Lo digo porque creen que la monarquía les pertenece y siempre sueñan con lo que haría el rey avalando sus posturas. Por ejemplo, el otro día un medio de esos más falso que una moneda de tres fantaseaba con el rey haciendo llamar a Pedro Sánchez, diciéndole que no firmaría una supuesta ley de amnistía y desalojando a Pedro a la fuerza mediante la guardia real. Y la gente de la constitución a ultranza unos creyéndolo, otros diciendo "si esto es cierto"·, en definitiva, que les molaba . Ahora se han vuelto en contra del rey abiertamente. Y de ahí la pregunta: ¿Creen ustedes que la derecha española entiende la Constitución? Y otra que es consecuente con la anterior, que es retórica :¿de qué sirve defender algo que nunca has interiorizado ni conoces? ¿Puede haber un apoyo con menos sentido que ese? Y sobre todo: ¿por qué esa actitud tan incomprensible?
A efectos prácticos y ahí están las evidencias las funciones del rey no las conocen.
Y tiempo ha habido de aprenderla si no al dedillo las nociones básicas ¿Sueños de que alguien tenga un poder absoluto y que si hoy defienden la constitución como objeto mágico mañana la podrían cambiar por cualquier otra cosa que fuese lo opuesto a lo actual? Ni el Necronomicon, oiga.
La Constitución está clara, pero todo lo que no le guste irán contra ella, llámese derechos al trabajo, vivienda. Salud, educación, que siempre votan en contra en el Parlamento. O cambiar los órganos institucionales como el CGPJ que no les gusta que les juzguen otros jueces, supongo que menos partidistas o conservadores, lo grave es que el PPVOX lo que no gana en las urnas lo lleva a la calle, como este próximo día 8 de octubre que hacen una manifestación y VOX va pidiendo a la gente que salga a la calle para defender a España, para ellos los Parlamentos donde se defiende a España o los españoles es solo cuando tienen mayoría. Lo peor es que ya no convencen, no se me pasa a mi hasta este video me da risa por ver lo patéticos que son y no hablo solo de VOX, el día 12 de octubre durante el desfile veremos si los abucheos a Pedro Sanchez se hacen también extensibles a Felipe.
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Era un 13 de junio de 2021 cuando la derecha convocó la enésima manifestación con el motivo de siempre: “¡España se rompe!”. En aquel momento la amenaza final para la existencia de España eran los indultos a los políticos independentistas encarcelados que el Gobierno de coalición aprobó durante el verano de 2021. Colón se llenó de unos escasos 25.000 manifestantes que clamaban contra los indultos, entre los que se encontraban ilustres y olvidados personajes de la política española como Inés Arrimadas o Pablo Casado, y también otros cuya importancia empezaría a crecer desde entonces como Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya era toda una experta en crispación constante y estaba en pleno proceso de afilar el cuchillo que al final acabaría usando sin reparos contra su propio jefe. Aquel día no fue distinto.
En medio de su discurso, entre reproches y clamores, no perdió la oportunidad para disparar contra quien se presuponía su aliado diciendo: “¿Qué va a hacer el rey de España, va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto?” José Luis Martínez Almeida y Pablo Casado se estremecieron al escuchar esas palabras y mientras una multitud vitoreaba las preguntas de Ayuso a Felipe VI ellos quedaban en segundo plano en silencio y sin aplaudir. Pronosticaba lo que estaba por venir.
Con esa tan poco inocente frase en medio de aquella manifestación, Ayuso situaba en el centro de la diana pública al Jefe del Estado poniendo sobre sus hombros la falsa responsabilidad de firmar los indultos que el Gobierno iba a aprobar. Le convertía, a ojos de sus seguidores, en prácticamente “cómplice” de los indultos. A nadie le sorprenderá, por lo tanto, que cuando apenas una semana después se aprobaron los indultos a los políticos independentistas todo ese espectro ideológico derechista tan amparado por Ayuso se lanzase en las redes sociales a llamar a Felipe VI “Felpudo VI” por haberse “dejado pisar” por el gobierno de coalición y por los independentistas. El rey de España había firmado los indultos y por lo tanto era corresponsable de todos los males de España que en la manifestación del 13 de junio habían augurado en el caso de que se aprobasen. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues algo parecido pero todavía más ridículo. Tras la investidura fracasada de Alberto Núñez Feijóo, se volvió a hacer otra ronda de consultas para que el rey propusiese un nuevo candidato a la investidura. Una vez demostrado que la vía de Feijóo era imposible, solo quedaba la posibilidad de que un candidato alternativo se convirtiese en presidente. Y ese candidato era Pedro Sánchez, al que evidentemente el rey ofreció, como había hecho anteriormente con Feijóo, ir a la investidura. ¿Qué pasó entonces? Que, una vez más, esta derecha trumpista y alérgica a la Constitución ha puesto el grito en el cielo renegando del monarca porque no comparten su decisión de proponer a Sánchez como candidato a presidente. Parece mentira, pero solo hay que hacer una búsqueda rápida en Twitter para verlo en todo su esplendor.
Escuchar las palabras de Ayuso o leer los comentarios hiperventilados de estas personas asustadas por la constante desintegración de España echando sobre los hombros del rey este tipo de cuestiones produce una mezcla entre ternura y lástima. Porque su ignorancia respecto al funcionamiento constitucional de nuestra democracia es tan severa que desconocen por completo que el rey de España no tiene capacidad ejecutiva ninguna y tan solo está en su mano proponer un candidato u otro solamente teniendo en cuenta los apoyos que pueda lograr en el Congreso, independientemente de su color político, y que, además, está obligado constitucionalmente a refrendar todas las leyes (también los indultos, obviamente) que el poder legislativo le requiera. El rey no decide, solo firma. Por fortuna. Resulta que el foco de todas las decepciones de este grupo de derechistas echados al monte es la enorme distancia que tienen respecto a una Constitución Española que en tantas ocasiones reivindican sin conocerla. Y eso les hace indignarse al ver cómo Feijóo no logra gobernar a pesar de ser la lista más votada, solamente porque no tiene con quién pactar y les hace renegar en público de los Borbones cuando ven que el rey tiene que firmar aquello que la mayoría parlamentaria le requiera o cuando debe proponer al candidato a presidente que toque. No conocen la Constitución más que como un arma arrojadiza más cercana a un ladrillo que a una carta magna en la que se explica cómo funciona un país que hace mucho que dejaron de entender. Poco a poco, y de manera bastante ridícula, la lista de enemigos de España ha ido engordando hasta el delirante punto en el que incluso el propio rey de España se convierte en integrante de tan reputada lista.
Esto está sirviendo para que aparezcan nuevas caras, la de Oscar Puente, por ejemplo y la de Emilio Delgado, que ya ha tenido un par de intervenciones memorables. Viva la regeneración!!
Tinajas escribió:La Constitución está clara, pero todo lo que no le guste irán contra ella, llámese derechos al trabajo, vivienda. Salud, educación, que siempre votan en contra en el Parlamento. O cambiar los órganos institucionales como el CGPJ que no les gusta que les juzguen otros jueces, supongo que menos partidistas o conservadores, lo grave es que el PPVOX lo que no gana en las urnas lo lleva a la calle, como este próximo día 8 de octubre que hacen una manifestación y VOX va pidiendo a la gente que salga a la calle para defender a España, para ellos los Parlamentos donde se defiende a España o los españoles es solo cuando tienen mayoría. Lo peor es que ya no convencen, no se me pasa a mi hasta este video me da risa por ver lo patéticos que son y no hablo solo de VOX, el día 12 de octubre durante el desfile veremos si los abucheos a Pedro Sanchez se hacen también extensibles a Felipe.
Genial!!!
Me pregunto si los de VOX se habrán enterado o empezarán a repartir banderas para que todo el mundo tenga su lugar permanente de homenaje...
Tinajas escribió:La Constitución está clara, pero todo lo que no le guste irán contra ella, llámese derechos al trabajo, vivienda. Salud, educación, que siempre votan en contra en el Parlamento. O cambiar los órganos institucionales como el CGPJ que no les gusta que les juzguen otros jueces, supongo que menos partidistas o conservadores, lo grave es que el PPVOX lo que no gana en las urnas lo lleva a la calle, como este próximo día 8 de octubre que hacen una manifestación y VOX va pidiendo a la gente que salga a la calle para defender a España, para ellos los Parlamentos donde se defiende a España o los españoles es solo cuando tienen mayoría. Lo peor es que ya no convencen, no se me pasa a mi hasta este video me da risa por ver lo patéticos que son y no hablo solo de VOX, el día 12 de octubre durante el desfile veremos si los abucheos a Pedro Sanchez se hacen también extensibles a Felipe.
Genial!!!
Me pregunto si los de VOX se habrán enterado o empezarán a repartir banderas para que todo el mundo tenga su lugar permanente de homenaje...
Laberinto
Les da igual, son cuadriculados, para esta especia de subproductos fascistas siempre prefieren banderas, patrias y ejércitos que personas y derechos.
¿No es un poco peliagudo en términos democráticos que el Pp ignore a cualquier otro partido que no sea el Psoe, "yo le gané", y a Junts, "viene la hecatombe"? El resto queda ahí como si fuesen nadie. Hasta se puede sentir uno despreciado.
Hablando con alguien que dice que la supuesta huelga general convocada por el supuesto sindicato Solidaridad "no es por motivos políticos sino constitucionales". Como es una burrada me obliga a salir a contarle que no juegue con palabras mal asimiladas y que la constitución es un ordenamiento político. Respuesta de ella: "Lo que quieras, pero si por motivos laborales se va a huelga, por mantener es Estado de Derecho MÁS" La dejé hablando de dictaduras y estados de derecho y balababla. El punto a tratar ya estaba aclarado. No tienen ni puta idea, otra prueba.
Hay otros que hablan de que es en Black Friday y que no la convoquen para ese día ¿?, y que cómo se hace eso y qué derechos tienen. Tampoco entienden el concepto de huelga y menos que por motivos de tipo político no se convocan.
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A ver si ahora ya les va pareciendo bien cambiar la Constitución que tanto defendían cuando les interesaba (con la absurda mentira de que la han votado todos los españoles)
P.d: Hay que ser muy hipócrita para considerar que algo es sagrado sólo cuando favorece tus intereses.
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el.loco.lucas escribió:A ver si ahora ya les va pareciendo bien cambiar la Constitución que tanto defendían cuando les interesaba (con la absurda mentira de que la han votado todos los españoles)
P.d: Hay que ser muy hipócrita para considerar que algo es sagrado sólo cuando favorece tus intereses.
Igual si... como ahora parece que son republicanos.
el.loco.lucas escribió:A ver si ahora ya les va pareciendo bien cambiar la Constitución que tanto defendían cuando les interesaba (con la absurda mentira de que la han votado todos los españoles)
P.d: Hay que ser muy hipócrita para considerar que algo es sagrado sólo cuando favorece tus intereses.
Igual si... como ahora parece que son republicanos.
"El lawfare no tiene cabida allí donde hay un servidor público independiente e imparcial, es decir, un verdadero juez”
Baltasar Garzón. (Interpretación, independencia judicial y lawfare. Foreign Affairs Latinoamérica. 2021)
Les confieso que estoy preocupado. Quiero escribir este artículo y, para ello, no deseo descalificar a ningún político que combate por sus ideas; no quiero atacar a ningún juez o fiscal que, día a día, lucha desde el juzgado de Valverde del Camino a la Fiscalía de Ibiza; desde el último juzgado del País Vasco hasta la fiscalía de Canarias, que —todos ellos— realizan una labor invaluable en defensa del Estado de Derecho. No es mi intención enfrentarme a los Colegios de Abogados, tan dispuestos en este momento a blandir la espada flamígera del constitucionalismo —especialmente el de Madrid—, y tan ausentes en tantos otros en los que su presencia habría sido necesaria. No quiero decir nada del CGPJ y su caducado mandato y la ilegitimidad de quien lo dirige en funciones y de por qué no hay un clamor de los jueces para que se acabe; tampoco quiero descalificar a quienes con hábitos de concordia religiosa se disfrazan en paladines ideológicos, que ocultan la vergüenza de abusos innombrables y dolor permanente a miles de víctimas. No busco, tampoco, emprenderla con aquellos que desde las tribunas periodísticas denuestan a todos aquellos que no siguen sus dictados y a los que consideran responsables de todo lo malo que pueda suceder en este país. Pero sí quiero hablar de la vergüenza que siento frente a los insultos, manipulaciones y mentiras, sobre todo si estas se producen aprovechando posiciones institucionales que dicen defenderse de otros ataques institucionales inexistentes, en una especie de plan trazado que se viene desarrollando desde hace tiempo.
Es curioso que quienes ahora braman contra una ley, cuyo proyecto recién salió ayer, no lo hicieran contra los corruptos de su propio gremio e incluso los voten de forma sistemática; que no condenen la dictadura franquista y comprendan a quienes desarrollan acciones criminales genocidas en el presente. Pero esta es la realidad en nuestro país. Una vez más, hay que cargar contra los acuerdos del PSOE con otros grupos y hacerlo desde la perspectiva de que solo se producen porque son necesarios para la investidura y gobernar. ¡Oh! ¡Qué descubrimiento! Y, pregunto yo, ¿para qué pueden ser los acuerdos de este tipo si no?
'In crescendo'
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha emitido una nota sobre la defensa del Estado de derecho y la división de poderes, y todos decimos amén, aunque lo que proclama sea lo más obvio, si no fuera porque constituye el corolario de toda una sucesión de hechos concatenados. Hechos que empezaron, apenas se conocieron los resultados electorales y hubo constancia de que el PP no gobernaría porque a todos los demás grupos se les atraganta la extrema derecha de VOX, en un país que sufrió los efectos nocivos de una larga dictadura. La cuestión era cuándo sucedería esto. Y llegó el momento. El detonante ha sido la mención de algo obvio, si se piensa detenidamente, como el lawfare (que, dicho sea de paso, su significado desconoce más del 95% de la población).
En este sentido, la situación ha ido in crescendo. Primero ataques políticos, después manifestaciones, seguidamente escraches, más adelante declaraciones concatenadas en medios audiovisuales y escritos; insultos y agresiones e imputaciones delictivas para concluir con el colofón de las corporaciones judiciales, el no órgano de gobierno y el Tribunal Supremo. Ni más ni menos. ¿Todo esto por qué? Porque se dice en un acuerdo que se tendrán en cuenta los aspectos relacionados con el lawfare a la hora de valorar la amnistía, según los resultados de las comisiones de investigación parlamentarias. Bien, y eso ¿qué quiere decir? Desde luego no veo ninguna extralimitación. Ninguna que pueda perturbar a quienes tienen en su mano el poder de administrar recta e imparcial justicia, y el deber de hacerlo. El acuerdo con Junts y la Proposición de Ley de Amnistía, que se conoció el lunes, ha sido el argumento último del PP para echarse al monte, definitivamente. Pero ¡oh, sorpresa! La proposición de ley para nada menciona al lawfare, ni respira por los poros de la pretendida invasión o ataque a la separación de poderes ni, por más que se haya sugerido, se aparta al Supremo de emitir su juicio, en el momento que corresponda.
Los primeros, los jueces
En la dinámica establecida, no sé si concertadamente, pero sí de forma sospechosamente coincidente en los tiempos, empezaron los jueces. Lo hicieron desde varios frentes. De una parte, ocho vocales de extracción conservadora convocaron un pleno con la idea de entorpecer la presunta futura Ley sobre la amnistía aún no registrada en el Congreso. Ello, porque si tal norma se tramita como una proposición de ley de los grupos parlamentarios, no es necesario que el CGPJ emita informe alguno. Sí sería necesario de presentarse como Proyecto de ley del Gobierno. Consideraban que supondría una "degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho en España". Palabras tan rimbombantes como vacías de contenido. Esto es lawfare. Tras el anuncio del acuerdo PSOE-Junts que hace posible la investidura, se produjeron comunicados a barullo de asociaciones judiciales —sorprendentemente, todas—; y de una variada lista de profesionales del derecho, de Hacienda, de diferentes sectores, oponiéndose a la proposición de ley aún no formulada. Para los jueces, la gota que ha rebosado el vaso, dicen, es la mención al lawfare en el documento del pacto entre los dos partidos. Pero no se dan cuenta (espero) de que lo que han hecho precisamente, al proceder así, es lawfare. El párrafo del acuerdo de la discordia, referido a la potencial Ley de Amnistía (que, insisto, responde a la más pura ortodoxia legislativa) plantea la constitución de comisiones de investigación para analizar a quienes “antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum del 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Y la frase que ha puesto en pie como un solo hombre a los indignados juristas es: “En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la Ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Esto significa que en la ley no se menciona nada de esto y tan solo expresa la voluntad de dos grupos de tener ese aspecto en consideración posterior, y que, de nuevo, los colegas firmantes de estas iniciativas, antes de opinar y lanzarse al fango político como un actor más (eso es lawfare) deberían recordar la propia doctrina constitucional sobre las comisiones de investigación. Pero, el trabajo de los diputados miembros de estas comisiones en Congreso, podría llegar, como máximo, de acuerdo con el artículo 52, 4 y 5 del Reglamento de Congreso, a que la Mesa traslade las conclusiones, que nunca afectaran a las resoluciones judiciales, al Ministerio Fiscal, “para ejercicio, cuando proceda las acciones oportunas”. No hay más recorrido.
Hay que leer
Antes de opinar, hay que informarse y leer, que es lo que se nos exige a los juristas, y especialmente a los jueces y fiscales. Este año, el Tribunal Constitucional en su sentencia 77/2023, de 20 de junio, dio amparo a una trabajadora del Principado de Asturias a la que una Comisión de Investigación de la Junta General de esa Comunidad había imputado conductas delictivas trasladándolas a la Fiscalía para que procediera. Para el Constitucional, “ello excedía del ámbito propio de la actividad parlamentaria de investigación a la que no corresponde declarar la existencia de conductas punibles y la determinación de su autoría (stc 133/2018)”. Pues eso. En el ardor de la gestión, en ocasiones se pasan por alto elementos importantes para el desarrollo de los acontecimientos. Sobre todo, cuando los objetivos se mezclan y en los juzgados se despiertan, de repente, procesos de tiempo atrás calificándolos de terrorismo, pongo por caso, con extraordinaria diligencia y para estupor de los propios profesionales. O cuando se presentan sin denuedo denuncias, querellas o acusaciones con escaso o nulo fundamento ante los tribunales, por motivos políticos y por políticos, y no es declarado así al rechazarlas. Eso es lawfare. Estas cosas pasan, y sucede también que algunos de estos eminentes juristas se veían hace escasos meses como altos cargos, de la mano de un Ejecutivo PP-VOX. Y están en su papel. Siempre se han comportado así con este Gobierno: como el último bastión frente a Sánchez y sus socios de la extrema izquierda, separatistas y bolivarianos. La pregunta es ¿qué pretenden con esta actitud, cuando saben que no existe ni puede existir una pretendida invasión de poderes? Si algo se nota es un temor reverencial frente al Tribunal Supremo, especialmente a sus Salas 2 y 3. Y lo que hemos visto en la historia reciente es la injerencia de algunos miembros del Poder Judicial en el Poder Legislativo alegando —verbigracia— que la Constitución prohíbe la amnistía, ley que, en último término, deben aprobar los representantes de los españoles. (Esto es lawfare).
La ley de amnistía
Por el momento lo que sí se percibe en algunos componentes del sector judicial es es un alineamiento político con la estrategia del PP y VOX para entorpecer la investidura de Sánchez; y, respecto a la amnistía, su ataque exterior en instituciones europeas, incluso antes de que se convierta en ley en España. Esto sí es lawfare y verdadera subversión del Estado de derecho. Ahora comienza la tramitación de la ley y, a primera vista, no parece que invada ningún espacio que no sea el propio de una norma legislativa. Consta de un preámbulo enormemente explicativo y un texto que, aparentemente, cubre los estándares constitucionales. Su contenido podrá gustar más o menos por el ámbito al que se dirige, podrá sufrir modificaciones o no, ya se verá, pero lo cierto es que pretende atajar un conflicto político que ha mermado la capacidad de convivencia en nuestro país y que se debe solucionar. Desde luego no ayuda la convocatoria del juez decano de Sevilla… ni de otras instancias judiciales en distintas ciudades, llamando a concentraciones contra la Ley de amnistía y el acuerdo PSOE/Junts. O la petición de cinco vocales, pertenecientes a la conservadora Asociación de Fiscales, que han solicitado al Fiscal General del Estado que convoque un pleno extraordinario del Consejo Fiscal, para que el órgano tome posición sobre la norma. Esto es lawfare.
Calentando los ánimos
Entre tanto, y envalentonados por las encuestas, la derecha calienta los ánimos hasta extremos escandalosos. Este domingo pasado escuchamos decir a Isabel Díaz Ayuso la enigmática frase de: “Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe”. Un lema, como ven, especialmente prudente y pacífico para dirigirse a las masas. La clave la dio Alberto Núñez Feijóo cuando aseveró: “No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar…” Que de eso se trata. Del “golpe” del procés ya extinto y cuya solución estará en el marco constitucional, a “los golpes” que augura la lideresa madrileña. Hay que mantener la cabeza clara y recordar que toda esta estrategia viene impulsada por la derecha más reaccionaria y oportunista, y que su interés es precisamente aquello de lo que acusan al Gobierno: conseguir el poder a toda costa, aun destrozando la convivencia. Llegados a este punto me preguntarán ustedes: “¿Pero existe el lawfare o no existe?” Bueno, ya les he dado algunas pistas. Pero lo cierto es que, de este tema, en lo que a mí se refiere, puedo hablar con conocimiento de causa. Pero eso lo dejaremos para otro artículo.
Con base en la pretensión de tener el monopolio de la constitucionalidad no hay democracia que pueda operar. En todas las democracias dignas de tal nombre la mayoría electoral es siempre o casi siempre minoría social. En España desde 1978 no ha habido ninguna mayoría parlamentaria que fuera mayoría social. No ocurrió ni siquiera en el caso más extremo, el de 1982, en que el PSOE liderado por Felipe González llegó a tener 202 escaños en el Congreso de los Diputados. El PSOE obtuvo el 48% de los votos válidamente emitidos, lo que quiere decir que tuvo menos votos que los del conjunto de los demás partidos. Si añadimos el porcentaje de la abstención, se reafirma todavía más el carácter socialmente minoritario de la mayoría parlamentaria. Un 48% y en unas elecciones con una alta participación, viene a ser el 40% del censo electoral. Una mayoría de dos quintos del censo electoral es una mayoría parlamentaria abrumadora. Pero no por ello deja de tener tres quintos del censo que no le han dado su representación. El partido que gobierna tiene que ser consciente de que siempre hay más ciudadanos que no le han votado de los que sí lo han hecho. Y debe saber, en consecuencia, que no puede pretender el monopolio de la constitucionalidad. Que unas veces tendrá una mayoría parlamentaria en solitario que le permitirá gobernar, pero que esa no es la norma, sino la excepción, y que, en todo caso, no puede desconocer en la acción de gobierno la existencia de esa mayoría social que no lo ha votado. La democracia exige que la mayoría parlamentaria que forma Gobierno sea aceptada por la mayoría social más amplia que no lo ha votado. En esta aceptación descansa la operatividad de manera indefinida de la democracia como forma política. Esta aceptación exige, a la inversa, que la mayoría parlamentaria que ha formado Gobierno en un momento esté dispuesta a dejar de serlo y a aceptar que haya otra mayoría parlamentaria alternativa que lo forme en otro momento. La legitimidad democrática reposa en esta doble aceptación invertida. Pretender que solo es constitucional la mayoría parlamentaria que te permite formar Gobierno, y que no lo es la que no lo permite, supone la negación de la democracia como forma política. Es la tesis de Mario Vargas Llosa, que la argumenta con la distinción entre los que votan bien y los que votan mal. Los que votan bien son los que me votan a mí. Los que no lo hacen, votan mal y, en consecuencia, habría que buscar una fórmula para que esos votos no pudieran traducirse en acción de Gobierno. No se si fue Vargas Llosa quien tomó esta fórmula del PP o el PP el que la ha tomado del escritor hispano-peruano. Pero es la que desde 2015 está intentando poner en práctica el PP con una pequeña ayuda de Ciudadanos inicialmente y, posteriormente, con la ayuda más determinante de Vox. Quien no se siente nacionalista español no debería poder participar en las elecciones generales. Su participación política debería limitarse a las elecciones de su Comunidad Autónoma o de su municipio, pero no debería extenderse a las elecciones generales. En estas elecciones no pueden votar bien. De ahí la propuesta de Albert Rivera de una barrera del 5% a nivel estatal o la pretensión de Santiago Abascal de ilegalizar a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Eso es lo que tiene también en la cabeza la dirección del PP desde que el bipartidismo dejó de operar. De ahí la no aceptación de la “legitimidad” del Gobierno de Pedro Sánchez o la no aceptación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Unas veces por un motivo y otras por otro. El monopolio de la constitucionalidad lo tienen que tener quienes se sientan parte del nacionalismo español con exclusión expresa de quienes no se sientan así. Al no aceptar esta premisa, el PSOE y los demás partidos de la izquierda han perdido la condición de partidos constitucionales. Han dejado de ser partidos de Gobierno.
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