El PSOE recorta distancias con el PP y Sumar retrocede mientras Podemos recupera fuelle
Los de Feijóo caen medio punto y los de Sánchez recuperan más de un punto en la batalla por ser la fuerza más votada. Vox crece ligeramente y Sumar cae a sus mínimos en el CIS. Podemos ya supera el 3% en estimación de voto.
El barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas refleja una reducción de la distancia que separa al Partido Popular y al PSOE en estimación de voto. La encuesta del mes de marzo había proyectado la mayor ventaja de los de Alberto Núñez Feijóo sobre los de Pedro Sánchez de la legislatura, una distancia de casi tres puntos.
En el estudio de abril, publicado este jueves, el organismo dirigido por José Félix Tezanos mantiene a los conservadores como la fuerza con mayor estimación de voto, pero recoge la pérdida de medio punto con respecto al barómetro de hace un mes.
En concreto, el CIS le da al PP una estimación de voto del 33,5%, mientras que en abril esta cifra era del 34%. La intención directa de voto de los de Feijóo es del 24,6%. En marzo, el PSOE había caído hasta el 31,3% en estimación de voto, lo que situaba a los socialistas a casi tres puntos de los conservadores.
En la encuesta publicada este jueves el PSOE obtiene una estimación del 32,5%, por lo que ganan algo más de un punto. Esto sitúa a los de Pedro Sánchez a un punto del PP, una distancia menor que la que hubo entre ambos en las pasadas elecciones generales del 23 de julio. En esos comicios, los socialistas obtuvieron casi un 31,7% de los votos, por lo que el estudio de abril del CIS se mueve para los de Sánchez en parámetros parecidos a sus últimos resultados electorales.
El barómetro recoge algunos cambios en el escenario demoscópico, más allá de la batalla entre PP y PSOE por ser la primera fuerza. Estima un refuerzo de Vox y una caída de Sumar que consolidan a la ultraderecha como la tercera fuerza.
Vox se consolida como tercera fuerza Los de Santiago Abascal obtienen una estimación de voto del 10,1%, tras haber bajado de la barrera del 10% en la encuesta de marzo y en estudios anteriores. Sumar cae hasta sus mínimos con una estimación de voto del 8,2%, un punto menos que en el anterior barómetro (que ya reflejaba una caída) y cuatro puntos menos que en las elecciones generales del 23J, cuando estaban por encima del 12% en un claro empate técnico con Vox.
A la vez que el espacio liderado por Yolanda Díaz cae con fuerza, Podemos recupera fuelle respecto a sus estimaciones iniciales. Cuando los de Ione Belarra deciden salir del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y el CIS comienza a estimar su fuerza por separado, la formación morada no tenía ninguna opción de tener representación en la Cámara, ya que tenía proyecciones que apenas superaban el 2%.
La encuesta de abril da a Podemos una estimación de voto del 3,1%. ERC se sitúa por delante de Junts y EH Bildu por delante del PNV. El trabajo de campo del estudio se realizó durante el inicio de este mes de abril, un periodo marcado por el denominado caso Koldo y las tramas de las mascarillas durante la pandemia que afectan tanto a administraciones del PP como del PSOE.
Este periodo también se define por las campañas electorales en Euskadi y en Catalunya, en este último caso después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decidiera adelantar las elecciones en el territorio tras no conseguir sacar adelante los Presupuestos.
Los ricos siempre han tirado del motor económico de la indigencia. Eran indigentes, gentes sin nada, quienes se subían a barcos en busca de valiosas especias y materias primas. Espíritu aventurero, lo llamaban desde tierra firme los dueños de la expedición, siempre generosos en cuanto al salario emocional. Eran indigentes los que iban a las guerras de su rey y gente sin nada que echarse a la boca quienes trabajaban de sol a sol a cambio de alimento. Hoy, en Occidente, la indigencia más codiciada por los ricos sin escrúpulos es la indigencia mental, pero el sistema de explotación es el mismo. Dame tu dinero y te enseñaré a ser fucking millonario como yo, bro. Vótame y prometo cerrar el ambulatorio de tu barrio, un gasto innecesario en impuestos. El día que enfermes siempre podrás pagar el seguro de salud privado de mis amigos. Y los indigentes mentales le dan su dinero al rico. Los indigentes mentales votan a quien los desahucia. Y con ese dinero y esos votos los ricos sin escrúpulos invierten en más indigencia comprando medios de comunicación que le aseguran a la población que la indigencia mental es, en realidad, progreso. Una bonita revolución encabezada por millonarios dispuestos a serlo aún más.
Este fin de semana Madrid ha sido la capital mundial de la indigencia. El musculado millonario protagonista de una peli distópica de serie B, Amadeo Llados, reunió en el Casino de Aranjuez a 200 hombres que, previo pago de 1.000 euros, tuvieron la oportunidad de que su mesías los pusiese a hacer flexiones y les diese claves personales del tipo “si quieres ser millonario deja de actuar como un pobre”. Mientras los 200 millonarios comprobaban, pasado el fin de semana, que en su cuenta bancaria ahora hay 1.000 euros menos, la diplomacia europea continúa de resaca tras la visita del argentino Milei a Madrid. El mesías de los ricos sin abdominales –con la excepción de Aznar– reunió en la capital del Reino a una decena de grandes empresarios españoles, todos hombres, ante los que declaró que la justicia social es una aberración. Desde el escalón social más bajo, miles de indigentes aplaudieron. Horas después, el Llados argentino se reunió con los líderes de la indigencia mundial como Abascal, Le Pen o la jefa de propaganda de Donald Trump. En un acto repleto de datos económicos falsos, bulos y gritos de fucking libertad proferidos por franquistas de aquí y de allá, el argentino famoso por la motosierra que ha de acabar con el gasto público se declaraba íntimo amigo del Abascal que lleva 25 años cobrando sueldos públicos. La indigencia mental aplaudía a rabiar.
El camino recorrido para que la indigencia mental se haya convertido en una opción política más no ha sido sencillo y el papel de la indigencia moral ha sido fundamental. Partidos como el PP y grandes medios de comunicación, presentes de corazón en el acto, pero no físicamente debido a su delicada política de recolección de simpatías que incluye a no indigentes, han hecho un gran trabajo de abandono de la moral para llegar a esta distopía de flexiones y bulos. El conflicto diplomático tras los insultos de Milei contra la esposa del presidente español es un gran ejemplo de esto. Mientras un mandatario extranjero lanza bulos y difamaciones sobre el representante del pueblo español, los colaboradores necesarios callan o se ponen del lado del ataque extranjero. Viva la indigencia, carajo.
Dos cuestiones que no se pueden dejar pasar como si fueran otra noticia más.
La Stasi del PP
Nacho Cano: “Todo esto lo ha orquestado la Policía, es como la Stasi. Es una operación sucia y asquerosa”. “Esto es lo más parecido a la Stasi, a Venezuela.”
Isabel Díaz Ayuso: “La destrucción personal con fines políticos es estalinismo”. “Aquí, en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir”. “La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno”.
El músico y la presidenta de la Comunidad de Madrid tienen mucha razón, aunque por los motivos equivocados. Por supuesto, ellos se refieren a lo ocurrido con los becarios del musical Malinche a los que Nacho Cano tenía trabajando sin los permisos en regla. Aunque su encendida denuncia encaja mejor con los nuevos datos que hemos desvelado esta semana elDiario.es y El País sobre la persecución policial del Gobierno de Mariano Rajoy contra sus rivales políticos. Eso sí fue estalinismo. Eso sí fue la Stasi. Eso sí fue una operación sucia y asquerosa, que buscaba la destrucción personal por motivos políticos. Los hechos. La Policía espió a medio centenar de diputados de Podemos durante el Gobierno del PP. La casi totalidad de los cargos electos de Podemos en esos años fueron investigados sin orden judicial: Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Yolanda Díaz, Irene Montero, Carolina Bescansa, Pablo Bustinduy, Juan Pedro Yllanes, Alberto Rodríguez, Tania Sánchez…También fue espiada Victoria Rosell, incluso antes de que entrara en política: cuando aún era jueza en activo. Entre 2015 y 2016, hubo casi 7.000 consultas a bases de datos restringidas por parte de distintos agentes de la policía –también algunos pocos guardias civiles–. Son ficheros informáticos donde se guardan los establecimientos hoteleros donde se aloja cada ciudadano, las matrículas de los coches, su residencia… En esas bases de datos también figuran los antecedentes penales y policiales. Como los que el número dos del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, pidió rastrear tras las elecciones de diciembre de 2015, cuando el PSOE negoció por primera vez con Podemos una coalición. “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”, preguntó Martínez en un mensaje por whatsapp a uno de los más destacados comisarios de la brigada política, Enrique García Castaño. El rastro de este espionaje está hoy en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz está investigando la guerra sucia contra Podemos y ha encontrado ya algunas evidencias palmarias. Como lo que ocurrió con un ciudadano venezolano al que premiaron con el permiso de residencia a cambio de lanzar un bulo sobre Pablo Iglesias: una cuenta en un paraíso fiscal que nunca existió. O las anotaciones en las libretas del comisario Villarejo, que desde septiembre de 2014 empezó a investigar ilegalmente a este partido. Con todo, esta investigación penal llega muy tarde. Ha pasado una década desde que se produjeron estos presuntos delitos y, durante años, la Justicia miró hacia otro lado. Buena parte de los abusos de aquella Stasi que operó durante el Gobierno de Rajoy van a quedar impunes. La cúpula del Ministerio del Interior de aquel Gobierno se sentará en el banquillo: el secretario de Estado, Francisco Martínez, y el ministro Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy. Pero solo por una de las muchas trapacerías de la policía patriótica: la Operación Kitchen, el uso del dinero público y de las fuerzas de seguridad para encontrar y destruir las pruebas de la corrupción del PP que escondía el tesorero Luis Bárcenas. Esa investigación judicial la lideró en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Contra el criterio de la Fiscalía, que quería ir más allá, este juez trazó una “línea roja” para no investigar la trama política. María Dolores de Cospedal se libró. Mientras que Mariano Rajoy, el principal beneficiado de aquel operativo policial y jefe directo de Jorge Fernández Díaz, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo. Manuel García Castellón redujo la Kitchen a su mínima expresión. Y se negó a investigar las otras dos principales ramas de la Stasi del Gobierno de Rajoy: la guerra sucia contra Podemos y la operación Catalunya. Es el mismo juez que también se ha negado a investigar las operaciones de Villarejo contra Pedro Sánchez y su mujer. García Castellón, conviene recordarlo, debe buena parte de su carrera a los gobiernos del PP: 17 años como magistrado de enlace en París y en Roma, dos de los puestos mejor pagados a los que puede aspirar un juez. García Castellón no encontró nada raro en el espionaje a Podemos, a pesar de que las grabaciones de Villarejo –donde este tema es recurrente– se investigaban en su juzgado. Pero sí dedicó enormes esfuerzos infructuosos en abrir todo tipo de causas judiciales contra Podemos y sus principales dirigentes, que después tuvo que cerrar. Con la Operación Catalunya, Manuel García Castellón operó igual. En noviembre de 2021, el hijo de Jordi Pujol presentó un recurso ante el juez solicitando una investigación por las maniobras de la policía patriótica. García Castellón se pasó dos años sin contestar. Solo cuando elDiario.es publicó la noticia del llamativo retraso, el juez respondió a ese recurso: por supuesto, para negarse a investigar.
El final del Tsunami
Cero interés en la Operación Catalunya. Pero para investigar a los independentistas, García Castellón siempre tuvo una mayor predisposición. Especialmente con el caso Tsunami: un episodio que se ha cerrado esta semana, tras cinco años de investigación, y que –se mire como se mire– supone una de las páginas más vergonzosas de la historia de la Justicia española. Recordemos los hechos. García Castellón abrió la causa del Tsumami en 2019, por las protestas en Catalunya contra la sentencia del procés. Durante años, García Castellón apenas avanzó. Pero con las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, el caso Tsunami resucitó y la instrucción cogió una enorme velocidad. El 6 de noviembre de 2023, con la amnistía ya sobre la mesa, Manuel García Castellón decidió ampliar su investigación por terrorismo a Marta Rovira y Carles Puigdemont: la secretaria general de ERC y el principal líder de Junts. Era una acusación “sin fundamento alguno”. “Sin nuevos hechos acreditados”. “Sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal”. Y estos entrecomillados no son míos: fue lo que le contestó a García Castellón la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Una acusación “sin fundamento alguno” pero muy útil para otro finalidad: el terrorismo era uno de los delitos que no eran amnistiables. La causa abierta por terrorismo contra Carles Puigdemont –oh, casualidad– se convirtió así en uno de los principales escollos de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. ¿La víctima de aquel “terrorismo”? Un pasajero francés que falleció de un infarto durante las protestas en el aeropuerto de Barcelona. Una víctima de una muerte natural. Durante los siguientes meses, la investigación del Tsunami y las negociaciones en el Parlamento avanzaron casi a la par. Como si la justicia, en vez de ciega, jugara contra el Gobierno una partida de ajedrez. En enero, los partidos presentaron sus enmiendas a la ley: entre ellas, delimitar los delitos de terrorismo que no eran amnistiables a aquellos que supongan “violaciones graves de los derechos humanos”. Apenas unos días después, el juez García Castellón movió otro peón: añadiendo como “víctimas del terrorismo” –con graves violaciones a los derechos humanos– a un policía que sufrió lesiones en otra manifestación independentista, por una pedrada en la cabeza, y otro agente que fue prejubilado después de una lesión en el brazo. Había un pequeño problema, uno no menor: que ambos agentes fueron heridos en una manifestación que no había sido convocada por Tsunami. Pero dio igual. Más tarde llegó el Tribunal Supremo a sumarse a esta creativa definición de terrorismo. La Sala de lo Penal –que preside Manuel Marchena– hizo suyas las tesis de García Castellón y amparó la investigación por terrorismo a Puigdemont. Todo este castillo de naipes se ha derrumbado esta semana. La Audiencia Nacional anuló los últimos tres años de esta investigación por un defecto de forma. Manuel García Castellón había presentado una de las prórrogas fuera de plazo, y la jurisprudencia del Supremo en este tema es clarísima: eso anula todo lo que vaya después. Tras esta chapuza, el juez decidió archivar la causa al completo. Y con ello llegó después el archivo de la investigación en el Supremo contra Puigdemont. Llegados a este punto, solo hay dos interpretaciones posibles. Ninguna deja bien a este juez. Si García Castellón tenía razón, y esto era terrorismo, su incompetencia ha dejado a un presunto comando terrorista en libertad. ¿Y si no era terrorismo? Peor aún. Porque solo cabe deducir lo que muchos sospechamos: que el único objetivo de esta causa judicial era torpedear la ley de amnistía. Esta semana, poco antes del fin del caso Tsunami, los sindicatos promovieron un manifiesto de relevantes juristas pidiendo que se pusiera freno a esa calificación de unos desordenes públicos como “terrorismo” y se acotara este delito a estándares europeos. Si la interpretación del terrorismo propuesta por García Castellón no se evita, decían los juristas, “se podría terminar aplicando a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y, naturalmente, también a los trabajadores en sus acciones de huelga y manifestación, a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”. Pero lo curioso del manifiesto no era solo la tesis que defendía: la única sensata. Sino también quiénes lo hacían. Entre los firmantes, está Adela Asúa, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional. Está Ignacio Berdugo: catedrático de Derecho Penal y también hermano de Juan Ramón Berdugo, el juez del Supremo ponente del auto donde se aceptó la investigación “terrorista” contra Puigdemont. Está Francisco Muñoz Conde, una eminencia del Derecho Penal que es autor de los manuales con los que han estudiado casi todos los juristas. Y están también varios catedráticos críticos con la ley de amnistía y el independentismo –como Juan Antonio Lascuraín, Gonzalo Quintero Olivares o José Luis Díaz Ripolles– pero que creen que lo que hizo García Castellón con el “terrorismo” no tiene un pase. Por fortuna para las libertades democráticas, la causa “terrorista” del Tsunami ha pasado ya a la historia. Pero lo hace en un momento nada casual. Este invento del terrorismo de Puigdemont ha dejado de ser relevante. El Tribunal Supremo ha encontrado una trinchera aún mejor, con esa creativa interpretación del enriquecimiento sin riqueza de la que te hablé en mi carta de la semana pasada. El Tsunami cumplió su función. Pero ya hay una barrera más eficaz para retrasar todo lo posible la aplicación de la amnistía.
Para ser ciega, la Justicia española toma las curvas políticas fenomenal.
Instrucciones para convertir los patinetes en el primer problema para los españoles (según el CIS)
Estoy harto de los patinetes eléctricos, harto de ir con miedo a que me atropellen, de los críos montados de dos en dos, de encontrármelos tirados en la acera. Los patinetes son una amenaza para la convivencia, un problema de seguridad. Y no son parte de nuestra cultura ni de nuestras costumbres: aquí nunca hemos ido en patinete. Como quiero acabar con ellos, he diseñado una receta para convertir los patinetes en el primer problema para los españoles (según el CIS), de modo que el gobierno, este o el que venga después, tome medidas y acabe con ellos. Síganme en esta sabrosa receta, en doce fáciles y cómodos pasos: 1.-Cogemos un país con precariedad laboral, sueldos bajos, precios altos, vivienda inasequible y servicios públicos deteriorados, en una época de incertidumbre y miedo al futuro. Por ejemplo, la España actual, pero nos vale cualquier país europeo. 2.-Buscamos un asunto que, de entrada, ya despierte rechazo en una parte de la población, aunque sea minoritaria. Por ejemplo, los patinetes circulando por las calles. 3.-Enunciamos “el problema de los patinetes”, fórmula que en adelante usaremos cada vez que hablemos de patinetes. 4.-Ponemos el foco más potente y la lupa de mayor aumento sobre cualquier incidente protagonizado por un patinete: atropellos, caídas, robos, discusiones. Sucede a diario, por lo que será fácil llenar horas de televisión y páginas de periódico con titulares frecuentes como “un patinete atropella a una anciana”, “otro niño herido tras caer de un patinete”, “los vecinos del barrio tal se quejan de la inseguridad que provocan los patinetes”, “ya no se puede ni salir a la calle”, “explota otra batería de patinete”… 5.-Fabricamos y difundimos bulos y noticias falsas sobre patinetes: atropellos mortales, carreras clandestinas, mafias que trafican con patinetes robados, enfermedades que se contagian por el uso compartido, pandillas de patinetistas que atemorizan un barrio, viviendas que pierden valor por la presencia de demasiados patinetes en el barrio… 6.-Fabricamos y difundimos un argumentario que vincule los problemas del punto 1 con el “problema de los patinetes”. Por ejemplo: el uso masivo de patinetes reduce la venta de coches y bicicletas, dañando la economía nacional; aumenta el paro en el sector del transporte de viajeros; las ciudades se deterioran por la inseguridad que provoca la circulación de patinetes, lo que resulta en cierre de negocios; los gobiernos dedican dinero a subvencionar la compra de patinetes en vez de para ayudas sociales y otras urgencias… 7.-Difundimos masivamente en redes sociales cientos de fotos y vídeos de incidentes violentos con patinetes. Da igual que sean de otros países, de hace años o directamente falsos: diremos que son de hoy mismo en tu barrio. 8.-Necesitaremos la participación activa de los grandes medios de comunicación, especialmente televisiones sensacionalistas: que fijen en pantalla el rótulo “el problema de los patinetes”, que se hagan eco desproporcionadamente de cada incidente por pequeño que sea, que entrevisten a diario a líderes patinetófobos e incorporen en sus tertulias a detractores de su uso. 9.-Sería imprescindible contar con un nuevo partido político que lleve por bandera la prohibición absoluta del patinete eléctrico. Un partido que aproveche las instituciones y los medios para difundir los bulos y argumentarios de los puntos 5 y 6. Un partido que, al calor del malestar social del punto 1, se suba a la ola del “problema de los patinetes”, y acabe entrando en parlamentos y ayuntamientos. 10.-A estas alturas hay que incorporar también a los partidos mayoritarios. Aquellos que nunca han sido muy partidarios del patinete, radicalizarán sus posturas para disputar el espacio electoral al partido del punto 9, hasta comprarle el argumentario entero. Y aquellos otros partidos en principio más favorables al uso del patinete, lanzarán mensajes confusos y ambiguos, propondrán mayores restricciones a su uso, rechazarán la patinetofobia pero se mostrarán flojos a la hora de rebatirla. 11.-Ayudaría mucho que en otros países de nuestro entorno también estuviera en el centro de la agenda “el problema de los patinetes”; que hubiera partidos patinetófobos gobernando o participando en gobiernos; y que los países europeos acuerden un Pacto Europeo sobre Patinetes que endurezca su uso, ponga el acento en la seguridad y les haga la vida más difícil a los usuarios, dando la razón a los patinetófobos.
12.-Se mezclan todos los ingredientes, se extienden bien y se ponen a calentar, añadiendo más cantidad cada poco tiempo y subiendo el fuego hasta que rompa a hervir. Solo nos queda dejarlo reposar y esperar a que se pudra. Y ya estaría: en el siguiente CIS aparecerían los patinetes como primer problema del país para un 30% de españoles, aunque luego no lo señalen entre los problemas que más les afectan personalmente. Para esta receta hemos usado patinetes, pero se pueden sustituir por otros ingredientes, al gusto de cada comensal: las cacas de los perros, las cotorras argentinas, los tapones de las botellas que ya no se separan, o la inmigración. Hagan sus propias combinaciones y luego me cuentan. Que aproveche.
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