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valorará la actuación a realizar de manera individualizada, ya que
cada consitorio gobernado por independentistas - y en algún caso
socialistas - ha urdido una estrategia distinta para evitar que la
enseña nacional ondee en sus fachadas. Desde el desacato de las
resoluciones judiciales, hasta la aprobación de mociones que abogan por
la supresión de la bandera de España, pasando por las consultas populares, caso del municipio barcelonés de Arenys de Munt.

A pesar de que muchas asociaciones llevan luchando años para que la
ley de Banderas se cumpla en Cataluña, fue el pasado mes de febrero, con el ultraje y posterior quema de la bandera de España en el ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona), cuando la polémica se recrudeció. La llegada del Partido Popular al Gobierno, y una nueva delagada del Gobierno a Cataluña, María de los Llanos de Luna, hizo que se comenzasen a tramitar varias denuncias contra consistorios infractores. La Abogacía del Estado está analizando ya todos los casos de los que tiene conocimiento para decidir cómo actuar,
ya que en algunos de ellos ya hay sentencia y de lo que se trataría
sería de la ejecución de la misma y, en otros, tendrán que decidir si
recurren a los tribunales o previamente se envía un requerimiento.


Asímismo, la asociación Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Delegación del Gobierno en Cataluña en la que pide que ésta adopte medias en 53 municipios catalanes que no colocan la bandera en sus consistorios.
Se trata de 14 ayuntamientos de Girona, 32 de Barcelona, tres en
Tarragona y otros tantos en Lleida. En esta denuncia se pide a Llanos de
Luna que compruebe los hechos y de a los ayuntamientos un plazo
razonable para que éstos coloquen la enseña nacional.


> En la imagen, la fachada del ayuntamiento de Sant Pol de Mar, en Barcelona.


CON DOS BEMOLES!