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Universitarios protestan frente al Palacio de la Justicia en Venezuela. (AP)
Ha sido calificado sin ambages como un golpe de Estado en Venezuela. También como la estocada final de Nicolás Maduro a la oposición en el Congreso. El hecho ha provocado el rechazo de al menos nueve de países de América Latina. Perú ya decidió retirar a su embajador. Y Chile llamar al suyo a consulta. 

Todo ello, a raíz de una sentencia publicada la noche del miércoles del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusada de estar controlada por el chavismo, que anuló las funciones de la Asamblea Nacional (AN) e informó que asumirán sus competencias luego de acusar a sus integrantes de tener una actitud de "desacato".

“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, dice el fallo.

De esta manera, este tribunal, el de máxima instancia en Venezuela, le pone punto final a una arremetida que empezó contra la oposición el martes de esta semana, cuando el TSJ dispuso, en otra cuestionada sentencia, retirar la inmunidad de los diputados, al considerar que estaban en "desacato".

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Estos dos últimos fallos podrían traer consigo mayores riesgos. Según apunta el diario venezolano "El Nacional", lo dispuesto puede darle a Nicolás Maduro los poderes para suspender las próximas elecciones, enviar a la cárcel a los diputados de oposición o ejercer presión en la Organización de Estados Americanos (OEA).   

"[El gobierno] puede estarse gestando una gran maniobra para decretar el estado de conmoción y evadir la elección presidencial a tan solo año y medio de que ocurran”, advirtió el politólogo Luis Salamaca, entrevistado por el referido medio.

La oposición reclama que se lleve a cabo las elecciones el próximo año, en cumplimiento del calendario electoral. Sin embargo, las autoridades a cargo de convocar las elecciones aún no se han pronunciado. La oposición acusa al régimen de intentar evadir el proceso por su temor a perder en las urnas.

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El régimen chavista, que está en el poder desde hace 18 años, también podría, con estas dos resoluciones, mandar a prisión los diputados que considere, saltándose el proceso de retirar sus inmunidades parlamentarias y del antejuicio, tomando en cuenta el control que mantienen en el Ministerio Público y en el TSJ,

A su vez, estas sentencias le permitirán a Nicolás Maduro poder firmar contratos en sectores como el hidrocarburos con empresas extranjeras, sin la anuencia de la AN, lo que sucedía antes de que se pronunciara este máximo tribunal.

Como se recuerda, la última sentencia se dio a razón de un "recurso de interpretación" que presentó la Corporación Venezolana del Petróleo el 28 de marzo, el cual ponía en cuestionamiento que por qué la AN podía validar la formación de empresas mixtas (el Estado con el sector privado) si se encontraban en "desacato".

"[Con esto] Maduro puede dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como les dé la gana y para perseguir a los venezolanos como les dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras, es una dictadura", dijo el opositor Julio Borges, presidente de la AN, en una conferencia de prensa.

Estos fallos han sido interpretados también como un intento del chavismo para ejercer presión en la OEA y anticiparse a una posible suspensión que pueden dar, debido a que países como Perú han solicitado que se aplique la Carta Democrática.

De momento, Nicolás Maduro ha guardado silencio a lo sucedido. Aún se desconoce cuáles serán sus primeras medidas con estas nuevas atribuciones.

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