SEVILLA.— Menos de una semana después de verse sacudido por el explosivo auto de la Fiscalía que pide seis años de cárcel para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y diez de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el fraude de los ERE, el PSOE andaluz ha tenido que afrontar este miércoles en el Parlamento una disyuntiva envenenada: votar a favor o en contra de una proposición de ley de Podemos para la creación de una Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía. Se trataría de un órgano independiente, adscrito a la Cámara autónomica, cuyo objeto sería prevenir la corrupción, investigarla e incluso proponer sanciones, aunque si detectara indicios de delito tendría que derivar el caso a la Fiscalía (sólo Cataluña cuenta con una figura similar).

Finalmente, la Cámara autónomica, con los votos en contra de socialistas y Ciudadanos, han vetado la tramitación del proyecto de ley. La formación morada e IU han votado a favor y el PP se ha abstenido. Lo sorprendente de este debate es que todos los grupos de la Cámara, todos, tienen comprometido en sus programas electorales la creación de un instrumento propio de lucha contra la corrupción. Aparentemente todos coinciden en el qué y discrepan en el cómo. Pero la negativa a iniciar siquiera la tramitación de esta ley tiene más que ver con la lucha entre PSOE y Podemos por la hegemonía de la izquierda, que con discrepancias jurídicas, técnicas y económicas sobre el proyecto (que las hay).
La “creación de una Oficina Antifraude para Andalucía” fue una promesa de la presidenta Susana Díaz en su investidura de junio de 2015 y volvió a anunciarla en marzo de 2016. De hecho, la propuesta está incluida en el acuerdo de investidura que PSOE y Ciudadanos firmaron al inicio de este mandato. Podemos ha tomado la iniciativa, ante la "pasividad" de Díaz, y se ha adelantado para registrar su proyecto de ley de una Oficina Anticorrupción en el Parlamento. Sin embargo, llevaban meses trabajando en ella desde antes del verano.



La proposición de ley de la formación que dirige Teresa Rodríguez es una adaptación de una norma similar que en estos momentos se tramita en las Cortes Valencianas con el respaldo del partido morado, de Compromís y del PSOE (los tres grupos del llamado pacto del Botánico). El equipo jurídico del grupo parlamentario morado en Andalucía trabajó sobre el texto valenciano una vez se recibieron los informes de los servicios jurídicos de aquel Parlamento, o sea, se ha trabajado en base a las recomendaciones legales a aquel texto. Los letrados de la Cámara andaluza no tumbaron el texto de Podemos, pero sí han puesto muchos reparos técnicos y jurídicos a su proyecto de ley.

De hecho la fórmula valenciana en la que se inspira carga ya con más de cien enmiendas de los grupos y un informe de tres catedráticos de la Universidad valenciana ha puesto en duda la potestad jurisdiccional del mismo y advierte de una posible invasión de competencias al Estado. Sin embargo, lo que se votaba este miércoles no era el contenido, sino el inicio de la tramitación. Y el PSOE ha frenado aquí lo que apoyó en la Comunidad Valenciana, alegando que ya está trabajando con Ciudadanos en su propio modelo de Oficina Antifraude.

Hace meses que los socialistas tenían planeado rechazar la propuesta de Podemos, un partido al que niegan prácticamente cualquier iniciativa parlamentaria para evitar que les robe más espacio político por la izquierda. El PSOE andaluz, al contrario que el valenciano, el extremeño o el aragonés, no necesita los votos de los diputados morados, porque gobierna cómodamente con el apoyo de la formación de Albert Rivera. El pasado 5 de julio, el Consejo de Gobierno andaluz ya emitió un informe con su criterio desfavorable a la toma en consideración de la Oficina Anticorrupción de Podemos. Sin embargo, el reciente escrito de acusación de los fiscales del caso ERE ha vuelto a poner en el disparadero a los socialistas, al Ejecutivo andaluz y singularmente a Susana Díaz, contra quien ha cargado toda la oposición en bloque.