En octubre de 2012, el presidente madrileño y corrupto de toda corruptibilidad, Ignacio González, presenta su primer presupuesto autonómico, la ley más importante de cualquier gobierno, y además, anuncia el proyecto estrella de la legislatura: impone un euro obligatorio por receta médica y confirma que se emprenderá la privatización de la gestión de seis hospitales públicos -incluidos sus centros de especialidades- y 27 centros de salud. Como respuesta a esta embestida neoliberal contra la sanidad pública del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, liderado por el pupilo (acá, "rana") de Esperanza Aguirre, nace veinte días después la marea blanca de sanitarios y defensores de la sanidad pública, hermana de la marea verde que lucha por la educación ídem. El euro por receta, un impuesto encubierto, es paralizado enseguida por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno de Mariano Rajoy, del mismo PP que González, así que imaginen cómo sería de disparatada la medida. Sobre el plan de privatización, se interesan varias empresas, que van como moscas a la miel al suculento negocio que es la salud de los madrileños. Entre tales empresas, está, por supuesto, Ribera Salud, que se hizo rica con la salud de los y las valencianas -sobre todo, pero no solo- y que no hace mucho, ha dejado tirados a varios hospitales concertados gallegos que le adjudicó el "buen gestor" Alberto Núñez Feijóo al venderse a un fondo francés sin avisar. Con la decisión privatizadora de González anunciada en 2012, quedan en el aire más de 3.000 empleos de sanitarios/as madrileños.
Fue en 2013, por primera vez, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paraliza el proyecto estrella de privatizaciones de González y de su consejero de Sanidad, cerebro auténtico de la operación, Javier Fernández-Lasquetty. Éste se viene arriba y garantiza públicamente que la privatización seguirá su curso, guste o no, y pese a las decisiones judiciales. Menos de un año después, en 2014, sin embargo, y con 15 mareas blancas arrolladoras y convocadas por el medio, el TSJM ratifica la suspensión cautelar de la privatización sanitaria pidiendo que se investigue hasta el último movimiento y alegando que los trabajadores de los centros pueden sufrir "perjuicios irreparables". Tres horas después de hacerse pública la decisión judicial, González anuncia que se frena su proyecto estrella privatizador definitivamente y la salida del Gobierno autonómico de Fernández-Lasquetty. Con estos precedentes, es evidente que lo que está ocurriendo en estos momentos en la Comunidad de Madrid con la sanidad pública no es un fallo de gestión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, sino el deseo político de asfixiarla retorcidamente para poder llevar a cabo el proceso privatizador que frenaron los tribunales cuando se pretendió ejecutarlo directamente y sin complejos. Se ha repetido hasta la saciedad, pero no por ello hay que dejar de recordarlo: ustedes pueden llamar a la presidenta madrileña incompetente y otros términos similares, pero la frialdad de sus recortes y de sus declaraciones partidizando las protestas sanitarias y ciudadanas demuestra claramente que sabe muy bien lo que hace. Y no es, ni más ni menos, que aquello que le dicta el cerebro neoliberal de su Gobierno, el mismo que el de Aguirre, el mismo que el de González: Javier Fernández-Lasquetty, un hombre de la órbita de José María Aznar, exsecretario general de FAES, madrileño del Barrio de Salamanca y del colegio de Nuestra Señora del Pilar (como el propio Aznar) ... y actual consejero de Hacienda, Economía y Empleo del Gobierno Ayuso. La privatización de la salud pública madrileña solo es, pues, Fernández-Lasquetty sacándose la espinita de 2014. Y lo está consiguiendo.
Esta madrugada de jueves a viernes han venido los reyes republicanos (los que nos regalan cosas en vez de robárnoslas) y de Juan Carlos I emérito no hemos sabido nada; y eso que este 5 de enero cumplía 85 años y desde ámbitos juancarlistas (me consta que quedan bastantes aún), se insinuaba -supongo que más por deseo que por convicción- que el Borbón campechano podría pasar esta señalada fecha en España. De hecho, he leído y oído en varios medios que si el rey sénior no visita nuestro país, es porque el malvado Gobierno socialcomunista-bolivariano-etarra-satánico no le deja. La única constancia que existe en este sentido, más allá de que deba exigírsele a cualquier político/a con un mínimo de sentido común, es que Pedro Sánchez ha dicho públicamente que el emérito debe dar explicaciones sobre todo lo que se ha publicado y certificado judicialmente sobre sus negocios, mordidas y otras componendas financieras ilegítimas e ilegales para usted y para mí, no para él. Esta declaración del presidente, en todo caso, roza la ingenuidad, porque lo de Juan Carlos de Borbón ya no tiene remedio: no puede explicarnos que durante 40 años, se pasó la ética y las leyes por el forro del trono y utilizó las herramientas del Estado para cubrirse las vergüenzas, obviamente, con la complicidad de las sucesivas cúpulas de ese mismo Estado situado bajo su corona corrupta. Está todo probado, no hay nada que hacer y por eso su hijo Felipe VI no quiere que su padre venga a España -se hizo una prueba de visita a Sanxenxo (Pontevedra) y fue un desastre de escándalo cutre y soberbia regia-. No se trata de Sánchez ni de Unidas Podemos, se trata del actual jefe de Estado y creo que las imágenes de los funerales de Isabel II, donde Juan Carlos se sentó junto a Sofía, su hijo y la reina Letizia en la abadía de Westminster, ya fueron bastante elocuentes en septiembre.
"Antes que padre es rey", decían de Juan Carlos cuando saltó el caso Nóos, que acabó con su yerno Iñaki Urdangarin en la cárcel y su hija Cristina, infanta, sentada en el banquillo. Luego supimos que tan rey era que utilizó todas las artimañas posibles para tratar de evitar la imagen de la infanta ante el juez y, no digamos, su condena. "Antes que hijo es rey", dicen ahora de Felipe VI con respecto a su padre cuando se plantea siquiera en voz baja el regreso del emérito por pura cuestión de humanidad (85 años) y porque admiten que la muerte de Juan Carlos I en Abu Dabi sería un problema aun mayor para la Casa Real: es imposible justificar una medida tan medieval como la expulsión del emérito con la perspectiva democrática del siglo XXI, aunque hablemos de una institución tan obsoleta como la monarquía. Juan Carlos I ha tratado de zanjar el asunto diciendo que se instala en Emiratos Árabes, aunque pretendía venir a España de vez en cuando. Y que nadie vea un acto de generosidad de un padre con su hijo o con la institución monárquica en esta acción, sino la necesidad de proteger en un Estado offshore una fortuna oculta obtenida, como mínimo, ilícitamente durante su Jefatura de Estado y después. Con el dinero a buen recaudo bajo el manto de sus amigos los jeques, el aún rey pretendía darse la vida padre (sic) en España, pero el juicio por acoso a su examante Corinna Larsen en Londres y las declaraciones de ésta en un podcast, han vuelto a confirmar que lo del emérito no tiene remedio y que, en este momento, el único regreso que se contemplaría sería por razones de salud irremediables. Es lógico, si Felipe VI pretende recuperar algo del mermado prestigio de una institución imposible salvo para quienes asocian sus propios privilegios a que la Corona se mantenga en pie. Decir que Sánchez y su corte del infierno (el Consejo de Ministros y los socios parlamentarios) bloquean la visita del rey emérito a España es como asegurar que Juan Carlos I estaba realmente arrepentido cuando pidió perdón a las y los españoles en la puerta de su habitación de hospital tas la cacería y caída en Botsuana: un delirio. Los republicanos, las republicanas, los progresistas y las demócratas estamos deseando que Juan Carlos I vuelva a España, y no solo por cuestiones humanitarias: creo que poco haría más por la caída de la monarquía que su regreso, y no con los pies por delante, sino vivito y coleando (con perdón). Froilán no puede hacerlo todo solo.
Tuberculosis: "Enfermedad del hombre y de muchas especies animales producida por el bacilo de Koch. Adopta formas muy diferentes según el órgano atacado, la intensidad de la afección, etc. Su lesión habitual es un pequeño nódulo, de estructura especial, llamado tubérculo". Definición de la Real Academia Española (RAE) para la enfermedad que aqueja a las vacas castellano y leonesas, que se contagia a los humanos y para la que Vox considera que no se deben imponer medidas de salud pública, porque "llevamos muy al extremo la salud pública", según Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura y Ganadería (Vox) de Castilla y León. La genialidad del apelativo del acuerdo alcanzado entre PP y Vox en el País Valencià para gobernarla no es mía, sino de Pablo Batalla y me llegó vía el compañero Alejandro Torrús. Cuando vi grosso modo la definición de la enfermedad, compré inmediatamente la expresión para encabezar este artículo: ya tenemos a la ultraderecha (la "enfermedad", el "bacilo", el "tubérculo",...) instalado en País Valencià, un territorio arrasado por la corrupción del Partido Popular de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y la Gürtel, pero que un día de 2015 dio la vuelta a esta situación votando al que sería el primer acuerdo entre fuerzas progresistas. El Pacto del Botànic antecedería al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para gobernar el Estado. Ocho años duró la memoria de la corrupción en los votantes del PP que le habían retirado el apoyo y en los votantes de izquierdas que decidieron fumarse la urna el pasado 28 de mayo y optaron por permitir un gobierno del PP y Vox, que en realidad, siempre estuvieron ahí.
Este martes, el líder de Vox en la comunidad, condenado por violencia machista, anunció una alianza con el PP que, pese a los aspavientos de Borja Sémper, estaba cantada en el País Valencià, como en Castilla y León en marzo de 2022, y como en Elche, donde ya deben de estar rezando para salvar una cruz franquista por indicación de su teniente alcaldesa Aurora Rodil; o en los más de 130 ayuntamientos donde el partido de Alberto Núñez Feijóo puede gobernar gracias a la extrema derecha, a los negacionistas de la violencia machista, de la igualdad, de los derechos humanos o de la emergencia climática: este mismo martes, el líder de Vox, un Santiago Abascal venido arriba (sus razones tiene) anunció en redes, sin complejo alguno, que hay que retomar la explotación de los recursos en España y derogar "la Ley Climática" para volver "a ser dueños de nuestro suelo y de nuestra riqueza natural". Por eso, sus consejeros/as y concejales están pidiendo las carteras autonómicas y municipales con competencias en medioambiente o agricultura; el mismo día que sabemos que las reservas hídricas están a 20 puntos por debajo de la media de los últimos diez años (47,4%) y no se recuperan pese a las lluvias de estos días debido al gasto salvaje de agua para los regadíos, sumados a los campos de golf, los parques acuáticos,... y todas esas cosas relacionadas con el negocio de unos pocos y la desgracia del planeta y el país, aparte de la precariedad de las infraestructuras, cuyas mejoras, según el Gobierno, no se han hecho en muchos territorios pese al trasvase de fondos para ello. "Educación" (sin la sexual, por supuesto, ni la de lenguas españolas que no sean el castellano; religiosa, sí), "Familia" (heterosexual, casada con hijos, mejor si son muchos/as), "Agricultura" (más regadíos, más macrogranjas, más explotación de la tierra, más caza ...), "Asuntos Sociales" (primero, los españoles blancos heterosexuales; después, las españolas ídem y el resto, nada) ... Éstas son las áreas que quiere Vox, que está negociando con el PP y que éste le está cediendo gustosamente a cambio del poder. El programa acordado por PP y Vox en País Valencià parece un chiste, pero no se confundan, que son perfectamente conscientes de la nada que supone ese texto de cinco puntos donde "la sanidad" se reforzará con "sanidad", por ejemplo. Un delirio para que nos quedemos en las risas y hacer lo que les dé la gana, esto es, ampliar e intentar ganar la guerra cultural fascista que han emprendido con la colaboración gustosa del Partido Popular: más trumpismo, más machismo, más racismo, más aporofobia, más xenofobia, más homofobia, más evangelismo, más intransigencia, más clasismo, más desigualdad, menos libertad de prensa, de expresión, nula diversidad lingüística, sexual o territorial... Sin derechos humanos, bienvenidos/as a la nueva/vieja Europa: la nada.
Es una pregunta retórica, y seguramente ya conozcan la respuesta. La semana pasada se difundió masivamente el terrible caso de Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib, detenidos como violadores en serie en 1991 y condenados porque el tribunal que los juzgó no consideró correctamente la prueba pericial de semen que demostraba su inocencia y que ahora, más de 30 años después, ha servido para que el Tribunal Supremo confirme una vez más -lo hizo en 1997 con una de las violaciones- la inocencia de Tommouhi y Mounib. El primero no salió de la cárcel hasta 15 años después, en 2006, el segundo murió en ella de un infarto y tras varias huelgas de hambre para exigir su puesta en libertad. Todo fue un desastre en este caso, incluyendo las dieciséis violaciones que quedaron sin culpable, porque tras el error descomunal de un tribunal de la Audiencia de Barcelona, presidido por la hoy ministra de Defensa, Margarita Robles, vinieron las incomprensibles dilaciones que tuvieron a Tommouhi tres lustros en la cárcel y que mataron de falsa culpabilidad a Mounib. Hubo después un culpable de varias violaciones, un cómplice constatado y nunca hallado y varios ciudadanos comprometidos con la causa de los dos inocentes, como cuenta uno de ellos, el periodista Braulio García Jaén en la crónica escalofriante publicada el pasado domingo en El País y que había denunciado el caso de Tommouhi también en Público, en 2010, en un reportaje titulado "Ahmed Tommouhi, el punto ciego de la Justicia española". Y tanto.
La noticia sobre el segundo reconocimiento de la inocencia de Tommouhi por parte del Tribunal Supremo la conocimos la semana pasada; que el tribunal que lo condenó en Barcelona lo presidía una ministra actual del Gobierno de coalición progresista viene de lejos. Sin embargo, la responsabilidad de Robles en este asunto ha pasado de puntillas, con apenas un tuit relevante del omnipresente Esteban González Pons (PP), perdido en la compulsión frenética de Twitter. Tal vez se me escape alguna reacción más, pero en general, me ha sorprendido mucho el silencio disimulado, por ejemplo, de quienes pedían noche y día, semana a semana, mes a mes ... la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por una ley con un fallo en el diseño de las condenas del que fue asimismo responsable un ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que hoy es magistrado del Tribunal Constitucional como cortesía por su error. ¿Qué ha podido pasar en este país de hiperventilados furibundos, tan preocupados por que a unos condenados se les reduzcan las penas unos días, meses, algún año y en cambio, cuando un inocente pasa 15 años en la cárcel, otro se muere en ella y varias mujeres siguen sin poder poner cara a su violador por un error de primero de juez, no se pida apenas la dimisión de Robles? En algún sitio he oído, incluso, algo así como que pobre ministra, bastante tiene con cargar con la culpa, como si eso fuera incompatible con asumir estrictamente la responsabilidad por un hecho tan lamentable: nadie dice que lo hiciera a propósito, pero lo menos que puede hacer es pedir disculpas públicas a dos inocentes, uno muerto, e irse; ya queda muy poco de legislatura. La cultura penal (mejor inocentes encarcelados que culpables libres), xenófoba y clasista de este país (los inocentes eran migrantes marroquíes sin riqueza), que tanto se han trabajado las derechas (no solo partidistas) y que regresa ahora con fuerza al modo trumpista, se ha visto perfectamente reflejada en este caso, un escándalo que apenas ha tenido repercusión en la clase política, muy consciente de que es un tema muy incómodo para todos los partidos. Todas, menos el puñado de gente que estuvo al lado de Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib, hemos llegado tarde a este caso cruel de incompetencia judicial, primero, y de dejación administrativa después. Lo menos que debemos exigir es que alguien que ocupa hoy una alta representación en el Estado asuma ejemplarmente su responsabilidad por haber arruinado, como mínimo, la vida de dos inocentes. ¿Cómo es posible tanta querencia a los cargos en este país, que nuestros/as políticos siguen siendo incapaces de dimitir aun en lo más obvio?
El nivel de la (ultra)derecha para sortear una condena explícita de la violencia que se ha vivido en Madrid estos días, en un intento antidemocrático de abortar la posibilidad de que se reedite la coalición de Gobierno progresista -que éste y no otro es el motivo de los violentos y sus instigadores: saltarse las normas básicas del parlamentarismo porque solo pueden gobernar los suyos, PP y Vox- ha alcanzado cotas clamorosas de humor surrealista. El “yo condeno, pero…” de los dirigentes del partido de Alberto Núñez Feijóo, él incluido, nos lleva estos días a la mítica frase de Tarradellas: “En política es pot fer tot, menys el ridícul”, ya saben, “En política se puede hacer de todo menos el ridículo”. Efectivamente, tras los tuits del presidente del PP y de su equipo culpando al protagonista contra el que iban las concentraciones, Pedro Sánchez, de ser violento consigo mismo (en idioma machirulo, como lo de “llevabas la falda tan corta que te violaron”), la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó y mandó callar con una condena contundente en la Asamblea a los altercados y una crítica igualmente dura contra separatistas-etarras-bolivarianos- socialcomunistas-satánicos. Isabel Díaz Ayuso, no sabemos -aunque sospechamos- si por fastidiar a Feijóo o porque realmente estaba preocupada, dejó a su líder y su séquito del “condenamos, pero…” a la altura del ridícul. Faltaban, no obstante, los prebostes del despropósito para culminar unas jornadas lamentables para la democracia, que han sacado de sus cavernas a los neandertales franquistas, nazis y otras especies nauseabundas, liderados y espoleados por Vox y, escondido detrás de Abascal, también por el PP. El alcalde de Madrid, que en su “condeno, pero…” quiso meter otro clásico, el “y tú más”, se hizo las neuronas un lío y propuso comparar los altercados en Madrid con los de Barcelona ocurridos tras dictar el Supremo la sentencia contra el procés. A Almeida solo se le ocurrió decir esto: “En Madrid somos (¡!) bastante más civilizados que eso que pasó en Barcelona en 2019, mientras cuantificaba los destrozos de los ultras en tres contenedores y cinco cubos de basura. “Son 2.000 euros y serán repuestos hoy”. ¿Qué pensarán los agentes heridos, los civiles ídem, los dueños y dueñas de motos carbonizadas, de coches apaleados…? ¿Habrán votado a Almeida en mayo? ¿Lo seguirán haciendo? Mi curiosidad respecto a esto es tan infinita como mi ignorancia sobre qué puede pasar por la cabeza del alcalde cuando se le ocurren estas cosas.
Dejo para el final la parte zafia del asunto, que viene de Vox, por supuesto, porque siempre se superan: cuando creemos que ya no pueden ser más miserables, vuelven con otra peor que la anterior. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, un habitual de estas páginas, tuvo a bien insultar a dos procuradoras de las Cortes del PSOE autonómico haciéndoles el gesto de una felación mientras hablaban. Juan García-Gallardo dice que hacía el gesto de llorar, porque los del PSOE “son unos llorones” y porque todo el mundo sabe que la forma en que se simula una mamada es la misma que aquella con la que se retrata al llanto de los ojos. Poco lloran, desde luego, los socialistas por tener que debatir a diario con semejante insulto a la inteligencia de todas. Mi admiración la tienen, qué paciencia…
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