El PSOE rechaza la petición de Alberto Rodríguez de recuperar su escaño y pide que entre un sustituto
El PSOE ha rechazado este jueves la petición del exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, de recuperar su escaño. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha rechazado este jueves la petición del exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, de recuperar su escaño y ha pedido que el proceso avance y le sustituya como diputado el siguiente en la lista electoral.
Gómez ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a la retirada del acta de diputado a Rodríguez por haber golpeado a un policía en una manifestación está “para cumplirla” y ha recordado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet ya pidió una aclaración al TS sobre la sentencia inicial y esta fue “contundente”.
“Todos sabemos que cuando una sentencia retira la condición de diputado, debe entrar el siguiente en la lista”, ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.
Así, ha añadido que respeta la decisión de Batet y ha insistido en que el siguiente paso a seguir es que entre una persona que sustituya a Rodríguez.
Estas declaraciones del PSOE vienen motivadas porque recientemente mediante un escrito Rodríguez requirió, “sin más demoras”, volver al asiento del hemiciclo que le fue retirado tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad.
En el escrito de dos folios firmado ayer martes, al que ha tenido acceso Europa Press, Rodríguez ha alegado que su pena «ha quedado ya extinguida», una vez que «la pena impuesta finaliza el día 5 de diciembre de 2021».
«Teniendo presente lo anterior, así como la inexistencia de norma legal o constitucional alguna que a usted habilite para privarme de mi cargo de diputado electo, le solicito tenga a bien, sin más demoras, restituirme en el mismo al no existir ya pena alguna pendiente de cumplir», ha señalado.»
«Con independencia de la discrepancia que podamos tener sobre la liquidación de la pena, lo cierto es y la verdad es que ambas instancias, que algo tenían que decir y resolver sobre la condena injustamente impuesta, han determinado, de una parte, en qué consistía dicha pena y sus efectos y, de otra, que la misma ha quedado ya extinguida», apunta.
Rodríguez insiste en su escrito a Batet en que no existe norma legal o constitucional que le habilite para privarle de su cargo de diputado electo.
«Le solicito que tenga para bien, sin más demoras, restituirme en el mismo al o existir ya pena alguna pendiente de cumplir. Ténganse en cuenta la tardía notificación del Tribunal Supremo, que, según adjunto, me ha informado el día 23 de diciembre de que la condena finaliza el 5 de diciembre del presente año», añade.
El dirigente ha aprovechado el cierre de su misiva para desearle «una pronta mejoría» a la presidenta de la Cámara, que recientemente dio positivo por coronavirus.
Al final el PSOE va a ser mas papista que el TS y Constitucional que ya sentencio en este sentido:
El tribunal de garantías ya estableció en 1992 que las penas accesorias de suspensión de cargo público e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo no conllevan la pérdida del escaño sino la suspensión temporal mientras dure la condena. El TC dio la razón a un exdiputado regional que perdió su acta en un caso similar del exdiputado cántabro y exsenador del PP José Luis Vallines, un caso prácticamente idéntico al de Alberto Rodríguez.
Joaquim Bosch despide el año con una aplaudida reflexión profesional
El magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, se ha convertido en una de las personalidades más queridas y respetadas gracias a sus reflexiones en la red social de Twitter.
En esta ocasión, el magistrado ha compartido una reflexión sobre su labor profesional durante estas fiestas navideñas: «Nochevieja de juez de guardia, primer día del año también de guardia. Y con la sensación de que un nuevo año no mejora automáticamente nuestras vidas si nosotros no ayudamos un poco a que se produzcan esos cambios».
La comunidad tuitera aprovechó la ocasión para desearle una feliz entrada y salida del año. El mensaje del coautor del libro «El secuestro de la justicia» se hizo viral y acumula más de 9.400 me gustas.
Alberto Rodríguez ha reclamado al Constitucional recuperar su escaño.
La defensa del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, a quien se le retiró su escaño el pasado 22 de octubre a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por pegar, presuntamente, a un policía en 2014, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esa decisión de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, de suspenderle como parlamentario.
En el texto, los abogados de Alberto Rodríguez exigen la «urgente suspensión cautelar» de esa retirada del acta entre duras acusaciones contra la presidenta del Congreso.
En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa pide al Constitucional que le devuelva el escaño, y denuncia que retirarle el acta fue «una decisión unilateral, infundada y, por ende, arbitraria» de la presidenta del Congreso.
A Batet le acusan de haber «vulnerado» hasta siete derechos fundamentales de Rodríguez, así como los de los 64.000 votantes canarios que le eligieron como diputado por Santa Cruz de Tenerife. Los abogados sostienen, además, que la presidenta del Congreso «se inventó una causa, no prevista en la Ley, para privar de su escaño» a Rodríguez.
Para los abogados de Rodríguez, la polémica resolución por la que Batet anunció que suspendía de la condición de diputado a Alberto Rodríguez, que generó una importante tormenta política el pasado otoño, «es fruto de una gran arbitrariedad».
A juicio de la defensa, la decisión se adoptó «sin ninguna motivación, más allá de decir que se basa en la propia sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo».
El texto también considera que la presidenta del Congreso, «como jurista que es, bien debía conocer» que cuando se sustituye una condena de cárcel por una multa «la pena de prisión queda definitiva e irreversiblemente sustituida», por lo que «no existe ningún tipo de base» para retirarle el escaño.
«La multa fue pagada de manera inmediata por mi mandante con lo que ahí se agotó la ejecución de esta», añade el recurso. La pena, por tanto, «quedó extinguida inmediatamente por el pago de la multa que es en lo que se sustituyó la pena; a partir de ahí, ni tan siquiera cabría hablar de la duración de esta a los efectos de la accesoria de ‘inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena'».
Salú y República.
A marapez, Tinajas y a Odra les gusta esta publicaciòn
Desestima la demanda que el Colegio de Enfermería interpuso contra el Servicio Andaluz de Salud por la falta de medios de protección durante la primera ola de la pandemia.
El colegio de Enfermería de Jaén interpuso una denuncia contra la administración por la falta de equipos adecuados (EPI) durante la primera ola de la pandemia del coronavirus.
El juez de Jaén ha fallado en contra, y esgrime que los sanitarios tienen la obligación de sacrificar su derecho a la vida. Sin embargo, un juzgado de Alicante sí ha atendido el requerimiento de 154 médicos sobre la falta de material de seguridad en los primeros meses de la covid-19.
El Juzgado de lo Social número 2 de Jaén reconoce en la sentencia la escasez de equipos de protección para los sanitarios durante los primeros meses de la pandemia, pero desestima la demanda interpuesta contra el Servicio Andaluz de Salud, al no considerar que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los enfermeros.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que «dado el desabastecimiento provocado por la pandemia, no se han suministrado a los profesionales los equipos de protección individual consistentes en mascarillas de protección, guantes, batas, gafas».
El auto hace un prolijo repaso por toda la legislación y jurisprudencia relativa a los derechos a la vida y a la integridad física y moral, incluidas sentencias referidas a la alimentación de los presos en huelga de hambre de los GRAPO en 1990, las transfusiones de sangre en testigos de Jehová, o al aislamiento de presos en celdas, para concluir que el hecho de que se denuncie que no se hayan facilitado medios no es suficiente prueba para amparar la demanda.
«Pese a ser lamentable el ejemplo de los Grapo o los Testigos de Jehová, en estos casos se ponderaban varios derechos fundamentales concurrentes en una misma persona o sujeto, como podía ser el derecho a ser alimentado forzosamente y contra la voluntad de un preso para evitar su muerte, o hacer una transfusión sanguínea a un Testigo de Jehová en contra de su religión para salvar su vida».
Añade que según un «examen de proporcionalidad, no se aprecian, dadas las circunstancias, ninguna acción u omisión que limitase derecho fundamental alguno de los demandantes».
Joaquim Bosch: “Perseguimos en bici a corruptos que huyen en Mercedes”
Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 57 años) ingresó en la carrera judicial hace casi dos décadas por vocación. Era el primero en su familia que terminaba los estudios básicos. Publica La patria en la cartera (Ariel), un exhaustivo ensayo sobre la corrupción en España, de la que dice que “solo se conoce la punta del iceberg”. Pregunta. Una de las tesis del libro es que la corrupción actual tiene su origen en el franquismo, pero luego hay 400 páginas más con los escándalos de los 46 años siguientes. ¿No es mucho para ser inercia de la dictadura? Respuesta. La responsabilidad es exclusiva de los gobernantes democráticos, pero para entender por qué ha sido tan fácil corromperse en España hay que examinar ese periodo. Las estructuras clientelares del franquismo pasaron a ser estructuras clientelares de los principales partidos. P. Recuerda que hasta 1997 no se retiraron las monedas con la imagen de Franco y opina que el “pacto de silencio” de la Transición permitió la institucionalización de la corrupción. R. Cerca de la mitad de los últimos ministros de Franco continuó en política; la otra mitad, en los consejos de administración de las principales empresas del país y lo mismo pasó a todos los niveles: alcaldes, concejales, gobernadores civiles...El partido único del franquismo y los sindicatos verticales se disolvieron, pero sus miles de empleados pasaron a la Administración. Todo ese poso tenía que generar consecuencias. Javier Pradera explicaba que la corrupción fue uno de los costes que tuvo que asumir la democracia como herencia del franquismo. Era muy difícil cuestionar la corrupción de la dictadura, igual que los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos porque implicaba deslegitimar a aquellos que continuaban en política y con los que se estaban realizando grandes pactos de Estado. Hay que agradecer a la Transición que en muy poco tiempo se lograra articular un sistema democrático y una Constitución equiparable a la de los países europeos, pero en esas circunstancias era muy difícil cuestionar las prácticas corruptas de la dictadura y eso explica en gran parte su continuidad. P. Hasta 2015 no entró en vigor el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. ¿Por qué? R. Por el conflicto de intereses. En líneas generales se mantuvieron leyes que en el franquismo posibilitaron la corrupción en el ámbito de la contratación pública, del nombramiento de altos cargos, las dinámicas clientelares… Las reformas se hicieron tarde y mal. En 1995 se aprobó el código penal de la democracia, muy poco después de los escándalos Naseiro y Filesa. Era el espacio idóneo para regular el problema de la financiación de los partidos políticos, pero no se hizo. La legislación de contatación pública actual, de 2017, se ha aprobado a instancias de una directiva europea. Hay otra que dice que tenemos que proteger a los denunciantes de la corrupción. Nos obligan. Tenemos una cantidad de aforados sin equivalente en países democráticos; los delitos de corrupción son los que más indultos reciben, los órganos que debían vigilar la acción política han sido colonizados... Todo ha favorecido la corrupción. P. Recopila casos mucho más antiguos que el franquismo, pero subraya que no es lo mismo un Lazarillo que un Roldán, la picaresca que la corrupción... R. Es habitual asignar esto a razones de tipo cultural, a la picaresca. El Lazarillo de Tormes era un huérfano intentando sobrevivir. Los corruptos tienen un elevado nivel de vida y pretenden vivir mejor a costa de los organismos públicos. Es falso que exista un carácter hispánico que predisponga a la corrupción. Esto es un problema de configuración de las instituciones. En el sigo XIX no había grandes diferencias entre la corrupción en España y en Dinamarca. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX hay un proceso de democratización y mejora de las instituciones en los países europeos, pero España se queda rezagada primero con la Restauración, luego con la tentativa de reformismo democrático de la II República, frenada por el golpe de Estado y con la corrupción general del franquismo. Cuando tengamos un sistema de solidez institucional como el de Alemania, Dinamarca o Suecia, si seguimos teniendo corrupción podremos echar la culpa a la sangría, la paella o la siesta, mientras tanto, no. P. O sea, que no existe un gen corrupto ni siquiera en el caso de todos los Borbones poco ejemplares que cita en el libro. R. Casos como el de la regente María Cristina, Alfonso XIII o las acusaciones actuales contra el rey emérito obedecen al sistema institucional, a una figura como la inviolabilidad, a la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Si el problema fuera genético no tendría solución, pero afortunadamente, no es cultural. Y lo demuestran países que en el pasado tuvieron muchos problemas y hoy lideran los indicadores internacionales de control de la corrupción. P. Botsuana, por cierto, ha llegado a estar en niveles de percepción de la corrupción más bajos que España. ¿Es una distorsión? R. España está ahora en los indicadores internacionales en la franja de Taiwan, Botsuana, Costa Rica o Chile. Esos países hace años estaban peor, pero hicieron un esfuerzo de reformas. Aquí ha faltado voluntad política. P. ¿Se ha robado por encima de nuestras posibilidades? R. Sí. La corrupción nos cuesta al año miles de millones de euros, cantidades muy superiores a las del rescate bancario, por ejemplo. Economistas que han analizado el fenómeno nos dicen que si no hubiera habido esos niveles de corrupción cuando murió Franco España estaría hoy en una renta per capita cercana a la de Finlandia y por encima de la media de la Unión Europea. Un estudio financiado por el BBVA indica que si se aplicaran las reformas institucionales necesarias nuestro país podría conseguir en pocos años un incremento importante del PIB. Los indicadores de potencial de productividad, formación y capacidad económica de España no son muy diferentes a los de países como Francia o Alemania; lo que nos diferencia, lo que nos falla, es la organización de nuestras instituciones. P. ¿A qué países o qué reformas debería imitar España? R. Está casi todo bastante inventado: infraestructuras éticas, controles internos, mecanismos que aporten medios para perseguir y condenar la corrupción, transparencia en la actuación pública y un funcionamiento democrático de los partidos políticos son los factores que consiguen tener la corrupción en límites bajos. En todos esos ámbitos queda mucho trabajo por hacer pero es perfectamente realizable si hay voluntad política. P. Habla también de un “electorado corrupto”, que consiente o incluso aplaude esas prácticas. Pero la clase política aparece señalada desde hace años en el CIS como uno de los principales problemas del país. R. En todos los estudios europeos, España está en los lugares más bajos de confianza en la clase política. Esa percepción tiene mucho que ver con la corrupción, pero no se puede echar toda la culpa a los políticos o exculpar completamente a la ciudadanía, que también tiene responsabilidades. Hay alcaldes implicados en corrupción que han sido reelegidos reiteradamente. Ese electorado apoya la corrupción porque cree que le beneficia o porque considera que no es importante. Y en este ámbito también se debe trabajar institucionalmente generando infraestructuras éticas, en el ámbito educativo, para hacer valer la importancia de que la política sea honesta para el conjunto. P. ¿Faltan mecanismos de control también en la judicatura? ¿Tiene medios suficientes para detectar abusos o incluso trastornos en los jueces? R. Una característica peculiar de la corrupción en España es que, a diferencia de otros países, es fundamentalmente política. No la hay apenas en las fuerzas de seguridad, en la Administración o en la judicatura… Está muy concentrada. Aquí hay comunidades autónomas donde han sido condenados o investigados el presidente, los consejeros, los presidentes de Diputación, los alcaldes de las principales ciudades... Eso se debe a secuelas del franquismo y a cómo se configuraron luego los partidos políticos y el enorme poder que han tenido. En la judicatura, afortunadamente, ha habido muy pocos casos de corrupción y han tenido condenas conocidas. La judicatura tiene recursos suficientes para detectar situaciones anómalas o problemas de salud mental y hay planes en marcha para mejorar en ese aspecto. Nuestro gran problema es la falta de medios. Es absolutamente imposible juzgar en plazos razonables los casos de corrupción con los instrumentos que tenemos y eso explica que los casos duren diez años, que se genere sensación de impunidad y que muchas veces sea muy difícil conseguir todas las pruebas. A menudo los jueces perseguimos en bicicleta a corruptos que escapan en Mercedes. P. De los multiples casos de diferentes etapas hisóricas que recopila en el libro, ¿cuál cree que ha sido el más grave? R. El más grave a partir de los hechos probados en las sentencias es Gürtel porque no es un caso de cuatro manzanas podridas, sino de un eficaz sistema de corrupción que relaciona a la tesorería de uno de los principales partidos con toda una trama de sobornos y adjudicaciones fraudulentas con consecuencias en el ámbito electoral y con manejo de millones de euros de dinero negro. Concurren todo el catálogo de los delitos de la corrupción y los riesgos más importantes para nuestro sistema de integridad institucional. También es especialmente grave el caso de los ERE en Andalucía porque enlaza con prácticas del franquismo sobre cómo se tejen redes clientelares que favorecen el ejercicio del poder manejando muchísimos millones de dinero público desde espacios institucionales que están diseñados para mejorar la vida de las personas y no para repartir prebendas masivas. P. ¿La corrupción es como los alijos de droga, que solo se detecta un pequeño porcentaje? R. La corrupción conocida es solo la punta del iceberg. Existen auténticas tramas organizadas con ingeniería financiera que desvían el dinero a paraísos fiscales y saben hacer desapareer el rastro del delito. El porcentaje que llega al juzgado es muy pequeño comparado con la corrupción existente.
El CGPJ expulsa de la carrera judicial al juez Salvador Alba
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial declara la la pérdida de la condición de magistrado de Alba, condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental tras intentar acabar con la carrera de Victoria Rosell.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha declarado este jueves la pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba Mesa, titular de una plaza en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 379.1 d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso".
Alba fue condenado como autor de un delito de prevaricación judicial en concurso medial con un delito de cohecho y de un delito de falsedad en documento público a penas que suman seis años y seis meses de prisión, con pérdida definitiva del cargo y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
Tinajas escribió:El CGPJ expulsa de la carrera judicial al juez Salvador Alba
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial declara la la pérdida de la condición de magistrado de Alba, condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental tras intentar acabar con la carrera de Victoria Rosell.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha declarado este jueves la pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba Mesa, titular de una plaza en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 379.1 d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso".
Alba fue condenado como autor de un delito de prevaricación judicial en concurso medial con un delito de cohecho y de un delito de falsedad en documento público a penas que suman seis años y seis meses de prisión, con pérdida definitiva del cargo y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
El llobu escribió: Es más un problema de: no queda más remedio o acabaremos pringando todos.
Salú y República.
Este también tirará de la manta?... O ya le han buscado donde aparcarlo?
Tiene muy difícil tirar de la manta, puesto que ya está condenado y sus compañeros son jueces, no miembros de un partido: él sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
De burladero del rey Juan Carlos a burladero de Díaz Ayuso
El 7 de marzo, en El burladero de la Monarquía, advertí que el sistema de administración de justicia en España, incluyendo en el mismo al Ministerio Fiscal, se había convertido en un burladero de la Monarquía, con la finalidad de impedir que la conducta de Juan Carlos de Borbón pudiera ser residenciada ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción hizo un esfuerzo titánico para denunciar, por un lado, en la fundamentación jurídica de su decisión la conducta del rey emérito como constitutiva de delito y para concluir, por otro, en la parte dispositiva de la misma, que no se le podía exigir responsabilidad por dicha conducta como consecuencia de la acción combinada de la inviolabilidad y la prescripción. Pocos días después de que se hiciera público el Decreto del Ministerio Fiscal, fue desautorizado en términos jurídicos, aunque sin referirse a él expresamente, por parte de la justicia inglesa, que circunscribió la inviolabilidad del rey a los actos vinculados a la funciones que tiene constitucionalmente atribuidas necesitados de refrendo y no a conductas privadas potencialmente constitutivas de delito. El 25 de marzo lo expliqué en Una demanda civil que va a desnudar a la Monarquía parlamentaria española. La justicia inglesa sigue su curso y, si no se produce algún acuerdo de tipo extrajudicial que evite la celebración del juicio, en unos meses asistiremos al espectáculo de la declaración de Juan Carlos de Borbón y del ex director de CNI, general Sanz Roldán, ante un tribunal inglés. En España se puede manipular el proceso de administración de justicia y evitar que se puedan exigir responsabilidades de cualquier tipo, tanto civiles como penales, a Juan Carlos de Borbón. Fuera de España parece que no es así. También puede ocurrir que en España se puedan exigir responsabilidades penales y civiles por conductas por las que no se exigiría tal responsabilidad en otros países de la Unión Europea, como hemos tenido ocasión de comprobar en la persecución judicial de los miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont o de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell. Hasta el momento, la justicia española no ha conseguido convencer a la justicia de cualquier otro país de la UE de la rectitud de su manera de proceder. Ni a la belga, ni a la alemana, ni a la escocesa, ni a la italiana. Veremos qué ocurre cuando las decisiones del Tribunal Supremo, confirmadas por el Tribunal Constitucional, aunque con votos particulares en contra, lleguen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Fiscal se han desacreditado tanto en la forma de proteger a Juan Carlos de Borbón como en la forma de perseguir a Carles Puigdemont y a Carme Forcadell, así como a otros miembros del Govern o de la Mesa del Parlament. No han conseguido convencer a nadie fuera de España de que estaban actuando como los órganos de administración de justicia de un Estado de Derecho. Todavía queda por ver qué deciden los máximos tribunales europeos, el TEDH y el TJUE. No contento con esta trayectoria, el Ministerio Fiscal ha decidido dar un paso más, con la finalidad de convertirse en el burladero de Isabel Díaz Ayuso. Además de burladero del rey emérito, burladero de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una vez fracasado el intento de impedir que su conducta y la de su hermano fueran sometidas a investigación de ningún tipo, que tuvo su máxima expresión en la Asamblea de la Comunidad de Madrid de la que fue expulsada una diputada del PSOE por formular preguntas sobre la conducta de Tomás Díaz Ayuso, y ante la pretensión más que justificada de la Fiscalía de la Unión Europea de ser ella la que protagonizara dicha investigación, prácticamente el “Estado Mayor” de la Fiscalía española ha cerrado filas con la finalidad de dejar fuera de la misma a la Fiscalía de la Unión Europea. Aunque no está previsto expresamente, no hay obstáculo de ningún tipo para que, como sugirió la Fiscalía de la Unión Europea, se preguntara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea quién debería hacerse cargo de la investigación. Sería la manera más inequívoca de dar una respuesta al conflicto. Todo el “Estado Mayor” del Ministerio Fiscal español se ha negado en redondo a que se efectúe tal consulta. ¿No debería ser el Ministerio Fiscal español el más interesado en que la investigación sobre la conducta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y su hermano se produzca con la mayor apariencia de imparcialidad? ¿No sería el aval del TJUE la mejor manera de garantizar dicha apariencia de imparcialidad? ¿No hay nadie en el Ministerio Fiscal español al que se le haya pasado por la cabeza que puede haber una apariencia de interés espurio en excluir a la Fiscalía Europea y retener la competencia en la Fiscalía española? ¿A nadie se le ha ocurrido que pueda suscitarse la sospecha de que se está construyendo un “burladero” para Isabel Díaz Ayuso? Tengo la impresión que, de alguna manera, a estos interrogantes habrá que darles respuesta. Con el consiguiente deterioro adicional de la Justicia española fuera de nuestras fronteras.
El primer juez que investigó la financiación del PP desvela su calvario: “Te cierra llegar a cualquier puesto”
El juez Luis Manglano, instructor del 'caso Naseiro', cuenta por primera vez el viacrucis que sufrió tras investigar la presunta financiación ilegal del PP en 1990. “Supone un alto coste profesional y personal”, ha dicho Manglano durante la presentación del libro de su amigo Joaquim Bosch en la Fira del Llibre de València. El juez, destacado miembro de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, ordenó el 9 de abril de 1990 la detención del entonces tesorero del PP, Rosendo Naseiro, del concejal en el Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop y del delegado de Dragados en Valencia, Luis Janini.
La investigación del 'caso Naseiro' se inició por casualidad. La Policía tenía intervenido el teléfono del despacho del abogado Rafael Palop, hermano del edil popular, en busca de pistas sobre su posible implicación en una trama de narcotráfico. Salvador Palop solía utilizar el teléfono del despacho situado en la calle de Cirilo Amorós de Valencia. Dos meses antes de las detenciones, los agentes pincharon una conversación que ha pasado a la historia oral de la corrupción en España. Al habla Voro Palop y Eduardo Zaplana: “Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Opel Vectra 16 válvulas?”, le pregunta a su amigo quien llegaría a presidente de la Generalitat Valenciana y ministro del Gobierno de José María Aznar. Zaplana, investigado en el marco del 'caso Erial' tres décadas después de esta reveladora conversación, tenía la necesidad perentoria, según quedó registrado en las famosas cintas, de “hacerse rico”. La investigación del juez Luis Manglano afectaba de lleno a la presunta financiación ilegal del PP bajo el control del 'clan de Valladolid', liderado por José María Aznar. El epicentro de la presunta trama estaba situado en el número 5 de la calle Génova de Madrid, sede de la empresa Futuro Financiero, apenas a cuatro portales de distancia de la sede del PP. Una exitosa estrategia jurídica pilotada por Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente del Comité Nacional de Conflictos y Disciplina del PP, consiguió tumbar la causa. La historia del 'caso Naseiro' ha sido relatada, con todo detalle, por el periodista Francesc Arabí en su biografía Ciudadano Zaplana (Foca, 2019), probablemente el mejor retrato periodístico de la corrupción en el País Valenciano. Las impúdicas conversaciones del personaje —ya en 1990— no impidieron que Eduardo Zaplana se hiciera un año más tarde con la alcaldía de Benidorm con la ayuda de la concejal tránsfuga Maruja Sánchez, conocida por el sabio acervo popular como Maruja la bien pagá. En 1995, el político que quería “ganar mucho dinero” inauguró las dos décadas ininterrumpidas de poder del PP en el Palau de la Generalitat Valenciana. Zaplana, cuyo futuro judicial a consecuencia del 'caso Erial' tiene francamente mala pinta, llegaría incluso a ostentar una cartera de ministro del Gobierno de España, con José María Aznar de presidente. ¿Qué fue del juez instructor del 'caso Naseiro'? Luis Manglano, un hombre serio y de izquierdas amén de excelente magistrado, sufrió las consecuencias de haber ordenado investigar, por primera vez en España, la presunta financiación ilegal del PP (acreditada mucho más tarde en el marco del 'caso Gürtel'). “Investigar a los dos grandes partidos supone una gran desconfianza hacia el juez”, asegura durante la presentación del libro de Joaquim Bosch titulado La patria en la cartera (Ariel, 2022) y cuya quinta edición está a punto de ver la luz. El subtítulo del libro de Bosch es Pasado y presente de la corrupción en España, muy apropiado para la ocasión.
La judicatura “no es precisamente muy progresista”
Luis Manglano inició su carrera como jurista en el despacho del abogado Alberto García Esteve (1909-1997), el más activo defensor del antifranquismo en los tribunales franquistas (siempre se ha considerado, sin pizca de exageración, que fue la persona más amenazada de Valencia en el tardofranquismo y la Transición). Tras aprobar la oposición a la carrera judicial y fiscal, recaló como juez de instrucción hasta que se topó con las cintas magnetofónicas en las que Zaplana comentaba trapicheos varios. En la época, las cintas de cassettes fueron guardadas a buen recaudo dado que eran material altamente sensible. Cuando el PP consiguió tumbar el 'caso Naseiro', creando de paso una nueva doctrina en España, Manglano pasó a ser una suerte de apestado en la carrera judicial, cuya cúpula controla un búnker claramente escorado a estribor. “Te cierra la posibilidad de llegar a cualquier puesto, ya sea en el Tribunal Superior de Justicia, en la presidencia de la Sala o en el Tribunal Supremo”, lamenta el juez, quien recuerda que la judicatura española “no es precisamente muy progresista”. Hubo un momento en que, harto de los reveses de las alianzas inconfesables de la cúpula judicial, dejó de postularse y actualmente es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV, a la que llegó por escalafón. Los jueces que suelen llegar a puestos en los altos tribunales, mantiene Manglano, “no es que sean de derechas, es que son de confianza”. Joaquim Bosch, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia en el País Valenciano, ha incidido en que a su amigo Manglano la investigación del 'caso Naseiro' le supuso unas “enormes presiones y perjuicios notorios en su carrera profesional”. Cuando en 2004 Bosch tomó posesión de su toga, eligió a Luis Manglano sin dudarlo como padrino. El autor de La patria en la cartera ha definido al instructor del 'caso Naseiro' como un “magistrado enormemente respetado” aunque sistemáticamente perjudicado en la carrera judicial. ¿Cómo ven estos dos magistrados, de dos generaciones distintas, la corrupción hoy en día? Luis Manglano ha criticado el “manejo de recursos públicos en beneficio privado” y ha definido a los corruptos como “personas sin escrúpulos”, aunque también se muestra optimista: “Tenemos una sociedad más sana de lo que parece”. El juez también ha aludido al lastre “de una serie de oligarquías” en materia de corrupción en España. “Cada vez que lees sobre corrupción es fácil cabrearse”, remacha Manglano. Joaquim Bosch recuerda que “en el País Valenciano han sido condenados, encausados o encarcelados presidentes de la Generalitat, consellers, alcaldes de las tres principales ciudades y diputaciones y concejales”. En su libro se remonta hasta la Restauración para analizar las causas del tristemente expandido fenómeno en España e incide en el papel de la dictadura franquista, heredado en la Transición y más allá. El magistrado progresista ha explicado que, en paralelo a la “represión y las gravísimas violaciones de los derechos humanos”, el régimen franquista construyó una enorme estructura corrupta que incluía desde ministros hasta gobernadores civiles. Bosch ha citado el relato del escritor Max Aub en La gallina ciega sobre su visita a España décadas después de exiliarse en México, en pleno desarrollismo franquista como un fino retrato de la sociedad adormecida y tolerante con la corrupción y el caciquismo que precedería a la Transición, un periodo que se cobró la vida de 250 personas en acciones policiales o parapoliciales de extrema derecha, ha recordado el juez. “Las circunstancias de la transición lo complicaron todo y el nuevo sistema democrático asumió la corrupción sin problema”, apostilla. “Las estructuras institucionales que permitieron la corrupción en la dictadura no fueron reformadas”, lamenta. Bosch anhela un sistema “institucionalmente más sólido”. Sobre el 'caso Azud' de corrupción urbanística masiva durante la era de la fallecida alcaldesa popular Rita Barberá, el magistrado se ha preguntado “cómo es posible que se muevan semejantes cantidades de dinero negro sin que salten las alarmas internas”. A su lado, el juez que investigó por primera vez la financiación ilegal del PP, asiente. Él fue el primer instructor de la historia de España que escuchó en unos pinchazos policiales a un dirigente del PP que quería “ganar mucho dinero”. Sabe de lo que habla.
Sánchez Mato: “El PP nos sentó en el banquillo para desalentar cualquier investigación de corrupción”
Se le nota contento y sonriente. Tiene el móvil saturado de mensajes. Más de 3.000 a lo largo de la mañana. “Pero alguno me ha escrito más de una vez”, bromea el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato, que este miércoles ha sido absuelto, junto a Celia Mayer, en el caso Open de Tenis. Ambos se enfrentaban a una pena de cinco años de cárcel por la acusación del PP, que lo denunció en la época en que Almeida lideraba la oposición a Carmena por encargar desde el Ayuntamiento dos informes jurídicos a abogados externos para fundamentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos con Madrid Trophy Promotion (MTP).
La Fiscalía ya había pedido su absolución y ahora, cinco años y un día después de la denuncia, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid reconoce que Sánchez Mato y Mayer actuaron “con la única finalidad de proteger los intereses públicos”, mientras condena al PP a pagar las costas por actuar con “mala fe”. “Se trataba de una cacería política por haber perseguido su corrupción”, asegura el exedil, que ahora es asesor del Ministerio de Igualdad que preside Irene Montero. El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento pedía para ustedes cinco años de cárcel y 24 de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. ¿Cómo han recibido esta sentencia? Ha sido un varapalo en toda regla a esta persecución absolutamente infundada que articula el PP de la mano de la Asociación de Transparencia y Justicia, del comisario Villarejo. El Partido Popular utiliza las cloacas para perseguir a sus adversarios de dentro y a los que estamos fuera. La sentencia es muy clara. Lo que indica es que ejercieron la acusación de manera temeraria y con una forma de hacer procesal que no es más que una forma, en lenguaje jurídico, de decir lo que hemos comentado siempre, que se trataba de una cacería política por haber perseguido su corrupción. ¿Temió en algún momento ser condenado? No puedo estar muy tranquilo ante una situación en la que muchas compañeras y compañeros han sufrido represalias en el ámbito judicial. Quiero acordarme de Alberto Rodríguez e Isa Serra, de Podemos, que sin prueba alguna han sufrido condenas en lo penal. O de Ada Colau, que también fue acusada. No es un tema de miedo, es un tema de pesar enorme por que puedan manejar la administración de Justicia, porque si ya no podemos creer en la Justicia, qué pena. Llevan años denunciando que el PP utiliza la Justicia para hacer política. ¿Cree que esta sentencia supondrá un antes y un después? El Partido Popular no pueden hacer otra cosa, es una banda organizada para delinquir. Utiliza las administraciones públicas, entre otras cosas, para dar licitaciones a sus amiguetes a cambio de financiación y de engordar las cuentas corrientes de sus propios componentes. Eso es el Partido Popular. Lo digo con pena, con lástima, con rabia también porque precisan del mensaje de que todos los políticos somos iguales. Hay quienes venimos para servir y no para servirnos de la política. Es letal que utilicen las instituciones para lucrarse y conseguir que esa élite, esa clase dominante, aleje a quienes simplemente quieren cambiar y transformar las cosas. No creo que esta sentencia cambie la forma de actuar del Partido Popular, ni van a pedir disculpas porque, seamos conscientes, han conseguido lo que pretendían. Nos han anulado políticamente durante cinco años y un día, con una instrucción absolutamente perversa, sin ningún tipo de actuación ni diligencia que justificasen la duración y con un auto de apertura de juicio oral en el que no se nos imputada un delito concreto, que hizo la juez instructora que esta siendo investigada en el momento actual por la historia del cuadro de Esperanza Aguirre. Yo me senté en el banquillo sin saber de qué me acusaban. Es triste, pero es así. Se vulneró nuestro derecho a la defensa y se consiguió eso que llama la gente pena de telediario. No espero que mañana ni hoy salga mi cara o la cara de mis compañeras en el lugar donde se nos acusó. Hay quien dirá que eso les ha pasado a otras personas. Hay una diferencia, nosotros hemos estado sentados en esa pena de banquillo por perseguir la corrupción. Hay otros que no han llegado a ser juzgados, simplemente porque son inmunes ante la actuación de la justicia. Todo empezó por la denuncia contra el equipo de Gallardón por el Open de Tenis, que ni siquiera fue admitida a trámite. Sin embargo ahora la Audiencia Provincial sí reconoce que había “fundadas y razonables dudas” en la adjudicación de aquellos contratos. Simplemente no se investigó. La no investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción es lo que ha llevado al PP a decir que no pasa nada con los contratos y los convenios del Open de Tenis. Cualquier persona que nos pueda leer verá que cuando un torneo de tenis de élite en Roma no cuesta ni un euro de dinero público y aquí, de costar 1,7 millones pasa a suponer un quebranto para las arcas públicas de 15 millones de euros, lo lógico es preguntarse si está justificado y si las cosas que estamos pagando por partida doble deben ser ahorradas a la ciudadanía madrileña. En este caso, no es nada extraño que quienes han visto cómo pasaban por delante contratos de mascarillas con comisiones millonarias para sus colegas, no entiendan que un análisis de los convenios que daban lugar a pagos estratosféricos que consumían el 70% del presupuesto en deportes de la ciudad de Madrid, mereciera investigación. Yo estoy convencido de lo que hay en el caso del Open de Tenis, pero eso no se ha investigado. Ahora, cinco años y un día después a nosotros se nos ha tenido sentados en el banquillo para desalentar cualquier otro tipo de investigación de la corrupción del PP. Cualquiera que de forma animosa quiera plantearse su entrada en política en el futuro o en el momento actual, cuidar el dinero público le puede pasar lo que nos ha pasado a nosotros..... ...... y sigue.
Los tribunales desmontan la ofensiva judicial de Aguirre y Almeida contra el gobierno de Carmena
“Hasta aquí hemos llegado en este intento de criminalización”. El ocho de mayo de 2017, el entonces concejal de la oposición José Luis Martínez-Almeida anunciaba una querella del Partido Popular contra varios concejales del gobierno municipal de Manuela Carmena por el caso Open de Tenis. Acusaciones de malversación y prevaricación por pedir informes sobre posibles irregularidades en la gestión de este trofeo deportivo cuando los populares estaban al frente del consistorio. La sentencia del caso, sin embargo, apunta en dirección contraria y condena al PP a pagar las costas del proceso por mala fe. El fallo supone un nuevo fracaso de las iniciativas penales del partido del alcalde después del archivo del caso Bicimad o del archivo de la querella contra Celia Mayer por enaltecimiento del terrorismo en el caso de los titiriteros de Tetuán.
La sentencia supone una enmienda a la totalidad a la labor de oposición que inauguró Aguirre y heredó Almeida. La entonces portavoz del PP había perdido las elecciones municipales de 2015 y decidió extender su guerra política más allá del palacio de Cibeles. Desde comienzos de 2016, el PP emprendió una serie de acciones judiciales contra el gobierno de Ahora Madrid sin que ninguna acabara con consecuencias penales para los denunciados. En esta última, de hecho, es el PP quien tiene que pagar por haber llevado su contienda política al terreno judicial sin pruebas. Ese mes de mayo de 2017, José Luis Martínez-Almeida interpretó que el gobierno municipal de Ahora Madrid pretendía “criminalizar” más de dos décadas de gobierno del Partido Popular. Por aquel entonces, el hoy alcalde llevaba menos de dos semanas ejerciendo como portavoz del partido en el consistorio: Esperanza Aguirre, asediada por los casos de corrupción de sus antiguos colaboradores, había abandonado todos sus cargos políticos después de quedar relegada a la oposición. Él se puso al frente del partido en el Ayuntamiento y pisó el acelerador en la estrategia de judicializar al gobierno municipal. Su primera acción judicial fue acusar al Ayuntamiento de incurrir en delitos de prevaricación y malversación de dinero público al abrir los cajones de la empresa municipal de Madrid Destino y buscar munición contra los anteriores gestores. Según la querella que presentó el propio Almeida en nombre de su grupo municipal, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato habían contratado de forma ilegal a varios despachos de abogados con dinero público para que elaboraran informes poniendo en duda los contratos que el Ayuntamiento, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, había firmado en 2001 con Madrid Trophy Promotion, empresa organizadora del Mutua Madrid Open de Tenis. La denuncia que salió de esos informes naufragó en la Fiscalía y los dos concejales terminaron procesados junto con Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino. El asunto se convirtió en uno de los puntos fuertes de la campaña de Almeida en las elecciones de 2019 solo por detrás de Madrid Central. Ya en enero de ese año, en una entrevista con el diario ABC, dejaba claro que estas acciones judiciales formaban parte de su carta de presentación: “La gente sabe quién denunció el Open de Tenis, quién ha llevado Bicimad a los tribunales”, dijo. Siguió después de las elecciones: a finales de ese año, en el pleno municipal, acusó a los dos ediles imputados de lanzar “una persecución política” contra el PP cuando gobernaban. Hace menos de un mes, en abril, instó a Rita Maestre a “asumir alguna responsabilidad” y “pedir perdón” por el enjuiciamiento de sus dos antiguos compañeros de ejecutivo municipal. En un primer momento, además, el PP no llevó la acusación a solas: la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario José Manuel Villarejo, también fue acusación popular hasta que se retiró a finales de 2019, justo antes del momento de presentar los escritos de acusación, por su desaparición. Lo cierto es que el caso del Open de Tenis ha terminado en absolución y no de cualquier manera: con una condena en costas al Partido Popular por impulsar una acusación que la Audiencia Provincial de Madrid califica de “temeraria” y llevada a cabo con “mala fe”. Los jueces de la sección séptima de la Audiencia de Madrid no escatiman en folios para tirar por tierra las acusaciones del PP y ensalzar el trabajo que hicieron tanto los concejales como la consejera delegada. Actuaron, según los jueces, para “proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales”, con un “cumplimiento escrupuloso” de sus funciones y “extremando las consultas previas” antes de contratar a los abogados externos. Las declaraciones de los tres acusados, además, han sido “sinceras y convincentes” para los jueces, mientras que la acusación del PP no les ha parecido tan sincera. El grupo que dirige José Luis Martínez-Almeida llegó a pedir cinco años de cárcel y más de dos décadas de inhabilitación para los tres acusados y los jueces entienden que han actuado con “temeridad y mala fe” y que deben, por tanto, ser condenados a pagar las costas del proceso. El PP, dice la sentencia, “era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados” en cuanto a la prevaricación. Sobre Celia Mayer, hizo “un relato absolutamente generalista causante sin duda de indefensión” para que formara parte de un plan criminal inexistente. Los dardos al PP se suceden en una sentencia que llega después de varios años de instrucción judicial por parte de Concepción Jerez, la misma magistrada de Plaza de Castilla que ha tenido que ser obligada a investigar el caso del Goya de Esperanza Aguirre después de archivarlo prematuramente.
El caso Bicimad, archivado
Otro de los casos judiciales que Martínez-Almeida ponía en lugar preferente de su carta de presentación en enero de 2019 era el caso Bicimad: la investigación judicial sobre la operación que el gobierno de Manuela Carmena acometió para comprar y municipalizar el servicio de bicicletas urbanas a Bonopark por 10,5 millones de euros. Y también quedó archivado. Esta segunda querella contra el gobierno municipal fue presentada en enero de 2018 y fue nuevamente presentada por José Luis Martínez-Almeida en calidad de líder 'popular'. El acuerdo, dijo entonces el hoy alcalde, fue “lesivo para las arcas municipales” y “lo que no quisieron responder ante los madrileños lo tendrán que hacer ante el juez”. En el objetivo de la querella estaban la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández de Heredia. El caso fue archivado por el juzgado en mayo de 2019. “No consta que la tramitación de los expedientes administrativos fuera contraria a la legalidad, ni tampoco que el precio pactado fuera superior al valor de los activos que fueron transmitidos”, dijo ese auto. La Audiencia de Madrid confirmó la decisión unos meses después y enterró definitivamente la querella con un argumento diametralmente opuesto al esgrimido por el PP: “El precio pagado es acorde y ajustado al contrato celebrado”, dijo esa resolución.
La “red clientelar” de Carmena
En julio de 2018, José Luis Martínez-Almeida llevaba su oposición al ejecutivo de Manuela Carmena a las puertas de la Fiscalía Anticorrupción. Una denuncia de 19 páginas en las que el portavoz municipal del Partido Popular denunciaba la existencia de una “red clientelar de asociaciones, empresas y cooperativas que habían cobrado 20 millones de euros del consistorio en apenas tres años por su proximidad a Ahora Madrid. La denuncia decía que ”hay indicios claros y evidentes de que las empresas asociadas a la red son en realidad un instrumento de contratación de afines a Podemos, Ahora Madrid y el resto de organizaciones políticas afines“ “No ha quedado más remedio que acudir a los tribunales”, dijo ese día Almeida, presentando una denuncia que en este caso firmaba él mismo. Casi cuatro años después no existen referencias al destino de esa demoledora denuncia en la que el PP atribuía todo tipo de delitos al equipo municipal de Manuela Carmena. No consta, por ahora, si esa denuncia prosperó de alguna manera o si fue archivada.
Enaltecimiento del terrorismo
Otro frente judicial de menor entidad fue el abierto igualmente por el Partido Popular aunque antes de que Martínez-Almeida fuera puesto al frente del grupo y cuando Esperanza Aguirre todavía capitaneaba la oposición a Manuela Carmena. En ese caso el objetivo también fue Celia Mayer. Era febrero de 2016 y dos titiriteros habían sido detenidos en el distrito de Tetuán por exhibir una pancarta, en una obra con niños en el público, en la que podía leerse “Gora Alka-ETA”. La obra no contenía ningún tipo de enaltecimiento a esas dos bandas terroristas pero los dos llegaron a pasar varios días en prisión provisional en Soto del Real por decisión del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional. Los titiriteros fueron absueltos, pero el PP quiso llevar las acusaciones al campo de la política y sus concejales denunciaron a Celia Mayer, entonces concejala de Cultura, por enaltecimiento del terrorismo. Íñigo Henríquez de Luna, entonces portavoz municipal del PP y hoy diputado regional de Vox, acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para denunciar que ella había sido cooperadora necesaria “ya que sin su intervención el delito no podría llevarse a cabo”. La AVT también presentó acciones contra varios responsables del Ayuntamiento y la Audiencia Nacional rechazó imputarles.
Tribunal Constitucional: nuevo conflicto a la vista
José María Brunet informaba este lunes de que hay magistrados en el Tribunal Constitucional (TC) que se están preparando para torpedear la renovación de los que el próximo 12 de junio cumplen los 9 años para los que fueron designados por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dos de ellos, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez fueron designados por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Los otros dos, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares fueron designados por el CGPJ. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez puede sustituir a González Trevijano y Narváez, dado que el 12 es domingo, desde el día 13. El CGPJ “en funciones” no puede, por el contrario, hacerlo, ya que la LOPJ fue reformada con la finalidad de que un órgano “en funciones” desde hace ya más de tres años no pueda proceder a nombrar a los magistrados del TC. ¿Puede el Gobierno hacer los nombramientos sin que el CGPJ haga los que les corresponde o, por el contrario, tiene que esperar a que se renueve el CGPJ para poder hacerlo? Se trata de un problema que no se ha planteado hasta la fecha. Las designaciones de los magistrados correspondientes al Gobierno y al CGPJ siempre se han hecho en las fechas que tocaban, sin que se haya producido nunca la prolongación del mandato de ninguno de ellos. No ha ocurrido lo mismo con los designados por el Congreso de los Diputados y el Senado, que sí han sido designados con retrasos en varias ocasiones. La Constitución dice que el TC se renueva por tercios, uno de los cuales está constituido por el Gobierno y el CGPJ. En buena lógica debería tratarse de una renovación conjunta por ambos órganos constitucionales. Pero ¿qué ocurre cuando uno de esos órganos constitucionales, el CGPJ, está “en funciones”, porque el principal partido de la oposición, el PP, se niega a cumplir la Constitución y acordar la renovación? ¿Puede el incumplimiento de la Constitución por parte del PP impedir que el Gobierno cumpla su obligación de designar a los magistrados que le corresponde? De aceptarse esta interpretación, se estaría favoreciendo a quien incumple la Constitución. La norma para la renovación del CGPJ es la misma con la que se llevó a cabo la renovación en 2013, cuando el PP disponía de mayoría absoluta e hizo uso de la misma para modificar la LOPJ, pero no en lo relativo a la renovación del órgano. El Gobierno socialista ha respetado la norma para la renovación establecida por el PP. El comportamiento del PSOE ha sido el mismo cuando estaba en la oposición que cuando está en el Gobierno. Es el PP el que se comporta de distinta manera cuando deja de estar en el Gobierno. Ocurrió en 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Y ha vuelto a ocurrir en 2018, con Pedro Sánchez. ¿Puede aceptarse una interpretación de la Constitución que favorece a quien la incumple y penaliza a quien la respeta? No parece razonable que sea la conclusión que debe alcanzarse. Nada hay en la Constitución que impida al Gobierno designar a los dos magistrados que habrían de sustituir a González Trevijano y Narváez. Todo lo contrario. La designación, una vez cumplidos los nueve años, es una obligación no sometida a condición de ningún tipo. Aquí es donde entra en juego la maniobra de la que da cuenta José María Brunet en su crónica en EL PAÍS. La mayoría actual en el TC parece que quiere impedir que el Gobierno cumpla con su obligación y que no pueda designar los dos magistrados que le corresponden hasta que lo haga también el CGPJ. En el caso de que el Gobierno decidiera designar los dos magistrados que sustituirían a González Trevijano y Narváez es obvio que ninguno de ambos podría pronunciarse sobre las designaciones del Gobierno, ya que no hay causa de abstención más clara que la de verse directamente afectados por la decisión que tendrían que tomar. En el caso de que el acto del Gobierno de designación de los dos candidatos fuera impugnado, no podrían formar parte del Tribunal Constitucional que tuviera que dar respuesta a dicha impugnación. Tendrían no que abstenerse, sino que ausentarse. El debate únicamente podría producirse entre los demás magistrados sin la presencia de ninguno de los afectados directamente por la decisión del Gobierno. La única salida del círculo vicioso en que hasta ahora se encontraba exclusivamente el CGPJ, pero en el que a partir del próximo lunes se encontrará también el TC, es que el PP se avenga a cumplir la Constitución y ponga fin al juego sucio que lleva practicando desde que Mariano Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno.
El fiscal advierte de que García Castellón cruza todas las líneas en su investigación secreta contra Podemos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha advertido al juez Manuel García Castellón de que sigue excediéndose en la investigación secreta sobre una supuesta financiación irregular de Podemos a raíz de las afirmaciones sin pruebas del exmilitar chavista Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. En su escrito, el fiscal carga contra la insistencia de García Castellón en ordenar a la Policía diligencias que invaden derechos fundamentales de personas que, meses después, ni siquiera tienen la condición formal de investigados.
Según han informado a elDiario.es fuentes conocedoras del escrito, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, llega a calificar la investigación de Manuel García Castellón y sus ayudantes de “extremadamente prospectiva”. El recurso, de hecho, se dirige contra las diligencias que la Sala de lo Penal ya censuró y que el juez ha vuelto a solicitar a la Policía contra los fundadores de Podemos, sin esperar a que la instancia superior se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía de archivar ya la causa. El fiscal Carballo recuerda al juez que la petición de que se investiguen las cuentas de los fundadores de Podemos, sin estar siquiera imputados, supone una intromisión en “el núcleo más sensible de la privacidad” de los ciudadanos, en referencia al patrimonio. Y no solo eso, sino que tal intromisión puede derivar en una investigación prohibida por ley contra terceros, ya que García Castellón exige a la UDEF los nombres de quienes hayan hecho ingresos en las cuentas de Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Ariel Jerez y Jorge Lago. Carballo, un fiscal de reconocida tendencia conservadora, acusa al juez García Castellón de vulnerar la Constitución misma al haber hurtado a los investigados la acusación que pesa contra ellos y cita para ello jurisprudencia del tribunal que interpreta la norma fundamental. “La indefensión de los investigados es total”, llega a decir el fiscal Carballo en el escrito del 10 de junio. El arranque de este caso, que continúa secreto casi un año después, son las declaraciones contra Podemos de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, el exjefe del servicio de Inteligencia venezolano que, tras ser detenido en Madrid en septiembre de 2021, trasladó al juez que tenía información comprometedora sobre Podemos. García Castellón rebuscó entonces en su juzgado para que unas afirmaciones hechas en el marco de un proceso de extradición pudieran ser trasladadas a una causa. Lo único que encontró García Castellón buceando en su juzgado fue una denuncia archivada de plano, pero de forma provisional en 2016, basada en unos recortes periodísticos del denominado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), una de las producciones más conocidas de la brigada política cuyo contenido había sido despreciado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional definió las acusaciones de Carvajal como una estrategia dilatoria de su extradición a Estados Unidos, que reclama al exmilitar para ser juzgado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada. El juez ordenó a la UDEF de la Policía que investigara cuentas de personas y empresas y que rastreara asimismo los viajes a Venezuela de Juan Carlos Monedero. La Fiscalía recurrió y la Sala resolvió en un auto que la investigación del magistrado suponía “una injerencia” en los derechos de personas que no figuran como investigadas. En aquel recurso, la Fiscalía consideraba que las diligencias ordenadas a la UDEF por García Castellón tenían más que ver con salir a buscar delitos, por si en el transcurso de las pesquisas apareciera alguno, que con el verdadero objeto del procedimiento. Las afirmaciones y documentos de Carvajal son supuestas pruebas de que Venezuela financió la creación de Podemos a través de la Fundación CEPS y de la empresa Viu Comunicaciones, lo que implicaría a Jorge Lago, Carolina Bescansa, Ariel Jerez y Juan Carlos Monedero. ‘El Pollo’ Carvajal también habló de entregas de dinero procedentes de la Embajada de Cuba en Caracas que en algunos casos habrían llegado a España por valija diplomática. El otro sistema de financiación al que se refirió el exmilitar, que se enfrentaba a una extradición a EEUU por graves delitos, fueron los encargos remunerados a CEPS entre los años 2008 y 2011 por parte de la Administración venezolana, así como la contratación de Viu por la petrolera PDVSA, en concreto para la celebración del Congreso Mundial del Petróleo que se celebró en Moscú en 2014. Carvajal aludió también a presuntas entregas de dinero a Juan Carlos Monedero en los años 2011 y 2012 en hoteles de Caracas, y una más en el año 2017. Uno de los testigos protegidos asegura que en 2009 o 2010 habría visto entrar a un individuo con un maletín en la habitación de un hotel de Caracas que ocupaba Monedero y que cuando salió ya no lo llevaba.
No existía el delito de financiación irregular
La Sección Tercera respondía en su auto que solo la supuesta entrega de dinero en 2017 es posterior a la entrada en vigor de la reforma que introdujo el delito de financiación ilegal, pero en cualquier caso, añade, se trata de un testimonio que se basa en el relato de un tercero, tanto por parte de Carvajal como de uno de los dos testigos a los que García Castellón concedió la condición de “protegidos”. Los jueces de la Sala de lo Penal, al igual que la Fiscalía, no se oponían a que la Policía informase sobre si el testimonio del Pollo Carvajal y de los dos testigos protegidos gozan de “veracidad”. Son esos testimonios que tanto el Ministerio Público como la Sala de lo Penal consideran “narraciones de terceros”. Y a esto se ha aferrado García Castellón para insistir en su investigación “extremadamente prospectiva”, según la Fiscalía. En su nuevo recurso, la Fiscalía advierte a García Castellón que no siga ordenando diligencias de investigación por “prudencia” porque podría arruinar cualquier otra línea de investigación por la vulneración de derechos en la que está incurriendo. Si la Sala falla a favor del recurso de la Fiscalía, añade esta, el juez habría dañado sin motivo la “reputación” de las personas mencionadas.
Con el rabo entre las piernas... Y para cuando la denuncia por prevaricación?
García Castellón acata la orden de la Audiencia Nacional y detiene la investigación contra Podemos
El juez dicta una providencia en la que anula las diligencias que había ordenado a la Policía y que la Sala de los Penal consideraba que vulneraban derechos constitucionales
García-Castellón, el juez estrella con mil rapapolvos a su espalda
Es 22 de noviembre de 2016. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil logra captar una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana. Ambos charlan sobre la carrera judicial. En un momento dado, el expresidente madrileño, que ya tenía constancia de que estaba bajo la lupa de una justicia que iba acorralando al PP en casos como Púnica, comienza a divagar sobre la posibilidad de deshacerse del magistrado Eloy Velasco, entonces provisional en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Plantea dos opciones: ascenderlo o mandarle directo a la plaza que tiene en propiedad. "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular", desliza. El titular de aquel puesto era el magistrado Manuel García-Castellón.
Pocos meses después, los astros se alinean. Como ocurriera con Manuel Moix y su nombramiento al frente de la Fiscalía Anticorrupción, los deseos de González se cumplen. Velasco es ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y García-Castellón solicita volver a su plaza como titular del Juzgado Central de Instrucción 6. Por aquel entonces, el magistrado era un personaje desconocido fuera de los ámbitos judiciales. Llevaba más de tres lustros en destinos dorados en el extranjero: primero como juez de enlace en París y luego en Roma. Pero poco a poco comienza a ganar relevancia pública. Los grandes casos mediáticos –Púnica, Lezo o Tándem– se acumulan en su mesa y le colocan de forma constante en periódicos, radios y televisiones. Se convierte así en una suerte de juez estrella cuyas decisiones, sin embargo, han sido corregidas en multitud de ocasiones.
Ni imputación de Iglesias ni financiación ilegal
Esta misma semana, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha ordenado que diera carpetazo a la investigación secreta que mantenía abierta, a raíz de la información aportada por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando El Pollo Carvajal, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. Los magistrados le han acusado de ampliar "artificiosamente" la causa para "investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal", al ser entonces esta "atípica" –no se introdujo en el Código Penal hasta 2015–. Tres meses antes, la misma Sala de lo Penal había puesto ciertos límites a las pesquisas, al tiempo que despreciaba las declaraciones de El Pollo Carvajal al considerar que se sujetaban sobre "narraciones de terceras personas". No es el único rapapolvo que ha recibido en relación con la formación morada. Da buena cuenta de ello el llamado caso Dina, una de las piezas separadas de Tándem –la macrocausa que pivota alrededor del excomisario José Manuel Villarejo– en la que se investiga el robo de la tarjeta de móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la publicación de parte del contenido de la misma en diferentes medios. Tras la primera ola de la pandemia, García-Castellón decidió retirar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de víctima en la causa. Lo hizo deslizando que la filtración a OkDiario podría haber partido incluso del propio Iglesias. Pero la Sala de lo Penal, una vez más, le corrigió: "No hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a alguna de esas alternativas". El magistrado, pocos días después de aquel varapalo, decidió poner punto y final a la fase de investigación. Por un lado, propuso juzgar a Villarejo y un par de periodistas. Y, por otro, envió al Supremo la parte relativa a Iglesias, poniendo sobre la mesa posibles delitos de revelación de secretos o daños informáticos. Ambos intentos naufragaron. El Alto Tribunal rechazó la exposición razonada y criticó que el magistrado hubiera abandonado determinadas líneas de investigación. Y la Sala de lo Penal, tras un recurso de la Fiscalía, revocó el final de la instrucción y ordenó a García-Castellón que tomara declaración, entre otros, a la propia Bousselham y a Eugenio Pino, quien fuera director adjunto operativo de la Policía. Testificales que la Sala de lo Penal consideraba "procedentes" pero que el magistrado había rechazado.
Archivos precipitados
García-Castellón, no obstante, se ha llevado más tirones de orejas por llegar a conclusiones antes de tiempo. La instancia superior de la Audiencia Nacional tumbó en abril de 2019, a petición de PSOE y Fiscalía, su decisión de archivar la causa contra el expresidente murciano del PP Pedro Antonio Sánchez en relación con la trama Púnica. Lo hizo al entender que el magistrado no había justificado su decisión. En el auto, la Sala de lo Penal le reprochaba que en aquel escrito omitiese, de manera "incomprensible", toda "mención a los hechos evidenciados". Por ello, García-Castellón se vio obligado a dictar un nuevo auto de archivo que, esta vez sí, terminó siendo confirmado por la instancia superior. Por las prisas a la hora de tomar decisiones también recibió el año pasado reproches en otras dos piezas de esta macrocausa. En concreto, en la 4 y en la 10, donde se investigaban un amaño urbanístico en Valdemoro del que supuestamente se habría beneficiado El Corte Inglés y los trabajos de reputación online a políticos, respectivamente. En el primer caso, la Audiencia Nacional acordó revocar el sobreseimiento dictado por el magistrado contra quien fuera asesor legal de los grandes almacenes y un empresario porque consideraba precipitada la decisión y todavía estaban "pendientes de practicar" algunas diligencias de investigación "relevantes". Casi tres meses antes, la Sala de lo Penal hizo lo propio con la decisión de sacar de la segunda investigación a Ignacio García de Vinuesa, que dimitió como comisionado de Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Ayuso tras su imputación. De nuevo, se consideró "precipitado" el movimiento. Esto también ha ocurrido en alguna de las piezas separadas de la macrocausa Tandem. Es el caso de la número 21, donde se investiga el supuesto espionaje a través de Villarejo al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. García-Castellón archivó la causa para Repsol, Caixabank, el presidente de la primera –Antonio Brufau– y el expresidente de la segunda –Isidro Fainé–. Una decisión que acabó tumbando la instancia superior tras el recurso de Ministerio Fiscal, empresario y Podemos. La Sala de lo Penal volvió a repetir lo mismo: no se puede dar carpetazo al asunto cuando quedan cosas por hacer para "agotar la investigación". Ahora, casi un año después, el magistrado ha vuelto a archivar. Y Anticorrupción, otra vez, a recurrir por lo mismo.
Falta de diligencias en 'Púnica'
Los tiras y aflojas del Ministerio Público y de las acusaciones con el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional han sido una constante. Principalmente, por sus "prisas" a la hora de ir concluyendo investigaciones y por su negativa a la hora de practicar determinadas diligencias. En la pieza separada 9 de Púnica, en la que se investiga la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid, la Fiscalía tuvo que recurrir a la Sala de lo Penal para que el magistrado retomase la línea de investigación sobre la supuesta vía de financiación irregular del partido y la implicación de directivos de Indra. Al final, García-Castellón se vio obligado a llamar a declarar como investigadas a diferentes personas, unas diligencias que había rechazado por considerarlas "innecesarias e inútiles". Aquella victoria fue el resultado de un recurso de Anticorrupción en el que se enfrentaba al magistrado por la urgencia a la hora de cerrar las pesquisas. En él, el Ministerio Público sostenía que el derecho de todo investigado a ser enjuiciado "en un plazo razonable" no podía convertirse "en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud". Y se quejaba de que llevaba cuatro años esperando a que se "materializase" por completo el envío de las "informaciones e indicios" obtenidos en el marco de la Operación Lezo que García-Castellón ordenó trasladarle. El magistrado dio por concluida el pasado mes de enero la instrucción de esta pieza, en la que se encuentra imputada la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. "No debe prolongarse, de modo indebido, el ya sobradamente añejo plazo de investigación", concluyó el juez, rechazando alargar las pesquisas varios meses más como pedían algunas acusaciones. El asunto, sin embargo, quedó en stand by a la espera de recibir los escritos de acusación y archivo y a la espera de que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega aportase un informe que, supuestamente, podía afectar a Aguirre. Y así se mantuvo hasta la pasada semana, cuando el magistrado decidió zanjar la investigación sin esperarle más tiempo. Este último movimiento ha sido criticado por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). Esta acusación popular ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicitan más tiempo para el exalcalde conservador. Recuerdan que se tardó "20 meses" en poner a su disposición en el Centro Penitenciario Madrid V "la documentación" y "medios técnicos" para elaborar un "informe" que, a ojos de esta parte, "reviste vital importancia". Y cargan con dureza contra García-Castellón: "No se entiende la celeridad que se quiere imprimir al proceso de instrucción justo en la recta final. Como ya señaló la Fiscalía en otra causa, la inacción y las prisas parecen dibujar líneas rojas que blindarían al Partido Popular y sus dirigentes, en este caso a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma".
Cómo va a ser ciega la Justicia mientras levanta la venda para contar el dinero
Cuenta Heródoto la historia dramática de Sisamnes, un juez prevaricador del reino de Persia que, como castigo por haber aceptado un soborno y dictar una sentencia injusta, fue despellejado vivo y su piel usada para tapizar el asiento en el que había presidido los procesos y en el que, a partir de entonces, tendría que sentarse su hijo y sucesor, que de esa forma tendría muy presente cuáles eran sus obligaciones y lo que le esperaba si las incumplía. Por suerte, la ley no es tan sádica en nuestra época, pero eso ha cambiado más que el comportamiento de algunos magistrados, una minoría, por suerte, que siguen trucando su balanza y dejándose guiar por sus intereses, sus filia y fobias o su ideología. Cuando hablamos de que en sus máximos órganos de gobierno los hay progresistas y conservadores, ya estamos dejando ver que su modo de actuación tal vez no sea ecuánime, dependiendo de si investigan a alguien más o menos cercano a sus ideas políticas. Y cuando, una vez tras otra, tanta gente tiene la sensación de que hay acusados de primera y de segunda categoría, se entiende que la calidad de nuestra democracia empeora.
Del rey abajo, ninguno, se titula la obra más celebre de Francisco de Rojas Zorrilla, escrita en el siglo XVII pero ambientada en el XIV, durante el reinado de Alfonso XI. Hoy tendríamos que llamarla Del rey abajo, unos cuantos. ¿Por qué a José Antonio Griñán, del PSOE y en relación con los ERE de Andalucía, se le condena por lo mismo que se exonera a Esperanza Aguirre por la Gürtel y demás? ¿No hicieron, en todo caso, lo mismo: consentir o, al menos, mirar para otra parte, o no ser conscientes de lo que era su obligación saber y evitar que ocurriera? ¿Cómo lo que es delito en Andalucía no lo es en Madrid? Los casos de corrupción entre los jueces son preocupantes, lógicamente, porque parece el colmo de los colmos que quienes tienen que hacer cumplir el Código Penal se lo salten. El episodio más célebre es el de Luis Pascual Estevill, sentenciado por sus delitos en la Cataluña de Jordi Pujol, que entonces era un santo envuelto en una bandera y hoy ya sabemos quién y qué es. Está el asunto de Javier Gómez de Liaño, inhabilitado por su acoso injustificado al grupo PRISA. Y cuyos recursos fueron desestimados por los tribunales Supremo y Constitucional, aunque fue indultado por el Gobierno de Aznar con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años. Y luego tenemos a Baltasar Garzón, que más bien parece la víctima de un sistema que no quería que siguiese adelante con su proceso a la dictadura del funeralísimo. Si hay algo sagrado para quienes, en cualquier orden de la vida, se han ido de rositas, es su impunidad. Hoy día seguimos con manzanas envenenadas en el cesto de la Justicia. Está el juez Fernando Presencia, investigado por la Audiencia por difundir bulos contra sus antiguos compañeros, expulsado de la carrera, condenado dos veces por favorecer a sus amistades y sentenciado a dos años y dos meses de cárcel por denuncia falsa, a quien no se termina de parar los pies. Está el juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad documental, y pendiente de entrar en prisión desde hace más de doscientos cincuenta días, que asegura trabajar como abogado en el despacho de un exdirigente del Partido Popular de Canarias. Mientras el tiempo pasa, la prensa lo fotografía bañándose en las playas de la isla. Y está el juez García Castellón, aún en ejercicio, al que se considera tan permisivo cuando se trata de investigar diferentes tramas del PP, al que parece muy cercano y que le nombró en su momento para varios cargos en Europa, como imaginativo —por decirlo suavemente— a la hora de buscarle tres pies al gato de Unidas Podemos. Sobre él pesan sospechas de parcialidad y numerosas llamadas de atención a cargo de instancias superiores. Tanto, que le han reprendido y llamado al orden por llevar a cabo sobreseimientos precipitados o por no practicar diligencias necesarias. En su historial, no haber querido procesar a Augusto Pinochet o aparecer en las conversaciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como el juez al que quería encargar su caso por considerar que de esa forma saldría indemne. Su primera decisión fue rebajar la fianza que le habían puesto al hermano de González, implicado en el caso Lezo, de cuatro millones de euros a doscientos mil. La segunda, bajarle la suya a cuatrocientos mil para posibilitar que abandonase la cárcel en la que llevaba seis meses. También archivó la causa contra Juan Carlos I y las denuncias contra el presidente de Murcia, no hace casi falta decir que del PP, por su presunta implicación en la trama Púnica. Sus últimos empeños van encaminados a demostrar una financiación irregular de UP que, una y otra vez, es sobreseída por falta de pruebas o por resultar por completo inverosímil. En muchas de estas ocasiones da la impresión de que además de impartir injusticia se derrochan sus fondos: todo el mundo con dos dedos de frente sabía que la querella contra la ministra Irene Montero, ahora también archivada, era un disparate y una pérdida de tiempo, pero siguió adelante. ¿Cuántos otros asuntos de importancia podrían haber atendido los funcionarios y el juez obligados a dedicar trabajo y recursos humanos y económicos a semejante majadería? La respuesta está en el viento, decía Bob Dylan. En estos casos, me temo que está mucho más abajo, en esa región siniestra que hemos bautizado como “las cloacas”.
Acudir al Constitucional hace mucho que es un comodín sin coste para el PP. Tiene poco que perder, teniendo tanto soldado en el mismo. Cuando un recurso del PP no tienen visos de salir triunfante, simplemente no se resuelve y, si no, se resuelve cuando ya no significa nada
Acudir al Constitucional hace mucho que es un comodín sin coste para el PP. Tiene poco que perder, teniendo tanto soldado en el mismo. Cuando un recurso del PP no tienen visos de salir triunfante, simplemente no se resuelve y, si no, se resuelve cuando ya no significa nada
Hitskin.com
» Párrafos, textos, letras que me gustan.
» Venezuela, la oscura causa
» Un abogado contra la demagogia. (Videos)
» Eres estadounidense y puedes votar en EEUU, a quien votarias?
» Un poco de piano...
» Un minuto de baile:
» Cambia dos letras
» Mas música de Corea del Sur:
» Begoña Gerpe:
» Famous cheerleaders in Korea.
» El humor politico
» Qué estas escuchando?
» Un minuto con Roberto Vaquero:
» Buenas noches
» Música y danza de la India:
» Curiosidad sobre "La secta"!:
» Humor negro, (nunca mejor dicho):
» El teatro de Will. (Videos)
» Chorradas varias
» Como se le ve el plumero a TVE.
» Relaciona palabras
» Sustantivos y nombres propios en catalán.
» Israel y Palestina
» POESIA
» A hacer sudokus
» Wordle
» Nerdle
» Cambia tres letras
» Dice una monja: