superior, a veces por mucho, a la tasa de crecimiento de la economía, lo que puede estimular la concentración de la riqueza y agravar la inequidad; queda a los Estados decidir, individual o colectivamente, cómo infl uir en esa fuerza polarizante.
El capital en el siglo XXI ha despertado animadas polémicas en prácticamente todo el orbe, en parte por reintroducir entre académicos, políticos, comentaristas y público en general la preocupación sobre las desigualdades sociales; en parte por su propuesta de establecer políticas fiscales de alcance global que moderen la disparidad impuestos a la riqueza y a la herencia; en parte por su visión amplia de lo que deben ser hoy las ciencias sociales, y en parte porque ofrece argumentos sólidos, frescos, para que gobiernos y sociedades combatan de manera frontal el flagelo de la desigualdad. Por todo ello, la de Piketty es hoy una voz imprescindible en los tiempos que corren."
Hitskin.com
Buen artículo.
Me alegro que te haya gustado a vos también Patolo 
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