Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional

Desarrollaremos un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional, que se coordinará a través de un organismo independiente del poder gubernamental.
Dicho organismo estará integrado por la Administración, organizaciones no gubernamentales (ONG) y actores relevantes de la sociedad civil; y su ámbito de actuación abarcará las diferentes administraciones territoriales del Estado. Sus principales objetivos serán los siguientes:

• Promover una mayor implicación de la sociedad civil, así como de expertos, en el compromiso contra la corrupción.
  
• Implementar y perfeccionar mecanismos preventivos que se adapten a la dinámica realidad delictiva.
  
• Dotar de recursos y adaptar las técnicas adecuadas para lograr una persecución eficaz y sostenible.
  
• Asegurar una constante formación de los agentes especializados y una mayor coordinación entre ellos.
  
• Facilitar la formación entre los funcionarios para la detección y denuncia de este tipo de conductas.
  
• Dotar de mecanismos reales de protección a los denunciantes de hechos delictivos.
  

Policía judicial y peritos para su adscripción funcional a los juzgados

Trabajaremos para que estos funcionarios, la policía judicial y los peritos, sean dependientes funcionalmente de los juzgados y la Fiscalía, y para que tengan control de todas las investigaciones policiales de cada instrucción o procedimiento penal que dirijan. De este modo, evitaremos tanto las dilaciones indebidas como el hecho de que los agentes considerados «incómodos» puedan ser destituidos.
Estas unidades policiales deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Estar adscritas funcional y temporalmente a los juzgados o tribunales.
  
• Contar con estructura independiente y un número muy reducido de puestos de libre designación.
  
• Estar integrado por funcionarios con acreditada experiencia en la Policía Judicial, y con acceso exclusivo mediante concurso especifico de méritos.
  
• Promover y dirigir las investigaciones ya judicializadas:
  
  
  
  • Actuarán por delegación del juez o fiscal en el seno del cuerpo judicial.
    
  • Podrán requerir de los mandos policiales todos los medios personales y materiales precisos para llevar a buen fin la investigación.
    
  • Estarán exentos de informar sobre la evolución de las investigaciones o de los resultados obtenidos.
    
  
  
  

NEROCAESAR escribió:Objeto que El Llobu se repite un poquitín...

El llobu escribió:

NEROCAESAR escribió:Objeto que El Llobu se repite un poquitín...

En justa correspondencia con lo que se repiten falsa y cegateramente miles de antipodemitas.

Pero van 245 artículos del programa de Podemos, y ni una sola crítica coherente a ninguno de ellos.

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Salud y República.

NEROCAESAR escribió:

El llobu escribió:

NEROCAESAR escribió:Objeto que El Llobu se repite un poquitín...

En justa correspondencia con lo que se repiten falsa y cegateramente miles de antipodemitas.

Pero van 245 artículos del programa de Podemos, y ni una sola crítica coherente a ninguno de ellos.

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Salud y República.

Pero yo acabo de dar una razón:

"NO SOY ESPAÑOLA"

athenea escribió:Los medios controlados por los grupos macroeconómicos, Llobu.

En Argentina atacaban salvajemente a Crisitna por corrupta.
Ahora ellos pudieron propulsar  a su "presidente títere" (Mauricio Macri, o el Rajoy argentino) y la prensa lo aplaude aún a pesar de una corrupción escandaloza (vease tan solo el caso de los Panamá Papers, pero que es solo uno de decenas) y los medios callan, o lo aplauden.

Así el capitalismo.

El llobu escribió:

NEROCAESAR escribió:

El llobu escribió:

NEROCAESAR escribió:Objeto que El Llobu se repite un poquitín...

En justa correspondencia con lo que se repiten falsa y cegateramente miles de antipodemitas.

Pero van 245 artículos del programa de Podemos, y ni una sola crítica coherente a ninguno de ellos.

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Salud y República.

Pero yo acabo de dar una razón:

"NO SOY ESPAÑOLA"

Dilecto romano: cada uno sabe sus propias y poderosas razones.

Salud y República.

Tinajas escribió:

El llobu escribió:

NEROCAESAR escribió:

El llobu escribió:

NEROCAESAR escribió:Objeto que El Llobu se repite un poquitín...

En justa correspondencia con lo que se repiten falsa y cegateramente miles de antipodemitas.

Pero van 245 artículos del programa de Podemos, y ni una sola crítica coherente a ninguno de ellos.

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Salud y República.

Pero yo acabo de dar una razón:

"NO SOY ESPAÑOLA"

Dilecto romano: cada uno sabe sus propias y poderosas razones.

Salud y República.

El romano por lo que le he leido es un socialdemocrata, no se si de Susanita o del camarada Patxi Lopez, con paciencia lo podemos hacer ESPAÑOLA y que vote a Podemos.

athenea escribió:Chavistas, Castristas, etarras, criptomarxistas, filoterrorista, neomusulmanes...
No lo voy a votar.
Y por una sola razón: no soy española...


Vamo, Pablooo!!!

NEROCAESAR escribió:En las normas se prohíbe convertir romanos en romanas...

Introducción de la figura delictiva de enriquecimiento injusto o ilícito

El delito de enriquecimiento injusto se refiere a la actuación de aquellos altos cargos que, en el marco de la actuación política, sin intervenir directamente en la comisión de delitos de corrupción, han obtenido beneficio derivado de la comisión de estas conductas.
Además, y como medidas complementarias, incorporaremos el delito agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas y los delitos agravados de cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cometidos a través de partidos políticos.
Implementada internacionalmente, esta medida penal se muestra como una de las más eficaces contra el enriquecimiento de quienes dirigen organizaciones criminales, pero que no intervienen directamente en la comisión de ninguno de los delitos o de corrupciones realizadas en el marco de la actuación política por los altos cargos de la Administración.

Nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos

Elaboraremos un plan de prevención del delito específico para los partidos políticos con las siguientes propuestas relativas al control de la financiación:

• Equiparar la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos políticos.
  
• Prohibir donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda del límite legalmente establecido para las donaciones monetarias.
  
• Prohibir el endeudamiento bancario por parte de los partidos políticos o limitar severamente dicho endeudamiento.
  
• Publicar la identidad de todo aquel donante que aporte más de 5000 euros al año.
  
• Establecer sistemas de tratamiento y publicación de datos en formatos reutilizables, que permitan identificar posibles relaciones entre donaciones políticas y contratos públicos, o entre partidos políticos y paraísos fiscales.
  
• Elaborar un plan estratégico sobre el modelo de financiación de los partidos políticos en España, y reformar los sistemas de financiación electoral y ordinaria de los partidos conforme a principios más democráticos e inclusivos.
  

Con respecto al tratamiento penal, nuestras propuestas son:

• Aumentar el plazo de prescripción de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y aclarar los casos de duplicidad de sanciones.
  
• Desarrollar de manera específica, y adaptándola a las formaciones políticas, la norma expresada en el artículo 31 bis del Código Penal, destinada a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas en general.
  

Creación del Departamento de Recuperación de Activos

Crearemos un departamento específico dentro de la Administración Pública dedicado a la recuperación de activos envueltos en casos de corrupción.
Estará formado por funcionarios especializados, y potenciará los actuales instrumentos de cooperación internacional en materia de información, auxilio judicial y recuperación de activos, que son parte de la normativa europea.

Redefinición del delito fiscal

No existe ninguna justificación jurídica para aplicar tipos penales diferentes al delito fiscal y a los casos de fraude en las subvenciones recibidas de la Unión Europea, máxime cuando la cuota para considerar un delito como «delito fiscal» es excesivamente alta: 120.000 euros. Por ello, estableceremos un único límite para los delitos fiscales: 50.000 euros, que es la cantidad fijada para las subvenciones en materia europea.

Fortalecimiento de los sistemas de evaluación legislativa en materia de corrupción y política criminal

Para fortalecer los sistemas de evaluación legislativa en materia de corrupción y política criminal, implementaremos las siguientes medidas:

• Crearemos un Centro Nacional para la Prevención del Delito, encargado de realizar evaluaciones de impacto tanto de la legislación en vigor como de propuestas de reforma.
  
• Pondremos en marcha programas de información y concienciación pública en materia penal.
  
• Mejoraremos los sistemas estadísticos.
  
• Crearemos una oficina de información pública sobre problemas relacionados con la política criminal, que podría ser parte de las funciones del citado Centro Nacional para la Prevención del Delito.
  

Participación ciudadana en la gestión pública

Estableceremos mecanismos de participación en la actuación administrativa con el fin de integrar en el ámbito público formas de gestión participadas, basadas en la lógica del valor y del bien común, de forma que la ciudadanía pueda contribuir a mejorar los servicios públicos.
Impulsaremos las siguientes medidas transversales en las administraciones públicas:

• Crearemos un observatorio de inclusividad en la gestión pública para investigar indicadores de inclusividad, y poder evaluar y diseñar acciones institucionales dirigidas a atender las necesidades de acceso a las administraciones públicas de una sociedad diversa.
  
• Desarrollaremos un Plan de Formación para la Par-ticipación, que estará dirigido tanto al personal de la Administración Pública como a los agentes sociales.
  
• Instauraremos órganos ciudadanos de interlocución con el personal técnico y político, y dotaremos de un carácter decisorio a estos espacios de encuentro que, además, se complementarán a través de herramientas de participación virtual.
  

Justicia gratuita real

Proponemos la creación de un texto normativo que esté consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de letrados del turno de oficio, quienes desarrollan el servicio con elevados estándares de rendimiento y reconocimiento europeo e internacional. En este texto se contemplará la mejora del servicio público de asistencia jurídica gratuita y la dignificación del turno de oficio, y contendrá una reflexión sobre las atribuciones delegadas a las comunidades autónomas en esta materia.

Elección directa del Consejo General del Poder Judicial

Consideramos que, aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga sus actuales competencias generales, debe asumir directamente su principal función: velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público. Y, para ello, proponemos las siguientes medidas:

• Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.
  
• Regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso.
  
• Establecer limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para estas elecciones.
  

Auditoría pública del sistema judicial

Promoveremos una auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de los recursos.
Asimismo, crearemos una oficina judicial dotada de los medios necesarios para desarrollar una actuación más eficaz y cercana a la ciudadanía, que materialice un verdadero servicio al ciudadano. Esta oficina tendrá financiación directa del Estado (el Gobierno central asumirá las competencias periféricas en este ámbito), será competencia del Ministerio de Justicia y tendrá capacidad de cesión de edificios de titularidad pública. Desde ella se impulsará el expediente electrónico y se informatizará todo el procedimiento judicial.

Reforma integral de la Fiscalía

Pondremos en marcha una reforma integral de la Fiscalía a partir de las siguientes propuestas:

• Revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado.
  
• Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo.
  
• Dotar a esta institución de mecanismos de transparencia que permitan conocer, entre otros, los actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones, la agenda del Fiscal General del Estado y de los demás órganos de dirección, y las retribuciones o los indicadores de su actividad.
  
• Asegurar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.
  
• Abordar de manera integral la reorganización y el nuevo diseño de las funciones de los órganos centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica).
  
• Democratizar los nombramientos en la cartera fiscal bajo estrictos criterios de mérito y capacidad.
  

Eliminación de privilegios procesales

Si bien es cierta la necesidad de protección y amparo de la actividad parlamentaria y de las actuaciones de jueces y magistrados, pues de otra manera podrían ver limitado el ejercicio de sus funciones, esta protección solo se mantendrá en el ámbito de actuación pública de estos cargos, porque se considera que los privilegios procesales no rigen más allá de dichas actividades públicas; de este modo, cualquier otra actuación estará sujeta al procedimiento general, aunque se realice durante el ejercicio del cargo.