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La jueza de instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, ha acordado este viernes la libertad provisional sin fianza de Francisco Nicolás G.I., el joven de 20 años detenido por haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con uso dedocumentación falsa, tal y como recoge la agencia Efe.
La jueza aclara que no acierta a comprender cómo un joven de 20 años, "con su mera palabrería y aparentemente con su propia identidad, puede acceder a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar desde el inicio con su conducta a nadie por muy de las juventudes del Partido Popular que manifieste haber sido".
En un auto, la magistrada le obliga a comunicar al Juzgado cuantos cambios de domicilio realice, le prohíbe abandonar el territorio nacional, le retira el pasaporte en el caso de que tenga y le apercibe que el incumplimiento de estas medidas pueden suponer una reforma de su situación procesal.
La jueza relata que la Policía Nacional -que le atribuyó además la falsificación de informes del Centro Nacional de Inteligencia y hacerse pasar por miembro del mismo- ha puesto este viernes al detenido a disposición judicial como presunto autor de delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas.
El atestado detalla que el imputado ha desarrollado una intensa actividad en actos públicos con presencia en ellos de altas personalidades y altos directivos de sociedades financieras y de la vida económica en general. El auto agrega se hacía pasar por cargos de la vida política pero no consta que haya sido exhibida documentación alguna que avalara sus afirmaciones verbales.
Añade que "tampoco se comprende que pueda prosperar su afirmación de ser asesor del Gobierno de España, máxime si se tiene en cuenta el informe del médico forense que observa en el detenido una florida ideación delirante de tipo megalomaníaco". La instructora explica que existen bastantes motivos para estimar que cometió falsedad y estafa, pero aclara que la privación de libertad es una medida excepcional y que no encuentra razones para acordar la adopción de "una medida tan grave como la interesada por el fiscal".
En este sentido no aprecia riesgo de fuga pues es español y tiene arraigo en Madrid, donde reside con su familia y cursa estudios superiores.
La jueza explica que, como consecuencia de documentación gráfica de estas reuniones y haciéndose pasar como asesor de la Vicepresidencia del Gobierno, logró que Javier M. de la H. le entregase 25.000 euros con la promesa de que intentaría que el Ejecutivo mediase en la venta de un inmueble de Toledo propiedad de la víctima.
Explica que el imputado entregó a dicha persona un dossier titulado "Palacio de la Moncloa. Protocolo de actuación de Javier M. de la H. Gobierno de España", con supuestas firmas del secretario de Estado y el subsecretario de Estado de Presidencia. Según indica el auto, el detenido ha reconocido haber efectuado dicho informe y haber escaneado las firmas, y ha devuelto 10.000 euros.
El imputado se desplazaba por Madrid en vehículos de alta gama a los que añadía un luminoso semejante a los utilizados por las fuerzas de seguridad, añade. En el registro en su domicilio fueron intervenidos otros dossieres elaborados por el detenido bajo la apariencia de oficialidad, dos autorizaciones falsas para vehículos del Palacio de la Moncloa y placas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal.
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Se colaba en los actos oficiales a sacarse fotos con gente importante, simulaba hablar con Soraya la vicepresidenta para aparentar, se metía en dispositivos de vigilancia del príncipe haciendo sonar una sirena en su coche, pedía dinero por influir en el gobierno...Un figura.
La jueza aclara que no acierta a comprender cómo un joven de 20 años, "con su mera palabrería y aparentemente con su propia identidad, puede acceder a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar desde el inicio con su conducta a nadie por muy de las juventudes del Partido Popular que manifieste haber sido".
En un auto, la magistrada le obliga a comunicar al Juzgado cuantos cambios de domicilio realice, le prohíbe abandonar el territorio nacional, le retira el pasaporte en el caso de que tenga y le apercibe que el incumplimiento de estas medidas pueden suponer una reforma de su situación procesal.
La jueza relata que la Policía Nacional -que le atribuyó además la falsificación de informes del Centro Nacional de Inteligencia y hacerse pasar por miembro del mismo- ha puesto este viernes al detenido a disposición judicial como presunto autor de delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas.
El atestado detalla que el imputado ha desarrollado una intensa actividad en actos públicos con presencia en ellos de altas personalidades y altos directivos de sociedades financieras y de la vida económica en general. El auto agrega se hacía pasar por cargos de la vida política pero no consta que haya sido exhibida documentación alguna que avalara sus afirmaciones verbales.
Añade que "tampoco se comprende que pueda prosperar su afirmación de ser asesor del Gobierno de España, máxime si se tiene en cuenta el informe del médico forense que observa en el detenido una florida ideación delirante de tipo megalomaníaco". La instructora explica que existen bastantes motivos para estimar que cometió falsedad y estafa, pero aclara que la privación de libertad es una medida excepcional y que no encuentra razones para acordar la adopción de "una medida tan grave como la interesada por el fiscal".
En este sentido no aprecia riesgo de fuga pues es español y tiene arraigo en Madrid, donde reside con su familia y cursa estudios superiores.
La jueza explica que, como consecuencia de documentación gráfica de estas reuniones y haciéndose pasar como asesor de la Vicepresidencia del Gobierno, logró que Javier M. de la H. le entregase 25.000 euros con la promesa de que intentaría que el Ejecutivo mediase en la venta de un inmueble de Toledo propiedad de la víctima.
Explica que el imputado entregó a dicha persona un dossier titulado "Palacio de la Moncloa. Protocolo de actuación de Javier M. de la H. Gobierno de España", con supuestas firmas del secretario de Estado y el subsecretario de Estado de Presidencia. Según indica el auto, el detenido ha reconocido haber efectuado dicho informe y haber escaneado las firmas, y ha devuelto 10.000 euros.
El imputado se desplazaba por Madrid en vehículos de alta gama a los que añadía un luminoso semejante a los utilizados por las fuerzas de seguridad, añade. En el registro en su domicilio fueron intervenidos otros dossieres elaborados por el detenido bajo la apariencia de oficialidad, dos autorizaciones falsas para vehículos del Palacio de la Moncloa y placas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal.
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