JOAN CANELA@JOANCANELA

"No pedimos nada que no esté incluido en el Estatuto del 2006 y, de hecho, se trata de una reforma de la Constitución meramente técnica, prácticamente podríamos decir que es una corrección de un error", explica José-Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians, una entidad que hace años que trabaja incansablemente para recuperar la capacidad de los valencianos de regular sus relaciones jurídico-privadas.

Esta reforma constitucional –en concreto su Disposición Adicional Segunda, que garantiza los derechos históricos solo para los territorios forales- se encuentra ampliamente avalada y demandada por una mayoría política y social valenciana, con el apoyo de 539 de los 542 municipios, así como los colegios profesionales, sindicatos, patronales y otras entidades de todo tipo. Pero no parece que esta sea una prioridad en Madrid. A finales del 2018, 90 de los 99 diputados de les Corts –todos los partidos con representación en aquel momento excepto Ciudadanos- aprobaron una propuesta de ley para instar a esta reforma, pero desde entonces todavía no se ha avanzado.

Por eso, la Associació de Juristes Valencianes ha hecho pública una Carta Abierta a Ximo Puig donde se conmina al presidente valenciano a impulsar de una forma definitiva esta reforma constitucional que "permita solucionar la actual pérdida competencial que sufrimos los valencianos, puesto que de forma efectiva no podemos aplicar siete artículos y una disposición transitoria de nuestro estatuto", detalla Chirivella. La carta ha sido firmada por más de 300 personas de los ámbitos sociales, políticos y académicos más variados, como Rubén Martínez Dalmau, exvicepresidente valenciano, Joan Ribó, alcalde de València, Josep Lluis Albinyana, presidente del Consell Preautonòmic, Ángela Coquillat, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados o Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana.

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Casi todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, gobernados por diferentes signos políticos, apoyan reformar la Constitución Española para poder recuperar el derecho civil valenciano. Son 539 los municipios que lo han aprobado y solo faltan 6: Villahermosa del Río y Lludient (en l’Alt Millars), Cofrentes y Jarafuel (en el Valle de Ayora) y Fondó de les Neus i Aigües (Vinalopó Mitjà y l’Alacantí).


¿Qué es el derecho civil?
El derecho civil es el que permite a las Comunidades Autónomas legislar aspectos cotidianos como la separación de bienes en un matrimonio o la custodia compartida de los hijos en caso de separación. Todas las que tenían fueros propios cuando entró en vigor la Constitución disfrutan de esa competencia: Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Catalunya e Islas Baleares.

Se trata, por tanto, de un asunto que afecta a diario a muchas personas en la Comunitat Valenciana, aunque como individuos, solo les toca unas pocas veces en la vida: en caso de boda, de separación o de herencias.

Por ejemplo, si dos personas se casan y quieren hacer separación de bienes, tendrían que ir al notario y pagar unos 100 euros para aplicarlo, ya que en el Código Civil español rige el régimen económico matrimonial de gananciales.

Eso no significa que el derecho civil valenciano, en caso de aprobarse, aplicara la separación de bienes por defecto. Supondría, ni más ni menos, que Les Corts Valencianes, como órgano legislativo de la Comunitat Valenciana, tendrían la capacidad de determinar cómo sería en esta autonomía. Es decir, mayor capacidad de autogobierno.


Fuente: La Vanguardia.  RAQUEL ANDRÉS DURÀ VALÈNCIA