En su primer año de universidad, cuando apenas tenía 18 años, la estadounidense de origen mexicano Jasmin Enríquez fue abusada sexualmente cerca del campus por alguien en quien confiaba.
Llena de susto, Jasmin no se atrevió a denunciar el incidente a las autoridades educativas y pensó que nadie le creería. "También tenía miedo de la persona que me había atacado", le dice a BBC Mundo desde California.
Hoy, Enríquez tiene 22 años, ya dejó su miedo atrás y ha decidido utilizar su historia para alertar sobre un problema que, según la Casa Blanca, afecta a una de cada cinco mujeres que van a la universidad en Estados Unidos. Sin embargo, se estima que sólo se reporta un pequeño porcentaje de los casos.
"Desafortunadamente esto les está ocurriendo a muchas más personas de las que creemos", opina Enríquez. "Pero ahora las sobrevivientes de violencia sexual están hablando más sobre sus experiencias y ya no es tanto un tabú".
El gobierno del presidente Barack Obama también quiere quitarle el velo a este asunto que tradicionalmente ha sido manejado con bajo perfil, y la semana pasada presentó su primer informe destinado a proteger a los estudiantes y poner fin a las violaciones.
Además, en una decisión inusual, el Departamento de Educación publicó una lista de las 55 universidades a las que está investigando por posibles violaciones de leyes federales en el manejo de quejas de abuso sexual. Entre ellas se encuentran prestigiosos centros educativos como Harvard, Princeton o las universidades de Boston y Chicago.
"Las universidades tienen que enfrentar los hechos sobre los ataques sexuales", dijo el vicepresidente Joe Biden sobre el tema. "No se pueden hacer más los de la vista gorda ni pretender que no existe".
"Necesitamos darles a las víctimas el apoyo que necesitan, como un lugar confidencial al que acudir, y debemos llevar a los perpetradores a la justicia", continuó.
Para responder a ese problema universitario que el presidente Obama calificó como "totalmente inaceptable", el gobierno organizó a comienzos de año un equipo de trabajo que, tras varios meses de investigaciones, presentó la semana pasada el informe con el que pretende darles a las universidades herramientas adicionales para combatir los abusos sexuales.
Las medidas incluyen realizar encuestas para determinar la prevalencia de ataques en el campus universitario y las actitudes de los estudiantes, así como ayudas para prevenir el problema y enfrentarlo cuando suceda.
Para Jasmin Enriquez esta ayuda es importante, pues admite que ha escuchado muchas historias de víctimas que, como ella, no se atrevieron a denunciar el acoso.
"Incluso cuando consideraron hacerlo, ese miedo de que manejarán su caso mal o de que no fueran protegidas en un lugar seguro superó su deseo de reportarlo", le dice a BBC Mundo.
Además de colaborar con la Casa Blanca, Jasmin actualmente dirige un proyecto llamado Only With Consent, con el que espera frenar la violencia sexual fomentando relaciones que se basen en el consentimiento mutuo, así como ayudar a las víctimas a que entiendan que si son violadas no es por culpa de ellas.
Las universidades
Algunas de las víctimas que han decidido publicar sus casos para generar más atención dicen que las universidades no siempre los resuelven de la mejor manera.
El informe del Departamento de Educación de la semana pasada, con los nombres de las 55 universidades bajo investigación, también sirvió para poner el énfasis en la labor que están realizando los centros educativos para combatir el problema.
Varias de las universidades han respondido a las críticas presentando los cambios que han puesto en marcha para cambiar la situación, como ampliar sus definiciones de abuso sexual, contratar a personas capacitadas para ayudar a los estudiantes y aumentar sus ofertas de apoyo y asesoramiento. También han lanzado proyectos para que los mismos estudiantes puedan reaccionar mejor si ven que se está cometiendo un abuso.
Para los centros educativos, así como para las autoridades, afrontar este problema se ha convertido en un reto importante y cada vez más público, que además no está exento de controversia.
Mientras algunas víctimas lo han descrito como una "epidemia", algunos comentaristas conservadores han preferido darle otro tono.
Heather MacDonald, del Instituto Manhattan para la Investigación Política, con sede en Nueva York, escribió a principios de año que la realidad en los campus "no es una epidemia de violaciones sino una cultura de parejas borrachas con cero revisiones normativas sobre el comportamiento promiscuo".
MacDonald, además, pone en tela de juicio la estadística de la Casa Blanca sobre el porcentaje de mujeres violadas, y dice que una tasa de este estilo "representaría una ola de crimen sin precedentes en la historia civilizada".
Para Jasmin Enríquez, no obstante, el abuso sexual es un tema fundamental que la ha afectado directamente y que quiere usar para ayudar a otras víctimas en situaciones similares.
"Con el paso de los años siempre me he sentido avergonzada de lo que me pasó", escribió recientemente en su blog. "Sentía que era una carga para mi familia, mis amigos y mi comunidad afrontar el tema de la violencia sexual que es tan común en nuestras comunidades".
"Hablé sobre el tema porque sentí que era mi responsabilidad, pero eso no vino sin noches en las que dudé o en las que me pregunté si estaba haciendo lo correcto".
Pero ahora afirma que el apoyo que ha sentido tras contar su historia le ha servido para seguir enfocada en su sueño: "generar una cultura de consentimiento para que menos personas se enfrenten a este horrible acto de violencia".

Washington (EFE).- Las denuncias de abusos sexuales en las Fuerzas Armadas estadounidenses aumentaron un 50 % en 2013, gracias a las campañas para facilitar a las víctimas exponer sus casos y revisar las políticas sobre este problema, informó hoy el Pentágono.
En el ejercicio de 2013, que finalizó el 30 de septiembre pasado, se denunciaron 5.061 casos de abusos sexuales en las Fuerzas Armadas estadounidenses, por encima de los 3.374 de un año antes.
El secretario estadounidense de Defensa, Chuck Hagel, dijo en rueda de prensa que "los abusos sexuales son uno de los peores delitos que una persona puede cometer contra otra" y un enemigo de "los vínculos de confianza en el corazón de las Fuerzas Armadas".
Según el general Jeffrey Snow, "el aumento sin precedentes de las denuncias" responde a una "mayor confianza en el sistema de respuesta".
En el último año, el Pentágono ha aprobado 28 directivas para reducir las agresiones sexuales, entre otras cosas para controlar la venta y consumo de alcohol en las bases, ya que se ha constatado que está detrás de muchos casos de abusos.
Además, ha puesto en marcha números de contacto, ha consolidado las oficinas de prevención, el tratamiento psicológico y oficiales de alto rango han viajado por las bases militares estadounidenses para explicar la dimensión del problema.
La Fuerzas Armadas tratan los casos de abuso sexual de su competencia a través de la justicia militar y, según los últimos datos, el 73 % de los acusados fue finalmente castigado porque había suficientes pruebas en su contra, frente al 66 por ciento de 2012.
Durante años, las Fuerzas Armadas estadounidense han mantenido en la sombra los problemas de abusos, que no eran denunciados por la cultura de respeto a los rangos, por miedo al escarnio público o por los intentos de altos mandos de evitar escándalos.
El Congreso y el Gobierno de Barack Obama han dado pasos en los últimos años para mejorar la prevención y fortalecer el papel de la justicia en esta cuestión.
Pese a los progresos, los datos indican que las mujeres son más propensas a denunciar abusos, mientras que los hombres prefieren sufrirlos en secreto por miedo a ser víctimas de la cultura militar masculina que impera en el estamento militar.
"Estimamos que los hombres engrosan la mitad de las víctimas de asalto sexual en las Fuerzas Armadas, debemos luchar contra los estigmas culturales que afectan a las denuncias", explicó Hagel.

Los derechos de las mujeres y las niñas
La Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act), la principal ley federal que ofrece protección legal y servicios a las víctimas de la violencia doméstica y sexual y el acoso, se enfrentaba a un futuro incierto. Cuando se escribió este capítulo, el proceso de renovación de su vigencia en el Congreso se había estacando debido a los desacuerdos sobre las protecciones para las víctimas inmigrantes; las víctimas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT); y las víctimas en territorios tribales.
Las estadísticas del Departamento de Defensa indican que de las 19.000 agresiones sexuales que se estima que se cometen cada año en las fuerzas armadas, sólo se denunciaron 3.192 en el ejercicio fiscal 2011, y sólo 240 de estas denuncias se saldaron con un enjuiciamiento militar. Las iniciativas anunciadas recientemente para abordar el problema incluyen la suspensión de la responsabilidad de investigar de los comandantes en primera línea; sin embargo, los casos seguirán investigándose dentro de la cadena de mando. 
Las investigaciones inadecuadas de la violencia sexual son un problema que va más allá de las fuerzas armadas. A nivel nacional, menos del 20 por ciento de las agresiones sexuales se denuncian a la policía, y los casos denunciados tampoco se investigación siempre de manera adecuada. Por ejemplo, la investigación de Human Rights Watch indica que entre 2009 y 2011, numerosas víctimas que denunciaron agresiones sexuales a la policía del Distrito de Columbia vieron como sus casos languidecían después de su cierre efectivo sin investigación. Human Rights Watch había observado previamente que las pruebas de los exámenes forenses de las víctimas de agresiones sexuales en California e Illinois quedaban almacenadas durante años sin analizarlas.
A pesar de docenas de demandas judiciales presentadas por empleadores contrarios a la medida, una reforma de la atención a la salud que requería que los empleadores cubrieran los gastos de los contraceptivos en los planes de seguro de salud de sus empleados entró en vigor este año, y permitió que alrededor de 47 millones de mujeres tuvieran acceso gratuito a contraceptivos. Las leyes estatales contra el aborto aprobadas en 2012 incluyeron límites sobre la cobertura del seguro para esta intervención, restricciones sobre el aborto por razones médicas y prohibiciones del aborto después de 20 semanas de embarazo. Las leyes que ordenan ecografías antes de un aborto, existentes en ocho estados, se enfrentaron al rechazo popular cuando el debate sobre un proyecto de ley en Virginia reveló que el requisito propuesto podría forzar a las mujeres a someterse a un procedimiento de inserción de una sonda en la vagina.