El nivel de desvergüenza y de caradura llega a su nivel más alto. Si unos son malos los otros son peores.



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La Junta de Andalucía abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso del fraude de los ERE.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, y ha aclarado que sólo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos que lo soliciten.

La juez Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Vázquez ha explicado que se aplicará el reglamento de los servicios jurídicos en virtud del cual los altos cargos y los funcionarios públicos pueden pedir el servicio de defensa de la administración o el pago de una defensa letrada cuando están imputados en una causa judicial, y ha apuntado que desconoce si hay un límite en la cuantía que la Junta paga por esos servicios.

También ha señalado que la Junta de Andalucía no va a recurrir el auto de la juez porque «quiere andar con pies de plomo» en este asunto y ha asegurado que «no hay motivos» para imputar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, o a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Ha defendido el derecho de la administración autonómica a «hacer públicas sus discrepancias» con el auto, el cual -ha reiterado- es «perfectamente recurrible y señala a personas honestas y honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía».

Además, ha censurado que el auto «parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal» y tiene «cierta inconsistencia apuntada por importantes juristas».

Vázquez ha criticado que los imputados señalados en el auto judicial de Alaya no hayan recibido hasta el momento notificación oficial del juzgado.

Igualmente, ha sostenido que la petición que ha hecho hoy la Fiscalía Anticorrupción a la juez Mercedes Alaya para que fije un «calendario razonable» para la declaración de los veinte nuevos imputados por el fraude de los ERE va en la línea planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por la Junta de reclamar celeridad en este caso.







Pa mear y no echar gota ¿ alguien tiene una guillotina de sobra ?

 n el cso

Eso es lo normal.
En muchos países.
No escribo que este bien, pero se explica,
porque de no ser así, algunas personas nunca
arriesgaran sus bienes privados por trabajar en los municipios.

Eso se puede resolver pagando un seguro legal a algunos empleados.
De esta forma se distancian un poco de su defensa.

Algunas veces se ponen clausulas donde se nombran ciertos delitos que
no serán cubiertos.

El problema es que toda persona es inocente hasta que le prueban su culpabilidad.

No sé, lo normal sería que cada uno se ocupase de su defensa mientra haya una sospecha de delito, porque el dinero de todos no debería usarse para defender a gente que ha perjudicado a la sociedad...Se respeta igualmente la presunción de inocencia y se separa lo político y lo judicial. Y tienen sueldazos por haber sido cargos directivos importantes en la junta, así que les da para un abogado experimentado. Pero claro, les pagan viajes, comidas y es complicado quitarse el hábito. 

Que un alto cargo tenga una cobertura jurídica por las responsabilidades que se puedan derivar del ejercicio de su función es lógico, pongamos por caso una expropiación de una finca y el consiguiente recurso y el trámite judicial correspondiente. Eso es lógico que sea debidamente atendido por la administración. Pero cuando hablamos de delitos como apropiación de capitales públicos y todo lo que se está viendo en este caso me parece que excede con mucho la responsabilidad que pueda tener y por tanto no creo que lo apropiado sea correr con los gastos de una defensa que gravará aún más las arcas de una administración que ha sido saqueada.
Cobertura legal, si por supuesto pero hasta cierto punto.

Lo normal es que el funcionario corrupto sea suspendido de sus funciones por llevarse el dinero publico, si esta probado hasta que se aclare, vamos que nadie deja la caja a alguien sospechoso de robarla, y le mantiene en el puesto, y mucho menos le paga la defensa quien debe acusarles, sera al contrario el delincuente debe de devolver lo robado y los gastos ocasionados a la administración, al final como dice Esperancita a todos los politicos nos meten en el mismo saco. 

Bueno lo de suspender del cargo es lo normal, pero a veces le pagan el sueldo
en lo que se resuelven los casos.
En otros casos hay funcionarios que tienen inmunidad.

No creo que sea el caso de ERES, pero fiscales y jueces si se les da inmunidad.

Me imagino que eso estará bien para algunos si al que se le acusa es a Garzon.

Me imagino que dependerá del país y de los beneficios que pida la persona
antes de aceptar el puesto o nombramiento.

Acá se demanda mucho civilmente y hay personas que para aceptar un nombramiento
exigen protección judicial.

Igual que a veces se le pide a esas personas que pongan sus bienes en manos de un
monitor para que no se enriquezcan con información de su trabajo.

Los jueces y fiscales no tiene inmunidad, es más a parte de la sanción o pena el propio Consejo General del Poder Judicial les abre expediente y les inhabilita llegado el caso.  Ahí tenemos al juez Silva y esto es de la semana pasada.
Por cierto Garzón abonó de su bolsillo los gastos de su defensa.
Será cuestión de paises y puntos de vista pero si una persona solicita beneficios para ocupar un cargo público al margen de su salario y los beneficios que les son propios, que ya son muchos, para mi no es digno de ocupar un cargo público. Y desde luego la cobertura legal sea el caso que sea debería de ser inaceptable.
Imaginemos por ejemplo que Snowden o Manning le pasan la minuta de su defensa a la CIA o al departamento de defensa ¿ tendría lógica ?

Pues acá si.
Un fiscal te puede acusar, hacerte gastar todo tu dinero en tu defensa.
Algunos hipotecan sus casas.

Y si sales inocente , ni un lo siento recibes.

Peor es si sales culpable y luego resulta que se prueba que eres inocente.
Puedes demandar al gobierno pero al fiscal nonines,nada.


En el caso de Snowden.
Si este fuera agente de la cia, no creo que se le pudiera llevar a juicio.
A un traidor si se le puede llevar y condenar a muerte.