El exterminio de seres humanos no sólo conlleva una serie de prácticas abominables, capaces de reducir a miles de personas "a la diezmillonésima parte de una mierda", tal como le gustaba decir a uno de los más crueles carceleros del franquismo. Ya fuese en la Alemania de Hitler, en la España de Franco o en la Argentina de Videla, las políticas represivas absorbían una parte sustancial del presupuesto estatal. Desde el soldado que activaba las cámaras de gas en Auschwitz hasta el torturador que hacía retorcer de dolor a sus víctimas en Buenos Aires, pasando por el verdugo español que destrozaba a sus condenados en el garrote vil... Todos, absolutamente todos, cobraban religiosamente a final de mes. 
En mayo de 1976, cuando aún no se habían cumplido dos meses del golpe de Estado en Argentina, los cuerpos policiales que aterrorizaban a los habitantes ya habían gastado un 70% de su presupuesto anual... y aún quedaba mucha gente por morir. En vísperas de un invierno austral que prometía sangre y dolor, los jefes policiales se vieron obligados a pedir una inyección de 12 millones de dólares. Según los cálculos realizados entonces, las tareas represivas iban a costar, al menos en 1976, unos 400 millones de billetes norteamericanos. Videla necesitaba dinero fresco, pero antes tenía que encontrar países que quisieran socorrerle. Entonces, aquel general de bigotes y mal genio se acordó de la Madre Patria, que acababa de enterrar al dictador Franco y que empezaba, con muchas dificultades, a experimentar el camino de la democracia. Exactamente al revés que en Argentina, donde las desapariciones se habían convertido en moneda diaria. La comunidad internacional conocía ese extremo, algo que parece no haber importado mucho en Madrid: según consta en una gran cantidad de expedientes secretos localizados por Público, España firmó acuerdos económicos que dieron aire a la maltrecha dictadura y sus terribles tácticas de exterminio.   
Los archivos en poder de este periódico demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición y la Argentina de los vuelos de la muerte. El 1 de julio de 1976, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya. De acuerdo al informe reservado elaborado por el diplomático, el rey tuvo "expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que éste vive", al tiempo que se mostraba muy generoso ante la próxima visita a España del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los máximos defensores del ultraliberalismo en Sudamérica.
Ante un Anaya que se salía de su uniforme, el rey Juan Carlos prometió que el responsable de Economía argentino "tendría la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales, para concurrir al encauzamiento y solución de los problemas que pudieran plantearse y/o proponerse. En tal sentido, dijo que España estaba en el mejor estado anímico para concretar operaciones comerciales y financieras con la República Argentina". A lo largo de las semanas siguientes quedaría claramente demostrado que no se trataba de simples elogios.

De las palabras a los hechos

La primera buena noticia para Videla tenía un irresistible olor a parrilla. Cuatro días después de la reunión entre Anaya y el rey, Argentina anunciaba que había firmado un convenio con España para retomar la venta de carne a este país europeo, paralizada desde hacía seis años. El acuerdo se había cocinado durante una visita realizada a Madrid por los responsables de la Junta Nacional de Carnes de Argentina y traía como consecuencia inmediata una primera remesa de cuatro mil toneladas de piezas vacunas para el mercado español, lo que reportaría tres millones ochocientos mil dólares de ganancias para Buenos Aires.  El ministro Martínez de Hoz llegó a España pocas semanas después de este acuerdo, exactamente un 22 de julio de 1976. Durante su visita, el funcionario pudo moverse con total libertad por los despachos más importantes e influyentes del país. Entre las personalidades que le abrieron la puerta se encontraban el rey Juan Carlos, con quien se reunió en la mañana del 23 de julio, y el gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma, que además ostentaba el título de Marqués de Tejada. También tuvo tiempo para reunirse a solas con el banquero Alfonso Escámez —presidente del ya desaparecido Banco Central— a quien le prometió que la dictadura argentina le devolvería la sucursal que había sido expropiada por el Gobierno peronista de Héctor Cámpora en 1973. 
En su intensa campaña por encontrar amigos con dinero, la Junta Militar también contactó con el poderosísimo Emilio Botín (padre) para anunciarle que su Banco Santander recuperaría las dos filiales que le habían quitado los peronistas. Coincidiendo con la visita de Martínez de Hoz, el diario Informaciones reveló que "en la última Junta General de Accionistas" del Santander Botín se había referido al "futuro y perspectivas económicas en la Argentina". "Después de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en aquel país, tenemos fundadas esperanzas de que se volverá a la prosperidad del pasado, pudiendo asegurar que nuestra organización allí, que incluye cerca de 500 empleados y nueve sucursales, está plenamente preparada para participar en el resurgimiento de aquella gran nación. El nuevo Gobierno argentino nos ha ofrecido devolvernos las sucursales de Córdoba y Rosario que nos fueron expropiadas en 1973. Estamos en estos momentos concretando las condiciones en que ha de efectuarse dicha devolución", declaró el presidente del Banco Santander. El mismo día en que la prensa hacía público el apoyo de Botín a los dictadores, tanto él como otros banqueros se sentaban a comer con Martínez de Hoz. Ante la apretada agenda del ministro argentino —que tenía menos de 48 horas para tratar de consolidar las relaciones económicas con políticos y empresarios españoles—, el Marqués de Tejada, haciendo gala de su cargo de gobernador del Banco de España, se encargó de prepararle un multitudinario almuerzo, en el que logró reunir en un mismo comedor a lo más selecto del sector público y privado. De acuerdo a la nómina de invitados que poco después fue enviada a la Junta Militar, en aquella comida de trabajo estaban presentes 64 personalidades españolas, entre las que figuraban los ministros de Comercio, Industria y Hacienda, así como los presidentes de los principales bancos de la época y un buen número de empresarios. El principal tema de conversación fue la relación entre España y Argentina, así como las posibilidades de negocios para ambos estados.  
Los representantes de ambos países se volvieron a ver las caras el 1 de diciembre de 1976, bajo el agobiante calor de Buenos Aires. Ese día comenzaron las conversaciones secretas entre Martínez de Hoz y el ministro de Comercio español, José Lladó, quien había sido designado por el presidente Adolfo Suárez para negociar un millonario acuerdo con la dictadura. Las negociaciones duraron 72 horas, al término de las cuales ambos ministros rubricaron un documento conjunto. De acuerdo al contenido de esos papeles secretos, ambos estados acordaron "poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera" por el cual España vendería a Argentina "bienes de equipo, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, y otros equipos y plantas industriales" por un valor global de 290 millones de dólares.
Para facilitar las cosas, el Banco Exterior de España se comprometía a establecer "una línea especial de crédito" que permitiría "amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares". Además, España accedía a otorgar a Argentina "un crédito en condiciones concesionarias por valor de 50 millones de dólares". "Parte de este crédito —añade el documento reservado— será utilizado para colaborar en el desarrollo de la industria naval argentina".
Ese mismo 3 de diciembre, ambas delegaciones firmaron el "Protocolo de Cooperación Comercial y Financiera entre la República Argentina y el Gobierno de España" (ver PDF), un documento que llevaba el sello de "confidencial" y en el que se establecían los pasos a dar por cada país. Por un lado, la dictadura se comprometía "en el plazo más breve posible" a firmar contratos con la empresa Astilleros Españoles para la construcción de "dragas y remolcadores de diversos tipos y eventualmente otro tipo de buques a sugerencia de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos", por un valor aproximado de 140 millones de dólares.
Además, el Gobierno Militar garantizaba que se otorgarían "las máximas facilidades" para que las instituciones y empresas del sector público o privado argentino adquiriesen a España "bienes de capital por un valor de 150 millones de dólares" que serían financiados mediante la línea de crédito otorgada por Madrid.

Las otras cifras

Sólo durante los tres días que duró la visita del ministro español a Buenos Aires —entre el 1 y el 3 de diciembre— desaparecieron más de 100 personas. Los ciudadanos españoles, a pesar del apoyo económico que este país prestaba a la dictadura argentina, tampoco escaparon del horror. De hecho, pocas semanas después de rubricar el pacto financiero con el gobierno de Suárez, los subordinados de Videla no tuvieron ningún inconveniente en secuestrar, torturar y asesinar a un joven gallego que vivía en Buenos Aires. Se llamaba Urbano López Fernández, tenía 28 años, era auditor contable y en pocos meses iba a ser padre por segunda vez. El 31 de diciembre de 1976, mientras algunos brindaban, Urbano era fusilado junto a otros cuatro jóvenes. La desaparición de este ciudadano español no pareció inquietar demasiado al Gobierno de Suárez, que decidió continuar adelante con los negocios previstos. Entre el 22 y el 27 de abril de 1977, una delegación militar argentina, encabezada por el capitán de navío Raúl Francisco Bondoni, se trasladó a Madrid con el objetivo de firmar varios contratos "para la provisión por parte de Astilleros Españoles de un tren de dragado, dique seco, seis remolcadores de diversos elementos flotantes y material portuario de apoyo por un valor aproximado a los 220 millones de dólares", señala otro de los documentos reservados.  
De acuerdo a distintos informes elaborados por la embajada de Argentina en España, las relaciones comerciales entre ambos países alcanzaron su máximo histórico en plena dictadura. Por ejemplo, en 1977 se produjo "un notable incremento del comercio global que alcanza los 450,8 millones de dólares, cifra que no registra precedentes hasta el presente", destacaba la Consejería Económica de la Embajada en un informe. También resaltaba que el comercio entre España y Argentina "ha mantenido, en general, una tendencia creciente, que se ha producido por el aumento conjunto de las importaciones y exportaciones españolas a nuestro país. En este periodo, el comercio global pasó de 14,7 millones de dólares en 1961 a 450,8 millones de la misma moneda en 1977, lo que representa un ritmo de crecimiento anual promedio del 23,8%".

Falsa caridad

Los negocios secretos entre España y Argentina no habrían tenido un final feliz, al menos desde la óptica de los funcionarios de la dictadura. En abril de 1983, cuando ya faltaba muy poco para que el régimen se desvaneciera, el nuevo consejero comercial de la embajada argentina en España, Sebastián Iturrioz, elaboró un informe en el que desmontó la supuesta caridad de políticos, empresarios y banqueros españoles. En su nota de carácter "reservado", el funcionario advertía que "España hizo su negocio sin otorgar ninguna concesión". 
Entre otros puntos, Iturrioz  advertía que los acuerdos alcanzados entre ambos países en materia pesquera "permitió a la flota española desembarazarse de numerosas unidades —algunas obsoletas— que habían quedado inactivas". Además, el Gobierno de Suárez "desequilibró la relación societaria entre las partes y sometió al socio argentino (mayoritario) al arbitrio de la voluntad de aquél". "Otro gran acierto de España —añadía el consejero— consistió en su intensa participación en obras públicas que le fueron adjudicadas sin contrapartidas y —a veces— en perjuicio de las propias empresas argentinas", destacaba. Las reuniones con la Madre Patria, siempre bañadas en whisky y canapés, ya eran parte del pasado.

Paciencia, coraje y, sobre todo, una fuerza brutal contra el olvido. Así podría resumirse la vida de los Molfino, una familia argentina que lleva más de tres décadas esperando algo tan elemental como humano: saber quiénes fueron los asesinos de Noemí Gianotti de Molfino, una madre de desaparecidos que quería encontrar a los suyos en el Buenos Aires de Videla y acabó hallando la muerte en la España de Adolfo Suárez. Una muerte extraña e impune, registrada en el mismísimo corazón de un Madrid que seguía apestando a franquismo.
"Queremos saber quiénes la mataron, pero también quiénes encubrieron el crimen", afirma a Público Gustavo Molfino. Al igual que otros tantos miles de argentinos, este hombre proviene de una familia desgarrada por la última dictadura cívico-militar de ese país (1976-1983). En octubre de 1979, uno de los siniestros grupos de tareas del régimen secuestró a su hermana Marcela y su esposo Guillermo Amarilla, un militante peronista que estaba en la diana del terrorismo de estado. Nadie lo sabía, pero Marcela se encontraba embarazada de apenas un mes.
Otro de los Molfino, Miguel Ángel, había sido encarcelado algún tiempo antes, tras soportar todo tipo de torturas. Alejandra, otra de sus hermanas, había tenido que abandonar el país por su militancia en el sindicato de maestros. Con estos dolorosos antecedentes, Noemí se entregó en cuerpo y alma para tratar de salvar a sus hijos. Con ese objetivo, la "madre coraje" se trasladó a Europa, recorrió despachos y llegó a la propia Comisión Europea, donde advirtió sobre el genocidio que sufrían sus compatriotas. De allí marchó a Perú, un país que estaba por retornar a la democracia, para seguir con sus denuncias. Su voz era la de miles de asesinados. Sin embargo, ella tampoco escaparía del horror.

Morir en España

12 de junio de 1980, Lima, Perú. Un comando de la dictadura de Videla desplegado en la capital peruana secuestra a Noemí y a otros dos ciudadanos argentinos, que pasan a engrosar las largas listas de desaparecidos. Cinco semanas más tarde, Noemí era trasladada por sus captores a Madrid. De esa manera, la dictadura pretendía montar una operación propagandística que desacreditase las denuncias sobre la terrible realidad que vivía Argentina, alegando que los desaparecidos, en realidad, habían huido a Europa.
El plan fue trazado casi a la perfección. Noemí llegó al aeropuerto de Barajas el 18 de julio de 1980, custodiada por dos integrantes del Batallón 601 de Inteligencia, uno de los cuerpos más temibles del videlismo. Otros dos agentes que ya se encontraban en Madrid la trasladaron hasta el apartotel Muralto, situado en la calle Tutor. Allí la envenenaron mediante pastillas, cubrieron su cadáver con mantas para acelerar su putrefacción -lo que permitía eliminar cualquier rastro de la sustancia empleada para su envenenamiento- y huyeron por la puerta principal. Antes de partir, los asesinos de la habitación 604 colgaron el cartel de "No molestar".
Tres días después, una de las empleadas de la limpieza decidió entrar al dormitorio, alarmada por el mal olor. Entonces descubrió una escena dantesca: el cadáver de Noemí, visiblemente hinchado, yacía sobre la cama. Junto a ella había algunos pasaportes falsos y un ejemplar del periódico Cambio16. Según consta en la documentación judicial de la época, la Policía española comprobó que los asesinos habían tratado de limpiar hasta la más mínima huella de ese escenario. Sin embargo, los peritos encontraron restos dactiloscópicos en un vaso y en unas colillas de tabaco. Todo indicaba que el crimen se aclararía en cuestión de días... Pero ocurrió exactamente lo contrario.

Pruebas olvidadas

Casi 34 años más tarde, aún se desconoce de quiénes eran aquellas huellas. Tal como ha podido comprobar Público, el juez que estuvo a cargo de este caso en 1980, Luis Lerga, decretó el cierre de la causa algunos meses después, sin preocuparse por estas pruebas. El caso volvió a ser reabierto en 1997 por el juez Baltasar Garzón, que por entonces investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina. El magistrado realizó algunas gestiones ante el CESID -el entonces servicio secreto del ministerio de Defensa-, pero no sirvió de nada: al igual que había ocurrido en 1980, las huellas dejadas por los asesinos siguieron sin ser cotejadas.
Fuentes conocedoras de este caso han señalado a Público que las huellas continuarían guardadas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid. "En principio, alcanzaría con acceder a ellas para realizar las comprobaciones correspondientes en Argentina y España", comentaron. Sin embargo, todos los intentos realizados hasta ahora por encontrarlas han resultado infructuosos. Gracias a ello, los asesinos continúan -tres décadas después- en las tinieblas.
A pesar de tantos años de impunidad, la familia Molfino confía en que la verdad pueda estar algo más cerca. Actualmente, el asesinato de Noemí forma parte de una causa judicial conocida como Contraofensiva, en la que se investigan las desapariciones y asesinatos de más de 100 ciudadanos argentinos entre agosto de 1979 y septiembre de 1980. La jueza argentina a cargo del expediente, Alicia Vence, se negó a hablar con este periódico sobre el caso de la madre de desaparecidos asesinada en España.
Su silencio no es casual. Aún son muchas las preguntas que rodean este crimen y que la jueza Vence, si así lo decide, podría aclarar. Para ello, alcanza con sumergirse en los papeles amarillentos que se escribieron durante aquellos aciagos días, en los que la justicia, tanto en Argentina como en España, brillaba por su ausencia. En aquellos viejos folios aparecen varias claves que ayudan a comprender este asesinato, el único cometido por la dictadura argentina en territorio europeo.
Entre otros aspectos, Público ha accedido a varios documentos que demuestran que el gobierno de Estados Unidos siguió de cerca las investigaciones realizadas en España tras el hallazgo del cadáver de Noemí. A través de distintos cables, las embajadas americanas en Madrid y Buenos Aires intercambiaron información sobre este caso, comparado por los diplomáticos estadounidenses con una "buena novela de espionaje".
El penúltimo capítulo de esta suculenta historia se escribió a finales de 2009, cuando los Molfino recibieron una noticia impactante: antes de ser asesinada, Marcela -una de las hijas de Noemí que habían sido secuestradas por el régimen- había dado a luz un niño. Al igual que en otros cientos de casos, la criatura fue apropiada por un agente de la dictadura, que le cambió el apellido y lo crió como propio.
Gracias a la incesante lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, el joven logró recuperar su verdadera identidad. Su nombre es Guillermo Amarilla Molfino. Hoy es uno de los miembros de esta familia que sueñan con conocer, por fin, quiénes mataron a Noemí.

Rhhevoltaire escribió:Si  ahora que nos sorprende  ? si el Rey es el relevo de Franco  y la transición un paripé democrático.

Solo hizo lo que Franco hubiera hecho en su lugar....y todavía hoy en día estamos apoyando al gobierno golpista de Kiev y sus milicias  neo-nazionalistas supremacistas de la raza blanca, antisemitas y anti rusas....Vamos que parece que nada ha cambiado...

Discordantheart escribió:Están interesantes los documentos. Funciona un poquito para entender porque estos se mantienen tanto tiempo en el poder. Y esto no es nuevo que países más poderosos apoyen semejante barbarie. Total... sucede a miles de kilómetros de ellos.