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Como cada año tal día como hoy, 6 de diciembre, el españolismo vuelve a agitar la Constitución española con motivo de los 41 años que hace que se aprobó. Redactada en su día como un texto de consenso, y recordemos que en momentos muy críticos, con el paso de los años se ha ido petrificando y ahora es exhibida como un texto sagrado para frenar las aspiraciones independentistas. Este integrismo constitucionalista ha hecho que los catalanes pasaran de aprobarla en el referéndum de 1978 con un 90% de los votos favorables (2 puntos por encima de la media española) a rechazarla en un 57%. Según los datos del CEO, solo el 17,4% de los catalanes votaría a favor. Con mayoría absoluta independentista en el Parlament, la Catalunya de hoy rechaza la Constitución española y tampoco cree que tenga que limitar el diálogo con el gobierno español. Solo el 35% acepta esta limitación.
Pedro Sánchez insiste a limitar el diálogo con Catalunya dentro del marco constitucional. El secretario general del PSOE defiende ahora una reforma constitucional, concretamente del artículo 99, que establece que si no hay mayoría para hacer gobierno, se tienen que repetir las elecciones. Los socialistas son partidarios de cambiarla a su gusto para facilitar que gobierne la fuerza más votada. No es la primera vez que se reforma la Constitución española. El 1992 se hizo la primera reforma para adaptar España al Tratado de Maastricht, y la segunda se hizo el verano del 2011 para incluir el concepto de estabilidad presupuestaria, que avalaba la política de austeridad exigida por la Troika.
La Constitución española ha sido reformada dos veces, pero nunca para tocar el modelo territorial ni reconocer el carácter plurinacional del Estado. Desde el centralismo no interesa ese reconocimiento que les restaría poder, y parece ser que son los dueños de la misma. Quizás, efectivamente, sí lo sean. Después de las elecciones del 10 de noviembre, proponer una reforma constitucional al Congreso español sería claramente involutiva en cuanto a Catalunya. Ni el federalismo, ni todavía menos el independentismo, no tienen ninguna posibilidad por esta vía. Cuando los partidos españolistas se denominan constitucionalistas, convierten la Carta Magna en una arma excluyente contra el independentismo. Y es en nombre de la Carta Magna que el Tribunal Constitucional español va laminando el autogobierno y la soberanía del Parlament, tumbando las decisiones que toma y prohibiendo que se pueda debatir sobre cualquier tema. Democracia pura.
En el contexto del diálogo para la investidura de Pedro Sánchez, la Constitución española se utiliza nuevamente como arma para negar las aspiraciones mayoritarias de los catalanes. El dirigente del PSOE ya ha dejado claro que si hay acuerdo con ERC será constitucional, cosa que excluye el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Es decir, pone límites al diálogo y prácticamente lo deja vacío de contenido. Los partidos partidarios del derecho de autodeterminación tienen 29 diputados en el Congreso español, como han recordado en un artículo conjunto para reivindicar la declaración de la Llotja. Sin estos 29 diputados, que son de ERC, JxCat, CUP, EH Bildu y BNG, Sánchez no podría ser presidente, pero los partidos firmantes de la declaración de la Llotja han descartado negociar todos juntos, a pesar de que esto les daría mucha más fuerza. Sánchez tiene bastante con los 13 diputados de Esquerra, pero el precio del pacto sería más alto si los republicanos se dejaran acompañar por el resto de partidos de la Llotja. La declaración de la Llotja es papel mojado, una fotografía sin recorrido, si no tiene una traducción política en una actuación conjunta en el Congreso español.
Si en 1978, con las salsa de bandera militares haciendo ruido de sables, y la extrema derecha fascista mirando puntos y comas para salirse con al suya, hoy, que España ya no es aquella, ER tiene en sus manos otras posibilidades de que la Constitución española se actualice y reconozca la realidad de España. Y, desde los partidos que se llaman constitucionalistas, entender que reconocer la realidad no es romper nada, excepto sus intereses y ambiciones, porque España no es como ellos desearían, es como es, un conjunto de naciones que pueden caminar juntas si, como principio, son reconocidas por unos y por otros.
LA CONSTITUCIÓN
Como cada año tal día como hoy, 6 de diciembre, el españolismo vuelve a agitar la Constitución española con motivo de los 41 años que hace que se aprobó. Redactada en su día como un texto de consenso, y recordemos que en momentos muy críticos, con el paso de los años se ha ido petrificando y ahora es exhibida como un texto sagrado para frenar las aspiraciones independentistas. Este integrismo constitucionalista ha hecho que los catalanes pasaran de aprobarla en el referéndum de 1978 con un 90% de los votos favorables (2 puntos por encima de la media española) a rechazarla en un 57%. Según los datos del CEO, solo el 17,4% de los catalanes votaría a favor. Con mayoría absoluta independentista en el Parlament, la Catalunya de hoy rechaza la Constitución española y tampoco cree que tenga que limitar el diálogo con el gobierno español. Solo el 35% acepta esta limitación.
Pedro Sánchez insiste a limitar el diálogo con Catalunya dentro del marco constitucional. El secretario general del PSOE defiende ahora una reforma constitucional, concretamente del artículo 99, que establece que si no hay mayoría para hacer gobierno, se tienen que repetir las elecciones. Los socialistas son partidarios de cambiarla a su gusto para facilitar que gobierne la fuerza más votada. No es la primera vez que se reforma la Constitución española. El 1992 se hizo la primera reforma para adaptar España al Tratado de Maastricht, y la segunda se hizo el verano del 2011 para incluir el concepto de estabilidad presupuestaria, que avalaba la política de austeridad exigida por la Troika.
La Constitución española ha sido reformada dos veces, pero nunca para tocar el modelo territorial ni reconocer el carácter plurinacional del Estado. Desde el centralismo no interesa ese reconocimiento que les restaría poder, y parece ser que son los dueños de la misma. Quizás, efectivamente, sí lo sean. Después de las elecciones del 10 de noviembre, proponer una reforma constitucional al Congreso español sería claramente involutiva en cuanto a Catalunya. Ni el federalismo, ni todavía menos el independentismo, no tienen ninguna posibilidad por esta vía. Cuando los partidos españolistas se denominan constitucionalistas, convierten la Carta Magna en una arma excluyente contra el independentismo. Y es en nombre de la Carta Magna que el Tribunal Constitucional español va laminando el autogobierno y la soberanía del Parlament, tumbando las decisiones que toma y prohibiendo que se pueda debatir sobre cualquier tema. Democracia pura.
En el contexto del diálogo para la investidura de Pedro Sánchez, la Constitución española se utiliza nuevamente como arma para negar las aspiraciones mayoritarias de los catalanes. El dirigente del PSOE ya ha dejado claro que si hay acuerdo con ERC será constitucional, cosa que excluye el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Es decir, pone límites al diálogo y prácticamente lo deja vacío de contenido. Los partidos partidarios del derecho de autodeterminación tienen 29 diputados en el Congreso español, como han recordado en un artículo conjunto para reivindicar la declaración de la Llotja. Sin estos 29 diputados, que son de ERC, JxCat, CUP, EH Bildu y BNG, Sánchez no podría ser presidente, pero los partidos firmantes de la declaración de la Llotja han descartado negociar todos juntos, a pesar de que esto les daría mucha más fuerza. Sánchez tiene bastante con los 13 diputados de Esquerra, pero el precio del pacto sería más alto si los republicanos se dejaran acompañar por el resto de partidos de la Llotja. La declaración de la Llotja es papel mojado, una fotografía sin recorrido, si no tiene una traducción política en una actuación conjunta en el Congreso español.
Si en 1978, con las salsa de bandera militares haciendo ruido de sables, y la extrema derecha fascista mirando puntos y comas para salirse con al suya, hoy, que España ya no es aquella, ER tiene en sus manos otras posibilidades de que la Constitución española se actualice y reconozca la realidad de España. Y, desde los partidos que se llaman constitucionalistas, entender que reconocer la realidad no es romper nada, excepto sus intereses y ambiciones, porque España no es como ellos desearían, es como es, un conjunto de naciones que pueden caminar juntas si, como principio, son reconocidas por unos y por otros.
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