Solía pensarse que los padres aspiraban a educar a sus hijos como buenas personas. Cierto que han sido múltiples los pensadores que nos han alertado de lo contrario, de cómo se asciende sentándose sobre los demás (José Agustín Goytisolo). Y se han escrito hasta tratados. Por el año 1500, y con aspiraciones de máxima altura, Maquiavelo ilustraba sobre cómo ser príncipe, mando de poder al fin, aventando idealizaciones utópicas. Lo curioso es que todavía hay personas que se creen intachables a pesar de meter en la vida de toda una sociedad a auténticos desaprensivos. Son aquellas de las que alertaba Martin Luther King: «Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas». En el XXI ha empeorado y más que por silencio, por acción u omisión. El PP ha alumbrado un nuevo vástago de ese dragón surgido en las cavernas del franquismo. Para conseguir la investidura de su candidato como presidente de Aragón, le ha otorgado la presidencia de las Cortes a un ejemplar completo de intransigencia ultraderechista. [url=https:// https//www.eldiario.es/aragon/mensajes-odio-borrado-nueva-presidenta-cortes-aragon-vox-aupada-pp_1_10320113.html]Marta Fernández[/url], a sus 57 años es una fanática religiosa, antifeminista, tránsfoba, xenófoba, niega hasta el cambio climático. Es de esos seres que con extrema violencia dice apostar por la vida. Plantó una imagen de un feto en el hemiciclo en su oposición al aborto. Curiosamente, el patrón de Aragón, San Jorge, luchó contra los dragones, si me permiten la licencia. Porque ver en ese estado el Aragón de las libertades en el que viví resulta tan patético... 73.677 votantes (el 11%) han elegido a Fernández como su representante. Y 232.712 que optaron por el PP la asumen en el pacto. ¿Es eso lo que quieren para su vida, la de sus hijos, padres, vecinos, conciudadanos? Esta pregunta es extrapolable a cuantos son coautores de esos acuerdos entre PP y Vox que han borrado no menos de medio siglo de progreso en España. Y cualquiera se pregunta si nos les bastaría con irse a disfrutar de sus creencias por su cuenta que han de obligar al resto de las personas a las consecuencias de semejante ideario, contrario en muchos extremos a los Derechos Humanos. Es el mismo de Ayuso, la síntesis ultra de la política española, cuando se atreve a decir que su gobierno protege la vida humana (mientras no sale del vientre materno), tras haber implantado un protocolo que privó de asistencia médica a más de 7.000 ancianos fallecidos en las residencias a su cargo. Y le han dado mayoría absoluta. Es la desfachatez genuina de ese PP que vendería su alma al diablo por hacerse con la llave de la caja fuerte de nuestros impuestos. Lo fundamental para ellos, De ahí esas presuntas divergencias en las distintas comunidades que jalean los medios. Cuesta entender por más que se intenta buscar explicaciones qué lleva a ciudadanos normales a confiar asuntos esenciales de su vida a gente verdaderamente infame. Sin empatía, sin piedad siquiera, usando la mentira y la agresividad para hacerse con el papel de líder. No tiene una argumentación lógica. No nos vengan a estas alturas con que no saben la verdad. En la misma línea tenemos la batalla de Núñez Feijóo por malmeter contra España en Europa tanto o más que sus antecesores al cargarse -verbalmente y sin pruebas ciertas- los logros económicos del gobierno progresista. Es tan escandaloso lo que están haciendo que se le ven las costuras a poca vista que se tenga. Pero tienen numerosos modistos remendones en los medios. A propósito, alguien se preguntaba hace unos días sobre la actitud de la presentadora Ana Rosa Quintana cada mañana desayunando a ver cómo podía ser peor persona en su despliegue mediático. Y hay gente que se la cree, o le divierte esa maldad. Tampoco se explica. Una larga lista de comunicadores (de lo que quieren comunicar) pululan con similar perfil o casi. Como sabrán algunos de ustedes, alguien me ha hackeado mi cuenta de Twitter para intentar vender ordenadores en lo que se presume de lejos es un timo. Lo curioso es que Twitter no me la devuelve porque me dice que no consigo demostrarle que yo soy yo. Creo que solo me falta por mandarles una radiografía dental. Y no tengo ni tiempo ni ganas de seguir luchando contra ese muro. Entretanto el hacker -con grandes visos de ser un delincuente- campa a sus anchas con mi perfil, hasta bloquea a mis amigos habituales. Como esbozaba la tan acertada Ley de Clarke -ya saben- “la incompetencia suficientemente avanzada es indistinguible de la mala voluntad”.
A esta hora, a cualquiera en la que lo lean, hay personas -como les recuerdo ya a menudo- luchando por la vida de otros. Las UCI de los hospitales son una fuente impresionante de lecciones de valentía y de esfuerzo. Un recinto de incertidumbre en la espera para huir del dolor. Están plagadas de personas magnificas. De las que no salen en las teles. “Es que papá se va” -u otros seres queridos-, se oye a menudo y a veces ocurre y a veces no. “Diles que está en el mejor lugar posible para cuidarles y que hemos visto aquí solucionar contratiempos casi imposibles de salvar”, me dicen. Las buenas personas, generosas, positivas, lo son hasta en momentos delicados. Ésa es la diferencia entre ayudar y apretar el gatillo de la ambición, el trinque y los recortes. Votar la maldad, la mezquindad, el despiadado egoísmo, es elegir a quienes les representan fidedignamente. No siempre están los candidatos exactos, pero entre alguna cesión y la barbarie hay un abismo. Ése que ya se abre bajo los pies de esta España por culpa de muy malas personas y de aquellas que ni se molestan en querer ver. La clave siempre han sido esa: la escandalosa actitud de muchos que se creen buena gente.
Esto va de emociones. Es el nuevo consenso entre los sabios para explicar lo que nos está pasando desde el 28M. En España gusta mucho encontrar una explicación que resuma todo en una palabra, como mucho en una frase; nos encanta. En los ochenta era que a los votantes de izquierda no les importaba la corrupción y por eso votaban a Felipe González con pelotazo y todo. En los noventa era la gestión y por eso ganó Aznar, que no tenía ideología, hasta que la tuvo. En el principio del siglo era a los votantes de derechas a quienes no les importaba la corrupción y por eso seguía el PP. Con la Gran Recesión la culpa pasó a ser del bipartidismo y los grandes consensos de la Transición y, por eso, la nueva política venía a cambiarlo todo. Hoy, los mismos que cantaron el fin del bipartidismo apuntan ahora a la fragmentación como causa de nuestros males. Hoy, los mismos que señalaban al consenso como el padre de todos los males del sistema apuntan ahora a la polarización como raíz de todos sus problemas. La gran explicación para la aparente paradoja de que las cosas vayan bien y las políticas del gobierno de coalición estén bien valoradas, pero las elecciones las haya ganado y las pueda volver a ganar el Partido Popular y gobernar en coalición con la extrema derecha son, al parecer, las emociones. El voto emocional se impone al voto racional. No votamos con la razón basada en cuanto vemos y comprobamos, sino con la pasión de aquello que sentimos. Podría ser. No digo que no. Igual que puede ser que dos de cada diez votantes digan que deciden su voto en campaña porque así lo hacen, no porque declararse fiel o próximo a un partido es algo que cotiza a la baja en estos tiempos de antipolítica. Hace diez años las campañas no importaban nada e incluso muchos hablaban de acortarlas. Hoy son la clave y lo deciden todo. España es así, señora, un torbellino de certezas. Aunque también puede ser que le llamemos emociones a una racionalidad que no somos capaces de entender o que, simplemente, nos disgusta. La derecha cabalga sobre esa ola de emociones que es el antisanchismo. Pero pocas posiciones más racionales que el antisanchismo si piensas que la derecha nunca debió ser desalojada del poder por medio de una moción de censura, habiendo ganado las elecciones, y todo cuanto sucedió después es ilegitimo. O cuando tu situación económica es buena y lo que te preocupa ahora es que te bajen los impuestos; poco importa cuánto hayan ayudado las políticas de este gobierno si la alternativa te promete no cambiarlas, únicamente abaratarlas.
Pocas posiciones más racionalizadas que las de esos amigos del presidente Sánchez que dicen sentirse amenazados por el feminismo que llaman de confrontación y que, casualmente, implica un salto cualitativo en la eliminación de los privilegios que los hombres seguimos manteniendo, mientras vamos de enrollados. Nada más racional que argumentar la defensa de esos privilegios apelando a los sentimientos de amenaza y agresión. No es que seas un poco machista y defiendas tu posición de ventaja; es que tienes emociones. Ganará quién más emociones proponga y maneje, sentencian los estrategas. Mira que si, al final, lo que nos pasa es que todos tenemos ideología, una forma de ver el mundo y cómo debe ser y votamos racionalmente por quienes la defienden mejor y con más convicción. Qué tontería.
Sánchez se da un festín en 'El hormiguero' a costa de Pablo Motos
Llegó el momento decisivo de la campaña. El soldado Sánchez se internaba en la selva vietnamita con miedo de verse las caras con el temido Vietcong, las “terminales mediáticas” de las que ha hablado en varias entrevistas. Ya había sufrido el intenso fuego cruzado de Carlos Alsina en Onda Cero y había salido de la emboscada como buenamente había podido. A la defensiva y sin sonar muy enérgico en las preguntas más delicadas. Era la noche de la entrevista en 'El hormiguero' con Pablo Motos en el papel de enemigo despiadado. Noooo. No fue para tanto. Es más, fue al contrario. Si entendemos estas entrevistas en periodo preelectoral como una especie de duelo, se puede decir que Pedro Sánchez se comió a Pablo Motos en la noche del martes. Lo digirió con rapidez y al llegar a casa ya tenía hambre. La victoria tampoco tiene que significar mucho. Las entrevistas a políticos en radio y televisión requieren de una experiencia muy concreta, que ni siquiera está al alcance de todos los periodistas, y de una preparación previa muy concienzuda para extraer de la hemeroteca todo lo que pueda hacer daño o simplemente sorprender al invitado. Motos no tiene esa experiencia porque su programa va de otra cosa, y eso es lo que le ha convertido en un ejemplo de gran éxito televisivo. Y está más tranquilo que durante la pandemia, cuando se lanzó a algunos alegatos exagerados, se burló del corte de pelo de Fernando Simón y no paró hasta que enfermó de Covid y dijo a la gente que se protegiera. Por no hablar de cuando preguntó a Isabel Díaz Ayuso “¿te sentiste muy sola?” en una frase que recordó a los momentos más románticos de un culebrón de Televisa. Sánchez pudo incrustar en la mente de los telespectadores todos los mensajes que traía preparados, que por lo demás ya hemos escuchado en otras entrevistas. No sabemos qué come y bebe en las campañas electorales. Sólo podemos confiar en que sean productos legales. Como en 'Cuando Harry encontró a Sally', alguien en el público debería haber dicho después: yo quiero lo que ha pedido ese señor. Habló, habló y habló, mientras Motos sudaba pensando en que se iba a quedar fuera la mitad del cuestionario. Una vez que le dio una buena réplica, Sánchez siguió a lo suyo. Le había preguntado sobre si votaría en una investidura a favor de Alberto Núñez Feijóo para que no tenga que pactar con Vox. “Voy a ganar las elecciones”, respondió de forma previsible. “No se lo habrá dicho Tezanos”, saltó al quite Motos refiriéndose al presidente del CIS que protagonizó otro estrepitoso fracaso con las encuestas del 28M. Pero dio igual porque Sánchez continuó con su discurso y ni se paró para encajar el golpe. Lógicamente, Motos le recordó sus críticas a algunos programas de radio y televisión por estar sesgados a favor de la derecha. Cuando dijo que eso incluía a programas de entretenimiento, Motos se tenía que dar por aludido. Sánchez se limitó a decir que no iba a “señalar” a ningún programa, una respuesta evasiva pero que le sirve. Ya ha lanzado la piedra y no necesita comprobar si alguien se la ha llevado en toda la frente. Ocurrió algo curioso. El que se puso a la defensiva fue Motos que llegó a afirmar que en sus tertulias políticas “hay descompensación hacia la izquierda”, un comentario que debería haber provocado risas en el público. Para afirmar que también han criticado al Gobierno desde posiciones progresistas, Pablo Motos comentó que lo han hecho personas como Felipe González, Alfonso Guerra (!!) y Juan Luis Cebrián (!!!), gente que no tenía ningún aprecio por Sánchez desde antes de que llegara a la Moncloa. Desde su casa, el exdirector de El País Antonio Caño, que fracasó en su intento de acabar con Sánchez, veía cómo le iba creciendo una notable úlcera de duodeno. Escribió nueve tuits con los que no había que ser médico para apreciar el progresivo deterioro de su estómago. “¡Por Dios!, pero ¿quién dirige este programa? ¿Cuándo empiezan las preguntas?”. Esperemos que no hubiera cenado muy fuerte. En los primeros minutos, el presentador sí atizó con dureza con la convocatoria electoral en pleno julio “cuando doce millones de españoles estarán fuera de sus hogares”. Y luego el rejonazo: “¿Cree que eso puede cambiar el resultado electoral?”. Sanchez lo negó sin aspavientos. Lo cierto es que quien tiene un problema de movilización del electorado es la izquierda, no la derecha, y el voto por correo funciona para estas cosas. Motos sacó un fragmento de su programa en el que uno de sus colaboradores, Juan del Val, perdió la cabeza y dijo que convocar elecciones en julio “era un fraude”. Sacar el vídeo de ese momento benefició a Sánchez, que respondió que eso es una acusación “muy grave” que se debería demostrar. Ahí se puso estupendo y dijo que las opiniones son libres, pero hay que respetar los hechos, y ante eso Motos poco podía decir. Imposible encajar otro bulo en el programa. El presentador tuvo el buen gusto de no tirarse al barro y no mencionar a ETA ni ninguna realidad alternativa en la que la organización terrorista siga existiendo en España. En sus hogares, los dirigentes del PP estaban a buen seguro comiéndose a dentelladas el mando a distancia. Motos admitió que los indultos a los condenados en el juicio del procés habían tenido un efecto positivo en Cataluña (los del PP empezaron a morder el brazo del sofá), pero que la supresión del delito de sedición había sido un error grave. El buen resultado de la cita televisiva para sus intereses confirma el error político que cometió Moncloa al no haber concedido entrevistas con el presidente a algunos de los medios críticos con su gestión durante la legislatura. Seguro que le iban a hacer preguntas duras, pero justamente eso es lo que ha hecho la oposición en el Parlamento desde 2019. Cada semana. Está previsto que la próxima semana Sánchez acuda al programa de Ana Rosa Quintana. Allí sí que tendrá que aparecer con casco y chaleco antibalas, porque la presentadora de Telecinco está muy atacada. “Pero qué coño de derecha mediática”, dijo el martes poniendo los pelos de punta a su público. Sánchez tiene varios días para practicar el gesto de seductor y las energías propias de una campaña, porque las va a necesitar en esa trinchera.
La campaña electoral se mueve y el PSOE puede estar frenando la sangría del 28-M. La derogación del sanchismo pierde fuerza como palanca electoral del PP y es Sánchez quien está siendo más hábil en los últimos días en explicitar qué consecuencias puede tener la gran derogación. El mantra se desinfla a medida que se concretan las propuestas del PP y la imposibilidad de que los populares tengan autonomía sobre su propio programa. Las medidas económicas, tradicional fuerte de la derecha, no terminan de romper y los efectos de los pactos son más visibles que los supuestos beneficios de cargarse la ley de vivienda, la reforma laboral, la de las pensiones y el largo etcétera legislativo en el punto de mira.
Tras la derogación del sanchismo como hoja de ruta del 23-J emergen en la misma vía los pactos del PP con VOX uno a uno por todas las comunidades. No hay una sola plaza donde los populares se hayan podido resistir a los de Abascal. Y VOX no ha tenido a nadie enfrente porque Feijóo no ha dado una sola pelea para contener las peticiones, los gestos, para evitar que se materialicen en cuestión de días las políticas y el discurso de VOX.
El PP está demostrando en sus pactos autonómicos que lo primero es el poder y después los principios. A tres semanas de la cita electoral, VOX ha embarrado la pretendida centralidad popular, arrastrando al partido en cada comunidad. María Guardiola se ha retractado a favor de VOX. Y aunque mantiene la promesa de no dejarles entrar en el gobierno, ahora son un "partido constitucional" con el que quiere llegar a acuerdos. En el modelo de Baleares, Marga Prohens gobernará sola. Pero la primera decisión de la cámara autonómica ha sido eliminar la bandera arcoiris de la fachada balear por decisión unánime de PP y VOX. Por lo pronto, la guerra ideológica la está ganando Santiago Abascal configurando la marcha y el rumbo de los pactos. Feijóo desliza en cada entrevista la petición de abstención del PSOE si el PP es la fuerza más votada. El debate tiene una profundidad democrática de calado: qué precio se puede pagar para expulsar a la ultraderecha de la ecuación de gobierno. Desde el PNV, Aitor Esteban reprocha al PSOE no hacer esa oferta al PP. Es a la inversa, quien pide una concesión de ese tamaño, tiene la responsabilidad de hacer el primer gesto. La gestión que está haciendo el PP de los resultados del 28-M, el reguero de pactos con VOX, invalidan toda petición de abstención para gobernar. No es posible anunciar acuerdos con la ultraderecha, celebrarlos, no hacer esfuerzos contundentes por diferenciarse y pedir que la izquierda te deje gobernar. El programa de gobierno del PP tampoco termina de destacar sobre los acuerdos de investidura de sus líderes regionales. En transparencia, Feijóo se niega a declarar en el Senado el sueldo del partido, una retribución que sale del dinero público y se acaba filtrando a la prensa antes que a la Cámara. En la agenda verde, está la apuesta fallida por alargar la vida de las centrales nucleares y la vinculación de un fallecido por golpe de calor con la convocatoria electoral. Ni rastro de cómo abordará el PP el incremento de las temperaturas, la sequía, la agricultura, la salud pública. En derechos, no sirve desplegar la bandera del Orgullo sin plantar cara al socio de gobierno que lo niega. No romper con este discurso es legitimarlo. Y no es compatible defender la libertad mientras tu socio manda a los agentes de seguridad al parlamento de Castilla y León a retirar la bandera arcoiris. En pluralidad informativa, es una buena noticia que Feijóo acepte la propuesta de Atresmedia y el cara a cara con Pedro Sánchez. Pero no a costa de acusar de falta de neutralidad a los profesionales de RTVE, con un historial impecable en la organización de debates electorales. Dice Feijóo que no va a recibir lecciones sobre pactos. Pero las coaliciones están moviendo la campaña con o sin lecciones. La transferencia de voto, según las últimas encuestas, se está frenando. El objetivo de desmovilizar al electorado de izquierdas empieza a tener el efecto contrario. La búsqueda de la mayoría social se aleja. Los 160 escaños con los que soñaba el PP hace dos semanas se evaporan de la conversación pública. Y la izquierda, hundida el 28-M, empieza a recomponerse. No hay ninguna campaña que esté escrita, esta no es una excepción.
Pedro Sánchez sube su apuesta por las renovables frente a la promesa de Feijóo de alargar las nucleares
El Gobierno de Pedro Sánchez sube su apuesta por las renovables con una fuerte revisión al alza del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), cuyo borrador se ha presentado este miércoles y fue aprobado por el Consejo de Ministros del martes, un día después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmase su intención de prorrogar la vida útil de las nucleares si llega a Moncloa, promesa que está por ver que pueda cumplir.
La propuesta de actualización del PNIEC remitida a Bruselas es un documento de más de 600 páginas, anexos incluidos, que actualiza el plan elaborado hace tres años. Pandemia, guerra y crisis energética mediante, el Ejecutivo plantea que las energías limpias cubran el 81% del consumo de electricidad en 2030 (ahora su cuota es del 50%), frente al 74% fijado en el vigente PNIEC. Todos los objetivos se revisan al alza, con 107 medidas que actualizan o complementan las 78 del PNIEC inicial. Las emisiones de gases de efecto invernadero se recortan un 32%, frente al 23% planteado inicialmente. La penetración de las renovables en el consumo de energía final se fija en el 48% en 2030, por encima del 45% que plantea la Comisión Europea y del 42% fijado hasta ahora España.
Hay más ambición, según el Gobierno, porque así lo establece la ley climática, por los nuevos objetivos del paquete Fit for 55 de la Comisión Europea, por el nuevo escenario energético y estratégico que ha abierto el conflicto en Ucrania y por el impacto de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El documento no deja de ser un borrador, a consulta pública hasta el 4 de septiembre y que puede quedarse en papel mojado. La versión definitiva debe aprobarse en junio de 2023. Pero con la propuesta, remitida a Bruselas antes de la fecha tope del 30 de junio, se fija la hoja de ruta energética para la próxima década del actual gobierno. El maremágnum de cifras y objetivos contrasta con la indefinición de Núñez Feijóo en energía, que ha provocado cierta inquietud en el sector de las renovables. Sobre todo de cara a un posible acuerdo de gobierno con la ultraderecha negacionista de Vox. El lunes, Feijóo prometió que España será “potencia mundial” en “energías limpias”, ya que “tenemos capacidad para producir energía más barata que el resto”, al tiempo que confirmaba que abortará el cierre nuclear escalonado previsto por el actual Gobierno para evitar una subida “exponencial” del coste de la energía y porque “la transición energética no pasa por cambios abruptos y repentinos, sino por un periodo de acomodación paulatina”. El gallego confirmó así que quiere anular el plan que pactó el gobierno de Pedro Sánchez en 2019 con las eléctricas para un cierre escalonado entre 2027 y 2035. Esa decisión implicaría reducir la tarta de generación disponible para las renovables. Y la incógnita es cómo sería el PNIEC cuando el PP tiene como posible aliado a la formación ultra de Santiago Abascal, que ha abogado no ya por prorrogar las nucleares sino por construir mini reactores atómicos de coste muy incierto, vistos los astronómicos sobrecostes de los planes nucleares en desarrollo. La promesa de Feijóo, cuyo rédito electoral está por ver fuera de las áreas de influencia de los pueblos nucleares y del propio lobby que defiende este sector, se la puede llevar el viento, como pasó con el fiasco de Mariano Rajoy con la central de Garoña o el “renacer nuclear” que propugnaba en 2011 FAES, la entonces fundación del PP, justo antes del desastre de Fukushima. Que se materialice esa promesa de prórroga de Feijóo está en realidad en manos de las empresas. Y no sería gratis: hace unas semanas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se mostró dispuesto a ese alargamiento, que requeriría inversiones multimillonarias para garantizar la seguridad de los reactores, solo si se cambia la retribución a las plantas, que actualmente les aboca a pérdidas, según la primera eléctrica española. Este miércoles, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, instó a Feijóo a explicar quién va a pagar esa prórroga, qué coste tendrá y cuánto tiempo durará. En su opinión, los paganos serán el presupuesto público o los consumidores de electricidad.
“Plenas garantías”
El nuevo borrador del PNIEC sostiene que el sistema eléctrico puede afrontar con “plenas garantías” la progresiva desconexión hasta 2030 de tres de los siete grupos nucleares disponibles en la actualidad gracias al respaldo de las centrales de gas y al fuerte aumento de las renovables y el almacenamiento. Para ello, se plantea aumentar un 34% la potencia del parque de generación eléctrica, que en 2030 pasaría a tener 214 gigavatios (GW) instalados, frente a los 160 GW del PNIEC vigente. Las renovables coparían 160 GW, frente a los 113 GW del PNIEC actual, con 105 GW de nueva potencia a lo largo de la década (frente a los 59 GW del plan anterior). Con la fotovoltaica consolidándose como la fuente de generación más barata, el nuevo escenario es contar en 2030 con 76 GW de esta tecnología (37 GW más que en el plan anterior), incluyendo 19 GW de autoconsumo, frente a los 9-14 GW que hasta ahora contemplaba la hoja de ruta del Gobierno. Además, se contemplan para 2030 un total de 62 GW de eólica (50 en el PNIEC anterior), incluyendo 3 GW offshore. El viento se mantendría como primera fuente de generación en 2030. Y el parque actual de ciclos combinados se mantiene. El documento considera “esencial” la reforma del mercado eléctrico a escala europea que la presidencia española de la UE se va a marcar como prioridad, con una propuesta por parte de España que las empresas y el PP rechazan. Propone contar en 2030 con 22 GW de almacenamiento energético, frente a los 20 GW del plan vigente. Esta cifra incluye bombeo, baterías, vehículos eléctricos y la energía termosolar, cuyos objetivos se rebajan, con la expectativa de alcanzar ya al final de la década 4,8 GW, frente a los 2,3 GW actuales y los 7,3 GW que prevé el PNIEC todavía vigente. Además, se adelanta el cierre del carbón a 2025, por “la dificultad” de las plantas “para continuar siendo rentables en un entorno fuertemente condicionado por la respuesta europea al cambio climático en el que el precio de la tonelada de CO2 será, como mínimo, de 76 euros”. En el caso de otra tecnología incipiente, el biogás, el objetivo es contar con 440 MW, frente a los 241 MW que se contemplaban hasta ahora, y muy lejos de las peticiones del sector gasista.
Más demanda
El plan, con “escasa ambición”, según el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha sido bien recibido por las patronales del sector. La fotovoltaica UNEF “celebra” el aumento de los objetivos para esta tecnología, pero reclama agilizar los trámites administrativos para la masiva nueva potencia prevista y pide “estabilidad regulatoria” de cara al 23J. La patronal de renovables APPA incide en que España tiene pendiente una importante asignatura, electrificar usos fósiles, para reanimar una demanda que está en mínimos de 20 años. José María González Moya, director general de APPA, valora “positivamente que se hayan revisado al alza los objetivos”, en consonancia “con la madurez de las tecnologías y su competitividad económica”. Pero “para alcanzar esos niveles de penetración renovable son muchos los sectores que deben impulsar su electrificación y descarbonización”. Y reclama impulsar “de forma decidida el vehículo eléctrico, la bomba de calor, el almacenamiento de energía renovable y la flexibilidad de la demanda”. “El objetivo de autoconsumo parece alcanzable si ponemos todos de nuestra parte simplificando las tramitaciones y liberando el 10% de los puntos de evacuación previstos”, señala Jon Macías, director de Autoconsumo de APPA. El director general de la patronal advierte de que el PNIEC “prevé que la demanda de electricidad aumente un 12%”, en contraste con las caídas de los últimos años. “Es crucial que busquemos el equilibrio entre demanda y generación”. El borrador incrementa la ambición de objetivos en rehabilitación de viviendas, con 1,38 millones de unidades para 2030, frente a los 1,2 millones del PNIEC vigente. Introduce nuevos objetivos, como alcanzar 11 GW de electrolizadores para producir hidrógeno verde. Menciona el hidroducto España-Marsella, pero sin mayores detalles. El objetivo de dependencia energética sería del 51% en 2030, frente al 73% de 2019 y el objetivo del 61% recogido en el plan anterior. Con ello, se espera un ahorro en importaciones de combustibles fósiles de 90.700 millones de euros. En cuanto al impacto socioeconómico, las inversiones estimadas se cifran en 294.000 millones, un 27% más frente a los 231.000 millones del plan anterior. Ese importe se reparte entre renovables (40%), ahorro y eficiencia energética (29%), redes (18%) y electrificación (12%) y otras (1%). El 85% de la inversión la realizaría el sector privado. Gracias a los fondos del Next Generation EU y al PRTR una parte importante de las inversiones públicas se financia con fondos europeos (el 11% del total). Esas inversiones generarían un aumento en el PIB del 2,5% y un impacto económico de entre 25.200 y 34.700 millones entre 2025 y 2030. El plan, según Transición Ecológica, permite “reforzar la cadena de valor industrial y la autonomía estratégica del país, crear más de 500.000 empleos y mejorar la salud de los ciudadanos”, evitando la mitad de las muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica al final de la década con respecto a 2019. Las inversiones en renovables e hidrógeno verde generarían hasta 196.000 empleos/año, mientras que las inversiones en ahorro y eficiencia energética generarían hasta 143.000 empleos/año. Las inversiones en redes generarían hasta 62.000 empleos/año y la electrificación, entre 47.000 y 53.000 empleos/año. Finalmente, el cambio en el mix energético generaría indirectamente hasta 101.000 empleos en 2030, según el Gobierno.
“Continuidad” de las subastas
El borrador plantea dar “continuidad” a las subastas de renovables (se han celebrado 4 hasta ahora que han permitido adjudicar 6.380 MW) e incrementa un 10% el objetivo de vehículos eléctricos en el parque móvil, que pasa de 5 millones a 5,5 millones en 2030. Ante el creciente rechazo a la instalación de grandes plantas, apuesta por implicar más a las comunidades autónomas, que autorizan los proyectos más pequeños, y les aconseja elaborar sus propios planes de energía y clima. Aboga por un despliegue “compatible con el territorio y el desarrollo rural” para lograr la “aceptación” de los proyectos, visto el “debate en la sociedad sobre el proceso, ritmo y naturaleza de esta transformación, incluyendo un mejor reparto de los beneficios y costes de la transición energética”. En línea con la nueva planificación hidrológica, se estudiará el uso de almacenamiento mediante “nuevas centrales hidroeléctricas reversibles utilizando embalses de titularidad estatal”, que “ofrecen una magnífica oportunidad para servir de depósito inferior en nuevas instalaciones”. Un capítulo sobre repotenciación de instalaciones menciona una “regulación del fin de concesión de las centrales hidroeléctricas”. El Gobierno recuerda que, de acuerdo con el Eurobarómetro de 2022, España es el país más preocupado por el cambio climático de la UE, con un 90% de la población que lo considera “un problema muy serio”. Para impulsar la compra de energía renovable, se plantea que la Administración firme acuerdos de compra de energía verde a largo plazo “que incentiven nuevas instalaciones” e incentiven el autoconsumo. Se pone como ejemplo el plan fotovoltaico de Aena, que quiere cubrir en 2026 un 70% de su demanda con sus propias plantas. En materia de movilidad, se insiste en una posible reforma fiscal en el sector automóvil que analizará el Ministerio de Hacienda. “Podría considerar entre otros la reforma del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) o impuesto de matriculación para actualizar los umbrales de emisiones de CO2 a partir de los cuales se abona”. El objetivo sería “adelantar la paridad de precio entre vehículos de combustión y vehículos eléctricos, lo que contribuiría a acelerar la penetración de estos últimos, orientando al ciudadano hacia la compra de vehículos de cero emisiones”.
El borrador cree “factible” reducir el tráfico urbano un 41,3% hasta 2030 (frente al 35% del plan actual) gracias a la implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más 50.000 habitantes, el teletrabajo, el vehículo compartido, el uso de medios no motorizados y el transporte público. El documento es el resultado de más de 2.000 observaciones recibidas en la consulta pública previa y tres reuniones técnicas de trabajo. Algunos sectores creen que no ha habido suficiente diálogo de cara a este primer borrador.
La ‘doctrina Guardiola’ de Feijóo deja claro lo que le espera a cualquiera que se oponga a gobernar con Vox
Quienes no conocían a Alberto Núñez Feijóo acaban de constatar uno de sus rasgos más marcados: el pragmatismo a ultranza. Y la adaptación al medio. Nada ni nadie puede interponerse en sus objetivos y ahora mismo la meta que se ha puesto es llegar a La Moncloa. Cueste lo cueste y caiga quien caiga. Aunque él tenga de desdecirse y su candidata por Extremadura, humillarse.
La rapidez con la que Génova ha pasado de apoyar a su candidata extremeña cuando se opuso a pactar con Vox a obligarla a aceptar a la ultraderecha en su gobierno tiene mucho que ver con la presión que durante los últimos diez días han ejercido sobre Feijóo el ala radical del partido, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, y el ecosistema mediático de la derecha, muy crítico con las contradicciones en las que había incurrido el PP al pactar en unos sitios y resistirse a hacerlo en otros. Especialmente en Extremadura, donde la lista más votada en las autonómicas fue la del PSOE.
Lo cierto es que María Guardiola no fue la única que dio un giro de 180 grados. El propio Feijóo pasó de justificar que Vox no entrase en el gobierno extremeño porque el 28M sólo obtuvo un 8% de los votos y cinco diputados —las “matemáticas de Estado”, en expresión de su coordinador general, Elías Bendodo— a considerar un “error” la negativa a formar una coalición con la extrema derecha en Extremadura. “Creo que el PP es un partido que tiene principios y que no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez. Cuando decimos que algo es desproporcionado y que esto va en contra de los votos obtenidos en las urnas, lo cumplimos”, decía Feijóo antes de decidir que no valía la pena apoyar a su candidata. De ese cambio radical de perspectiva, alentado por la necesidad de dar coherencia a las decisiones del PP en el conjunto de España y sometido a las urgencias derivadas de una campaña que no acaba de arrancar para los conservadores, nace la doctrina Guardiola: a partir de este momento, cualquiera que se oponga a los acuerdos con Vox será obligado a cambiar de opinión. Un aviso muy relevante a pocos días de las elecciones generales.
Capitulación
El rostro de la candidata del PP y futura presidenta de Extremadura lo decía todo este viernes en el Parlamento, después de firmar su capitulación junto al líder local de Vox, Ángel Pelayo. Guardiola, que apenas podía disimular su incomodidad, admitió que llegar hasta aquí le ha resultado “doloroso” y que ha faltado a su palabra. “No es tan importante como el futuro de Extremadura”, confesó. Feijóo, que también ha dado marcha atrás, no se da, en cambio, por aludido. “En tiempos en los que la palabra de los políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política”, aseguró para sorpresa de propios y extraños en un acto en Madrid en una semana en la que él mismo no sólo ha virado su criterio sobre Extremadura sino que ha pasado de pretender acabar con la reforma laboral del Gobierno aunque tuviese que romper el consenso entre sindicatos y empresarios a decir que no lo hará porque es un acuerdo vigente que le parece “muy importante”. La victoria de Vox en completa. No sólo obtiene una consejería clave para sus intereses —Gestión Forestal y Mundo Rural— y un senador de representación autonómica al que no tendría derecho por su exigua representación parlamentaria, sino que impone al PP el marco de una alianza que quiere repetir después de las elecciones generales para gobernar España. El mensaje de Santiago Abascal (votar a Vox tiene sentido y es útil porque obliga al PP a cumplir) cobra de pronto sentido ante los electores de la derecha. Un éxito al que hay que sumar, además, un acuerdo de 60 puntos para gobernar Extremadura que apenas se distingue de los firmados en Castilla y León, Comunitat Valenciana y Balears.
Negacionismo climático
Es verdad que el documento no hace referencia a los migrantes irregulares, una de las obsesiones que Vox, hasta el punto de haber impuesto al PP en otros territorios compromisos abiertamente xenófobos. Pero sí están el resto de sus prioridades. En especial la lucha contra la Agenda 2030 y las revisión de medidas destinadas a luchar contra la crisis climática. Prueba de ello es que el PP ha aceptado eliminar “cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños”, ha apostado por recuperar “las actividades tradicionales [en el mundo rural] que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales” y ha anunciado que Extremadura solicitará “una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste que soportan nuestros productores”. En la misma línea se proponen revisar “las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura” (una red ecológica europea cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa y que, a día de hoy, es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea) y cambiar la política forestal para recuperar “las actividades tradicionales que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales”. El PP ha asumido como propia, también aquí, la política de borrado de la violencia machista que ha aceptado practicar en otras comunidades y numerosos ayuntamientos, diluyéndola en el conjunto de las violencias y negando en la práctica la especificidad reconocida expresamente en el pacto que los conservadores firmaron en 2017. El acuerdo extremeño se limita en este punto a apostar por la defensa de “los derechos de las familias” y a pronunciarse en contra de “los discursos machistas que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”. Nada más. Guardiola, y a través de ella Feijóo, también han aceptado el llamado pin parental (dar capacidad a los padres para vetar contenidos educativos en función de sus creencias) del que Vox ha hecho siempre bandera: “Garantizaremos la neutralidad ideológica de la enseñanza (...), así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”. El pacto no olvida mencionar otras dos obsesiones de la ultraderecha: el desafío a la autoridad de la Unión Europea (“instaremos, en los organismos que correspondan, a la protección de nuestros productos frente a la competencia desleal de terceros países”) y el estrangulamiento económico de los agentes sociales cuya protección es un mandato constitucional (“reducción considerable de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto de lo percibido en el año 2022”).
El PP echará mano de Vox si lo necesita en Moncloa y habrá ministerios gestionados por la ultraderecha
Parece que sí le pasan factura al Partido Popular los pactos con Vox en más de un centenar de ayuntamientos y en las comunidades autónomas en los que les necesita para gobernar, como es el caso de Valencia, Extremadura, Baleares o Aragón. La encuesta de 40dB para la SER y El País que les estamos ofreciendo esta mañana aleja a la coalición de derecha y ultraderecha, PP y Vox, de la mayoría absoluta, y el PSOE acorta distancias con los populares que, eso sí, seguirían ganando las elecciones. Hay más letra pequeña interesante en esta encuesta, no ya solo la intención de voto, como que el tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz gana en todas las cualidades de liderazgo, como que la mayoría de los encuestados reconoce en Vox a la extrema derecha, y reconoce su negacionismo de la violencia machista, la crisis climática, y a seis de cada diez entrevistados les preocupa una hipotética entrada de los de Abascal en el Gobierno de la nación. Insisto, es interesante lo que hay detrás de los números, porque esta es la conversación que intenta evitar el PP Sí, parece que los pactos con Vox le pasan factura al PP y es muy probable que esta factura sea todavía mayor por la gestión que está haciendo Feijóo de los acuerdos. Hablando primero de autonomía de los presidentes autonómicos para hacer lo que consideren, pero interviniendo de manera explícita cuando alguno de estos no hace lo que Génova, o sea Feijóo, quiere que haga, y el caso de Extremadura es el paradigma. Así que ya está claro que el PP va a echar mano de Vox allí donde le necesite y si este allí es Moncloa, ya sabemos que va a haber ministerios gestionados por la ultraderecha. No hace falta que Feijóo dé más vueltas para intentar esquivar una pregunta de la que ya tenemos respuesta. Como también vamos teniendo ya respuesta de su idea de derogación del 'Sanchismo', que al final parece que va quedándose en nada. El jueves ya dijo que la reforma laboral del gobierno progresista de coalición es sustancialmente buena, una cosa que no deroga. Pero es que gracias a una entrevista en el 'Financial Times' sabemos que hay más cosas, impulsadas por el actual gobierno, que se quedan, como los impuestos a la banca y a las eléctricas. Habrá modificaciones, dice Feijóo, no es el modelo adecuado, pero habrá que hablar con las energéticas y con los bancos sobre cómo podemos pedir su solidaridad y aportes para reducir la deuda y el déficit público, añade. O sea que, con algún retoque, pero la banca y las energéticas tendrán que seguir pagando. Y así, poco a poco vamos descubriendo el programa del PP y sus alianzas. Perece que se va a quedar con cosas importantes de lo que llaman 'Sanchismo' y las gestionará, si le dan los números, con la ultraderecha en el gobierno. Es bueno que se vaya aclarando el panorama antes de las elecciones.
"Derogar el sanchismo" o los tres retrocesos para el bolsillo que propone Feijóo en el programa del PP
El líder del PP y candidato al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes su programa electoral para los comicios del 23 de julio. En materia económica, derogar el "sanchismo" significa dejar las subidas de pensiones en el aire, derogar el tope del precio de la luz y la ley de vivienda.
La subida de las pensiones, en el aire
El programa económico del Partido Popular no garantiza la subida de las pensiones con el IPC, que ha supuesto una revalorización del 8,5% en la nómina de los pensionistas. Los populares únicamente se comprometen en su programa a "asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones". Los populares se han opuesto a la fórmula de aumentar las cotizaciones sociales para aumentar los ingresos, por lo que cuadrar esas cuentas sólo plantea dos alternativas: o alargar la vida laboral más allá de los 67 años o recortar las pensiones e incumplir el compromiso de subir las pensiones con el IPC. El PP incorpora, además, la llamada "mochila austriaca" que planteó Ciudadanos: "Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan".
Adiós a la excepción ibérica
Entre las medidas que el PP plantea tumbar como parte de su "derogación del sanchismo", figura una de las que más ha contribuido a la estabilidad de precios y la rebaja de la inflación: el PP promete eliminar la excepción ibérica si llega a la Moncloa. Los 'populares' derogarán el tope al precio de la luz y la intervención del mercado mayorista eléctrico. "España tiene que estar en el centro del debate energético de la UE y no en la política energética que nos ha aislado regulatoriamente de las propuestas por la UE, provocando inseguridad regulatoria", defienden. Tras un año en vigor, la excepción ibérica ha supuesto un ahorro de 5.000 millones de euros en la factura energética, según los cálculos del Ejecutivo y han situaco a España como uno de los países con la energía eléctrica más estables y baratas.
Derogar la ley de vivienda
El PP pretende derogar la ley de vivienda que pone topes del 2% de subidas al precio del alquiler este año y del 3% el que viene. La subida del alquiler se sitúa en el 8,9% a pesar de esa norma, porque muchos caseros están incumpliendo esa ley a través de renovaciones de contratos y comisiones indebidas. Sin embargo, los expertos consultados confirman que levantar ese tope probablemente dispararía aun más el precio de las rentas en España. Los populares plantean, además, la bonificación del IBI por compra de viviendas en ámbito rural. Asimismo, quieren mejorar la fiscalidad de las empresas que apuesten por el mundo rural. Las bonificaciones a la compra de vivienda fueron derogadas por el gobierno de Mariano Rajoy, por lo que suponen una apuesta contraria a la del antiguo Partido Popular, además de chocar con la de la construcción de vivienda social que ha planteado el Ejecutivo socialista.
Otras medidas
En materia fiscal el PP propone eliminar el Impuesto de Patrimonio, el que pagan las personas con más de 3 millones de euros y, en materia laboral, supedita futuras subidas del SMI al concurso de los empresarios. El programa electoral del PP afirma que el Salario Mínimo Interprofesional no subirá si los empresarios se oponen y abogan por actualizar el SMI "en el marco del diálogo social", así como reformar las políticas activas de empleo. El SMI ha subido un 8% en el último año hasta los 1.080 euros al mes y un 46,7% a lo largo de la legislatura.
Suprimir la excepción ibérica como promete el PP dejaría a los hogares desprotegidos si el gas vuelve a dispararse
La propuesta del PP de eliminar la denominada solución ibérica posiblemente no tendrá consecuencias prácticas para el consumidor de electricidad. Eso, siempre que los precios del gas no vuelvan a descontrolarse. En ese caso, los hogares quedarían desprotegidos. Especialmente, los más vulnerables, para los que el PP además planea eliminar el actual bono social y sustituirlo por una ayuda directa inspirada en la que pide el think tank de la patronal de la CEOE.
El mecanismo ibérico lleva meses sin entrar en funcionamiento y, de cumplirse las previsiones actuales de precios del gas, esta situación se va a mantener hasta final de año, cuando en principio expira. “La probabilidad de que tenga que aplicarse de aquí a fin de año parece muy baja”, indica el ingeniero eléctrico José Luis Sancha, especialista en el sector y autor del libro “Presume de entender (a fondo) las facturas de la luz y del gas”.
El programa electoral de los populares dice que “se evitarán las medidas excepcionales, eliminando las existentes, que intervengan el mercado mayorista eléctrico”. Aseguran que esta política “ha provocado inseguridad regulatoria y restado atractivo a España para la llegada de inversiones energéticas”. Esta afirmación contrasta con los informes de distintas consultoras especializadas como Aurora Energy: el pasado 22 de junio situó a España como el segundo país más atractivo de Europa para invertir en energía solar, solo por detrás de Alemania. El tope al gas es un sistema ideado por el actual gobierno para que las subidas exponenciales del gas provocadas por la guerra en Ucrania dejaran de contaminar los precios de la electricidad. Estos se fijan por un sistema marginalista (la última tecnología que casa oferta y demanda fija el precio de la energía). Fue una forma de evitar que las tecnologías denominadas inframarginales (como la nuclear o las renovables) tuvieran beneficios extraordinarios por las disparatadas subidas del gas. La solución ibérica, arrancada por los gobiernos de España y Portugal a la Comisión Europea tras duras negociaciones, inicialmente expiraba en mayo y se prorrogó hasta diciembre. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, era partidaria de mantenerla hasta 2024 si para entonces no estaba en vigor la reforma eléctrica a escala europea que actualmente se está negociando en Bruselas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es partidario de una reforma en la UE mucho menos agresiva que la que ha planteado el actual gobierno, y lleva meses reclamando la supresión del tope al gas, que llegó a calificar de “timo” y que las compañías eléctricas trataron de tumbar en Bruselas antes de que entrara en vigor.
5.000 millones de ahorro
El mecanismo, según distintas estimaciones, ha logrado reducir de media el precio en el mercado mayorista entre un 20% y un 30%, ha recortado hasta medio punto de inflación en 2022, según el Banco de España, y ha tenido especial incidencia entre las rentas más bajas. El Gobierno estima que ha ahorrado más de 5.000 millones de euros a los consumidores que se han beneficiado de él. Esta salvaguarda lleva meses sin aplicarse, tras la moderación de los precios del gas. La prórroga hasta diciembre introdujo una nueva senda de precios del gas a partir de los cuales se activaría, algo más baja que la pactada inicialmente. Para este mes, el umbral es de 59,4 euros por megavatio hora (MWh). Este precio casi duplica los 34 euros en los que cotiza actualmente el gas en el mercado ibérico Mibgas. De cara a final de año, cuando la demanda de gas aumenta y puede volver a haber sustos con su cotización, el tope se situaría en 65 euros/MWh en diciembre, por encima del precio al que apuntan actualmente los futuros del Mibgas para el invierno (45 euros) o los del mercado holandés TTF para el último mes del año. Como señala una nota de Tempos Energía publicada este miércoles, una de las claves de que no haya nuevas subidas es que Asia “no incremente su demanda más de lo esperado” en los próximos meses. Una de las razones para que la solución ibérica no se esté activando desde febrero, además de la caída del consumo de gas y una climatología favorable, es que la UE ha hecho los deberes con el llenado de sus almacenes. Están al 78%, un nivel similar al de 2020. En el caso de España están al 98%, el nivel más elevado de todo el continente, según datos de Gas Infrastructure Europe (GIE). Como resume el consultor Francisco Valverde, responsable de Renovables de Menta Energía, para que la solución ibérica volviera a entrar en funcionamiento “tendría que ponerse el gas al doble de lo que está ahora. Y dudo mucho que se llegue a esas cifras”. Entretanto, no deja de ser un escudo para proteger al consumidor de episodios extraordinarios que, a la vista de la experiencia de los últimos años, tampoco pueden descartarse de plano. Por lo pronto, el gas está a años luz de los niveles récord de más de 300 euros/MWh que llegó a alcanzar tras la invasión de Ucrania. Aunque en las últimas semanas su cotización ha registrado subidas por la prolongación de los trabajos de mantenimiento de la red noruega y tras confirmar Países Bajos que cerrará este año el yacimiento de Groningen, el mayor de Europa. Por eso en junio el precio medio del mercado mayorista eléctrico en España subió un 25% respecto a mayo, hasta 93 euros/MWh, aunque un 57,5% por debajo del nivel de un año antes, cuando empezó a operar el tope al gas. Francisco Valverde cree que el mecanismo ibérico ha sido “muy beneficioso para España y para los consumidores”. Y en el caso improbable de que llegara a aplicarse, “volvería a ser bueno” para ellos, si bien no es “la panacea” para evitar subidas de la factura eléctrica. La promesa del PP es, en su opinión, “postureo” para contentar a quienes han criticado esta medida en el último año.
Un cheque a los vulnerables
Cabe preguntarse qué ocurriría con los consumidores vulnerables si el gas se disparase, la solución ibérica fuera derogada y se materializara la idea del PP de suprimir el bono social, los descuentos para hogares desfavorecidos que costean las energéticas y contra los que las eléctricas llevan años pleiteando. Su programa plantea sustituirlo por “un Bono Social Único (BSU), como un pago directo al consumidor”, que aseguran mejoraría a los existentes, que podrá tenerse aunque no se está acogido a la tarifa de la luz. El documento no detalla cómo se financiaría, un aspecto clave: el bono social nunca ha sido una cuestión pacífica y las eléctricas han pleiteado contra la obligación de costearlo desde su puesta en marcha en 2009. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de instar al Gobierno a que abone a Endesa, Naturgy e Iberdrola los más de 320 millones que se les adeuda por tras haber declarado ilegal el mecanismo de financiación de estas ayudas. La del PP es una propuesta que recuerda a lo que acaba de proponer el think tank de la CEOE en un estudio con varias falsedades sobre estos descuentos. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) acaba de pedir una ayuda directa, costeada por los presupuestos, “en forma de un cheque anual/mensual, calculado para compensar un determinado nivel de consumo eléctrico acorde con las características de cada grupo familiar”. Sobre esta propuesta, una reciente nota de la Fundación Isadora Duncan, entidad con un conocimiento directo de la pobreza energética, advierte de que un cheque único “no vinculado a la energía” conllevaría “la generación de deudas que podrían empeorar la efectividad de la medida”. Su cobro “podría estar vinculado a cuentas bancarias en las que se cobren comisiones, se exijan certificados o documentación por la que esas entidades financieras requieran un pago”, con el riesgo de que “no llegue de manera íntegra”. En su programa, los populares también dicen que van a obligar a las comercializadoras “a estandarizar una amplia oferta de productos en el mercado libre (con precio estable, discriminación horaria, cuotas fijas, cuotas planas) para todos los clientes en baja tensión”. Y recogen su promesa ya anunciada de alargar las nucleares. Materializarla requeriría de una rebaja de los gravámenes que, según las propietarias de las centrales, les aboca a pérdidas. Esa prórroga nuclear dejaría menos hueco a la generación renovable. Esto multiplicaría las paradas de instalaciones de energía limpia si la demanda no acompaña. Los populares dicen que quieren convertir a España en “superpotencia energética” y prometen desbloquear el atasco de permisos de renovables mediante una “tasa por hito” que, con cargo al promotor del proyecto, “financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático”. El Gobierno señala que esa tasa “ya existe” a través de la tasa conocida como 054 por servicios prestados por órganos del anterior Ministerio de Industria y Energía, creada por dos decretos franquistas, el 661/1960 y el 663/1960, firmados por Carrero Blanco, que se fusionaron en el RDL 26/77, y desde entonces no se ha actualizado. Esta tasa grava los servicios prestados por la Administración en la tramitación de las instalaciones y se abona por la gestión de la Autorización Administrativa Previa (AAP), la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y la Autorización Administrativa de Explotación (AAE) de los proyectos, hitos clave de la tramitación, y se paga al presentar la solicitud. El Ministerio de Administraciones Públicas tiene atribuida la competencia de gestión y recaudación, de acuerdo con un decreto de 1997. El importe de la tasa es proporcional al presupuesto del proyecto y se abona en cada una de las autorizaciones. Para un proyecto de 50 millones de euros, se eleva a unos 9.000 euros. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, “la tasa ha sido suficiente para tramitar los proyectos de renovables hasta ahora, en que ha habido problemas puntuales, para los que se han contratado los servicios externos de Tragsatec”
La derecha promete bajar impuestos reduciendo el escudo social y la izquierda, gravar más a empresas y ricos
La derecha y la ultraderecha prometen bajar impuestos en sus programas económicos a riesgo de reducir el escudo social (subida de las pensiones, del IMV...) desplegado por el Gobierno en los últimos años y de incumplir con los objetivos de rebaja del déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) de la Unión Europea (UE). Las propuestas de PP y Vox van en contra de la opinión de todas las instituciones nacionales e internacionales, desde el Banco de España, pasando por el Banco Central Europeo (BCE) hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde ese único punto de partida, “bajar impuestos”, el programa del Partido Popular (PP) apunta a eliminar el tributo a las grandes fortunas, mejorar “el régimen fiscal para nuevos residentes (extranjeros), ofreciendo incentivos fiscales atractivos y competitivos a nivel global” y más beneficios “a las confesiones religiosas con notorio arraigo”. También recoge la voluntad de “corregir los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF”, que es lo mismo que deflactar, y que en la práctica supone bajar este impuesto a las rentas de las personas físicas pese a que las subidas de precios ya se están moderando.
Deflactar implica aumentar los tramos sobre los que se aplican los distintos tipos del IRPF. La teoría dice que se hace para que los trabajadores que consiguen mayores retribuciones por la inflación no vean menguada la subida del sueldo porque acaben pagando más impuestos. Algo que ocurre si dicha subida significa que el salario salte a un tramo del IRPF con un tipo más alto. Es decir, deflactar presupone subidas de salarios. Y sería, en la teoría, una vía para no aumentar impuestos como consecuencia de estas subidas. El problema es que en esta crisis de inflación los sueldos están elevándose de forma muy heterogénea y contenida. Otra promesa del PP es reducir el IVA “a la carne, pescados y conservas con carácter temporal”, los productos del supermercado que consumen más las rentas más altas. Mientras, el Banco de España ya ha recomendado que en 2024 se retire la reducción del IVA a los alimentos básicos (arroces, pan, pastas, leche...) que el Gobierno de coalición ha aplicado desde el inicio de 2023 para aliviar las subidas de precios. Y todas las instituciones coinciden en que es el momento de retirar estímulos para dejar de alimentar la inflación y caminar hacia la normalización del déficit y del endeudamiento. “No haremos rebajas fiscales a lo loco”, tuvo que salir a aclarar este lunes el portavoz económico del PP, Juan Bravo, ante la imprecisa y amplia “vocación” de “aliviar la carga fiscal de las familias, de los autónomos, de las empresas” en la que basan sus promesas de política fiscal para las elecciones generales del 23 de julio.
“Una caída de ingresos de 20.000 millones”
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, calcula que el programa económico del PP promete “una caída estructural de ingresos de 20.000 millones, que provocaría un deterioro del déficit estructural del 1,5% del PIB”. Calviño advierte de que las propuestas que defiende el candidato Alberto Núñez Feijóo alejarían a nuestro país del objetivo de reducir el desequilibrio presupuestario, salvo “que nos esté ocultando un recorte masivo [del gasto público]”. Las últimas previsiones del Banco de España apuntaron que “el déficit público se situaría en el 3,8% en 2023” y que “la deuda pública se encontraría ya por debajo del 110%”, tras el histórico esfuerzo para dar respuesta a dos crisis inéditas e inesperadas: la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. En 2024, la institución monetaria espera un déficit del 3,4% y que la ratio de deuda pública respecto al PIB (Producto Interior Bruto) seguirá reduciéndose hasta el 107,4%. Calviño ha recordado que el Ejecutivo es más optimista y que adelantó al año próximo la meta de bajar el déficit al 3% del PIB. De hecho, ha asegurado que la deuda pública ya estaría por debajo del 110% del PIB “si no hubiesen tenido que asumir los 35.000 millones de deuda acumulados de la Sareb”, heredados de la gestión del PP. Esta tendencia de disminución del desequilibrio entre ingresos y gastos, que va en línea con las nuevas reglas fiscales comunitarias que se están debatiendo en la Comisión Europea, estaría en riesgo de truncarse si el PP lograra gobernar tras las elecciones generales del 23 de julio y aplicara su programa de económico. Y todavía más si añadiera algunas de las promesas de Vox. El partido de ultraderecha promete “la mayor y más profunda reforma fiscal de la historia reciente”. Y arranca: “Bajaremos radicalmente el IVA”, incidiendo en la compra de vivienda. Un ámbito en en el que añade: “Revisaremos y rebajaremos los tributos y cargas en el proceso edificatorio”. También pretende bonificar el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles). Asimismo, promete reducir el impuesto de sociedades [a los beneficios de las empresas], eliminar el impuesto de patrimonio, “el impuesto sobre sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio nacional”, los gravámenes sobre la luz y otros suministros, los “impuestos verdes”... “Igualmente, la gestión y recaudación de todos los tributos estatales, cedidos o no, se realizará por la Agencia Tributaria estatal, poniendo fin a la proliferación de agencias tributarias regionales, que incrementan el gasto y la desigualdad entre españoles”, prosigue. Y finaliza: “Para poder llevar a cabo la rebaja radical de impuestos que alivie a las familias españolas, las Administraciones Públicas deben acometer un plan de reducción del gasto político que se fije en la eliminación de las partidas de carácter improductivo, duplicado o meramente ideológico”.
Las promesas de PSOE y Sumar
“Seguiremos en la senda de consolidación fiscal y sostenibilidad de las cuentas públicas, reduciendo el déficit estructural y luchando contra el fraude y la economía sumergida para incrementar los ingresos sin aumentar, con carácter general, los impuestos y permitir así financiar de forma eficiente y justa las políticas públicas, la inversión y el refuerzo del estado de bienestar”, plantea, por su parte, el PSOE. Entre sus promesas más directas se incluye continuar “impulsando a nivel internacional y en la Unión Europea el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el impuesto sobre sociedades y una justa distribución de la recaudación”. Además, “evaluaremos la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del estado de bienestar”, prosigue el programa del PSOE. “Evaluaremos los resultados del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y, en su caso, avanzaremos en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”, añade. “Avanzaremos en la fiscalidad verde, contribuyendo al compromiso de nuestro país con la emergencia climática y con el futuro de nuestros jóvenes. Una fiscalidad verde bajo la premisa de quien contamina paga”, mantiene. Y finaliza: Mejoraremos los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto, promoveremos un pacto de Estado contra el fraude fiscal y el afloramiento y regularización de la economía sumergida“. El programa de Sumar va más allá y es más concreto. Con propuestas como la “herencia universal” o el “bono de emergencia” de 1.000 euros para los hipotecados que se financiará con el impuesto a la banca. Las iniciativas de aumentar el gasto en cuidados y de crear una prestación por crianza. El establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas permanente.
“Mantendremos los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba e implementa completamente la reforma integral del impuesto de sociedades”, añade la coalición de partidos de izquierdas. “Eliminaremos los privilegios de la SICAV y las SOCIMI”. En el mismo sentido, Sumar plantea un “aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)” y nuevos gravámenes “a los beneficios extraordinarios de la industria fósil” y “a los bienes y servicios de lujo”, así como a las empresas “más contaminantes”. El objetivo final es “una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias”.
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