Uno de tantos que está tan cómodo siendo el favorito a cambio de docilidad y que cuando pide algo al aparato de Vox Central es tachado por otro más agradecido y amaestrado . Pedirles cosas a Vox central no es dinero, privilegios o algo malo sino simplemente tener capacidad de decisión en el ámbito local. Y eso no está permitido...
"A días de las elecciones municipales y entre acusaciones de «prácticas mafiosas», el que ha sido portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel Antón, anuncia su marcha del partido y su apoyo al proyecto político de Macarena Olona.
Una decisión que ha dado a conocer en una rueda de prensa, en la que ha señalado directamente al presidente de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, de «dictador», elegir «a dedo» a todos sus cargos y llevar a cabo prácticas que «infringen muchos de los derechos básicos fundamentales».
Quien fuera el responsable de Educación en el Consejo Político de Vox entre los años 2014 y 2018, ideólogo de la censura parental que planteaban como defensa ante «profesores totalitarios e ideologizantes» en la escuela pública, deja el partido al que ha representado en el Ayuntamiento de Guadalajara durante la última legislatura."
Ya digo que como este hay decenas de casos iguales y que en Vox local /municipal ya sabes a qué atenerte. No vas a dar el gran salto a Madrid y te toca ser obediente.
Un concejal de Vox de València denuncia ante la Fiscalía al partido de Abascal por financiación ilegal, malversación y banda criminal
“Por medio del presente escrito pongo en conocimiento del Ministerio Fiscal una serie de hechos para que, estudiados y contrastados, y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, proceda a la práctica de cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de las conductas que se exponen, que indiciariamente podrían ser constitutivos de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal”. Así comienza la denuncia que este viernes ha formulado ante la Fiscalía Anticorrupción el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Vicente Montañez, a la que ha tenido acceso elDiario.es.
El documento de 10 páginas relata cómo el partido que dirige Santiago Abascal, tras las elecciones de 2019, trató de articular un mecanismo para absorber las aportaciones económicas que reciben los grupos parlamentarios y municipales de las diferentes cámaras autonómicas y ayuntamientos.
Tras poner de relieve que el grupo municipal de València (como los del resto de los ayuntamientos más importantes) recibió una circular con el procedimiento a seguir para transferir los ingresos al partido y que, tras realizar la pertinente consulta con los servicios jurídicos municipales, se negó al ser un procedimiento contrario a derecho, la denuncia explica que se citó a los diferentes diputados y concejales a una reunión virtual que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2020. Montañez relata con todo lujo de detalles la mencionada reunión e incluso aporta como prueba los audios de la misma. En ella, el gerente de la formación de extrema derecha, Juanjo Aizcorbe, y el secretario general, Javier Ortega Smith, solicitan a los diputados y concejales que transfieran al partido la subvención de los grupos municipales o parlamentarios como convenios de colaboración. Según la denuncia, en el encuentro, Aizcorbe explica que en 2019 se perdieron las subvenciones a los grupos municipales, y que con las devoluciones de las cantidades no gastadas “no ha salido beneficiado ni el proyecto político de Vox ni el ciudadano”. Esto es lo que pone en marcha la búsqueda de una fórmula de “financiación de los partidos políticos” (en clara alusión a Vox) con las aportaciones de los grupos municipales y los grupos parlamentarios. Así mismo, reconoce que en los grupos parlamentarios ya se han suscrito los convenios de colaboración a “través de los cuales recibe el partido unos ingresos que vienen de los grupos municipales y parlamentarios y tienen la contrapartida de unos servicios”. Y luego, siempre según la denuncia, reconoce que “el dinero que se perdió el año pasado que no fue al partido y que sí que fue a las instituciones”. Esto supone claramente, según el denunciante, un interés de articular un mecanismo para vaciar las arcas de los grupos municipales en beneficio de la financiación del partido político, “siendo esto un claro ejemplo de financiación ilegal de partidos”. Para finalizar, manifiesta en dicha reunión Javier Ortega Smith: “Los convenios ayudarán a reforzar nuestro equipo municipal”. Y añade: “Tenemos cifs diferentes, somos un único proyecto…”. Por eso, refrenda y respalda la propuesta y anima a firmar los convenios de colaboración, ya que hay que ser conscientes de que todo “cuesta dinero, y que todos nos hemos acostumbrado a que vienen unas elecciones y tenemos un equipo de comunicación que diseña una campañas…. pero todo eso no cae del cielo, todo eso por lo que cada uno es concejal viene dado por una estructura nacional”. Ortega Smith deja caer que ha de pagarse desde los grupos municipales, “lo que a todas luces podría ser una malversación de caudales públicos”, dice la denuncia. “De lo expuesto anteriormente, se desprende que Vox establece un claro entramado para malversar fondos públicos procedentes de los grupos municipales, de una forma organizada (participando de forma activa sus máximos dirigentes), con la utilización de malas artes orientadas a engañar y extorsionar con la no pertenencia o lo que sería peor, con no contar en el próximo mandato con aquellos que no estén dispuestos a someterse a la comisión de los presuntos delitos”, reza el documento presentado a la Fiscalía. Además, Montañez afirma en la denuncia que “tras las reiteradas negativas del denunciante a participar en las continuas llamadas por parte del Área de Coordinación Intermunicipal (ACI) y sus responsables por indicaciones expresas de la cúpula del partido Vox en distintos modelos de financiación ilegal del partido, ha sido acosado y humillado en privado y públicamente y avisado en numerosas ocasiones que, de no colaborar, el partido no contará con él para las próximas listas”. A continuación, el documento pone de relieve que, como informó elDiario.es, el 6 de octubre de 2022 la dirección del partido remite una factura de 8.239 euros para que se sufrague desde el grupo municipal de València “por servicios que no habían sido ni solicitados, ni prestados, ni presupuestados en ningún momento”. Por tanto, según la denuncia: “Dado que ningún servicio al amparo de los convenios ni de esta asignación de costes había sido realizado, ni existía soporte documental alguno, no podía ser dispuesta la asignación por parte del partido político Vox, situación que como he demostrado era conocida por todos los miembros implicados de la organización y se pretendía, mediante el engaño y la presión, hacerme incurrir en uno o varios ilícitos penales, bajo el chantaje de no seguir en próximas listas”.
La denuncia recoge otro ejemplo de estas prácticas en Alzira: “Informado por compañeros de otras poblaciones como es el caso de Alzira, me facilitan documentación probatoria de que la asignación de los grupos municipales se estaba malversando para el pago de sedes del partido político, bajo la amenaza a los concejales de no contar con aquellos que no participaran en la financiación de las sedes. Un ejemplo es el de la sede de Alzira, donde aportamos como documento el contrato de arrendamiento suscrito el 12 de junio de 2020 [...] por importe de 3000 euros anuales”. Por todo lo expuesto, Montañez pide a la Fiscalía por medio de la denuncia que “se sirva admitirlo, dicte decreto de apertura especificando los hechos a investigar, las identidades de las personas investigadas y la calificación jurídica, sin perjuicio de ulterior calificación y tramitado todo que sea de oficio, practique cuantas diligencias de Investigación procedan y finalmente interponga ante el Juzgado competente las acciones legales que correspondan para la depuración de las responsabilidades penales si existieren”.
No es el primero que les acusa de llevarse todo el dinero de sus grupos municipales...Será que la famosa Fundación se lleva más de lo que debería del presupuesto.
Lo de la tuberculosis y el descontrol en Castilla y León que comentaba se está desmadrando. El tema es que los seguidores de Vox no saben de qué se trata , están en sus movidas mentales ajenas a la realidad y de ahí no bajan. Te hablan de "estar en contra de la Agenda 2030" y de "·falsas banderas del Psoe" porque no quieren informarse de NADA. Eso sí, la violencia les fascina, he comprobado, y la justifican. "Olé sus huevos" , dicen algunos. Contra esto no hay ninguna solución. Bueno, un puto corral tal vez.
Sentado ante los medios, responde a una periodista que le pregunta: “la ecografía en 4D ¿en qué semana se haría?” Él, nervioso, rebusca entre sus papeles, levanta la mirada y sin disimular, con media sonrisa dice: “ese dato no lo tengo, pero seguro que dentro de poco lo podemos aclarar”. Es evidente que no sabe de qué está hablando, pero sin mostrar ni un ápice de pudor vuelve a reírse y afirma: “yo es que no sé mucho de embarazos”.
No sabe mucho de embarazos, pero en ese momento Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, anuncia que lo mejor para disuadir a una mujer que quiere interrumpir la gestación es mostrarle una ecografía del feto o hacerle escuchar su latido. El político de Vox no sabe mucho de embarazos –y tampoco muestra ninguna intención de ocultarlo– pero en ese momento se ve capacitado para presentar una serie de medidas antiabortistas que quiere implantar en la región en la que gobierna junto al Partido Popular.
Ocurrió en enero y su artimaña política no salió adelante, pero visto con distancia, el peaje a pagar ha sido alto. Porque la ultraderecha consiguió introducir en el debate político y social la posibilidad de cuestionar los avances en igualdad adquiridos por las mujeres. Es la estrategia que han seguido desde que llegaron a las instituciones: hacer del antifeminismo su seña de identidad. Nunca está de más recordar que Vox es un partido que niega la violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los del colectivo LGTBI, que quiere implantar el pin parental o que tiene un discurso abiertamente racista y xenófobo. A pesar de este argumentario negacionista y retrógrado, que cruza todas las líneas rojas en cuanto a derechos humanos se refiere, el partido de ultraderecha es uno de los grandes vencedores de las elecciones. Tras el 28M, el mapa de España se ha teñido de azul. El Partido Popular ha arrebatado el poder autonómico y de grandes ciudades a la izquierda. A la vez, Vox se ha consolidado como la tercera fuerza política y es más que probable que se convierta en la llave que abrirá la puerta a la gobernabilidad en municipios y regiones ya sea como apoyo o como socio de coalición. Por eso, el resultado electoral es especialmente preocupante, porque es ahí, en ese escenario local y autonómico, donde más margen de maniobra hay para combatir las violencias contra las mujeres o el colectivo LGTBI. Santiago Abascal repite desde hace días un mensaje: no harán regalos ni aceptarán chantajes. Ahora, falta por ver cómo recogen el guante los populares, conscientes también de que visibilizar esa relación de dependencia con la extrema derecha puede molestar a parte de su electorado. El tiempo juega en su contra: las negociaciones les pillarán en plena campaña electoral para las generales. Una de las primeras plazas donde tendrán que posicionarse será en la Comunitat Valenciana, en la que el candidato de extrema derecha, con el que tienen que pactar, está condenado por perseguir hasta en 21 ocasiones a su exmujer insultándola y amenazándola. Lo hizo en su domicilio, en la calle y en el colegio de sus hijos y llegó a decirle: "te voy a estar jodiendo la vida hasta que te mueras". El discurso de Vox es más directo y no tiene filtros, pero en ocasiones, el PP lo comparte, aunque de forma más sutil o simbólica. No hay que olvidar que fue Ayuso la que nos ridiculizó, llamándonos malcriadas por defender que queríamos volver sanas y salvas a casa o que Almeida se ha negado a colocar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid. Desde el domingo, ambos tienen mayoría absoluta. Con el nuevo e inesperado giro de guion anunciado por Sánchez volveremos a las urnas en poco menos de dos meses. Y aunque, como ya proclaman algunas voces, las propuestas de la izquierda no deberían reducirse solo a ser muro de contención de la ultraderecha, lo cierto es que hay mucho en juego. Tanto como que un partido que alardea de desconocer nuestros derechos sea el que decida sobre nuestras vidas.
Violencia de género, División Azul y Hazte Oír: los nuevos líderes de Vox de los que depende el PP
¿Resultaría chocante incorporar a uno de los 17 gobiernos autonómicos de España a alguien que en 2002 fue condenado por violencia psíquica contra su mujer, a la que llamó “ladrona” y “puta” y a quien amenazó con un “te voy a estar jodiendo toda la vida”? ¿Entendería un turista que elaborase leyes alguien que elogia el 18 de julio, inicio del Alzamiento franquista, al definirlo como “la efeméride más importante de la historia contemporánea de España”? ¿Tendría sentido que adquiriese rango de gestor de altura quien califica de [url=https:// https//www.laverdad.es/lospiesenlatierra/noticias/menor-historia-derechos-20220921134947-nt.html]“ley comunista”[/url] la aprobada en el Senado por 230 votos frente a 30 abstenciones y tres votos negativos para proteger el degradado Mar Menor? Y otra pregunta más: ¿sería admisible que en la mesa del consejo de gobierno se siente un político partidario de tirar a la basura la Agenda 2030, la tabla de 17 objetivos de desarrollo sostenible trazado por la ONU?
Las cuatro preguntas que abren este texto se sustentan en el caso real de otros tantos dirigentes políticos que el 28 de mayo encabezaron en sus respectivas comunidades la candidatura de Vox y obtuvieron un acta de diputado. Salvo viraje extraordinario, es en sus manos y en las de otros electos de la formación ultraderechista que concurrieron a los comicios autonómicos o municipales está hoy la llave que necesita el PP para abrir la puerta del poder en cinco comunidades y 15 ciudades de relevancia.
Las cinco comunidades son la valenciana, Baleares, Murcia, Aragón y Extremadura, aunque la líder del PP en la región aún presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara asegura que no gobernará con Vox; a la lista anterior podría sumarse una sexta, Cantabria, pero el PRC, el partido del hasta ahora presidente, Miguel Ángel Revilla, se ha abierto a facilitar con sus votos que los de Alberto Núñez Feijóo gobiernen en solitario sin coaligarse con Vox. Entre las ciudades donde el cambio de siglas del poder depende de una alianza –bien para formar gobierno, bien para que Vox se abstenga– figuran Sevilla, Segovia, Palma, la murciana Cartagena o las madrileñas Alcobendas y Móstoles. El condenado por violencia de género mencionado en el primer párrafo es el valenciano Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional, admirador del ultraderechista presidente de Hungría, Viktor Orbán, candidato en 1982 de la ya extinta y entonces temible Fuerza Nueva, admirador también del “fascinante” José Antonio Primo de Rivera y jefe de un Vox que ya ha amenazado en su cuenta oficial de Twitter con darle la patada a un programa informativo de la televisión autonómica, À Punt. “Aprovechad lo que os queda en el convento, que os vamos a cerrar”, se lee en el mensaje del 23 de abril. El que se da por seguro como futuro presidente valenciano, Carlos Mazón, líder del PP en la comunidad levantina, trata desde el cierre de las urnas de marcar distancias con Vox hablando de un posible gobierno en minoría. Pero los números no han variado desde el domingo: de los 99 escaños de la Cámara autonómica, el PP ocupa 40, a diez de la mayoría absoluta. Y Vox –13 diputados– ya ha anunciado que no está dispuesto a regalarle la investidura.
El "chiringuito" balear del que cobró su candidato
Próximos a Flores Juberías no solo en lo ideológico sino también en lo territorial, otros dos cabezas de Vox, el balear Jorge Campos y el murciano José Ángel Antelo, actuarán en la nueva legislatura autonómica como muletas o socios del PP en ambas comunidades. Aunque Santiago Abascal repite que Vox no aceptará “chantajes” ni le hará “regalos” a nadie –o sea, al PP–, habrá que esperar al resultado de las generales de julio para, con independencia de los plazos, saber qué ocurrirá en las nuevas legislaturas del ámbito autonómico y del municipal. Y aquí, inciso sobre chantajes y regalos al margen, aparecen las similitudes entre el candidato valenciano y el balear. Jorge Campos nació en 1975. Y por tanto, es imposible que militase en Fuerza Nueva (FN), que se disolvió en 1982. Pero Campos sí consta como el creador una fundación nacional de extrema derecha que se publicitaba como FN Círculo Balear. Firme defensora del monolito palmesano erigido en homenaje al crucero Baleares –uno de los barcos que en la Guerra Civil provocaron la masacre de La Desbandá, la huida masiva de civiles de Málaga que pretendían alcanzar Almería–, la fundación se reconvirtió en partido autónomo y finalmente se fusionó con Vox. Entre los éxitos de Campos se cuenta la condena de tres años y medio de prisión para el rapero Valtònyc por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas por el contenido de algunas de sus canciones. En una de ellas introdujo lo siguiente sobre Jorge Campos: que “merece una bomba de destrucción nuclear”. Bajo promesa de cerrar “miles de chiringuitos” y famoso en las islas por insultos como el que en febrero dedicó a la todavía presidenta del archipiélago, la socialista Francina Armengol –la acusó de crear “una legión de garrapatas” del erario público como ella misma- , Campos arremetió en 2019 contra la fundación pública de la que él mismo había sido gerente entre agosto de 2011 y mayo de 2012 bajo el gobierno del PP. En aquellos 10 meses cobró 51.469 euros de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Baleares, tal como desveló eldiario.es. Campos es abogado, ha sido colaborador de la fundación de Aznar, FAES, y de Denaes. La segunda es la que impulsó Santiago Abascal antes del nacimiento de Vox y cuando aún seguía en las filas del PP. Más abajo, y en la costa peninsular, el líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, es quien considera una “ley comunista” la que, con rango estatal, protege el contaminado Mar Menor. Antiguo jugador de baloncesto, el discurso ambiental de Antelo sigue con pulcritud las normas del negacionismo. En una entrevista concedida en la recta final de campaña a La Opinión de Murcia, lanzó el aviso cuando el periodista le hizo la siguiente pregunta: – Si Fernando López Miras no toca la Ley del Mar Menor, ¿será presidente? Antelo respondió así: – Si depende de nosotros, será oposición. Y nosotros, también. El autor de la entrevista abundó en el tema: – Habla como si no hubiera cambio climático Y Antelo, que ya en otras ocasiones había ridiculizado el concepto –por ejemplo, en su cuenta de Twitter–, respondió así: “El clima lleva cambiando desde que existe el mundo, hace más de 4.500 millones de años, y lo seguirá haciendo”. Concejal en el Ayuntamiento de Murcia, la estrella interna de Antelo comenzó a brillar cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox le nombró en noviembre de 2019 jefe de la gestora constituida en Murcia tras la bronca con los tres diputados autonómicos que habían sido elegidos en la lista del partido. “El CEN –relata el periodista Xavier Rius en su libro Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron (Akal, 2023)– nombra una gestora presidida por el concejal en el Ayuntamiento de Murcia, el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo, vinculado a José Luis Mendoza, miembro de los ultracatólicos neocatecumenales, los "kikos", y presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia”, la UCAM. Fallecido en enero de este año, Mendoza se convirtió en un baluarte del sector que en Vox procede del catolicismo más conservador. A esa ala también pertenece la candidata a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, que –como destaca este perfil de ABC– entró en política en la ultraconservadora Hazte Oír, asociación conocida por su acoso a mujeres que ejercen el derecho al aborto. En la capital andaluza, el alcaldable del PP, José Luis Sanz, ha logrado 14 ediles. Vox, tres. Solo entre ambos suman mayoría absoluta frente al PSOE (12) y Unidas Podemos (2). Al igual que Peláez, Antelo ha hecho bandera del pin parental, que ya aplicó el PP en Murcia a requerimiento de Vox. Los padres –sostiene el candidato– deben tener información de si lo que pretende una charla escolar es “enseñarle a un niño de tres, cuatro o cinco años cómo masturbarse”. O si a un niño “que se llama Juan le van a tratar como María”.
La mujer que no está arriba es porque no quiere
Ya no solo la lucha contra la violencia de género –la ultraderecha cuestiona el concepto en sí– o los derechos LGTBI mantienen a Vox con las espadas en alto. Su oposición a las políticas que favorezcan la igualdad les lleva incluso a afirmaciones como la que, también en una entrevista, esta con el diario Información de Alicante, lanzó su cabeza de lista municipal, Carmen Robledillo. Con 14 concejales, el PP suma en solitario más votos que el bloque de izquierdas pero solo los cuatro de Vox le garantizarían una mayoría absoluta permanente. En un momento de la entrevista, la periodista preguntó a Robledillo por qué considera que solo el 21% de las directivas de las empresas del Ibex son mujeres. “Pues porque no querrán acceder a esos puestos”, respondió la dirigente de Vox. En Extremadura, otra de las comunidades donde el PP solo obtendrá mayoría absoluta si se le suma Vox, la formación ultraderechista ya exigía oficialmente en 2021 la derogación de la ley regional de violencia de género. Fiel negacionista, su candidato a la Junta, Ángel Pelayo, respondió a los periodistas tras las elecciones que una de las diferencias entre su partido y el PP es que Vox en absoluto acepta la Agenda 2030, un de cuyos ejes es la lucha contra el cambio climático.
De los libros de Blas Piñar al del candidato de Aragón
Desde Aragón, su candidato al Gobierno regional, Alejandro Nolasco, no ha dudado en remarcar que la ley trans ha de ser derogada. Abogado de profesión, Nolasco se encuadra también entre quienes no ocultan su simpatía hacia el universo franquista. Hace año y medio, el líder aragonés de Vox publicó un libro sobre los últimos integrantes de la División Azul. “A través de sus relatos personales –expuso en un comunicado que él mismo difundió– el lector comprenderá en profundidad lo que supuso la odisea de aquellos españoles que conformaron la 250ª División de la Wehrmacht”. O sea, el Ejército nazi. La obra ha visto la luz a través de la editorial SND, cuyo catálogo reserva dos colecciones a la producción literaria de Blas Piñar. Es decir, del fundador de Fuerza Nueva (FN). En Aragón, el PP necesita añadir a sus 28 escaños los siete de Vox para superar en uno la frontera (34 votos) de la mayoría absoluta. Abiertamente partidario de entrar en el próximo Ejecutivo regional, Nolasco proclama en una entrevista con El Periódico de Aragón que sus líneas rojas son “derogar las leyes sectarias e ideológicas de la izquierda”. Tan negacionista del cambio climático como sus correligionarios de Extremadura y Murcia, Nolasco también bromea sobre el asunto. Y es él quien ahora utiliza al PP como su muleta: "Los de la Agenda 2030 dicen que ya saben lo que va a llover de aquí a 80 años. Yo no lo sé, ningún científico se lo puede asegurar, lo dijo Rajoy con su famoso primo".
"Prometieron lo que querían oír los ganaderos”: Vox fracasa en su intento de rentabilizar la crisis bovina
La huida hacia delante de la Junta de Castilla y León en su intento de suavizar los protocolos de prevención de la tuberculosis bovina terminó este lunes con un detenido y varios policías heridos por una protesta ganadera en la delegación territorial de la Junta en Salamanca. La Consejería de Agricultura y Ganadería de esta Comunidad, dirigida por Gerardo Dueñas (Vox), prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, pese a que las competencias sobre este asunto son de la Comisión Europea y del Gobierno central. Por ese motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó este lunes la resolución de la Junta y desató la protesta de un grupo de ganaderos afectados.
Desde la agrupación agrícola COAG achacan lo sucedido a que el Gobierno de la región, en manos de PP y Vox, trató de complacer a sus ganaderos con una solución irreal a un problema que tienen todos los países. "Esto obedece a una utilización política de un problema sanitario", opina Lorenzo Ribera, coordinador de COAG en Castilla y León. "Vox engañó a los ganaderos diciéndoles lo que querían oír porque hay muchos que están cansados y decepcionados porque tienen que sacrificar sus vacas", añade el representante ganadero.
La tuberculosis bovina es un virus muy contagioso entre animales que tiene capacidad para saltar a los humanos, según explica Gonzalo Fernández, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago de Compostela. España tiene un protocolo para su erradicación desde los años 80, y aunque no ha logrado eliminar el virus, su incidencia se ha reducido enormemente y eso ha permitido también reducir al mínimo los casos humanos de tuberculosis. El problema es que cuando se detecta un caso de contagio el animal se sacrifica, y la medida se puede incluso ampliar a toda la explotación ganadera, lo que supone un duro golpe económico para los profesionales. "Cuando se desata un brote en un territorio se traduce en un malestar en los ganaderos, pero no puedes arriesgarte a dejar que esos animales se sigan moviendo porque pones en riesgo a otras campaña", relata Fernández. Además, se corre el riesgo, según añade el experto, de que la Unión Europea bloquee las importaciones de carne de España si hay riesgo de contagio a gran escala, lo que sería una catástrofe económica para todo el sector teniendo en cuenta que la mitad de la carne que se produce en el país se vende en el extranjero. "No solo hablamos de perjudicar a los ganaderos leoneses, sino que afectaría a todo el país", señala el experto de la USC. Pese a que los riesgos de la enfermedad son bien conocidos, el Gobierno de Castilla y León trató de suavizar este protocolo para minimizar las pérdidas económicas de los ganaderos. El 10 de mayo la Junta publicó una resolución que permitía mover el ganado a explotaciones sanas incluso con su certificación sanitaria suspendida o paralizada, lo que abría la puerta a extender la enfermedad a provincias donde está erradicada. En Castilla y León hay tres provincias con cero casos (León, Valladolid y Burgos) y en España siete comunidades. La norma también incluía una liberalización del sector veterinario porque permitía la contratación de albéitares independientes, lo que fue visto por estos profesionales como un "debilitamiento, por no decir desmantelamiento, de la sanidad animal pública" que perjudicaría a los ganaderos, según un comunicado que publicó el Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) a comienzos de abril, cuando la Consejería se reunió con el sector para perfilar la nueva normativa y dejó fuera de las conversaciones a los veterinarios. Tras conocerse la resolución de la Junta, la Comisión Europea envió el 23 de mayo al Ministerio de Agricultura una carta en la que señalaba que los cambios aprobados por la Junta "son extremadamente peligrosos y pueden facilitar que la enfermedad se expanda (…) a zonas libres de la infección en España y otros países de la UE", según Bernard Van Goethem, uno de los directores de la Dirección General de Sanidad y Seguridad Alimentaria. Como respuesta a la misiva, el Gobierno intervino las competencias ganaderas de Castilla y León el lunes pasado mediante una orden ministerial que prohibió sacar el ganado bovino fuera de esta Comunidad, salvo para ir a matadero, lo que bloqueó el comercio de vacas vivas en la región que más tiene del país. También interpuso un recurso ante el TSJ de Castilla y León para que anulase la resolución por invasión de competencias, lo que llevó este lunes a los tres jueces de la Sala de lo Contencioso de Valladolid a poner fin a la norma con la aplicación de medidas cautelares. Una de las principales patronales ganaderas, la Unión de Pequeños Agricultores, cree que tanto el Gobierno regional como el Ministerio de Agricultura han ido demasiado lejos con sus intervenciones. "Había formas de flexibilizar el protocolo, pero la Junta no puede aspirar a contradecir a la Unión Europea, pero el Gobierno central también metió la pata con una orden que causó una alarma que no existe", comenta Aurelio González, líder de UPA en esta región. "No tenemos un problema de tuberculosis bovina en Castilla y León", zanja el representante. Tras las medidas cautelares del TSJ, la normativa vuelve a su redacción original y el real decreto del Gobierno queda suspendido, pero González opina que el problema no está resuelto. Por ejemplo, se queja de que en Castilla y León faltan veterinarios y cuando se detecta un positivo necesitan que la Junta actúe más rápido a la hora hacer los llamados contraanálisis, las pruebas al resto de la cabaña para comprobar si la enfermedad se ha extendido. También pide que, si un positivo resulta ser falso, se devuelva inmediatamente la calificación sanitaria al ganadero para no interceder en su negocio. Y reclama mayores indemnizaciones en caso de que haya que sacrificar el ganado.
Su Consejero de Agricultura, Vox, ha dicho que "espera a un cambio de gobierno" que vea mejor el no poner controles y que estamos muy exagerados y exaltados con la salud pública.
El llobu escribió:La definición apropiada es "intento de homicidio indiscriminado".
Salú y República.
Eso parece... vender carne es mas importante que salvar vidas. Ya se les vio cuales eran sus prioridades durante la pandemia. Lo que no entiendo es que los propios ganaderos le hagan caso... si yo tuviese vacas no me gustaria que pudieran venir otras enfermas a contaminar a las mias... seria la primera en exigir controles.
"El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha protagonizado este viernes una llamativa comparación, en la que equipara su plan para relajar los controles de la tuberculosis bovina con la lucha contra la esclavitud.
"Si no se hubiera cuestionado el statu quo en su momento, ahora mismo la esclavitud sería legal", ha espetado y ha rechazado cualquier imposición irreflexiva de una norma "venga de donde venga" pues su formación "no se santigua ante los dogmas climáticos de nadie", ha asegurado, a los periodistas antes de la ‘Jornada Euro 7 y Combustión Neutra 2035’, que se ha celebrado este viernes en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda."
Hitskin.com
DIRECTO | Rueda de prensa del presidente nacional de VOX, Santiago Abascal - YouTube
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