El último auto del juez
José Castro: en el
caso Nóos no sólo le ha servido para fijar una fianza civil de 8,1 millones de euros para los dos principales acusados,
Iñaki Urdangarin y su socio
Diego Torres,
sino también para constatar que la posibilidad de que la causa terminé
salpicando a un miembro directo de la Familia Real aún no está
descartada. En su escrito, de 542 folios de extensión, el magistrado
menciona en diecisiete ocasiones a la infanta
Cristina,
y aunque en varias de ellas sea simplemente para constatar su
pertenencia a la junta directiva o al accionariado de tres empresas de
la trama, en otras su nombre aparece en las declaraciones de varios
testigos que reconocen expresamente que fueron contratados
irregularmente como empleados de hogar para el matrimonio en presencia
de la hija del rey. No obstante, el auto del juez Castro, en el que
abundan las acusaciones directas y demoledoras contra Urdangarín, al que
menciona en 315 ocasiones, no acusa directamente a la infanta de la
comisión de ningún delito. Tampoco a su secretario,
Carlos García Revenga, imputado el pasado martes.
El auto señala que el yerno del rey utilizó el nombre de su mujer y
el del secretario de ésta para captar clientes para el Instituto Nóos
La primera mención a la integrante de la Familia Real no se produce
hasta el folio 293 del documento judicial. En ella, el juez Castro
destaca que el Duque de Palma y su socio se pusieron "de común acuerdo
al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades
privadas e Instituciones Públicas el área de influciecia que, real o de
obligada imaginación, se derivaba del parentesto del primero con la Casa
Real nacido a raíz de su matrimonio con S.A.R. la Infanta Doña Cristina
Federica de Borbón y Grecia acontecido en el año 1997". El magistrado
recalca que este parentesto fue utilizado "unas veces de manera
implícita y en otras de manera franca" para hacer negocios.
De hecho, destaca que el Instituto Nóos hacía "claras referencias" a
la infanta y a su secretario, García Revenga, "al que se calificaba como
asesor de la Casa Real" al ofertar sus servicios a potenciales
clientes. En uno de estos folletos de autopromoción, se destacaba las
"imnumerables ventajas, de prestigio y económicas" que suponía contar
con una empresa que contaba con la participación de Iñaki Urdangarín
"con el expreso añadido de la esposa de éste y del propio secretario de
la institución". "Formalmente se presenta como una entidad sin ánimo de
lucro [...] Cómo se verá, su propio actuar desvelará que en la realidad
estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro", recalca el magistrado
sobre las actividades del Instituto.
Namasté 97 y AizoonEl nombre de la infanta Cristina aparece en el extenso auto judicial
relacionado con otras dos de las empresas que las investigaciones
incluyen dentro de la trama mercantil creada presuntamente por el Duque
de Palma. Una de ellas es Namasté 97 SL, constituida el 1 de enero de
2002 con un capital social de 3.005 euros. Según reseña el escrito, de
las 3.005 participaciones de un euro, 1.000 estaban a nombre de Iñaki
Urdangarín y otras 1.000 a nombre de su esposa, mientras que el resto lo
repartieron entre dos de sus hijos,
Juan y
Pablo Nicolás, y una pequeña parte para
Joan Cuscó, consejero de la empresa donde trabajaba el yerno del rey antes de crear el Instituto Nóos.
El magistrado destaca el testimonio de una empleada de hogar que
aseguró que la infanta estaba presente cuando Urdangarín le propuso
cobrar "en negro"
La otra empresa donde aparece la infanta es Aizoon SL, una consultora
constituida el 11 de febrero de 2003 y en la que eran partícipes al 50%
la hija del rey y su marido. Sobre esta empresa, el juez no se limita a
destacar que tuvo como domicilio social la vivienda del matrimonio en
el número 13 de la calle Elisenda de Pinós, de Barcelona, sino también
que la trama la utilizó para camuflar supuestas irregularidades, entre
ellas un contrato de 54.000 euros con el equipo ciclista Banesto-Illes
Balears, entonces financiado por el ejecutivo autonómico de
Jaume Matas.
El magistrado también destaca que fue utilizada para que "los gastos
personales de la familia Urdangarín experimentaran un nada despreciable
alivio" ya que considera que a sus cuentas se cargaron tanto los gastos
de
Visa de los Duques de Palma como los sueldos de sus empleadas de hogar, "contratadas conociendo su situación irregular en España".
En este punto, el escrito dado a conocer ayer recoge las
declaraciones textuales de varios de estos empleados que apuntan a que
la infanta Cristina fue testigo directo y, por tanto, conocedora de
diversos fraudes que se cometió con ellos. Así,
Elsa Sánchez aseguró que, aunque estuvo dado de alta en la Seguridad Social como
trabajadora de Aizoon, nunca tuivo funciones en esa compañía. Esta mujer
detalló que trabajó para el matrimonio Urdangarín desde mayo de 2004 a
abril de 2007 y que en la entrevista que le hicieron estuvieron
presentes tanto el Duque de Palma como su esposa. "En esa entrevista el
Sr. Urdangarín en presencia de la infanta Cristina le comentó a la
declarante que si finalmente la contrataban no le harían contrato de
trabajo sino que cobraría en negro", recoge textualmente el juez Castro.
Más adelante, el Duque de Palma accedió a hacerle un contrato, eso sí a
nombre de Aizoon SL.
En el mismo sentido, el magistrado recoge en su escrito las declaraciones del matrimonio
Lucian y
Maria Nonosel.
Ambos reconocieron que en un primer momento que los Duques de Palma les
firmaron un contrato como empleados de hogar, pero que en 2007 "Iñaki
Urdangarín y Cristina de Borbón les propusieron hacerles un contrato por
la empresa Aizoon, que era de los señores". Ambos detallaron en sus
declaraciones que sus sueldos comenzaron siendo de mil euros "y cada año
les subían unos 50 euros". Una condiciones que se mantuvieron sin un
"aumento significativo de sueldo" cuando cambiaron su condición de
empleado dehogar a trabajar de Aizoon.
