El estudio jurídico Rodríguez y Hermosilla, con sede en Madrid, ha puesto en marcha esta ILP con el objetivo de recoger las 500.000 firmas necesarias para que el Congreso acepte la iniciativa.

Proponer aprobar una “Ley de Reforma del Congreso”, que puede ir aparejada a una enmienda en la Constitución, para establecer límites a los privilegios de los que disfrutan los diputados hasta la fecha.

Deberán pagar a la Seguridad Social

Según ha sabido El Confidencial Digital, una de las principales medidas que se incluirán en la ILP está relacionada con los honorarios que cobran los parlamentarios mientras ocupan el escaño, y también con los propios de jubilación de que disfrutan.

La primera propuesta es que el diputado solo esté asalariado durante su mandato y que su jubilación solo procederá del mandato realizado.

Además, la iniciativa legislativa popular establece que el diputado “contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos”.

Hasta ahora, Congreso y el Senado abonan la cuota correspondiente a la Seguridad Social de los parlamentarios, que además están exentos de cotizar por el fondo de jubilación que van generando. Ambos privilegios, según el texto que prepara el despacho de Rodríguez y Hermosilla, quedarían anulados.

Además, tal y como se incluye en el primer boceto de la ILP, los diputados deberán pagar por el citado plan de jubilación que ofrece el Congreso.

Limitación de mandatos y de asesores

En la iniciativa legislativa se recoge que los diputados dejarán de votar “su propio aumento de sueldo”, junto a otras restricciones y pérdidas de privilegios como las siguientes:

--Limitar a dos mandatos (o legislaturas) la estancia de los diputados en el Congreso.
--Reducción, al 50 por ciento, del número de asesores.
--Los diputados dejarán su seguro actual de salud y estarán sujeto al mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles.

La ILP también exige la eliminación de “instituciones obsoletas o duplicadas”, como el Senado y las Diputaciones Provinciales, o, al menos, reducir un 30 por ciento, el número de componentes políticos de las instituciones, como los concejales de ayuntamientos, diputados nacionales, y diputados regionales.