El de 2012 es el último ejercicio fiscal sobre partidos políticos y sus fundaciones que ha fiscalizado este tribunal, que se encarga de analizar si las Administraciones Públicas y los partidos destinan su dinero a fines legales y cumplen con las leyes. Nunca antes la fiscalía de este tribunal había redactado un escrito tan contundente. Este es el primer informe (“el primero del que se tiene conocimiento”, explica el fiscal jefe) que se elabora “para depurar las posibles responsabilidades que se deducen del ejercicio fiscal de 2012”. Aún no se ha fiscalizado 2013 ni 2014.A juzgar por las acciones que describe la fiscalía, todos estos partidos han cometido delitos en sus cuentas de 2012. Olayo apunta a las cúpulas de las formaciones como responsables de esas infracciones. Se queja de la falta de plantilla de su fiscalía y elogia normas de reciente cuño (la Ley Orgánica 5/2012 sobre Financiación de los Partidos Políticos) y acuerdos del Tribunal de Cuentas (la resolución del 8 de octubre de 2013) que revocan o corrigen preceptos anteriores que dejaban un amplio margen a la impunidad en las cuentas de los partidos. En estos cambios normativos se ampara Olayo para justificar por qué ahora sí cabe actuar penalmente contra estas formaciones.
El fiscal aprecia los citados delitos tras analizar el informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas en el citado ejercicio, y denuncia que determinados pasajes parecen “redactados para que se interpreten en el sentido de considerar justificados algunos incumplimientos legales”. Fuentes del tribunal señalan que se ha contestado oficialmente al escrito del fiscal y se le han aclarado dudas sobre determinados aspectos contables. Que haya trascendido, el Tribunal de Cuentas nunca ha actuado contra los grandes partidos por irregularidades en sus cuentas, salvo muy recientemente, que ha abierto expedientes sancionadores a IU y al Partido Aragonés Regionalista por cuentas irregulares. Antes, ni siquiera detectó casos como el del extesorero del PP Luis Bárcenas. Ha descubierto irregularidades, pero cuando ya estaban prescritas por el paso de los años.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas depende de la Fiscalía General del Estado y, aunque su actividad se ciñe a la actividad del citado tribunal, tiene potestad para, si aprecia delitos, enviar sus dictámenes a sus colegas de la jurisdicción ordinaria para que incoen procedimientos judiciales. El fiscal jefe Olayo explica que en su informe sobre partidos relativo a 2012 solo recoge “las infracciones que se pueden considerar de naturaleza penal” (obvia otras del ámbito administrativo).
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El fiscal sostiene que hay delitos en sus cuentas de 2012 (aún no están fiscalizados los años 2013 y 2014). En este ejercicio, CDC “tiene contabilizados ingresos que, en principio, no se corresponden con los servicios efectivamente prestados”. Hay un total de 1,7 millones de euros que CDC contabiliza como ingresos por servicios que supuestamente ha prestado a Convergència i Unió y a sus grupos institucionales, así como a las fundaciones CatDem (antes denominada Trias Fargas) y a Fórum Barcelona, que no están debidamente acreditados. Los justificantes que aporta CDC sobre estas lagunas se limitan a “notas internas” que no amparan si tales servicios se efectuaron o no. Ha sido la misma respuesta que había dado en ejercicios anteriores cuando el Tribunal de Cuentas le pidió explicaciones. Se trata de notas con simples “cálculos de costes” hechas por el propio partido.
Y no solo eso: CDC ha hecho aportaciones a su fundación Cat-Demque ésta “no ha contabilizado como tales” en sus cuentas. En 2012, CDC efectuó aportaciones por importe de 635.865,99 euros bajo el epígrafe de “ayudas” a sus fundaciones (una de ellas, Cat-Dem), pero sin especificar las otras fundaciones a las que ha dado dinero, siempre según el escrito del Ministerio Público. Cat-Dem señala que lo recibido no “son aportaciones”, sino “donaciones”, que tienen tratamientos fiscales diferentes. Otra falsedad que advierte el fiscal en CDC, a la que dedica tres de los 15 folios del informe, es que en sus cuentas anuales no incluye “todos los ingresos y gastos”. No figura incluida, por ejemplo, la actividad económico-financiera de sus sedes locales, lo que también “ha podido incidir en su declaración sobre el impuesto de sociedades”.
Unió Democràtica de Catalunya (UDC). En este partido, aliado de CDC, la fiscalía del tribunal también aprecia “diversos hechos” susceptibles de ser considerados “delitos contra la Hacienda Pública”. La sede del partido en Girona fue adquirida mediante un crédito por importe de 402.016 euros. Esa deuda está “prácticamente amortizada”, si bien el partido la tiene contabilizada como pediente de pago. El partido asegura que esa deuda debe ser abonada por la sede territorial, cuyas cuentas están al margen de las del partido. El fiscal entiende que no deben desgajarse. UDC contabiliza en sus cuentas como deuda propia ese crédito que, en realidad, quedó reducido a 14.016,50 euros (no 402.016) que es lo que realmente queda por pagar.Otro supuesto delito que ve el fiscal es el siguiente: el partido tenía una deuda con la entidad financiera pública Kutxabank por importe de 9,5 millones de euros “que esta entidad le ha condonado”, revela el informe del fiscal. Cuando el tribunal pidió explicaciones sobre este crédito, el partido señaló (lo hizo en 2013) que estaba en negociaciones con la entidad para refinanciar el préstamo. Según el fiscal, el propio banco ha reconocido que la deuda real, con fecha 31 de marzo de 2013, se había reducido a 939.999 euros, debido, explicó la entidad al tribunal, a que “hay una notoria diferencia entre los tipos de interés en el momento de la formalización del crédito (comienzos de los noventa) y el actual”. Es decir, el partido y el banco han llegado a un acuerdo para que el crédito de algo más de 10 millones se quede ahora en menos de uno.
El fiscal también denuncia lo siguiente: “La formación tiene registrados entre los gastos de explotación que figuran en su cuenta de resultados los importes abonados en concepto de dietas a un cargo del partido, por importe de 57.773,94 euros”. El partido ha justificado estas entregas con “documentos mensuales firmados por el perceptor en los que figura el importe de la dieta a percibir, con su correspondiente retención, recibiendo la misma cantidad mensualmente y devengándose en 14 mensualidades”. El fiscal no especifica a qué alto cargo cargo del partido se refiere.
Partido Popular. También sale muy mal parado el PP en el informe del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. Ha podido cometer en las cuentas de 2012 “varios delitos tributarios”, entre otros ilícitos penales.
Ocho bancos han informado de que, en ese ejercicio, existen cuentas que suman 1,3 millones que no han sido declarados al fisco, así como “pagos de anticipos a miembros del partido que no aparecen descontados o justificados y que superan los 50.000 euros”. El fiscal destaca que el PP “se ha negado” a aportar al Tribunal de Cuentas 34 contratos contraídos con firmas que le han prestado servicios.
El fiscal ve una clara falsedad documental en el PP por aceptar una donación de 86.000 euros de una empresa que recibía contratos públicos, hecho que está prohibido. Se le pidieron explicaciones al PP y este alegó que se limitó a respetar la declaración jurada de la firma en la que esta decía que cumplía los requisitos legales para hacer esa donación. El PP alegó que no tiene forma alguna de comprobar la existencia o no de relaciones con las Administraciones Públicas de las empresas que le hacen donaciones, por lo que tiene que tener por cierto sus certificados “mientras no se acredite lo contrario”. El fiscal jefe afirma en su informe: “Hay indicios de falsedad documental por parte de la persona jurídica [la empresa] donante en la certificación, dado que el artículo 4, 2, bis, de la Ley Orgánica 8/2007, establece que “los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”.
El caso de los llamados papeles de Bárcenas, que instruye el juez Ruz, revela que el PP ha percibido donaciones ilegales por importe de casi 8 millones de euros en los últimos 20 años.
PSOE. Dos folios del informe dedica el fiscal a las cuentas del PSOE, en las que también ve delitos en sus relaciones con las fundaciones Pablo Iglesias e Ideas para el Progreso. Señala el fiscal que, en 2012, el PSOE concedió préstamos a ambas por un importe, al menos, de 4,4 millones de euros, a pesar, señala el fiscal, de la imposible devolución de ese dinero dados sus balances negativos. Ve irregular el fiscal que el gerente del PSOE y de la Fundación Ideas fueran la misma persona. Además, alude a otros préstamos del PSOE a sus fundaciones en los ejercicios 2010 y 2011 por algo más de un millón de euros que han sido parcialmente condonados. No entiende el fiscal tales préstamos, máxime cuando el propio PSOE, en 2012, señala, tuvo que pedir “a cuatro entidades bancarias un préstamo de 14,7 millones para financiar un ERE en el partido”. El aval dado por el PSOE a los bancos son las “subvenciones presentes y futuras” que consiga el partido del erario público “hasta el año 2020”. Sobre la Fundación Pablo Iglesias, el fiscal destaca que ha colocado en sus cuentas como ingresos un dinero que en realidad es una deuda. En 2012, el partido le dio “un préstamo a esta fundación de 1,7 millones para sufragar gastos de funcionamiento y actividades”. Sin embargo, las cuentas de la fundación reseñan este dinero, no “como deuda”, sino como “una aportación” del partido. Para el fiscal, eso es “un delito de falsedad en documento público”, puesto que exhibe como ingreso un dinero que, oficialmente, obtuvo como préstamo. Al incluirla como aportación, la declaró “exenta de tributación”, lo cual es falso.
Eusko Alkartasuna. Sobre esta formación, el fiscal jefe advierte que también ha podido cometer delitos fiscales en 2012. ¿Por qué? En sus cuentas no figuran “todos los ingresos y gastos”. EA dispone, señala el fiscal, de 72 cuentas corrientes con un saldo, a fines de ese ejercicio, de 383.999,26 euros.
Partido Nacionalista Vasco (PNV). El fiscal ve un delito claro en el siguiente hecho: el PNV no registró (ni declaró) en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca. Y además posee, aunque está prohibido, una maraña de sociedades mercantiles de cuyas operaciones “puede derivarse un flujo revelador de financiación ilícita” hacia el partido que gobierna ahora en el País Vasco. El fiscal cita, entre otras, las mercantiles Inmobiliaria Lurukanez (100% del PNV) y otra constituida en Francia denominada Iguzkia (98%). También reprocha el fiscal que las cuentas del PNV no son reales y no incluyen toda su actividad verídica. El PNV tiene 357 cuentas corrientes, depósitos y fondos de inversión por importe de 3,1 millones de euros, que oculta en sus balances oficiales, destaca la fiscalía dentro del cúmulo de ilícitos que aprecia en sus cuentas y que detalla a lo largo de tres folios.

En el informe, remitido a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo fiscalizador señala que la contabilidad electoral rendida por Podemos presenta "incoherencias" formales en los estados financieros, existiendo un "descuadre" entre los recursos declarados y los gastos electorales contraídos.
En concreto cita que Podemos declaró haber recibido aportaciones para el proceso electoral por valor de 114.365,75 euros, que se corresponden con múltiples pequeños ingresos procedentes de personas físicas y jurídicas que el partido gestionó en su mayor parte a través de una plataforma de financiación colectiva o crowdfunding.
De ese total, el Tribunal de Cuentas indica que existen 57 ingresos, por un importe de 886,12 euros, que incumplen completamente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) por no contemplar ninguno de los requisitos de identificación que la norma requiere (nombre, DNI y domicilio).

Problemas de la plataforma de crowdfunding

Además, en un total de 48.261,47 euros ingresados el órgano que lidera Ramón Álvarez de Miranda ha detectado la inexistencia de algunos de esos requisitos legales. Sobre este dinero, la formación de Pablo Iglesias alega problemas en el diseño del software de la plataforma de crowdfunding y se muestra dispuesta a destinar dichas donaciones a la finalidad que el Tribunal establezca. El órgano fiscalizador les aconseja mejorar la aplicación para ajustarse a los requisitos fijados en la ley.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha advertido que entre los recursos destinados para la financiación de los gastos electorales Podemos no declaró 24.565,68 euros que corresponden a fondos aportados por el partido, si bien se ha acreditado que proceden de donaciones registradas en la contabilidad ordinaria.
Por contra, agrega que Podemos contabilizó como gasto electoral 4.617,60 euros que corresponden a la imputación contable de sus gastos de personal durante el proceso electoral, una cantidad que no ha sido considerada a efectos de su financiación mediante subvenciones electorales al no reunir los requisitos que establece la LOREG.
Por otro lado, el Tribunal también indica que, aun cuando Podemos comunicó a la Junta Electoral la existencia de una cuenta bancaria específica para el proceso electoral, la mayoría de sus ingresos, hasta un total de 102.180,30 euros, se han recibido en otras cuentas bancarias del partido.
Se trata de una práctica que va en contra de la ley, aunque el órgano ha verificado que dichos fondos fueron transferidos a la cuenta corriente electoral desde que se la que se efectuaron todos esos pagos.

Subvención electoral

El Tribunal de Cuentas resume que Podemos rindió cuentas en el plazo establecido, que aportó la documentación debidamente formalizada y que no se excedió en el límite de gastos electorales, en los gastos de publicidad exterior ni en los de prensa y radio.
Concluye que, con independencia de los gastos que no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales y sin perjuicio de las "deficiencias" ya reseñadas, el Tribunal estima que no procede reducir a Podemos la subvención electoral que le corresponde percibir.
Podemos se estrenó en las elecciones europeas de mayo de 2014 logrando cinco escaños y hasta ahora sus cuentas no habían sido examinadas por el Tribunal, que anualmente fiscaliza a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Antisozzial escribió:Que vista Dios mio, que vista, vivar el fiscal general, que Santa Lucia de conserve la vista