El Supremo recuerda a Vox que compararles con los nazis no es un delito de odio
La sala de lo penal rechaza el recurso del partido ultraderechista contra la inadmisión de una querella presentada contra la ministra Ione Belarra por delito de odio por decir que son "nazis a cara descubierta"
marapez escribió:El Supremo recuerda a Vox que compararles con los nazis no es un delito de odio
La sala de lo penal rechaza el recurso del partido ultraderechista contra la inadmisión de una querella presentada contra la ministra Ione Belarra por delito de odio por decir que son "nazis a cara descubierta"
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La sala de lo penal rechaza el recurso del partido ultraderechista contra la inadmisión de una querella presentada contra la ministra Ione Belarra por delito de odio por decir que son "nazis a cara descubierta"
La embajada española en Venezuela destinó dólares del mercado negro para pagar favores electorales al PP en 2015 y 2016
Un alto cargo de la Xunta de Galicia nombrado por Alberto Núñez Feijóo ha trazado un plan en Venezuela para que una fundación pública cubra con fondos propios el agujero de 300.000 euros detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión de las ayudas de emergencia a españoles en aquel país durante 2015 y 2016, dos años electorales.
El secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, un dirigente próximo a Feijóo, formuló esa propuesta en diciembre pasado durante una reunión en la embajada española a la que acudieron el embajador, Jesús Silva, y el cónsul general, Juan José Buitrago, según ha podido comprobar eldiario.es. Todos los presentes en aquella cita son miembros del consejo de administración de la Fundación España Salud (FES), que tiene como objeto "prestar atención sanitaria, médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles". Se trata de una fundación pública cuyo presidente ejecutivo es el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, después de una reforma de sus estatutos promovida por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, con el que el diplomático tiene muy buena relación. La investigación del Tribunal de Cuentas activó en diciembre pasado a altos cargos y dirigentes cercanos al PP gallego para tratar de controlar las consecuencias del escándalo. Las fuentes consultadas sostienen que la voz de alarma la dio Aurelio Miras Portugal, un histórico dirigente del PP gallego que ejerció de Consejero de Emigración en los Gobiernos de Fraga y luego dio el salto al Gobierno de Rajoy. Este político, probablemente el que mejor conoce la comunidad gallega en el exterior, con la que lleva tratando más de dos décadas y organizando polémicos actos institucionales con dinero público en vísperas de las campañas, alertó a la Xunta de la conveniencia de solventar el asunto sin hacer mucho ruido. Según las mismas fuentes, la dirección del Gobierno gallego dio instrucciones a Rodríguez Miranda para que tratase de solucionar una crisis que apunta a un compañero de partido. Según los informes en poder del embajador Silva y del Ministerio de Trabajo, de quien depende la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la embajada, fue el anterior responsable de este organismo durante los años 2015 y 2016, Juan de San Genero Santana, un dirigente del PP, quien gestionó la adquisición en el mercado negro de una cantidad indeterminada de dólares, producto de cambiar unos 300.000 euros, teóricamente destinados a ayudas de emergencia social para casos de extrema gravedad. Según figura en el informe del Tribunal de Cuentas, el importe correspondiente al cambio oficial en aquellos años (6,40 bolívares por dólar) fue entregado a la fundación para que se invirtiera en acciones sociosanitarias, pero el diferencial obtenido mediante el cambio en el mercado negro, que podría alcanzar hasta 40 veces más, se destinó al pago de actividades de marcado carácter electoralista. El dinero acabó dedicado al pago de reparaciones en sedes sociales de hermandades y hogares regionales, en reponer vallas de seguridad y hasta en la pintura de la carpintería exterior, y la cobertura de peticiones de diversa índole ajenas a las funciones propias de los organismos sociales adscritos a la embajada. Todo quedó reflejado en un informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo redactado a raíz de que el último secretario de la consejería, José Manuel Gómez de Aranda, emitiera una denuncia al verse también involucrado en los repartos que hizo su titular hasta octubre de 2016, Juan de San Genaro Santana, antes de jubilarse. A partir de esos informes, el Tribunal de Cuentas abrió en 2018 su investigación y concluyó en noviembre de 2019 con un acta de liquidación que reflejaba la existencia de "hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad patrimonial".
"Yo soy responsable de mis actos"
El principal encausado en ese expediente es quien fuera consejero de Trabajo y Seguridad Social de la embajada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Juan de San Genaro Santana Reyes, un ex legionario, dirigente del PP en la isla de Fuerteventura, que llegó a diputado regional. Santana guarda silencio desde su residencia familiar de Fuerteventura. "En estos momentos me debo a los tribunales de justicia, que han de valorar mis actuaciones. Yo soy responsable de mis actos, y por ellos espero que sea por lo que se me juzgue", ha respondido a este periódico. Hasta el momento se desconoce de modo oficial si alguien ha reintegrado al tesoro público esas cantidades reclamadas. Lo único confirmado es que no lo ha hecho la Fundación España Salud pese a los intentos del Partido Popular por que así fuera. Una fuente oficial de la Secretaría de Emigración de la Xunta ha confirmado a este periódico que la reunión de diciembre pasado entre su titular, Rodríguez Miranda, el embajador y el cónsul general, efectivamente se produjo, pero negó que fuera convocada para abordar la búsqueda de una solución que evite que Juan de San Genaro Santana tenga que desembolsar esos 300.000 euros que le reclama el órgano fiscalizador. Una segunda fuente conocedora del encuentro sostiene que ese fue el motivo de la cita. Durante esa reunión, el cónsul general, Juan José Buitrago, se mostró en completo desacuerdo con la fórmula escogida para devolver los fondos, mientras que el embajador no se manifestó abiertamente en contra. Pero ninguno de los miembros de la directiva de la fundación al tanto de esta operación la ha planteado a día de hoy a sus órganos para que se aborde en la próxima reunión prevista para la que todavía no hay fecha. Otros integrantes de las FES conocedores de ese plan para tapar el agujero de 300.000 euros se han manifestado contrarios siquiera a su planteamiento y así lo han trasladado a la embajada, que mantiene congelada cualquier decisión. La oficina de comunicación de la legación diplomática española remite, cuando este medio pregunta por el asunto, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que tampoco ha contestado a eldiario.es. Ha sido el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia el que se ha mostrado más proclive a una solución que evite a Santana, ex consejero y compañero de partido, el trago de responder en solitario por la sanción del Tribunal de Cuentas, según fuentes oficiosas de la embajada de España en Venezuela. La Fundación España Salud tiene en su consejo de administración una mayoría de cargos orgánicos del PP en la diáspora, algunos de ellos en calidad de presidentes de hermandades, hogares y centros provinciales. También integran ese consejo el agregado comercial, el consejero de Trabajo y Seguridad Social de la embajada, el secretario de este órgano y el cónsul general. La comunidad gallega en Venezuela fue la que más se movilizó en las elecciones generales de 2015 y 2016. Según datos oficiales, registró una participación por encima de la media, que superó incluso la de la colonia canaria, la más numerosa en el país. Antonio Rodríguez Miranda (A Bola, Ourense, 1967) es un destacado dirigente del Gobierno gallego, desde hace al menos una década integrante del núcleo cercano al presidente Feijóo en el PP de esa comunidad. A él, antiguo candidato sin éxito del partido en la villa de Allariz, feudo histórico del BNG, recurrió el líder popular a principios de la década para actuar de contrapeso del aparato frente a la todopoderosa familia Baltar, en Ourense, sus únicos rivales internos en el PP gallego. A partir de ahí se ganó el puesto de número tres de la formación como portavoz del partido. Pero su carrera política se vio empañada de repente en 2010 también por un problema económico: el cobro presuntamente indebido de 26.000 euros en dietas de desplazamientos entre Ourense y Santiago que, en realidad, hacía en el coche oficial del entonces vicepresidente del Parlamento autonómico, José Manuel Baltar, cuando aún no se había roto la relación. Tras su caída en desgracia, Miranda anunció la devolución "íntegra" de las dietas y el PP lo mantuvo un tiempo apartado de la primera línea institucional hasta que en diciembre de 2012 fue designado secretario general de Emigraciones de la Xunta. En 2015 volvió a verse envuelto en otro asunto de gran repercusión mediática, el de la presunta caja B del PP de Ourense que dio por acreditada la investigación de la Operación Pokémon.
Que de investigar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes nada, por ejemplo. He puesto sacerdotes y no iglesia a propósito, aunque cuando lo intenta ocultar como institución parte de responsabilidad les toca... Para Vox debe ser violencia intrasacerdotal o algo así.
A marapez, El llobu y a Odra les gusta esta publicaciòn
El Estado asume un agujero de más de 40.000 millones por decisiones del Gobierno de Rajoy
El Estado deberá asumir más de 40.000 millones heredados del Gobierno de Rajoy.
El Estado ha asumido un agujero superior a los 40.000 millones de euros por decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy que han sido un fiasco o ha acabado anulando la justicia, española o europea, tal y como adelantaba elDiario.es.
El grueso mayoritario de esta cifra pertenece a los 35 millones de deuda de la SAREB que será asumida por el Estado después de aprobarse en el Consejo de Ministros.
«Con ello, se van a socializar las multimillonarias pérdidas del denominado banco malo y se engrosará la factura del rescate a la banca que el PP dijo que no costaría «un euro» y del que el Banco de España ya da por perdidos más de 54.000 millones, sin contar el fiasco de Sareb», explica el rotativo.
«Un fracaso anunciado, consecuencia del diseño inicial de este instrumento creado en 2012 por el entonces ministro Luis de Guindos, ahora en el BCE, para sacar el ladrillo tóxico del balance de la banca con la promesa de venderlo más adelante a mejor precio», añade el medio.
También data de 2012 otro fiasco de la etapa Rajoy que va a suponer otro roto millonario para las cuentas públicas y que fue obra de Cristóbal Montoro, el ministro que batió el récord de permanencia en la cartera de Hacienda y que en 2010, cuando estaba en la oposición, pronunció aquel «que caiga España, que ya la levantaremos nosotros» mientras el país se asomaba al rescate por la crisis de deuda soberana.
El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbaba el «desproporcionado» régimen sancionador que impuso hace una década Montoro para aflorar la existencia de bienes ocultos en el exterior: el denominado modelo 720.
Este mecanismo, que ha permitido aflorar bienes en el extranjero por valor de 225.200 millones, y que la Comisión Europea exigió a España modificar en 2017, aparejaba la amenaza de fuertes multas por la omisión o falta de datos y se lanzó en paralelo a la polémica amnistía fiscal.
Por un lado, se ofrecía un caramelo a los defraudadores que, a través del llamado modelo 750, regularizaran su situación con esa medida de gracia, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional sin consecuencias para sus beneficiarios, que pudieron aflorar activos ocultos pagando un exiguo 3%.
Por otro, el modelo 720 impuso duras penalizaciones a los contribuyentes que ocultasen o declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros.
Hacienda también va a resolver por fin otro «problema heredado» del Gobierno de Rajoy, según lo calificaba el Gobierno el pasado lunes, al anunciar la próxima aprobación de una orden ministerial para «desatascar un problema generado por un Ejecutivo anterior» y compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones por el IVA que dejaron de recibir por el ejercicio 2017.
Malestar en Bruselas tras las quejas de Moreno Bonilla sobre el reparto de los fondos europeos
La semana pasada el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se trasladó a Bruselas para reunirse con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.
El presidente andaluz trasladó a la comisaria europea su preocupación por el reparto que hace el Gobierno de España los fondos europeos. Bonilla reclamó una mayor flexibilidad y más tiempo para poder gastar la remesa de ayudas de los fondos europeos que lleguen a Andalucía. En esta línea, Moreno Bonilla ha pedido retrasar los plazos para ejecutar los fondos europeos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Los argumentos del presidente Moreno de pedir más tiempo para gastar el dinero los casi 1.900 millones de euros de los fondos no han sentado nada bien en la Comisión Europea, según adelanta la Cadena SER.
La corresponsal de la Cadena SER en Bruselas, Griselda Pastor, señala que «Andalucía es la única región que ha pedido en Bruselas tiempo para gastar el dinero que recibe». Y añade: «La demanda no podrá ser atendida porque implicaría modificar el reglamento del primer fondo aprobado para luchar contra la pandemia». En esta línea la Comisión Europa considera que los argumentos del presidente andaluz podrían ser utilizados por los países más ricos para rechazar nuevas demandas.
La diputada en el Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, se hacía eco de la noticia: «Moreno Bonilla va a Bruselas a meter la pata y darle argumentos a los países ricos para reducir las ayudas por la pandemia. Estos son los "buenos gestores" de la derecha».
La quejas de Bonilla contrastan con las felicitaciones que ha realizado recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su gestión de los fondos europeos.
La llamada “ley Maestra de libertad de elección educativa”, impulsada por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, no es otra cosa que un nuevo asalto a la educación pública. De ahí la necesidad de tomar conciencia plena de lo que está en juego para evitar que se produzca un daño irreparable a lo público. Llamar “maestra” a la ley Ayuso para la segregación educativa, es el disfraz de la mentira y un insulto a los docentes. Veamos. Es una ley para confrontar con el Gobierno central. Isabel Díaz Ayuso utiliza la ley para insistir en su estrategia política de colisionar con Pedro Sánchez para ser referente en la batalla que libra por el poder en su partido y en el ámbito estatal. Así, aunque no lo haga la LOMLOE, ella se inventa que ataca a la educación concertada, a los centros de educación especial y al castellano. La campaña de falacias que lanzaron para justificar esta ley, nada tienen que ver con la realidad, pero conocen bien aquello de que una mentira mil veces repetida acaba pareciendo una verdad. No aborda los problemas de la educación madrileña. Los rasgos que definen la situación son los siguientes: mísera inversión educativa, campeones en segregación escolar, privatización galopante y resultados mediocres. Estos son los datos: Madrid invierte un 2,5 % del PIB en educación, que es la mitad de la media de España; siendo la comunidad autónoma más rica, es la de menor gasto público por alumno con 4.503 euros, frente 5.579 de media en España y a 9.298 del País Vasco. Es la segunda comunidad que da más dinero a la concertada y donde las familias gastan más en educación, un 72% más que la media nacional. Ni siquiera recupera los recortes de 1.724 millones habidos desde 2009. Madrid está a la cabeza de Europa en segregación educativa y ello es un ataque a la igualdad de oportunidades y pone en riesgo la cohesión social. El proceso de privatización hace que en la comunidad de Madrid la educación pública tenga un peso un 15% menor que la media estatal y un 40% menor que el de los grandes países europeos; en Madrid capital, la derecha está convirtiendo la educación pública en algo subsidiario de lo privado (40%-60%). Los últimos resultados en pruebas internacionales (PISA) están empezando a reflejar la mediocridad del modelo de Madrid con fuertes caídas en Ciencias y en Matemáticas y que tiene que ver con la segregación, con la doble red de centros. Algo tiene que salir mal, cuando se primar la red privada, se concentran recursos en la concertada y se recortan en la pública. La ley Ayuso no habla de doblar la inversión educativa, ni de garantizar con carácter general una educación en aulas inclusivas y centros ordinarios que respeten la diversidad, ni de reforzar la equidad y la igualdad de oportunidades. Tampoco se propone reducir ratios de alumnado, mejorar la atención a la diversidad, trabajar la convivencia y el bienestar del alumnado, ni evaluar un programa bilingüe cada vez más cuestionado por las familias, el profesorado, el alumnado y el sentido común. El objetivo buscado de la ley es segregar y privatizar. Por ello se aumenta, en los Presupuestos de la Comunidad para 2022, la partida destinada a conciertos y cheques escolares hasta los 1.315 millones. Y se complementa con el acuerdo PP-Vox con más cheques escolares: son 62,5 M que se deberían dedicar a fortalecer la educación pública y que se destinan a financiar a las clases altas y medias los centros privados y concertados. La calidad educativa y la excelencia es directamente proporcional a la equidad. Esta ley apuesta deliberadamente por cristalizar la desigualdad social, aunque se vista de un falso discurso sobre el esfuerzo. Es cínico que se arropen en él, quienes quieren convertir simples academias (como ESNE) en Universidades. Todos los expertos nos repiten que los modelos educativos de mayor éxito se basan en la heterogeneidad del alumnado y la inversión en lo público. Cualquier país debe aspirar a tener la misma calidad educativa en todos sus centros, es el ejemplo de Finlandia. Lo más negativo de la ley son los siguientes puntos: a) No garantiza la educación inclusiva y sin discriminación de todas las personas con discapacidad, al plantear distintas modalidades de escolarización que segregan al clasificar al alumnado. Con ello contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2007; b) Los conciertos económicos a empresas privadas que están en contra la coeducación y que segregan por sexo; supone pagar decena de millones de euros de dinero público a colegios del Opus Dei y otros grupos ultrarreligiosos; c) El blindaje de la red privada-concertada, que no es gratuita y discrimina al alumnado de familias con bajo nivel socioeconómico o con dificultades. Tampoco asegura la participación de las familias y el profesorado; d) El regalo de suelo público a empresas privadas para que hagan negocio educativo; hay que recordar que, en la etapa de Aguirre y Granados, se produjo un escándalo de corrupción ya que se cobraban 900.000 euros por colegio concertado, tal y como se acredita en la Operación Púnica; e) La publicación de ránquines de los centros educativos con los resultados de las pruebas externas. Su tramitación ha sido un atropello parlamentario en la Asamblea de Madrid al no cumplir los mínimos de cualquier procedimiento democrático. No se puede pretender zanjar la ley, en Ponencia y en Comisión, obligando a presentar en pocos minutos decenas de enmiendas de cada grupo y que se voten en bloque. Se ha negado el debate y de la posibilidad de defender 117 enmiendas de los tres grupos parlamentarios progresistas. Hay que recordar que son enmiendas elaboradas de común acuerdo con las organizaciones más representativas de la comunidad educativa, que no dan crédito a lo sucedido. Todo ha sido todo un paripé antidemocrático. Es un hecho que PP y Vox tienen mayoría para sacar adelante sus acuerdos, pero no tienen patente de corso para saltarse los consensos, los procedimientos ni la democracia. Las formas son tan importantes como los contenidos y hay que respetarlas. En conclusión, es una ley rancia que, en algunos aspectos, como los conciertos a centros que segregan por sexo, recuerda las escuelas franquistas que separaban niños y niñas. Fomenta la segregación educativa y con ello la desigualdad social. Busca la hegemonía política conservadora con un modelo individualista. Está hecha al dictado de sectores de la patronal de la educación privada-concertada que considera la educación como puro negocio. Va, además, a contracorriente de un modelo moderno y eficaz de calidad educativa; este modelo ya está inventado y funciona: en Europa la educación es prácticamente 100% pública. Lo de aquí es un anacronismo debido a la pervivencia de privilegios de una Iglesia poco evolucionada y a la presión de sectores privados. Tiene artículos contrarios a una ley de rango superior, la LOMLOE, y el Gobierno central debería recurrirla ante los tribunales en defensa del derecho constitucional a la educación. La ley Ayuso será aprobada por la derecha y ultraderecha porque tienen más votos, pero no porque tengan más razones que los que defendemos un modelo educativo desde el bien común. Sabemos que hemos ganado porque ni nos han engañado con su nombre ni nos han convencido con su modelo contrario a la igualdad. Es una ley sectaria, sin consenso, impuesta con métodos autoritarios. Leyes de quita y pon. Por ello, nos comprometemos públicamente a derogarla en el futuro, igual que se ha hecho con la ley Wert. Lo conseguiremos, antes o después, y Ayuso será recordada como una enemiga de la educación pública.
Supóngase que a usted lo nombran o la nombran CEO de una multinacional de redes sociales y que bajo su gestión la comunidad de seguidores se desploma mientras que la media de las empresas del sector registra aumentos notables. Imagínese que la perspectiva de su compañía es perder en la próxima década muchos más followers, frente a un crecimiento generalizado en el sector. E imagine además que los expertos diagnostican que el modelo de negocio impulsado por usted es “poco intensivo en conocimiento”, lo cual ha influido seguramente en la espantá de los seguidores. ¿Qué le sucedería? Tranquilo, se lo digo: los accionistas lo pondrían de patitas en la calle, por mucho que usted jure y perjure que las cosas van a cambiar, que tiene planes ambiciosos de modernización, que los dividendos se van a disparar a la estratosfera... Vayamos a otro escenario. Suponga que usted preside un país donde el 30% de los habitantes ha tenido que emigrar ante la falta de horizontes en su tierra; que bajo su mandato la sangría demográfica ha continuado rampante, y que los pronósticos son que la marea migratoria siga a un ritmo similar en la próxima década. Imagine que un informe de expertos advierta de que bajo su gestión se está produciendo una preocupante “fuga de cerebros” porque los trabajos que se crean en su país son muy básicos y precarios y no exigen mayores conocimientos y formación. ¿Qué dirían de usted? Le aseguro que de “Maduro” no lo bajarían. Ahora no supongamos ni imaginemos nada. Usted es el Partido Popular, formación que lleva gobernando Castilla y León desde 1987. Treinta y cinco largos años. Usted recibió la comunidad con 2.579.204 habitantes, y hoy tiene 2.379.530. Casi 200.000 –un 7,75%– menos, mientras la población del conjunto de España aumentaba en el mismo período 8,6 millones, un 22,3%. La hemorragia demográfica ha continuado imperturbable durante los dos años y ocho meses de mandato del último presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Y las proyecciones del INE indican que para 2033 la cifra de habitantes de su comunidad caerá a 2.208.551. Un 7,7% menos que hoy. Este cuadro no tiene otro nombre que fracaso. Un fracaso descomunal que tiene a la comunidad más extensa de España sumida en un estado alarmante de abandono. Es cierto que el problema de la despoblación viene de antiguo y se intensificó a partir de los años 60 como consecuencia del desarrollismo del franquismo tardío. Un informe reciente del centro de estudios de CaixaBank ayuda a ilustrar la magnitud del fenómeno: entre 1950 y 2019, la comunidad perdió el 16,4% de su población, mientras que en el conjunto de España aumentó un 69,5%. El peso poblacional de Castilla y León en el país cayó en ese período del 10,2% al 5%. La imparable ola migratoria se ha traducido en un envejecimiento acelerado de la población: la comunidad registró ya en 1988 menos nacimientos que defunciones, 27 años antes de que este saldo vegetativo negativo se reprodujera en el conjunto de España. Sí. El problema no es nuevo. Pero, ¿Qué ha hecho el PP, partido que alardea de ser el más eficaz gestor público, para revertir esa dramática situación durante su largo reinado en Castilla y León? Los datos hablan por sí solos. Salvo un paréntesis en la primera década del siglo XXI, en que la población de la comunidad experimentó un ligero incremento gracias en gran medida a la inmigración (sobre todo latinoamericana), la pérdida de habitantes ha sido permanente. Incluso aquel incremento fue sustancialmente menor que el del conjunto de España. ¿Quieren saber qué resultados arrojó la implementación de la cacareada Agenda por la Población de Castilla y León 2010-2020? Pues que en esa década la comunidad sufrió la mayor contracción poblacional de su historia: una caída del 6,5% –dos décimas por encima de la que se registró en la década de los 60–, mientras que la población española aumentaba un 1,6%. Otro fracaso. Resulta evidente que los discursos del PP para contener la emigración han sido poco más que humo. El mercado de trabajo de Castilla y León no logra absorber ni encandilar a los jóvenes, menos aún a los más preparados. Según el estudio de CaixaBank, el mercado laboral refleja un modelo productivo “sustentado en sectores y actividades poco intensivas en conocimiento” y el problema de la inserción laboral de los jóvenes “deriva en una preocupante ‘fuga de cerebros’”. La tasa de emprendimiento en la comunidad está por debajo de la media del país. El número de empresas creció un 8,7% entre 2000 y 2019, frente a un aumento del 29,6% de media en España. Sin duda, Castilla y León tiene muchas potencialidades, tal como señala el informe, pero los sucesivos gobiernos del PP no han sabido aprovecharlas de modo que contribuyan a frenar la estampida migratoria. La situación ha llegado a tal extremo que el 70% de los municipios de la comunidad tienen la consideración de “desiertos demográficos”, y muchos de ellos están condenados a la desaparición cuando fallezcan sus envejecidos habitantes. El PP y Vox han intentado centrar el debate electoral en unas declaraciones del ministro Garzón a The Guardian sobre la ganadería intensiva, que ambos partidos se encargaron de manipular previamente. Sin desconocer la importancia del sector agrícola, es importante saber que este representa tan solo el 3,4% del valor agregado y el 6,4% del empleo en Castilla y León. Los mayores generadores de puestos de trabajo son las administraciones públicas (el 21,7%), el comercio, la hostelería y el turismo (20,4%) y la industria manufacturera (16,3%). La derecha ha hablado poco de estos sectores, ocupados como están en tomarse fotos entre vacas y cerdos para demostrar que nadie como ellos defiende los intereses de los castellanoleoneses y de España. Pero la realidad es tozuda y la despoblación ha terminado por imponerse como el tema más candente de campaña. Habrá que esperar al 13 de febrero para ver si los castellanoleoneses vuelven a llevar al gobierno al CEO que desde hace 35 años no hace más que perder followers.
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