Ayuso acusa a Sánchez de querer llenar el Poder Judicial de "Tezanos disfrazados de jueces"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha inaugurado las jornadas 'España a examen' de El Confidencial, denuncia una degradación "institucional, económica y social sin precedentes"
EN ESPEJO PÚBLICO Ayuso destroza a Sánchez en directo: «Se empequeñece y se embrutece cada vez más» Asegura que “el Gobierno es un avión que no tiene rumbo” y ha resaltado el hecho de que Sánchez está utilizando y coaccionando a todas las instituciones Que tia, no para, no da tregua a Sánchez
Ayuso, apiádate un poco de la Mema, que ya empieza a dar pena
ASAMBLEA DE MADRID Ayuso tilda a Mónica García de «reina de los bulos» y se los echa en cara uno a uno
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha definido a la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Mónica García, como «la reina de los bulos». Ayuso ha recordado, entre otros, el bulo de «la agresión homófoba en Malasaña», en alusión al joven que simuló haber sido víctima de una agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña y que fue finalmente condenado por inventárselo todo. Esta falsedad fue jaleada por Mónica García y el resto de su formación, y a día de hoy todavía no han pedido perdón. La dirigente de Más Madrid ha acusado a Ayuso de «esparcir mentiras» durante su mandato. Ha ocurrido este jueves durante la Sesión de Control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid. «Le da tiempo a lanzar 96 más antes de las elecciones», ha afirmado García durante su intervención. En su respuesta, la presidenta madrileña le ha recordado a García todos los bulos que ha ido difundiendo desde que llegó a la Cámara Regional. «Me habla usted de los bulos, señoría. El activista que criticaba las residencias, con un historial de insultos, comentarios racistas e improperios homófobos y amenazas de muerte, bien que lo jaleaban ustedes», ha señalado Ayuso. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Que grande es Ayuso, espero que algún día no lejano de el salto a la política nacional por el bien de España, Ayuso es una política que trasciende al PP y que seria capaz de lograr que la voten gente que de otra forma no votaría al PP como yo.
Séneca escribió:Que grande es Ayuso, espero que algún día no lejano de el salto a la política nacional por el bien de España, Ayuso es una política que trasciende al PP y que seria capaz de lograr que la voten gente que de otra forma no votaría al PP como yo.
Grande sí es, pero como embustera, tramposa y extendedora de odio y bulos.
Será la ruina de España si alguna vez llega al gobierno alguien tan mediocre como ella.
Aunque no lo parezca viene a cuento sobre la discusión, básicamente porque pone negro sobre blanco la realidad sanitaria de Madrid, equipada con los mejores hospitales de España:
La contundente respuesta de Gabriel Rufián a Begoña Villacís a cuenta de Felipe VI
Una de los momentos más criticados por la derecha política y mediática del desfile de este 12 de Octubre en Madrid ha sido cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado unos minutos tarde y ha hecho esperar a los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, quienes han retrasado su bajada del coche oficial para que, de esta manera, el jefe del Ejecutivo pudiera unirse a la comitiva que tenía que recibirlos.
Y es que cuando el coche oficial ha llegado a la plaza de Lima, se ha podido escuchar a los servicios de protocolo de Casa Real pedir que no se abrieran las puertas del vehículo hasta que llegara el presidente Pedro Sánchez. Un hecho que ha causado la indignación y las críticas más incisivas de quienes siguen demostrando con sus palabras y hechos la más absoluta entrega a su papel de abnegados súbditos.
Este es el caso de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien lamentaba en sus redes el retraso de protocolo con una protesta en sus redes sociales. «Al Jefe del Estado no se le hace esperar», escribía indignada la dirigente de Ciudadanos.
Una protesta que ha obtenido la contundente respuesta del diputado de ERC, Gabriel Rufián quien recogiendo el mensaje de Villacís en su cuenta de Twitter ha escrito: «Pero a la gente para operarse sí» adjuntando un información sobre las listas de espera para poder operarse en los hospitales de Madrid.
Según la información publicada por el diario.es; en Madrid 80.000 pacientes deben aguardar más de tres meses para hacerse las pruebas diagnósticas, 300.000 lo hacen para ser atendidos por un especialista y más de 15.000 por una operación.
Para quien no es capaz de entender nada vuelve a pegar, a continuación, el llobu lo importante:
Según la información publicada por el diario.es; en Madrid 80.000 pacientes deben aguardar más de tres meses para hacerse las pruebas diagnósticas, 300.000 lo hacen para ser atendidos por un especialista y más de 15.000 por una operación.
La Comunidad de Madrid prescindirá a partir de este viernes 1 de abril de médicos, enfermeros, celadores y auxiliares, mientras las listas de espera están en máximos históricos y los colectivos sanitarios reclaman el refuerzo de las plantillas, sobre todo, de Atención Primaria
Cuando alguna vez se le ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso por las listas de espera en los hospitales de Madrid o por la petición de los sanitarios para que se refuercen las plantillas ante el deterioro de la sanidad, su respuesta ha sido que “no hay médicos para contratar”. Una afirmación que contrasta con la última decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside que despedirá este jueves a 6.000 sanitarios. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores o técnicos de laboratorio que en marzo de 2020 firmaron los llamados contratos COVID con la administración regional para hacer frente a la oleada creciente de pacientes por la pandemia que en Madrid colapsó todo el sistema sanitario: desde la Atención Primaria hasta los hospitales, y que ahora firmarán una carta de despido.
Como ya ha contado anteriormente en elDiario.es, en su mayoría no se trata de personal añadido, sino que son sanitarios que llevaban encadenando durante años contratos temporales, y por tanto precarios, en el Servicio Sanitario de Salud. No contaban como personal estructural, por lo que quedaban fuera de la estadística oficial de personal en la sanidad madrileña, pero sacaban mucho trabajo diario que no era suficiente como demuestran los datos de listas de espera. Unos regresarán a esos puestos temporales que abandonaron durante dos años: guardias, contratos de tres días, sustituciones... Otros pasarán a engrosar las cifras del paro. De los algo más de 11.000 contratos Covid, la Consejería de Sanidad ha decidido quedarse con 5.000 profesionales, de los cuales 170 se integrarán en la nueva Unidad de Rehabilitación Funcional que se ha instalado en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, un espacio que ha costado al menos 150 millones de euros, el triple de lo inicialmente presupuestado, y al que Ayuso trata de dar alguna utilidad una vez han decaído los pacientes con coronavirus.
Estos despidos se programaron para finales de diciembre, pero los contratos fueron finalmente renovados hasta marzo debido a la sexta ola , que volvió a colapsar el sistema de la Atención Primaria y de nuevo tensionó los hospitales. Ahora, los despidos son inminentes pese a las protestas, a que las listas de espera no han dejado de aumentar en los últimos meses y a que Ayuso ha ofrecido para los refugiados en Ucrania 1.500 camas de la red de hospitales públicos, así como la tarjeta sanitaria inmediata. Miles de ciudadanos ucranianos que están llegando a Madrid tienen derecho por tanto al acceso a la sanidad pública. Pero los sanitarios no aumentarán, todo lo contrario.
La decisión del Gobierno regional coincide con el segundo aniversario del cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que fueron clausurados con motivo de la pandemia y que dos años después siguen con el candado echado. Hay muchas posibilidades de que nunca más vuelvan a abrir. Según declaró el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante uno de los plenos que se celebran los jueves en la Asamblea de Madrid, la idea de la Consejería es “repensar” estos centros, un total de 37 repartidos en toda la región. En el último año en que estuvieron abiertos, en 2019, atendieron a 753.678 pacientes, un 1,70% más que en el ejercicio anterior. Su horario comprendía entre las 20.30 horas, tras el fin de la jornada de los ambulatorios, y las 08.30 horas de la mañana del día siguiente.
El personal de estos centros está a día de hoy destinado a los grandes vacunódromos de la región instalados en el Wizink Center y en el Wanda Metropolitano, explica a elDiario.es Luis Hernández, secretario general del sindicato mayoritario del SUMMA 112, sin que sea la intención del Gobierno regional contratar a más personal ni que estos vuelvan a sus puestos anteriores.
Protestas ante la falta de personal en la Atención Primaria Mientras esto sucede, paralelamente se va a ejecutar a fecha de 31 de marzo el despido de los más de 6.000 sanitarios con contratos COVID. Las cartas de despido comenzaron a comunicarse vía correo electrónico hace diez días por parte del Servicio Madrileño de Salud. “Desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria queremos agradecerle su compromiso con la organización a lo largo de estos meses así como los servicios que ha prestado en los difíciles momentos vividos y su total dedicación en el desempeño de los mismos”, empieza el escrito que recibieron los cientos de sanitarios que trabajan en los centros de salud y que no volverán a sus puestos a partir de este viernes.
La delegación madrileña de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO Sanidad Madrid) denunciaba hace unos días el despido de “1.298 profesionales en Atención Primaria antes de que termine marzo”, lo que supone un 77% de los contratos de refuerzo COVID. Desde Amyts, el sindicato mayoritario de médicos, han convocado este jueves a mediodía una manifestación frente a la Consejería de Sanidad para reclamar una mayor inversión y recursos humanos para la Atención Primaria.
El colectivo médico demanda de manera “inmediata” una inversión económica urgente finalista para Atención Primaria destinada, entre otras cosas, al aumento de plantillas con creación de las plazas de facultativo, necesarias para que estos desarrollen todas sus competencias y para cubrir las ausencias ordinarias y extraordinarias.
Listas de espera La Atención Primaria está cada día más precarizada, según denuncian sanitarios y usuarios que a la mayoría de los casos no consiguen cita con sus médicos de cabecera en semanas. Pero la situación no es mucho mejor en los hospitales de la región, donde las listas de espera no han dejado de aumentar estos dos últimos años debido a que lo prioritario ha sido la COVID.
“Tenemos un panorama en el hospital complicado, en mi sección se van 10 personas y nos quedamos en cuadro”, dice Manuela –nombre ficticio–, internista en el hospital 12 de Octubre. Ella tenía un contrato COVID después de encadenar contratos precarios con el SERMAS durante más de 10 años. Es una afortunada que en el último momento ha logrado quedarse en su puesto. El jueves firmará un contrato de interinidad después de que un facultativo se haya jubilado.
El caso de Francisco es menos esperanzador. Este enfermero del hospital de Getafe vuelve a la precariedad más absoluta: “Regreso al modelo anterior, el de ir encadenando contratos de tres días”, lamenta en conversación con esta redacción. “Después de dos años de mucho trabajo y muchas dificultades, ahora muchos nos vemos en la calle sobre todo cuando hacemos falta”, se queja.
Ramón, cardiólogo del 12 de octubre correrá peor suerte. “Yo me voy a la calle”, cuenta al otro lado del teléfono. Este médico no era un recién llegado a la sanidad madrileña ya que durante años encadenó contratos temporales. Ahora no puede regresar ni a ese modelo. Ramón explica que desde hace meses el trabajo que venía realizando era estructural, no solo de atención a pacientes Covid. También que ha llegado a hacer sustituciones por vacaciones en otras especialidades. Los despidos que se culminarán este jueves los califica de “maltrato por parte de las instituciones”. “Hemos estado cubriendo trabajo estructural y no sé que va a pasar, pero muchísimos compañeros van a tener problemas importantes de cubrir el trabajo”, añade.
El caso de Ramón es también el de Jorge, bioquímico. También firmará este jueves su carta de despido y al igual que Ramón considera que su salida perjudicará a sus compañeros pero también a los usuarios de la sanidad pública en general.
La consecuencia directa de la tensión que sufrió la sanidad madrileña durante la pandemia son unas listas de espera disparadas en todas las especialidades, especialmente en las cirugías. “Sentimos mucha ingratitud por parte de la Consejería y de la Comunidad de madrid por la falta de consideración que han tenido después de dar el callo”, lamenta.
Madrid superó en noviembre el millón de pacientes en lista de espera para una primera consulta con el especialista. 90.586 personas esperan una cirugía. La demora para ser operado se ha disparado en Madrid, pasando de las 230 personas que esperaban 180 días –seis meses– para una operación en febrero de 2020 a las más de 17.432 en febrero de 2022, el último mes del que hay registros. Las personas que esperan más de un año para ser operadas también se han multiplicado por diez en poco más de un año. El resumen es que las listas de espera se han disparado un 3.500% desde que comenzó la pandemia. Pero no solo en las cirugías: 553.601 esperan una primera consulta con el especialista. 265.629 esperan más de 90 días.
Rebaja de impuestos La razón que siempre ha alegado la dirección de recursos humanos a los sindicatos presentes en la mesa sectorial es que “no hay capacidad presupuestaria” para afrontar estos contratos que en el último año y medio se han financiado con fondos que ha transferido el Gobierno central a la Comunidad de Madrid. La realidad es que para las cuentas de 2022, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha aprobado un presupuesto que recoge un merma de 178 millones de euros para Sanidad respecto a lo ejecutado en 2019, un año previo a la pandemia. Todo esto, mientras el Gobierno de Ayuso rebaja impuestos que benefician principalmente a las rentas más altas y con lo que Madrid ha dejado de recaudar 334 millones de euros al año.
“Lo más triste es sentir que la sociedad apoya estas políticas que van en detrimento de los servicios públicos y en definitiva de todos, lo más doloroso es sin duda el abandono de la sociedad”, lamenta Ramón. “Desde luego no se ha reconocido el sacrificio que hemos hecho durante los dos últimos años”, añade este cardiólogo que desde mañana engrosará las listas del paro.
Que ya hay que ser sectario para dar toda esta basura por buena.
Sanitarios, profesores y taxistas se levantan contra Ayuso a un año de las elecciones
Las últimas decisiones del Ejecutivo regional han encendido a sectores que ya llevan años reivindicando mejoras, como los sanitarios, y también a otros nuevos, como los taxistas, tras la aprobación de la ley de los VTC o algunos profesores por su injerencia en sus competencias, que dirimen los juzgados.
Taxistas, médicos, enfermeras, profesores, trabajadores del Metro o editores de libros de texto. Pocos sectores quedan en la Comunidad de Madrid que no se hayan visto agraviados en los últimos meses por Isabel Díaz Ayuso. Si se recupera el calendario y se marcan en rojo los días que han encendido a algunos de estos profesionales, pocas líneas quedarían en blanco. En la cuadrícula se pueden apuntar las palabras “abandono”, “engaño” o “tomadura de pelo”, que han ido pronunciando sobre la presidenta regional diferentes trabajadores. Y, todo ello, a menos de un año de las elecciones autonómicas de 2023.
Uno de los sectores que más tiempo lleva denunciando las políticas de la Comunidad de Madrid es el de la sanidad pública. Tras los aplausos desde los balcones a las ocho de la tarde, se recuperaron algunas de las reivindicaciones que los sanitarios llevan años reclamando y que se han agravado desde que Ayuso desembarcó en la Puerta del Sol. El último capítulo ha sido la situación de colapso que viven los hospitales de la región, las urgencias saturadas o la “reorganización” de estos servicios en Atención Primaria, que suponen el cierre de 20 recursos que funcionaban antes de la pandemia.
Esta semana han sido las enfermeras de la región, a través del sindicato Satse, las que han hecho notar su disgusto con las políticas sanitarias de la presidenta Ayuso. En concreto, han dirigido a la Inspección de Trabajo un escrito para poner en su conocimiento la situación “crítica” que viven los servicios de urgencias hospitalarias y las profesionales que trabajan en ellos.
No es una situación puntal. El deterioro de la sanidad pública en la región es algo que vienen denunciando sus trabajadores desde hace tiempo. “Hay casi 4.000 enfermeras menos en los centros asistenciales de la Comunidad de Madrid” y las elevadas cargas de trabajo son lo “habitual en los últimos años”, denuncian desde el sindicato. “Se han hecho mucho más evidentes tras la no renovación de casi 3.500 enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, que estaban contratadas para hacer frente a la COVID”, señalan.
Entre los últimos movimientos de la Consejería de Sanidad están esa reorganización de las urgencias, pero también un nuevo procedimiento que se puso en conocimiento de los centros de salud a principios de junio y que manda a las enfermeras a atender y derivar a los pacientes cuando no haya médicos. Pero esa ausencia de facultativos en los centros de salud pervierte el propio concepto del recurso, ya que el personal de enfermería no tiene competencias para prestar todas las actividades asistenciales para las que están pensados estos servicios.
El nuevo procedimiento allanaba el camino ante la falta de profesionales médicos, sobre todo de cara a las vacaciones o a posibles bajas por COVID en centros con plantillas ya esquilmadas. Un par de semanas después, con la nueva reorganización de los SUAP, la consejería anunciaba que siete de los 17 que se reabrirán tras el verano lo harán solo con personal de enfermería y sin médicos.
Las protestas de los médicos y médicas de la Atención Primaria son una constante desde el primer gobierno de Ayuso, el que mantuvo en coalición con Ciudadanos. En septiembre de 2020 ya amagaron con una huelga indefinida ante la elevada carga asistencial que padecían, las malas condiciones laborales y económicas y la falta de medios. El ejecutivo regional salvó el paro con un plan que incluía medidas estructurales, equiparaciones salariales, subidas de sueldo, medidas coyunturales y una estrategia para ocupar aquellas plazas de difícil cobertura, pero en diciembre de aquel año se echó atrás ante el 'no' de la Consejería de Hacienda.
“De ahí salió un segundo plan, el 'plan Ayuso 2', que impusieron con la negativa de todos los sindicatos de la mesa sectorial, de las sociedades científicas y del Colegio de Médicos, al considerar que era insuficiente para cubrir las necesidades actuales de la Atención Primaria, que son inmensas tras muchísimos años de déficit de inversión y de falta de recursos humanos”, explica la portavoz del sector en el sindicato Amyts, María Justicia. En marzo convocaron una nueva huelga que tuvo un seguimiento del 80%, pero duró una mañana. “La presidenta de la comunidad disolvió la Asamblea por motivos políticos ajenos a nosotros y nos quedamos sin un interlocutor válido con el que negociar”, explica.
A mediados de 2022, desde este sindicato denuncian que no se ha producido la desburocratización total ni la disminución de la sobrecarga asistencial. Si inicialmente el compromiso era descargar a los profesionales de los centros de salud de la atención y el seguimiento de los casos de COVID asintomáticos y de las bajas relacionadas, a día de hoy continúan haciéndolo. La comunidad se comprometió a limitar las agendas a un máximo de 30 pacientes para médicos de familia y de 24 para pediatras, pero esto aún no ha ocurrido. A principios de año, los profesionales sanitarios llegaron a notificar hasta 100 consultas al día.
“Parece que a la consejería no le interesa que la Atención Primaria mejore y dé la asistencia que debe dar a los ciudadanos”, lamenta Justicia, que denuncia que el número de nuevas plazas son “insuficientes” y las condiciones “muy poco atractivas”. La prueba es que la comunidad ya está planteando un escenario en el que los centros de salud se queden sin médicos. En ese caso, confiere a las enfermeras unas competencias que no les son propias y ante las que, temen, quedan desprotegidas.
El portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, aseguró que ese nuevo procedimiento era consecuencia de una petición de los sindicatos, lo que encendió al de Enfermería de Madrid, que emitió un comunicado en el que afirmaba “rotundamente” no haber “solicitado de ninguna manera la creación de este ni de ningún otro procedimiento”. En la misma nota, las enfermeras aseguraban estar “preparadas y cualificadas para ejercer más competencias” de las que actualmente tienen, pero reclamaban protocolos estandarizados, respaldo jurídico, el desarrollo de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria y el reconocimiento de la categoría profesional 'A'.
En conversación con elDiario.es, la adjunta de Atención Primaria de acción sindical de Satse, Carmen del Moral, señalaba que con el nuevo protocolo las enfermeras tendrían “la carga asistencial de su consulta, domicilios y, además, toda esa sobrecarga de todo paciente que entra por la puerta” y deben valorar. “Es un abandono total por parte de la administración”, lamenta.
Traslado “forzoso” al Zendal No son los únicos profesionales sanitarios descontentos con la gestión de Ayuso. CCOO prepara una demanda contra la Consejería de Sanidad por el traslado “forzoso” de los 203 profesionales que estaban poniendo vacunas en el Wizink Center y que, tras la clausura de este punto de vacunación masiva, han sido enviados al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Sus compañeros en los hospitales también protagonizaron una huelga el pasado mes de mayo, que duró 10 días y que tuvo servicios mínimos de hasta el 100%. Es decir, algunas consultas operaron con normalidad. En este caso, los médicos especialistas y facultativos de la Comunidad de Madrid reclamaban a la Consejería de Sanidad que terminase con su situación de temporalidad, que en algunos casos se perpetúa durante lustros, a través de un concurso de méritos y no por oposición como pretendía el ejecutivo regional.
Tras semana y media de “una huelga indefinida a la que no debería haberse llegado”, como defendió la secretaria general del sindicato convocante, Ángela Hernández, ambas partes llegaron a un acuerdo. Este pasaba por el compromiso de la Comunidad de Madrid de ofertar entre 2.500 y 3.120 plazas entre diversos procesos por concurso de méritos para facultativos de larga duración y otras 410 plazas para urgencias. Entre medias, Ayuso repitió en varias intervenciones que la izquierda pretendía “regalar el acceso a las instituciones a personas que no han pasado unas oposiciones”, algo que las plataformas que luchaban contra la temporalidad recibieron como una alusión directa.
“El gobierno del PP nos ha tomado el pelo” Si los médicos se sienten abandonados, los taxistas aseguran que el PP de Madrid les ha “engañado”. Lo verbalizaba el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, a las puertas de la Asamblea, donde Ayuso sacó adelante, gracias a la extrema derecha, la ley que permitirá a los VTC seguir operando como hasta ahora en la Comunidad a partir de octubre. “El PP, el consejero, la presidenta y Vox nos han engañado”, aseguró Sanz sobre esta votación que ponía a los taxistas madrileños a competir con multinacionales como Uber, Bolt y Cabify.
“El gobierno del PP nos ha tomado el pelo”, insistía Sanz el día anterior a aquella votación durante una marcha de medio millar de taxistas que ya auguraba el final aciago de unas negociaciones cuyo fracaso se concretó en la cámara regional el 2 de junio. “Tanto el consejero de Transportes [David Pérez] como la presidenta dijeron que se reunirían con nosotros las veces que hiciera falta”, aseguró, antes de denunciar que Ayuso legisla “solo para una parte”. Tanto en aquella concentración como frente al edificio de la Asamblea de Madrid, en Vallecas, se escucharon gritos de “Ayuso dimisión” y se lanzaron acusaciones de estar “vendiendo” el país.
La Federación Profesional del Taxi anunció entonces que recurrirá esta reforma de la ley de transportes de la Comunidad a los tribunales, al considerar que puede haber una responsabilidad patrimonial por la perdida de valor de sus licencias y el cambio de condiciones del sector.
Este nuevo tablero de juego que ha puesto sobre la mesa la comunidad para sus taxistas puede servir de anticipo para otras comunidades gobernadas por el PP y o con el apoyo de Vox. En medio de la gran huelga del taxi de 2019, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, transfirió a las comunidades la competencia de redactar sus propias normas, para lo que impulsó una moratoria que finaliza en octubre de este año. Si los ejecutivos autonómicos no articulan esa nueva legislación, los vehículos de transporte con conductor (VTC) no podrán seguir operando. El camino que marca Madrid, a la espera de conocer el desarrollo completo que haga a través de un reglamento específico, puede ser un ejemplo para el resto de gobiernos de su mismo signo.
En España hay más de 62.250 licencias de taxi, de las que casi un 25%, 15.288, están en Madrid. La proporción se dispara en el caso de las VTC. En la comunidad están el 46,5% de las 18.047 licencias concedidas en todo el país. En total, 8.383. Ayuso, que aseguró que su Gobierno está “altamente comprometido” con los taxistas y reconoció que el servicio que ofrecen es “fundamental, es un servicio público”, afirmó en un dudoso intento por rebajar la tensión con el sector que en Madrid “no se va a ir en burra, como quiere Ada Colau”.
En su guerra abierta en el campo de la educación contra el Ejecutivo central, Ayuso también ha enfadado a sindicatos y profesionales de la educación y la ciencia. En sus embistes a la LOMLOE casi se lleva por delante a los editores de libros sobre quienes, aunque ha querido dejarles a un lado, ha terminado por poner la lupa, al acusar de adoctrinamiento en los libros de texto.
A principios de junio, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, se reunió con la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE). El Ejecutivo regional buscaba un aliado en su guerra contra Pedro Sánchez y la citada normativa conocida como Ley Celáa, pero tras el encuentro lo único que encontró fue un comunicado en el que la asociación pedía que “los libros y la actividad editorial no sean utilizados como arma arrojadiza del juego político”, apremiaba a la comunidad a presentar el 40% del currículo que le corresponde elaborar y recordaba que los contenidos de los que se habían hecho eco la presidenta y sus consejeros eran “prototipos que aún están sujetos a cambios”.
“Nada relevante” El Gobierno madrileño aún siguió unos días más haciendo campaña. Al día siguiente de aquella reunión, Ayuso insistió en que los libros tenían “una altísima carga ideológica”, pese a reconocer que había conocido su contenido “por los medios de comunicación”. Dos días después, la presidenta resolvió la cuestión con una afirmación escueta: “La Inspección Educativa no ha detectado nada relevante en la revisión que ha efectuado de 180 libros”. A la postre, era el reconocimiento de que llevaba más de una semana alimentando una polémica inventada.
El uso de los libros para hacer política ha continuado durante varias semanas más, aunque con menor intensidad. El propio consejero llegó a afirmar que no se llegaría a tener lista la parte del 40% del currículo que corresponde a las comunidades autónomas. Las declaraciones causaron incredulidad entre los editores. Según fuentes del sector, estos se habían comprometido con la administración regional a tener listos los textos y apuntaban, además, que la Comunidad de Madrid era de la que más avanzados tenía los borradores.
Libros aparte, la comunidad educativa madrileña también ha respondido por la vía judicial a los intentos de Ayuso de contrarrestar la LOMLOE. En concreto, la federación de enseñanza de CCOO, a quien Ossorio acusó de que solo le importa “la ideología”, ha elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid el decreto que con el que el ejecutivo regional pretende encorsetar la “mayoría colegiada” que la ley estatal establece en los claustros para permitir a cada alumno, de forma individual y teniendo en cuenta sus circunstancias personales, promocionar de curso y limita las asignaturas que se pueden o no suspender. También, la circular que impide a los centros agrupar asignaturas para impulsar proyectos multidisciplinares.
En el primer caso, el Tribunal ha condenado en costas a CCOO por solicitar medidas cautelares al considerar que ocultó información relevante que los jueces desconocían para tomar la decisión. En la segunda, las medidas cautelares continúan, a la espera del recurso de la Comunidad. “Quieren controlar políticamente nuestras aulas y a los profesionales”, advertía la secretaria general de enseñanza de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, que apunta que las políticas de Madrid se encaminan “hacia la censura de la educación”. En ambos casos, el proceso para discernir si invade o no competencias sigue adelante y, por tanto, está pendiente de resolverse.
Como lo están también las reivindicaciones de los trabajadores de los centros de menores de la consejería de Servicios Sociales, que en el último mes han salido a la calle por decenas para protestar por el nuevo plan del Gobierno de Ayuso. La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ha decidido reorganizar los centros en los que viven menores tutelados, clausurar La Casa de los Niños, reubicar a más de 180 niños y jóvenes y trasladar a 350 trabajadores y trabajadoras.
Desde el sindicato UGT denunciaban esta misma semana que la intención de la AMAS es “hacer, o más bien deshacer a su antojo sin contar con nadie”. “Nos deja claro que nos convoca exclusivamente para tratar cómo realizarán los traslados forzosos”, lamentan.
Como lo están también las protestas de los trabajadores de Metro de Madrid, que se han manifestado por tercer jueves consecutivo junto a los compañeros de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para denunciar el “deterioro intencionado” del transporte público madrileño. En su caso, la Comunidad anunció a finales de abril el recorte del 10% de los trenes. Atribuía la medida a la subida del precio de la electricidad. “Es una medida razonable y necesaria”, afirmó el consejero de Transportes, David Pérez, que justificaba que sería “muy irresponsable no tomar ninguna medida”. Esto ocurría mientras Ayuso presumía de bajar los impuestos con los que se pagan los servicios públicos.
El 9 de junio, la protesta convocada por los comités de empresa de Metro de Madrid y la EMT discurrió desde la Plaza de Colón hasta el Consorcio Regional de Transportes. La anterior, lo hicieron frente al Palacio de Cibeles y la otra, ante la Asamblea de Madrid. Los trabajadores del suburbano denunciaron allí los recortes que supone esa reducción del 10% de trenes, pero también la necesidad de contrataciones para cumplir con la tasa de reposición, que sería de un 120% para 2023. Ello, claro, “si queremos dar un buen servicio”, señalaba el secretario general de CCOO en el Metro, Juan Carlos de la Cruz, que apuntaba: “Parece que buscan deteriorar el transporte como con la Sanidad o la Educación”.
Es decir: una cosa es encontrarse con que dispones de los mejores hospitales de España y otra, muy distinta, es la realidad de la ida esa: está desmantelando la sanidad... y no sólo la sanidad.
Así desmonta Ayuso la sanidad madrileña para los ultras de Sánchez, podemos y Mas Madrid:
Ayuso abrirá 80 centros sanitarios 24 horas para las urgencias extrahospitalarias
La apertura se efectuará el jueves 27 de octubre. Estarán ubicados en los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)
Por no referirme a que pese al desmantelamiento de la sanidad madrileña, Madrid tiene a 6 hospitales públicos entre los 10 mejores de España
Séneca escribió:Así desmonta Ayuso la sanidad madrileña para los ultras de Sánchez, podemos y Mas Madrid:
Ayuso abrirá 80 centros sanitarios 24 horas para las urgencias extrahospitalarias
La apertura se efectuará el jueves 27 de octubre. Estarán ubicados en los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)
Por no referirme a que pese al desmantelamiento de la sanidad madrileña, Madrid tiene a 6 hospitales públicos entre los 10 mejores de España
La ida esa se ve obligada a da su brazo a torcer, básicamente porque sólo se enfrenta a una realidad que no podrá vencer: no va a conseguir su propósito de desmantelar del todo la seguridad social para regalársela a sus familiares, amigotes y aquellos poderosos a los que lame el culo.
Y cuando la ida esa da su brazo a torcer es una derrota para ella, no una victoria como los sectarios pretendéis hacer ver.
Otra cosa a comprobar es: a ver en qué condiciones y para beneficio de quién va a abrir nada la ida esa.
La realidad de la sanidad madrileña ya la conocemos todos, entre otras cosas porque el llobu la ha puesto sobre la mesa.
Y sigue siendo que Madrid tendrá seis de los diez mejores hospitales de España no gracias a la ida esa, sino a pesar de ella, y queda por ver que lo que propone la ida esa no acabe en el desastre que la ida esa tiene planeado para los madrileños.
Ya hay no querer entender a Ayuso con lo claro que habla, respecto a si ha valido para algo el tope del gas y el rollo de la excepción Ibérica, los expertos dicen que no.
Ya hay no querer entender a Ayuso con lo claro que habla, respecto a si ha valido para algo el tope del gas y el rollo de la excepción Ibérica, los expertos dicen que no.
Ya hay no querer entender a Ayuso con lo claro que habla, respecto a si ha valido para algo el tope del gas y el rollo de la excepción Ibérica, los expertos dicen que no.
En realidad ahí no explica absolutamente nada de lo que dice la ida esa... lo mismo que la ida esa no es capaz de explicar absolutamente nada.
Y ahora la realidad:
Qué es la excepción ibérica y cómo afecta a los precios de la electricidad a través de un tope al gas
La excepción ibérica busca reducir los precios de la factura eléctrica mediante un tope al gas, que establece un precio máximo al que las gasistas pueden vender la electricidad generada con ese recurso
Los precios récord alcanzados en las facturas de la luz y en la electricidad en el mercado mayorista han llevado a los diferentes países a tomar medidas para paliar el impacto en los bolsillos de los consumidores. Una de ellas ha sido la excepción ibérica, que pone un tope al gas en el sistema eléctrico de España y Portugal para bajar el importe en los recibos.
A través de la excepción ibérica, el mercado eléctrico mayorista en España reduce sus precios respecto a los que se alcanzarían sin este mecanismo, lo que repercute en las tarifas tanto del mercado libre –es decir, el de contratos fijos entre comercializadora y cliente– cuando se actualizan como en las del mercado regulado, particularmente influido por los cambios del precio diario.
¿Qué es la excepción ibérica y cómo se aplica? La excepción ibérica fija un tope para el precio del gas que se utiliza en la generación de electricidad, como explica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En particular, en 2021, la electricidad procedente de las centrales de ciclo combinado –destacadas por la CNMC en su artículo– aportó el 17,1% del total de energía generada en el país, según datos de Red Eléctrica.
Dicho tope se aplica sobre el gas en el mercado mayorista de la electricidad o pool, en el que las ofertas se ordenan de más barata a más cara y la que marca el precio es “la última unidad que es necesaria para producir”, como contó a Newtral.es José Luis Sancha, experto en sistema energético y profesor de la Universidad Politécnica de Comillas.
Esto implica que el resto de tecnologías, aunque sean más baratas, se pagan al mismo precio que la más cara. Por lo tanto, a mayor demanda, más posibilidad hay de que entren tecnologías más caras, como el gas, en el mix energético.
Sin embargo, la excepción ibérica fija el precio de la electricidad generada por gas en 40 euros/MWh, según el correspondiente real decreto, lo que evita que el aumento de su precio se extienda “al conjunto del mercado eléctrico”, como señala la CNMC. Este precio aumentará progresivamente desde el sexto mes de aplicación de la medida en cinco euros/MWh mensuales, “hasta alcanzar un valor de 70 €/MWh en el último mes” para llevar a cabo una “salida gradual y escalonada” de la medida.
Con esta disminución del coste marginal de la electricidad en el mercado mayorista, la medida pretende “promover una reducción de los precios minoristas soportados por todos los consumidores finales de electricidad”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
¿A quién beneficia? El tope del gas busca beneficiar al conjunto de los consumidores finales de electricidad que se han visto afectados por el incremento de los precios de la energía. Entre los primeros afectados se encuentran los clientes acogidos a la tarifa regulada por el Gobierno en España, que recibe el nombre de precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).
Este modelo se encuentra “totalmente indexado al mercado mayorista”, como recoge la página web del Miteco, por lo que es afectado de forma directa y casi inmediata por los cambios en los precios del pool.
Sin embargo, el aumento de los precios del gas, que repercute en la factura de la electricidad, hace que las comercializadoras que tengan que cubrir el coste se lo trasladen a sus clientes a medida que se vayan actualizando sus contratos del mercado libre, según contempla la CNMC.
¿Quién paga el tope del gas? Sin embargo, las productoras que generan electricidad con gas y se ven obligadas a vender a un precio máximo independientemente de cuál sea el precio del gas en el mercado necesitan ver compensados sus costes. Para ello, se establece un mecanismo de ajuste que equivale a la diferencia entre el precio real del gas y el precio máximo que impone la excepción ibérica, como indica la CNMC en su blog.
Ese ajuste o compensación se paga por los beneficiarios del tope del gas, que son los consumidores en la tarifa regulada o PVPC y quienes se acogen a contratos firmados desde el 26 de abril de 2022, según establece el real decreto ley 10/2022.
De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se escoge esta fecha al coincidir con el momento en el que se anunció el acuerdo con la Unión Europea para la excepción ibérica, aunque todavía no se había precisado la medida. “Las comercializadoras, desde ese momento, pudieron empezar a ofrecer precios teniendo en cuenta una hipotética rebaja de costes”, indica la OCU.
Además, existen ingresos del Estado destinados también a cubrir el coste del mecanismo ibérico, como los que proceden de las rentas de congestión, es decir, los beneficios de la interconexión eléctrica con Francia. Así lo contempla también la normativa de la excepción ibérica, que señala que el 50% de las retribuciones que genera esa conexión con el país galo irán destinadas “a minorar la compensación al gas”, según precisan desde el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).
¿Dónde aparece el coste de la excepción ibérica en la factura? Para ver el coste concreto del tope del gas en la tarifa eléctrica, las facturas de los clientes del mercado libre recogen un nuevo concepto. Según informa el blog de la CNMC, se podrá encontrar bajo el nombre ‘coste del tope del gas’, ‘coste del mecanismo de ajuste’ o ‘coste del ajuste del RDL 10/22’, que se sumará al del precio de la energía.
Sin embargo, no aparecerá en las facturas de los consumidores del mercado regulado, ya que, en este caso, su coste ya se incorpora en el apartado llamado ‘coste de energía’.
¿Cuándo se aprobó y cuánto tiempo estará en funcionamiento? La aprobación por parte de la Comisión Europea de la excepción ibérica el 8 de junio hizo que la medida se empezara a aplicar en el mercado diario siete días después, el 15 de junio de 2022.
Como precisó la Comisión Europea en la nota de prensa en la que informó de la entrada en vigor del mecanismo, se trata de una medida temporal que “solo se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023”.
¿Cómo afecta la excepción ibérica al importe de las facturas? La estructura del mercado eléctrico en España hace que la excepción ibérica tenga efecto sobre la factura de la luz del consumidor final. Pese a que los precios han aumentado respecto a años anteriores, la propia CNMC asegura que “el mecanismo de ajuste está permitiendo que los consumidores paguen menos por el suministro eléctrico de lo que hubieran pagado sin este mecanismo”.
De hecho, en el caso de la Península, la excepción ibérica hace que la compensación solo se pague al porcentaje de energía eléctrica que se genera mediante gas, mientras que el resto obtienen el precio fijado en la subasta.
Por eso Aitor Urresti, experto en energía de la Universidad del País Vasco, considera que el ahorro es importante. “Si en lugar de pagar este 30 o 40% con este sobreprecio, tuviéramos que pagar toda la energía a ese precio, ahí sí que se nos disparaba la factura”, contempla.
Ya hay no querer entender a Ayuso con lo claro que habla, respecto a si ha valido para algo el tope del gas y el rollo de la excepción Ibérica, los expertos dicen que no.
Yo creo que deberías apreciar más bien a Miguel Ángel Rodríguez y el producto que ha creado específicamente para masas tan preparadas.
Yo aprecio a Miguel Angel Rodríguez en lo que vale y su valía es mucha puesto que le ha elegido Ayuso como asesor y hombre de confianza, se que el no la va a traicionar a ella y ella a el tampoco, quieres que te cuente lo ocurrido con varias personas de absoluta confianza de Sánchez o no hace falta, acuérdate de Iván Redondo, Ábalos, Carmen Calvo, etc. ya veremos lo que dura Félix Bolaños.
La excepción ibérica deja a España con el precio de la luz más bajo de los países de su entorno en Europa
El mercado diario de electricidad cerró el 4 de agosto con un precio de la luz de 147,23 €/MWh, la mitad que en Reino Unido, y casi cuatro veces menos que los 538,23 €/MWh de Italia, como recoge la página de Red Eléctrica de España, el operador de mercado eléctrico español. La excepción ibérica, que está en funcionamiento desde mediados de junio, ha permitido que España y Portugal registren el precio más bajo de los países del entorno europeo.
Tatsumaru escribió: Yo creo que deberías apreciar más bien a Miguel Ángel Rodríguez y el producto que ha creado específicamente para masas tan preparadas.
Yo aprecio a Miguel Angel Rodríguez en lo que vale y su valía es mucha puesto que le ha elegido Ayuso como asesor y hombre de confianza, se que el no la va a traicionar a ella y ella a el tampoco, quieres que te cuente lo ocurrido con varias personas de absoluta confianza de Sánchez o no hace falta, acuérdate de Iván Redondo, Ábalos, Carmen Calvo, etc. ya veremos lo que dura Félix Bolaños.
Está complicado que Ayuso y Miguel Ángel rompan porque ella no hace nada ni dice nada que no le haya sugerido su consejero, estaría complicado separar a eso siameses donde uno pone laa líneas de marketing estratégicas y la otra da la cara. y es obediente.
Ya en Mad Max salía el Maestro Golpeador....es más gráfico el ejemplo.
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