El responsable de un incendio por el motivo que sea, puede llegar a ser acusado desde imprudente grave a homicidio aunque sea involuntario, cuando existe la muerte de personas.
El responsable de un incendio por el motivo que sea, puede llegar a ser acusado desde imprudente grave a homicidio aunque sea involuntario, cuando existe la muerte de personas.
Ayer una noticia del Telediario nos contaba cuántos récords de temperatura se han batido en los últimos días en las distintas estaciones meteorológicas distribuidas por la Península Ibérica. No recuerdo la cifra exacta, pero me llamó la atención el mapa con decenas de puntos rojos por todo el territorio. Tras un noticiero cargado de imágenes sobre los incendios que asolan nuestros montes, los datos no dejaban lugar a dudas: el cambio climático está aquí. Estamos en medio de una ola de calor sin precedentes, cuyos impactos son ambientales y humanos. La muerte de un bombero forestal o la de un barrendero de Madrid literalmente fulminado por el calor ponen cara a una situación de extrema gravedad que, por cierto, una vez más, afecta más a los más vulnerables. Cabe recordar que solo unos días antes, en el Congreso de los Diputados, hice una referencia a la gravedad de la ola de calor en la que estamos inmersos, las risas de los diputados de la extrema derecha fueron sonoras. Tuve que pedir al presidente de turno que quizás habría que apagar el aire acondicionado para ver si al negacionismo que aún anida en la Cámara se le quitaban las ganas de reírse. El negacionismo no es la única razón para que no se avance en la lucha climática, pero tiene mucho que ver con la lentitud en la toma de medidas. Ya en el año 1988, Naciones Unidas creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), para facilitar el conocimiento científico, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático, sus causas, sus impactos, y las posibles estrategias para hacerle frente. En la actualidad, participan en el mismo miles de científicos de 195 países. Desde entonces, y cada vez con mayor contundencia el IPCC ha ido elaborando informes en los que se han ido desglosando los impactos del cambio climático en cada región del mundo. Inmersos como estamos en una ola de calor con una intensidad y extensión sin precedentes, debería ser obligado echar la vista atrás a los informes previos del IPCC. Por ejemplo, el cuarto informe del Grupo de Trabajo I, decía en el año 2007: “En un clima futuro más caliente, habrá mayores riesgos de que ocurran olas de calor más intensas, frecuentes y largas (…). En un clima futuro más caliente la mayoría de los modelos de circulación general atmosférica acoplados a un modelo oceánico ofrecen como pronósticos veranos más secos en la mayor parte de las latitudes medias y altas”. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que lo que los científicos pronosticaban ya está aquí. La pregunta que debemos hacernos es por qué si los científicos llevan tantos años advirtiendo de lo que viene, no se está actuando con mayor celeridad desde la política. He seguido desde hace muchos años las cumbres climáticas, y he vivido con frustración la lentitud de los avances. Ciertamente el negacionismo pagado con el dinero de los combustibles fósiles y sus ramificaciones políticas, ha tenido una influencia decisiva. Basta recordar la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París durante el mandato de Donald Trump, o los datos de destrucción de la selva amazónica durante el mandato de Bolsonaro en Brasil. Durante años el negacionismo se basó en financiar estudios que cuestionasen la ciencia climática. Hoy estamos ante un negacionismo puramente político que utiliza su oposición a las políticas climáticas para tratar de obtener un beneficio electoral. Pero el negacionismo no puede explicarlo todo. Hay una objeción de baja intensidad a las políticas climáticas quizás mucho más dañina. La hemos vivido en estos años en el Congreso, donde cualquier medida que pretendiera avanzar en materia de ambición climática o fiscalidad verde se encontraba con las reticencias y la oposición de una amplia coalición de partidos que complacientes han defendido, bajo otras premisas, políticas “retardistas”. Un buen ejemplo de esto es la oposición constante de la derecha “moderada” a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs) en las ciudades. En todas y cada una de las ciudades en las que se pretende ampliar el espacio de bajas emisiones, la oposición ha acudido a los tribunales para frenarlas, eliminando con ello de facto una medida imprescindible para reducir las emisiones. Ante el cambio climático se puede/debe luchar. No está todo perdido. Hay que evitar que el CO2 se siga acumulando en la atmósfera y para ello tenemos que seguir impulsando medidas para reducir las emisiones, al tiempo que trabajamos para mitigar sus impactos. No podemos dejar que el negacionismo nos lleve al desánimo. Pero también tenemos que denunciar ese “retardismo” de baja intensidad que tanto daño está haciendo a las políticas para reducir las emisiones. Los impactos tan graves que estamos viviendo estos días deben servir de acicate para impulsar una mayor ambición en las políticas climáticas que habían quedado nuevamente sepultadas, esta vez bajo la prioridad de la guerra de Ucrania. Necesitamos más hidroaviones para luchar contra los incendios forestales, y menos aviones bombarderos. https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/olas-calor-negacionismo-ambicion-climatica_129_9179904.html
El bosque en llamas no lo apagarán las lágrimas de quienes votaron al pirómano
La gente se manifiesta en Ponferrada (León) y en Valladolid contra los incendios forestales igual que en Madrid contra el cierre de las Ugencias en los ambulatorios: para protestar, en muchos casos, contra las y los políticos a los que han votado, que en un caso es una enemiga declarada de la Sanidad pública y en el otro alguien que ahora se deshace en lamentos por la muerte de un bombero en uno de los bosques en llamas de Zamora pero antes se opuso a que se tomasen medidas de prevención durante todo el año, por supuesto bailando esa danza de la muerte de la mano de sus socios de la ultraderecha. No comparto la idea de que uno no puede lamentarse cuando la gente a la que apoyó en las urnas incumple sus promesas electorales: el responsable de un embuste es el mentiroso, no quien ha sido mentido y engañado; pero una cosa es cierta: el bosque en llamas no lo apagarán las lágrimas de quienes votaron al pirómano.
Hay quienes destruyen árboles y quienes reducen a cenizas la convivencia, y por lo general son los mismos: personas que ocupan cargos y escaños con fines exclusivamente lucrativos, que no tienen ninguna vocación de servicio democrático y no están en esto más que atraídos por la avaricia y el ansia de mando, por los privilegios que les otorgan el poder y el dinero, que son dos caras de la misma moneda: la cruz, la llevamos los demás a la espalda.
El misterio es que aún quede quien les compre el discurso y se fíe de ellas y ellos y de esa retórica hueca que en ocasiones les lleva directamente al trabalenguas sin sentido: el nuevo líder del Partido Popular quiso dar una arenga patriótica el otro día, para demostrar su sentido de Estado y eso, y le salió que “todos los españoles somos catalanes, con independencia de dónde vivamos, igual que los catalanes son gallegos o andaluces, vivan donde vivan”, que recuerda tanto a algunas ya clásicas de Mariano Rajoy, aquello de “es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”, “los españoles son muy españoles y mucho españoles” o la insuperable “haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible." ¿Será ese birlibirloque lo que se conoce con el nombre de engañabobos? ¿O tendríamos mejor que inventar una nueva palabra que acabe en el diccionario de la RAE, por ejemplo “parlamentirosismo”? Ahí lo dejo. El antídoto de los hipócritas contra la culpa es el cinismo y su herramienta es el ventilador. Para muestra, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que no quiso en su día saber que prevenir es curar, porque para los especuladores, privatizadores y demás ese refrán es un mal negocio, ahora trata de desviar sus responsabilidades y cargarles las hectáreas calcinadas a los ecologistas, a la imprudencia ciudadana, a la oposición y al resto del mundo. La única agua que le importa a esa clase de gestor es la que pueda usar para lavarse las manos. Y, en muchos casos, el único suelo que le interesa es el que pueda recalificar, por las buenas o por las malas. El caso es que mientras ellos se pasan la pelota, arden Vegalatrave y la sierra de la Culebra (Zamora), Quintanilla del Coco (Burgos), San Juan de la Nava y Cebreros (Ávila), Paradaseca, Santalla del Bierzo y los Montes de Valdueza (León)… Y lo que se quema no lo van a apagar ondeando sus banderas. Aunque quién sabe si barrerán las cenizas debajo de ellas y si algunas de sus víctimas les harán de barrenderos.
Los datos detrás del fuego en Castilla y León: un plan de incendios desfasado, poca inversión y medios escasos
El fuego ha calcinado más de 60.000 hectáreas en Castilla y León en poco más de un mes y no ha empezado agosto, habitualmente aún más complicado. Mientras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que “quieren quemar” la Comunidad y que hay “intencionalidad política”, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, culpa a los ecologistas y a sus “modas”, los datos ponen de manifiesto que la gestión es manifiestamente peor que la de otras comunidades, que la Junta no aprende de experiencias tan catastróficas como las del incendio de Navalacruz en Ávila el pasado año y que el personal subcontratado es temporal limitando las posibilidades de profesionalización.
Un aumento del presupuesto que malogró el adelanto electoral de Mañueco
El pasado año, la partida presupuestaria del operativo contra los incendios forestales fue de 64,86 millones para 5,1 millones de hectáreas, lo que supone 13 euros por hectárea. En Castilla-La Mancha, con 3,5 millones de hectáreas forestales, el presupuesto fue de 95,2 millones, 27 euros por hectárea, un poco más del doble de lo que gastó Castilla y León. Tras el incendio de Navalacruz, la Junta pretendía elevar el presupuesto un 9,7%, hasta los 71,2 millones de euros, también subía un 10,5% la partida de tratamientos silvícolas preventivos hasta los 25,3 millones, y se iban a destinar 13,1 del Programa de Desarrollo Rural para desbroces y tratamientos silvícolas en montes privados. Todo papel mojado, porque Castilla y León se quedó sin aprobar los presupuestos y hubo que prorrogarlos cuando Mañueco rompió el pacto de gobierno con Ciudadanos y convocó el adelanto electoral que hoy le mantiene en el poder gracias al pacto con Vox. Los presupuestos están prorrogados, así que en 2022 se cuenta con lo mismo que en 2021.
Andalucía tiene más medios autonómicos que Castilla y León con menos hectáreas forestales
En cuanto a los medios del dispositivo de incendios de la Junta, Castilla y León cuenta con 23 medios aéreos complementados con 10 estatales para luchar contra incendios para una superficie forestal de 5,1 millones de hectáreas. La comparación con una comunidad como Andalucía, con 4,4 millones de hectáreas no deja en buen lugar al gobierno autonómico. Frente a las cifras de Castilla y León, los andaluces cuentan con 36 medios áreos, más 5 ofrecidos por el Estado. Las conclusiones son obvias: Castilla y León invierte menos en medios propios y se apoya más en los estatales. Pero lejos de reconocerlo, la Junta cree que es lo que le corresponde. Así lo aseguró el lunes el consejero de Medio Ambiente cuando comparecía en una comisión para dar explicaciones sobre el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora: “Hay que dejar claro, una vez más, que los medios aéreos del Gobierno de España están a disposición de las comunidades autónomas, no porque nos hagan un favor, sino porque es una competencia directa y primigenia, que se ha reservado y que no ha llegado a estar nunca transferida, porque se financia con fondos que no se transfieren. En cuanto al resto de medios del Estado, BRIFF y UME, el Gobierno tiene la responsabilidad de colaborar en la gestión de estas emergencias de protección civil, y son medios destinados específicamente a ello”. Es decir, que la Junta no invierte más porque cree que le corresponde al Gobierno de España cubrir las carencias.
El consejero tira de medios estatales porque “los incendios no entienden de fronteras”
“Los incendios no entienden de fronteras, en ocasiones pasan de nuestro territorio a otros y en ocasiones, como ha sucedido varias veces este año, es al revés, al igual que en ocasiones nuestros medios se desplazan a otros territorios y otros operativos actúan en el nuestro”, se excusó. Para Suárez-Quiñones, es una situación normalizada “desde hace 30 años” y “desde mucho antes de que al Gobierno de España se le ocurriera empezar a hablar de un mando unificado, que se ha establecido formalmente por primera vez en España en el incendio de Ladrillar-Monsagro y en Galicia-Puente Domingo Flórez, pero que llevaba ya siendo puesto en práctica de forma efectiva y eficaz desde hace muchos años por las comunidades sin intervención estatal alguna”. Además justificó esa “colaboración sin límites” en la “consideración real del fuego como amenaza común”. A pesar de que los incendios empezaron a asolar Castilla y León el 15 de junio, los medios terrestres no fueron activados íntegramente hasta el 1 de julio y tuvieron que ser complementados con recursos estatales y con el uso que hizo la Junta de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Este medio extraordinario de último recurso del Estado, ha sido activado este verano 37 veces. En 14 de ellas ha sido para ayudar a Castilla y León, lo que roza el 38%. Por tanto, casi cuatro de cada diez intervenciones de la UME este verano se han producido en Castilla y León. En lo que va de campaña de incendios, el Gobierno de España ha tenido que aportar a Castilla y León 2.523 efectivos de tierra, 597 máquinas y 126 medios aéreos. En estas cifras no se incluyen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, a quien el presidente de la Junta ha llegado a pedir más implicación. Mañueco reclamaba el pasado lunes al Gobierno de España que dé más medios a la Guardia Civil “para que siga investigando todos los incendios que han sido presuntamente provocados”. “Deseo que cuanto antes a quienes están intentando quemar Castilla y León se les detenga y se les ponga a disposición judicial y caiga sobre ellos todo el peso de la Ley”, afirmó.
Un dispositivo a medias porque no se quiso decretar riesgo alto en plena ola de calor
Por otro lado, el gobierno autonómico tiene el mismo plan regional de incendios desde 1999, por lo tanto no recoge nuevos abordajes derivados de la gestión de incendios desde hace 23 años. Todo se hace igual que entonces. Quizás por eso la Junta no supo interpretar adecuadamente los avisos que dio la Aemet sobre la llegada de una primera ola de calor en la segunda semana de junio y estableció que el periodo de máximo riesgo empezaba el 1 de julio. El incendio de la Sierra de la Culebra demostró que en la Consejería de Medio Ambiente eran ajenos a la realidad, a pesar de los avisos por las condiciones extremas previstas para ese momento y de los parámetros que ya se tenían que manejar tras una primavera muy seca. La Junta no quiso adelantar la campaña ni la contratación de la totalidad del dispositivo. Por otro lado el dispositivo de la Junta tiene deficiencias de gestión: no hay una autoridad regional central que coordine el conjunto de los episodios en todo el territorio. Son los Delegados Territoriales los encargados de declarar situaciones operativas de nivel 2 (interés autonómico), lo que provoca una gran descoordinación interna. Además, hay un cambio continuo en los directores de extinción en cada incendio –cada 12 horas– lo que dificulta la continuidad de la gestión de cada emergencia. Esa falta de coordinación interna tiene efectos también externos en forma de distorsiones en la información que se facilita al Sistema Nacional de Protección Civil. No se informa con la regularidad y la exactitud necesarias para ordenar mínimamente los recursos de apoyo. Por si eso fuera poco y a pesar de la experiencia de Sierra de la Culebra, las fajas cortafuegos de pinares de llanura que se limpian todos los años en varias comarcas de Valladolid y Segovia están sin labrar y deberían haber estado terminadas antes del 15 de junio. Fuentes de Medio Ambiente aseguran a elDiario.es que esa fue la causa de un incendio que amenazó la reserva natural de las Riberas de Castronuño en Valladolid el pasado 14 de julio. Al parecer a las 15.00 horas y con 40 grados de temperatura, había un tractor 'gradeando' los cortafuegos de los montes que gestiona la propia Consejería. Ardieron 160 hectáreas. Además, Castilla y León no dispone de un sistema de radiocomunicación TeTrA (vía satélite) para los operativos de extinción que evite zonas de sombra, una dificultad añadida para los bomberos forestales, a la que se une la baja calidad del avituallamiento a los retenes y de la que se han quejado repetidamente a través de las redes sociales –ante el desprecio de la Junta–: poca agua y bocadillos casi sin relleno que han hecho que el conocido chef José Andrés aterrizase en Zamora con su ONG 'World Central Kitchen' para alimentar a los bomberos.
Falta de profesionalización y contratos de 3 a 6 meses
En cuanto a la situación del personal dedicado a la lucha contra incendios, hay déficits de contrataciones, pero además hay falta de profesionalización. Los únicos profesionales son los de las ciudades. El déficit de personal llega al 25% de vacantes sin cubrir y los contratos mezclan tareas de prevención y extinción durante su vigencia, de forma que no pueden dedicar su jornada a ambas necesidades.
La mayoría de esos contratos tienen entre 3 y 6 meses de duración, llegando excepcionalmente a los 9 meses. Por ese motivo, por ejemplo, los puestos de vigilancia no están cubiertos de forma permanente por personal. En Castilla-La Mancha, la situación es muy distinta: el 90% del personal trabaja los 365 días del año. Esa falta de profesionalización llega a los helicópteros, que se contratan por temporadas. El consejero avanzaba el lunes que la Junta iba a “transformar” el operativo de lucha contra incendios forestales, “a través de diversas líneas orientadas a una mayor dotación de medios, mejor equipamiento logístico y de infraestructuras, mejores condiciones de personal (estabilidad, formación, especialización y profesionalización), modernización, digitalización y apoyo experto”, pero añadía que “ningún operativo es suficiente en determinadas circunstancias” por lo que hay que “profundizar” en la “integración, cooperación y colaboración de las administraciones en la materia”, derivando, una vez más, a otros organismos sus propias responsabilidades.
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