60 catedráticos firman un manifiesto contra la reforma del Código Penal

Aterrador, lo que he podido leer del nuevo CP, propio de un régimen de hace 70 años.
Cadenas perpetuas, aumento de penas, todo ambiguo y difuso cargando de culpa al sospechoso.
Espantoso.

Y todo eso lo ha aprobado hoy el PP en solitario en el Congreso.

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Más de 60 catedráticos de Derecho Penal en 33 universidades públicas españolas han hecho público unmanifiesto en el que critican duramente la reforma del Código Penal que se discute este miércoles en el Congreso -que incluye la figura de la prisión permanente revisable y un aumento generalizado de las penas-, que afirman bebe de las fuentes más "reaccionarias" y sustituye principios como el de culpabilidad por el de peligrosidad, lo que a su juicio "pisotea" la dignidad humana.

Citación :: En el manifiesto, los expertos critican que el Gobierno abuse de su mayoría absoluta para imponer una reforma que, en primer término evidencia una "enorme pobreza técnica", tal y como ha sido puesto de manifiesto por los juristas que han venido compareciendo ante la Comisión de Justicia del Congreso de forma previa a la discusión de la reforma.
Ello explica, según los catedráticos, que la norma incluya preceptos "que superan la Constitución, pero no solamente por sus propuestas de fondo sino también por el deliberado y constante uso de términos ambiguos en la redacción de las normas, lo que compromete seriamente exigencias básicas del principio de legalidad penal".
Critican igualmente que se haya prescindido de las elaboraciones jurisprudenciales y doctrinales, lo que arrojará a quienes deban hacer cumplir la reforma "en los brazos de la inseguridad y de la incertidumbre".
"Las reformas propuestas, además, beben político-criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas", advierten en el comunicado.

Privatización de la justicia
En relación con iniciativas concretas, como infracciones actualmente consideradas faltas relativas a accidentes de tráfico, los penalistas critican que se opte de forma consciente por una "privatización" que va a provocar que el ciudadano "cargue con el pago de tasas, costas y peritajes, lo que le llevará en no pocas ocasiones a renunciar a reclamaciones para mayor beneficio de las compañías de seguros",
Advierten igualmente que se produce un "indeseado incremento de la gravedad de no pocas conductas, especialmente por la conversión de faltas en delitos" a lo que se suma el aumento de unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas -pueden llegar hasta los cuarenta años- y a la previsión de "una injustificable pena de cadena perpetua". "Con todo ello el único efecto seguro va a ser el del aumento de una población penitenciaria ya suficientemente elevada, lo que por otra parte no se traducirá en una mayor seguridad ciudadana", argumentan los expertos.
Lo más grave para los profesores, sin embargo, es el "claroabandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad", puesto que a su juicio "la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a "administrar" la peligrosidad.".

Empresas privadas de seguridad
Advierten, en relación con la seguridad, que el Gobierno ha reducido drásticamente las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional y entregado a las empresas privadas ámbitos enteros de la seguridad -comenzando por las prisiones-, y habilitando a estas entidades "para que mediante las oportunas comisiones provinciales, autonómicas y nacional decidan en cada momento el modelo de seguridad y las iniciativas a tomar a ese respecto".
Este nuevo paradigma resulta reforzado por modificaciones como las contenidas en el Proyecto de reforma del Código Penal, mediante las que se equiparan, a efectos penales, los vigilantes privados de seguridad a los funcionarios públicos, según apunta el Manifiesto.
Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, al a que también se refiere el documento y que también se tramita en el Congreso, apuntan que "el Gobierno pretende restringir el derecho de reunión y manifestación" y que para ello eleva a concepto de referencia no el de "orden público" entendido como normalidad en las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana. "De ahí las fortísimas sanciones con las que se amenaza a los participantes en las manifestaciones y los exorbitantes poderes reconocidos a las fuerzas de seguridad, que podrán estar apoyadas, no se olvide, por miembros de las policías privadas".
Finalmente, también critican que tras obtener los preceptivos informes de los órganos consultivos, como son el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha terminado llevando a las cámaras legislativas un nuevo Proyecto que incluye materias que no han sido objeto previamente de dictamen; e incluso, en el seno del trámite parlamentario se introducen -bajo la cobertura de enmiendas del Grupo Parlamentario que sostiene al Ejecutivo- nuevas regulaciones referidas a delitos que no habían sido sometidas tampoco a dictamen previo.
Firman el manifiesto más de sesenta catedráticos de Derecho Penal de universidades como la Carlos III, Rey Juan Carlos y Complutense en Madrid, la Autónoma de Barcelona, Santiago de Compostgela, Cádiz, Cantabria, Valencia, Granada y Zarazoza entre otras.

Terrible.

Da miedo como sigan gobernando estos del PP mas tiempo, volvemos a la dictadura. Surprised

V.I.P. Mensajes : 29750

Se llama elecciones y la culpa es de Vox, que han prometido igualmente una condena de por vida simulada con lo de plazos prorrogables de encarcelamiento.

Curiosamente en un tipo de delito que no le es para nada ajeno se les ha olvidado lo de aumentar la pena y limitar los supuestos.

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La reforma del Código Penal en tiempos de crisis ha pasado de puntillas por los delitos económicos y la corrupción a la hora de endurecer las condenas por delitos que nada tienen que ver con las causas del desastre financiero. Eso se desprende del manifiesto que presentaron en diciembre los jueces decanos, de otro durísimo que hicieron público 63 catedráticos de Derecho Penal este miércoles y de la intervención en el Congreso de los portavoces de los distintos grupos durante el debate que terminó con la aprobación de un texto que dejó al PP en solitario.

Citación :: Entre las ausencias se encuentra la reforma del delito fiscal, que solo tiene reproche penal si supera los 120.000 euros anuales. Aquel que tenga ingresos suficientes como para poder defraudar por encima de esa cantidad se enfrenta a una pena de prisión de entre 1 y 5 años, así como a una multa que puede alcanzar seis veces la cifra escamoteada al fisco. Y así seguirá siendo.
El PSOE presentó una enmienda para que el umbral de delito fiscal, que también estaba vigente cuando gobernaban los socialistas, se redujera a 50.000 euros. Sin establecer una cifra, los jueces decanos propusieron en diciembre rebajar el tope para que el fraude no sea delito. Ni unos ni otros han tenido éxito y el Grupo Popular impuso este miércoles su mayoría absoluta en el Congreso. La reforma del Código Penal no afecta a aquellos que detraen importantes cantidades que podrían ser dedicadas a la sanidad, la educación o cualquier otro destino que decidiera darle el Estado. El castigo seguirá limitado a una multa. Además, el delito fiscal deja de ser perseguido a los cinco años de su comisión.
Como apuntan fuentes jurídicas, esta ausencia de reforma complementa otra que sí llevó a cabo el Gobierno hace dos años en la Ley Orgánica 7/2012. Según esta norma, el delincuente fiscal tiene dos meses para pagar su deuda tributaria y quede extinguida su responsabilidad penal. Esos dos meses no empiezan a contar desde que es descubierto sino al ser imputado. La pena de prisión quedará entonces por debajo del año –podría llegar a los 3 meses–, mientras que la multa se quedaría en la mitad o la cuarta parte. Con estos mimbres legales y los caros abogados que pueden pagar los grandes defraudadores fiscales, la amenaza de la cárcel se diluye casi por completo.

"Bárcenas seguiría siendo el tesorero"
En la legislatura de los ‘papeles de Bárcenas’ y el caso Bankia, el Partido Popular ha preferido no aumentar las condenas de cárcel por los delitos asociados a la corrupción y tampoco ha creado tipos nuevos como el que penalizaría las desorbitadas retribuciones y jubilaciones que se ponían a sí mismos los directivos de las cajas, como propuso UPyD.
Al introducir el delito de financiación irregular de los partidos, el PP ha dejado una definición “vaga”, según la oposición, y ha establecido el umbral del delito en 500.000 euros. “Con este Código Penal, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. Si repasa sus papeles, nadie ha dado más de 500.000 euros. Es una desfachatez", dijo desde la tribuna el portavoz socialista, Antoni Such.
Por debajo de esa cantidad, los 500.000 euros, no habrá reproche penal para las personas que entreguen o reciban el dinero que tenga por fin la financiación irregular de un partido. Los grandes empresarios o cualquier otro que hinche la caja B de un partido con una cifra inferior a esa, aunque sea solo por un euro, no tendrán castigo, ni penal ni administrativo. El Tribunal de Cuentas es el encargado de fiscalizar a las formaciones políticas –sin mucho éxito, según ha acreditado la investigación de los papeles de Bárcenas–, pero no puede actuar contra el donante.
Este donante puede demostrar su compromiso con unas siglas de forma altruista e irregular, o puede moverse con afán de conseguir algo a cambio. ¿Qué puede perseguir de un partido un empresario? Evidentemente, contratos con las administraciones que gobierne esa formación.
El actual Código Penal no ha ayudado al juez Pablo Ruz a demostrar el delito de cohecho en su investigación de los ‘papeles de Bárcenas’. Con la redacción actual, no modificada en esta reforma, “habría que coger al empresario entregando el maletín al político” para poder probar el cohecho, según reconoce un investigador. Los informes de la policía y de la Intervención del Estado aseguran que es indemostrable que las donaciones de los ‘papeles de Bárcenas’ tuvieran un carácter finalista, esto es, que se produjeran a cambio de adjudicaciones concretas.
Otra de las reformas que han causado indignación en la oposición es la que blinda a las empresas ante cualquier investigación penal si tiene aprobado “un programa de cumplimiento normativo”. Fuentes jurídicas aseguran que el Partido Popular se ha limitado a copiar “palabra por palabra” un decreto italiano de 2001 de la época de Berlusconi.
Los jueces decanos se reunieron en Valencia el pasado diciembre y acordaron proponer 58 medidas contra la corrupción, entre ellas incrementar las penas para los delitos asociados al fenómeno. Se referían a las negociaciones prohibidas a funcionarios –castigadas con cárcel de 1 a 6 años–, el cohecho –de 3 a 6 años– y la prevaricación, que solo está penada con inhabilitación. El Gobierno ha optado por ampliar los plazos de inhabilitación para todas, pero ha renunciado a elevar las penas. Para los delitos más graves, ya castigados con inhabilitación para ejercer el cargo público que se desempeñaba al ejercer el delito, se añade que no puedan ser elegidos para ostentar otro.
En el caso de la malversación, ha incluido un supuesto agravado para la autoridad que realice un perjuicio al patrimonio público superior a los 50.000 euros. Si son casos de especial gravedad, la condena puede alcanzar los 12 años. Otra de las reformas aprobadas obliga a que el político corrupto devuelva el dinero antes de acceder a cualquier beneficio penitenciario.
Directa relación con las condenas tienen los plazos de prescripción de los delitos, otra medida solicitada por jueces, expertos y hasta por el anterior fiscal general del Estado en su comparecencia ante la comisión del Congreso. El Gobierno ha elevado solo los que afectan a los delitos más graves, es decir, los que ya tenían un plazo de 10 años: prevaricación administrativa, fraudes y exacciones legales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y prevaricación judicial. Pero deja fuera otros como el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias.
El catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico destaca que quien suele cometer esos delitos “controla las oficinas de donde debe salir la información” para avanzar en las investigaciones y obtener condenas, con lo que dilatando esa entrega de documentos pueden agotar el plazo de prescripción. “Eso impide –añade– que la alternancia política sirva para depurar las responsabilidades penales de una Administración anterior”.

Y así va la cosa.

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