Dotación estatal de 85 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en corporaciones municipales

Recuperaremos el nivel de crédito estatal para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para la financiación de corporaciones municipales a los montos de gasto de 2011, con el fin de revertir los sucesivos recortes aplicados desde entonces hasta 2015.
Activaremos la «incorporación sociolaboral» a los proyectos financiados por este Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, tal y como establece el Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD), 2014-2020, de la Unión Europea.

Adecuación de los recursos humanos y materiales de los servicios sociales públicos a la demanda real existente

Con el fin de reducir de manera paulatina y continua la externalización de los servicios sociales y de poner fin a su privatización encubierta, las administraciones públicas darán cuenta con una periodicidad anual de los servicios sociales asumidos por entidades privadas. Solo cuando las administraciones públicas no estén en condiciones de asumir la prestación de servicios sociales garantizando su calidad y accesibilidad, contemplaremos su externalización. En tales casos, se priorizará la concertación y el convenio con las entidades de la economía colaborativa, social y del bien común.

Creación del Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales

Crearemos el Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales, que tendrá como objetivos la evaluación de las políticas públicas en los servicios sociales y la formulación de propuestas de innovación y mejora. Trabajará de manera coordinada con todas las consejerías, direcciones generales y concejalías de servicios sociales del país, para formular propuestas de mejora e innovación de tipo específico o cooperativo.

Creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal

Crearemos la Ley del Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal. Dicho fondo se nutrirá del 1 % de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a las inversiones de obras públicas e infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este fondo se financiarán en el conjunto del territorio español los programas y las actuaciones de accesibilidad universal en los procesos, bienes, productos, servicios, transporte, información y comunicaciones, así como en los medios de comunicación social, con el objetivo de que todas las personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas o cognitivas de cualquier tipo (personas mayores, con analfabetismo funcional, extranjeros, etcétera) puedan ser independientes y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

Atención / Intervención Temprana pública, gratuita, universal y de calidad

Los trastornos del desarrollo o el riesgo de padecerlos son un problema de salud. Por tanto, todas las prestaciones de Atención / Intervención Temprana (A / IT) deben incluirse en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar su universalidad, gratuidad y calidad.
La Atención / Intervención Temprana (A / IT en prevención 3.ª) debe ser prestada directamente por los centros públicos de la red sanitaria o por entidades sin ánimo de lucro con una probada experiencia en A / IT, y en ningún caso por empresas privadas.
Por ello, redactaremos y aprobaremos la Ley Nacional de Atención Temprana a los niños y las niñas, que garantice el diálogo; la integración y la participación de las familias; la interdisciplinaridad y la alta cualificación profesional; la coordinación entre los profesionales implicados en los servicios sanitarios, sociales y educativos (cada uno con actividades concretas y complementarias pero nunca sustitutivas); la descentralización, para que sea cercana y de fácil acceso para las familias, e incluya la prestación a domicilio y la relación con los servicios sanitarios de atención primaria, las escuelas infantiles y los colegios; y, por último, la sectorización, de forma que se equilibre el hábitat y la demanda con la operatividad de los Centros de Atención Infantil Temprana.

Ley de Autonomía y Dignidad de las personas en situación de dependencia, sus asistentes y sus familias

A partir de un amplio consenso sociopolítico en busca de un pacto de Estado, proponemos integrar y superar las leyes actuales sobre dependencia, con el fin de atender la enorme diversidad de situaciones vitales (niños, adultos con proyectos de vida independiente, mayores, diversidad funcional física, sensorial, intelectual, etcétera). La nueva ley pretenderá reducir o eliminar la violación cotidiana de los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de dependencia, la grave discriminación económica que sufren junto a sus familias, el patrón de intensa desigualdad de género existente en la economía de los cuidados, la economía sumergida y la explotación laboral a los que conduce el actual esquema.
Esta ley seguirá el modelo danés. Integrará las reivindicaciones del Movimiento Feminista y del Movimiento de Vida Independiente y reconocerá la labor que desempeñan tanto el tercer sector como los profesionales de los servicios sociales de la Administración. Igualmente, apostará por una asistencia personal que se ajuste a las necesidades de las personas y permita llevar adelante proyectos de vida independiente de modo real y efectivo y, asimismo, abogará por esquemas de vida que potencien la permanencia de las personas en su entorno social. Su objetivo será proteger, y a la vez fomentar, la emancipación de las personas en situación de dependencia, así como la de sus actuales cuidadores familiares, mediante una sólida apuesta por una cartera de servicios públicos bien financiados que concreten el reconocimiento de los derechos.

Plan de choque por la dignidad de las personas en situación de dependencia y sus familias

Durante los primeros cien días de Gobierno y dentro del marco legal actual, se adoptarán las siguientes medidas con el propósito de mitigar la urgencia material en la que actualmente viven cientos de miles de personas en situación de dependencia y sus familias:

• Derogar el Real Decreto 20 / 2012 que ha recortado los derechos efectivos y la financiación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas.
  
• Reponer el nivel acordado y el 13 % del nivel mínimo de financiación. Para ello, la financiación de la Ley de Dependencia se basará en el coste real de los servicios prestados o de las prestaciones concedidas y se dividirá en un 50 % a cargo de la Administración General del Estado y en el 50 % restante a cargo de las comunidades autónomas con la eliminación del copago. Una vez implantado el sistema en todos los grados y niveles, se articulará la financiación de la ley a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
  
• Eliminar el «limbo de la dependencia» que afecta a más de 433 000 personas y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la ley, para que a todo el que se le haya reconocido un grado y un nivel que conlleven el derecho a recibir las prestaciones y los servicios del sistema se le apruebe el Programa Individual de Atención (PIA) y pueda recibirlos de manera efectiva.
  
• Garantizar en los PIA una asistencia personal suficiente y unos derechos para todos los adultos con planes de vida independiente y en todas las comunidades autónomas.
  

Principios y valores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Dotaremos de recursos a la Administración para la aprobación y el despliegue de una ley orgánica que adapte el ordenamiento jurídico español a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) en lo relativo a los aspectos aún no actualizados que se vinculan a la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, la tutela judicial, la educación inclusiva y la libertad de las personas con diversidad funcional. De esta forma, se promocionarán, protegerán y ratificarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de cualquier persona, independientemente de su naturaleza o condición.

Ampliación del derecho al voto a las personas con diversidad funcional

Nos aseguraremos de que todas las personas con diversidad funcional puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública, en igualdad de condiciones que las demás, a través del derecho al voto. Daremos los siguientes pasos para conseguirlo:

• Obtener datos de la Junta Electoral Central sobre el número de personas con diversidad funcional privadas del derecho a voto desagregado por comunidades autónomas.
  
• Realizar acciones que favorezcan la recuperación del derecho al voto de las personas con diversidad funcional.
  
• Reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que ninguna persona con diversidad funcional pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio en el futuro y para que se restituya el derecho de voto a las que ahora no lo tienen.
  
• Llevar a cabo una adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con diversidad funcional en igualdad de condiciones y en colaboración estrecha con las organizaciones representativas de las personas con diversidad funcional.
  

Ley de Inclusión Laboral de Personas con Diversidad Funcional

Promoveremos la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Diversidad Funcional que permita aumentar en un 50 % su tasa de actividad a lo largo de los cuatro años de la legislatura. Para ello, se propondrá un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con diversidad funcional que trascienda el vigente y se centre en la atención individualizada a lo largo del proceso de inserción laboral, la promoción de la formación, el apoyo individualizado, la activación de nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral, y la discriminación positiva hacia las personas con diversidad funcional con mayor necesidad de apoyo o en situación de exclusión social. Siempre teniendo presente la perspectiva de género.

Foro Ciudadano Permanente sobre Dependencia y Diversidad Funcional

Organizaremos el Foro Ciudadano Permanente sobre Dependencia y Diversidad Funcional. Se reunirá periódicamente y, aunque recibirá una financiación estable del Estado, su funcionamiento será independiente, abierto, transparente y democrático. Pretendemos que en él participen tanto empresas como fundaciones o asociaciones del tercer sector que tengan relación con la dependencia y la diversidad funcional (como movimientos sociales, ciudadanos y familias que no pertenezcan a ningún colectivo formal pero a quienes afecte esta problemática). El objetivo del foro será debatir, analizar, informar y proponer una legislación y unas políticas públicas en el ámbito de la dependencia y la diversidad funcional, que cuenten con el conocimiento y el consenso de la sociedad civil implicada, sin perjuicio de que se puedan articular procedimientos vinculantes en aquellos temas de mayor relevancia.

Financiación de las organizaciones del tercer sector dedicadas a la atención de personas con diversidad funcional o dependencia

Realizaremos un contrato social con el tercer sector para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con diversidad funcional o en situación de dependencia. A través de él, el Estado facilitará los recursos para el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la diversidad funcional y la dependencia y que estas asuman un compromiso ético con la mejora continua, los criterios de transparencia y la calidad en la gestión de los programas y servicios, así como unos mecanismos de participación democrática y gobernanza que permitan que las personas con diversidad funcional o dependientes sean atendidas como ciudadanos y ciudadanas de derecho con plena participación en todos los aspectos que les afecten en las distintas etapas de su vida.

Rehabilitación y fisioterapia continuadas gratuitas para las personas en situación de dependencia o diversidad funcional

Una buena parte de las personas en situación de dependencia o con alguna diversidad funcional necesita sesiones de rehabilitación y fisioterapia continuada pero no puede asumir su coste. En muchos casos, tampoco tiene derecho a ellas en el marco del Sistema Nacional de Salud. Dada su importancia terapéutica, proponemos que estas sesiones (tras prescripción facultativa) estén incluidas en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar su universalidad, gratuidad y calidad.

Aumento y agilización de las prestaciones por material ortoprotésico

Una buena parte de las personas en situación de dependencia o con alguna diversidad funcional precisa costosos materiales ortoprotésicos (como sillas de ruedas, corsés o implantes cocleares) para poder aumentar su funcionalidad y llevar una vida más plena. Proponemos reformar el sistema de subvenciones a partir de las siguientes medidas:

• Aumentar las cantidades subvencionadas para que las personas con pocos recursos económicos no se vean obligadas a optar por materiales de gama muy baja, como sucede actualmente.
  
• Homogeneizar las prestaciones en todas las comunidades autónomas.
  
• Permitir que la Administración adelante el dinero tras la aprobación y la presentación de una factura proforma o similar, para que las personas con pocos recursos no se vean obligadas a abonar el importe y esperar su devolución.
  
• Acelerar el proceso de concesión de las ayudas y, en particular, otorgar carácter de urgencia a la cita con un médico especialista cuando se requiera un informe de este.
  
• Abonar lo antes posible los retrasos acumulados actualmente en el sistema.
  

Reconocimiento constitucional de las lenguas de signos españolas como lenguas cooficiales

Proponemos reformar el artículo 3 de la Constitución y hacer un reconocimiento explícito de las lenguas de signos españolas como lenguas oficiales del Estado.

Implementación de la perspectiva de género en las instituciones de la Administración General del Estado para eliminar la discriminación y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres

Proponemos la puesta en marcha de las acciones necesarias para fortalecer la incorporación transversal del principio de igualdad en el funcionamiento administrativo y en la elaboración de las políticas públicas. Para ello llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:

• Creación de una Secretaría de Estado de Igualdad dependiente del Ministerio de la Presidencia como órgano referente en la aplicación transversal del principio de igualdad de las políticas públicas y en la coordinación intrainstitucional e interinstitucional de la materia.
  
• Regulación del funcionamiento, las competencias y la composición de las Unidades de Igualdad de Género de los Ministerios referidas en el artículo 77 de la Ley 3 / 2007, de 22 de marzo, para la igualdad.
  
• Conformación de una red de alianzas administrativas entre los diferentes organismos de igualdad existentes en la Administración central y autonómica.
  
• Creación de informes de género vinculantes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
  

Mujeres en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

• Desarrollaremos un plan específico por la igualdad de mujeres y hombres y por la no discriminación por motivos de identidad u orientación sexual.
  
• Llevaremos a cabo un abordaje de las lagunas legales existentes en el Código Penal Militar en materia de acoso sexual, para conocer su alcance real en el ámbito militar.
  
• Crearemos protocolos sobre violencias machistas para el personal femenino, con el fin de evitar daños añadidos en su carrera ante una posible denuncia.
  
• Realizaremos una regulación jurídica del abuso de poder y la discriminación en el ámbito laboral por razón de género en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
  
• Crearemos campañas de concienciación sobre el acoso sexual en dichos colectivos.
  
• Adaptaremos los instrumentos de trabajo y el material de seguridad al personal femenino.
  
• Generaremos medidas efectivas sobre la conciliación y la corresponsabilidad familiar, tanto en los puestos de servicio del territorio nacional como en las misiones en el extranjero.
  
• Revisaremos los criterios de promoción en el escalafón militar, con objeto de garantizar una mayor presencia de mujeres en los altos mandos.
  

Frente a las violencias machistas, la independencia de las mujeres

Aseguraremos la independencia de las mujeres. Una persona solo puede poner fin a una situación de violencia si es independiente y tiene, por tanto, alternativas.
Modificaremos la Ley de Violencia de Género para que se conciba a las mujeres como sujetos activos y no como víctimas; e incluiremos todas las formas de violencia machista, como indica el Convenio de Estambul: matrimonio forzoso, crímenes «de honor», trata de mujeres y niñas, mutilación genital femenina, etcétera. Asimismo, elaboraremos planes de intervención psicosocial destinados a los hombres condenados por violencia machista, y reforzaremos las medidas orientadas a la prevención de las violencias machistas a través de campañas de prevención de conductas violentas en la población adolescente y de sensibilización e implicación de la sociedad, particularmente de los hombres. Igualmente, estableceremos unos servicios de protección y apoyo especializados para menores expuestos a violencias machistas, a fin de garantizar su seguridad.
Garantizaremos la alternativa habitacional inmediata para las víctimas de la violencia machista y el acceso prioritario para percibir prestaciones sin necesidad de denuncia previa.
Llevaremos a cabo un plan de empleo para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Ley Contra la Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Orientación Sexual

• Estableceremos un Observatorio Estatal de LGTBIfobia que vele por el cumplimiento de la ley, reciba y gestione denuncias y actúe de oficio. Igualmente, fomentaremos la creación de observatorios autonómicos.
  
• Pondremos en marcha un Consejo Estatal por la Igualdad de las Personas LGTBI con capacidad para emitir informes, realizar investigaciones, hacer propuestas legislativas y presentar acciones penales contra presuntos agresores y discriminadores.
  
• Crearemos un Instituto Nacional LGTBI que se encuentre al mismo nivel que el Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud.
  
• Llevaremos a cabo una reforma del artículo 14 de la Constitución para incluir expresamente la prohibición de la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
  
• Instauraremos un Plan Nacional Contra el Acoso Escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género que incluya formación, campañas de sensibilización y asistencia y apoyo a las víctimas.
  

Ley Integral contra la Trata de Personas

Reafirmaremos el papel central de las víctimas como sujetos de derechos, y actuaremos de forma coordinada (entre las autoridades estatales, autonómicas y locales) para la protección, identificación y detección de las personas víctimas de trata.

• Reforzar la protección, con periodos de restablecimiento y reflexión garantizada, y prohibir la deportación o el encierro en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Eliminar la responsabilidad penal de las víctimas de trata que se encuentran en situación irregular por no colaborar con las autoridades.
  
• Formar profesionales del ámbito jurídico, implicados en la tramitación de visados y solicitudes de asilo, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e inspectores de trabajo con una perspectiva psicosocial.
  
• Crear mecanismos de atención integral a las víctimas con un enfoque integrador, transcultural, de protección efectiva en el caso de denuncia y más allá del juicio. Garantizar el derecho al asilo por los diversos tipos de trata, así como la concesión automática de los permisos de residencias temporales.
  

Elaboración de la nueva Ley de Identidad de Género

Elaboraremos una nueva Ley de Identidad de Género e incluiremos en ella medidas para asegurar la protección de los derechos de las personas intersexuales. Asimismo, garantizaremos el cambio de nombre y sexo en los documentos otorgados a todas las personas que así lo deseen, y prestaremos una atención especial a los casos de niños y niñas transexuales, así como a las personas migrantes, con el fin de instar a toda la Administración Pública a que se formalicen protocolos para ello.
Garantizaremos también el acceso voluntario de las personas transexuales a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes. Incluiremos en la cartera general de prestaciones del Sistema Nacional de Salud la atención sanitaria de cercanía a las personas transexuales, incluidas las cirugías necesarias y la atención a los menores transexuales, para que puedan acceder desde cualquier punto de España a una atención igualitaria y no patologizante. Para ello, implantaremos la formación clínica y psicosocial necesaria para los y las profesionales.
Crearemos planes de empleo para personas transexuales, así como cuotas de empleo público.
Garantizaremos el reconocimiento de los derechos reproductivos de las personas transexuales.

Plan Estratégico para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar

Elaboraremos un Plan Estratégico para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar que incorpore a todos los actores implicados y evalúe las políticas públicas implementadas en este ámbito durante los últimos diez años. Este plan estratégico tendrá como objetivo fundamental favorecer la crianza y la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos dependientes en el ámbito familiar.

• Promoveremos medidas destinadas a la adecuación de los horarios laborales de los cuidadores, como una mayor flexibilización horaria, el teletrabajo, o los permisos para el cuidado de niños, niñas, adolescentes y personas dependientes.
  
• Declararemos el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita desde los 0 años, e instauraremos un plan de implantación progresiva.
  
• Impulsaremos las fórmulas contractuales que promuevan jornadas laborales cortas a tiempo completo, así como la adaptación entre los horarios laborales y los escolares.
  
• Reformaremos el sistema de permisos por nacimiento o adopción estableciendo un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de los derechos, el permiso debe ser igual para cada persona progenitora, intransferible, abonado con el 100 % del salario y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.
  
• Extenderemos los planes de «respiro» familiar a las cuidadoras y cuidadores de niños, niñas, adolescentes y personas dependientes, prestando una especial atención a las familias monoparentales.
  

Protección a las familias monoparentales

Implementaremos unas medidas específicas de protección a las familias monoparentales para compensar su situación de especial vulnerabilidad.

• Elaboración de una definición precisa de familia monoparental que permita reconocer de acuerdo a los mismos criterios su estatus en todos los niveles de la Administración. Creación de un carnet de familia monoparental que acredite esta condición.
  
• Creación de una prestación de maternidad no contributiva para madres y padres solos y sin recursos que se encuentren en activo con demanda de empleo.
  
• Inclusión de la categoría «familia monoparental» como grupo especial para facilitar el acceso a becas destinadas a los comedores y a la compra de materiales del ámbito educativo.
  
• Consideración específica de las familias monoparentales como colectivos beneficiarios de ayudas al alquiler con prioridad en el acceso a viviendas protegidas.
  
• Favorecer la prioridad en la asignación de plaza en la educación infantil de 0 a 3 años para los hijos e hijas de familias monoparentales.