El empleo de calidad se abre paso: la temporalidad cae a la mitad y la tecnología genera un tercio de los puestos de trabajo
La fase de bonanza económica y la estabilización del mercado laboral apuntalan el sistema de pensiones con 2,42 cotizantes por cada perceptor de prestaciones y estimulan la economía con los salarios creciendo al 3,5%.
El empleo de calidad comienza a abrirse paso en el mercado laboral español. Lo hace con un desplome de la contratación temporal y un crecimiento de la de carácter indefinido hacia, respectivamente, mínimos y máximos de la serie histórica que arranca a mediados de los años 70.
Al mismo tiempo, las ocupaciones de perfil técnico y tecnológico ganan peso hasta aglutinar un tercio de los puestos creados en los dos últimos años.
La confluencia en los dos últimos años de una fase de bonanza económica con el cambio de las normas sobre contratación a partir de la reforma laboral de finales de 2021 ha abierto un proceso de estabilización del empleo con el que los contratos indefinidos han aumentado hasta el 86% (3,11 millones en dos años) mientras los temporales han caído hasta el 14%.
Esa tasa de trabajadores con contrato eventual, cuya reducción ha tenido como 'efecto secundario' una mejora de las condiciones económicas del despido en los sectores más precarizados, era del 25%, prácticamente el doble, al cierre de 2021, cuando alcanzaba el 30% si se contabilizan como temporales los fijos discontinuos, y había llegado a superar el 26% en el lustro previo a la pandemia.
"En el caso de los menores de 30 años, la reducción del nivel de temporalidad es más intensa, bajando en 31 puntos porcentuales (del 53% al 22%) respecto al nivel que tenía antes de la reforma", destacaba el Ministerio de Inclusión al difundir este miércoles los datos de afiliación a la Seguridad Social de 2023, en un balance en el que llamaba la atención sobre la evolución de la parcialidad.
"Los efectos de la reforma laboral también se notan en la evolución de los contratos indefinidos a tiempo completo a lo largo del año, que crecen con mayor intensidad (5,5% en promedio en 2023) que los de tiempo parcial (5,2%) y que los fijos discontinuos (3,7%)", señalaba.
Los registros que este miércoles hicieron públicos los ministerios de Trabajo y de Inclusión permiten hacer un primer balance de la evolución de la ocupación en los dos primeros años de vigencia de la reforma de 2021, que se completa con un repaso a las de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo.
La ocupación El número de afiliados a la Seguridad Social lleva desde marzo por encima de los 20,5 millones de ocupados, lo cual supone un récord histórico aunque no acaba de llegar a los 21. Lo hace pese a las tendencias a la ralentización del crecimiento, algo que, por otra parte, los expertos llevan pronosticando dos años como consecuencia lógica de la estabilización del empleo.
El empleo de carácter técnico se está revelando como el gran yacimiento laboral al socaire del despliegue de las energías renovables y de la digitalización de la economía, ambos directamente relacionados a su vez con la inyección de los Fondos Next Generation y con lo que parece ser un incipiente proceso de transformación del modelo productivo español.
En ese marco, prácticamente un tercio de los nuevos puestos de trabajo creados en los dos últimos años, 314.000 de 1,005 millones, se han creado en sectores de elevada generación de valor añadido como la informática y las telecomunicaciones, cuyo volumen de afiliados ha crecido un 25,2%, y como las actividades profesionales, científicas y técnicas, en las que el aumento ha sido del 15,8%.
"Desde el fin de la pandemia, uno de cada cinco nuevos afiliados se ha incorporado a estos dos sectores altamente productivos", destaca el Ministerio de Inclusión, mientras el Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica cifra el número de ofertas de empleo tecnológico de las empresas españolas en el último trimestre de 2023 en 74.151, un volumen de empleo superior al que se genera en provincias como Zamora, Soria, Segovia, Palencia, Ávila o Teruel.
El desempleo El número de desempleados es el menor desde hace 16 años al cierre de un ejercicio con un registro de 2,7 millones, con una perspectiva cualitativa que resulta menos halagüeña que la cuantitativa a la que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, califica de "inaceptable" por lo elevado de la cifra.
El número de desempleados que reciben subsidios asistenciales lleva una década superando al de quienes perciben una prestación contributiva. La proporción de enero a noviembre se mantuvo en 875.123 por 796.112, un dato que apenas varía con la potente creación de empleo, lo que apunta a un fenómeno de exclusión que se centra en los mayores de 50 años que pierden su trabajo, así como en las mujeres.
Que más de la mitad de los perceptores de subsidios (440.484 de 812.172 en noviembre) sean mayores de 52 años, que dentro del grupo predominen las mujeres (224.777) y que esa mayoría se repita entre quienes agotan la prestación antes de cumplir los 52 (88.509 de 133.923) y entre quienes no llegan a asegurarse el acceso (90.530 de 139.553) resulta sintomático de la cronificación de esos procesos de exclusión laboral.
Los salarios Los negociados en convenio están subiendo a un ritmo medio del 3,49% que no se daba desde hace quince años y que sería el segundo mayor del siglo, una décima inferior al de 2008 y empatado con el de 2001 según los datos del Ministerio de Trabajo.
Ese registro, que llega tras el 3,01 de 2022 y aunque solo 4,7 millones tienen acordadas subidas de más del 3% en 2023, permitiría a una parte de los asalariados comenzar a recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los dos años y medio anteriores, en los se ha acumulado un alza de precios del 16% y que se ha centrado en los productos y servicios más básicos, como los alimentos, la energía y el transporte.
Esas mejoras salariales, el aumento de la ocupación y la estabilización del empleo han elevado desde la pandemia en casi 80.000 millones de euros la masa salarial del país, que se situaba en 390.078 millones de euros en 2019 y que alcanza los 467.370 en el último año móvil, de octubre de 2022 a septiembre de 2023, según los datos de la Agencia Tributaria.
Esa cifra, que duplica a la de hace dos décadas (236.206 millones en 2002) y en la que tienen bastante que ver las subidas del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), se ha convertido en un factor clave para la animación del consumo que tras la pandemia está apuntalando la recuperación de la economía española, que concentra en los hogares más de la mitad de la demanda.
Las cotizaciones El volumen ingresado en la Seguridad Social en concepto de cotizaciones de los trabajadores creció entre enero y noviembre del año pasado a un ritmo del 10,3%, con dos puntos vinculados al MEI o Mecanismo de Equidad Intergeneracional diseñado para llenar una nueva hucha de las pensiones para afrontar la jubilación del baby boom.
"El fuerte dinamismo del mercado laboral y el incremento de la calidad del empleo está contribuyendo a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones", señala el Ministerio de Inclusión, que también destaca cómo la ratio de cotizantes por cada pensionista "se sitúa en 2,42, máximos de la década".
La jornada laboral Los convenios aprobados entre enero y noviembre contemplan una jornada media de 38 horas y 20 minutos, que se extiende hasta los 25 en el caso de los acuerdos de sector y en los de ámbito territorial y que baja a las 37 horas y doce minutos en los pactos de empresa.
Esos movimientos se producen en vísperas de que los agentes sociales por un lado y los grupos parlamentarios por otro comiencen a negociar el llamado Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI , entre cuyos contenidos el Gobierno pretende incluir una nueva regulación de la jornada laboral, que lleva 40 años fijada en las 40 horas semanales.
La negociación colectiva El ANC o Acuerdo de Negociación Colectiva suscrito en mayo por UGT, CCOO, Cepyme y Ceoe desencalló las mesas de trabajo de los convenios, la mayoría de las cuales llevaban prácticamente paralizadas desde la pandemia.
Al cierre de noviembre se habían renovado 1.227 convenios, 880 de empresa y 347 sectoriales o de ámbito geográfico, que resultaban ser 333 más que los negociados en el mismo periodo de 2022 y que afectaban a 3,6 millones de trabajadores (1,5 más que el año anterior).
No obstante, la cifra de asalariados protegidos por un convenio y potencialmente beneficiados por las subidas y jornadas medias del 3,49% y de 38 horas y veinte minutos era de 10,5 millones, que resultan ser dos tercios (67%) de los 15,5 millones de trabajadores por cuenta ajena, sin incluir empleados públicos ni autónomos.
La siniestralidad La siniestralidad laboral se mantiene en niveles elevados en España, con 525.551 accidentes con baja de enero a octubre y 602 de ellos mortales (112 in itinere) que arrojan sendas medias de casi 12.000 y más de trece por semana, según los datos del Ministerio de Trabajo.
Esos ratios superan los de accidentalidad del año pasado y los de mortalidad de 2020, que hasta ahora habían sido los peores de la última década.
Volvemos a lo mismo: "En política se puede hacer de todo menos el ridículo", decía el president Tarradellas, y al PP de Alberto Núñez Feijóo no le parece que haya sido lo suficientemente grotesco con lo del No gobernamos porque no queremos, que ahora nos sorprende (o no) con un plan de "disolución" (ilegalización, a efectos prácticos) de los partidos independentistas.
Lo ha hecho a través de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario del PP en contra de la proposición de la ley de amnistía del PSOE, respaldada por Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG (178 escaños), donde los de Feijóo no van a degüello pidiendo ilegalizar a estas formaciones soberanistas, pero casi, porque pretende crear un nuevo delito, la "deslealtad constitucional", que da miedo solo de pensar que pueda caer en un Gobierno de PP y Vox, o sea, de (ultra)derecha; o sea, donde puedan ser delincuentes los migrantes pobres o sin regularizar o el colectivo LGTBI o hasta las feministas, quién sabe. En principio, el Partido Popular señala a 1,6 millones de ciudadanos/as representados por ERC, Junts, PNV, Bildu o BNG, que estarían a favor de la independencia de Catalunya, Euskadi o Galicia, en los términos que consideren.
La casualidad (o el ridículo) ha querido que la enmienda a la ley de amnistía y la propuesta de inclusión en el Código Penal del delito de "deslealtad institucional" se hayan conocido al tiempo en que La Vanguardia desvelaba un encuentro entre el portavoz del PP en el ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, con representantes de Junts, previo a la investidura fallida de Feijóo que tuvo lugar en septiembre. Resultado: la cabeza del portavoz en el Congreso del PP, Miguel Tellado, explotando en directo en televisión entre contradicciones sonrojantes.
Los titulares de este miércoles, pues, quedarían así: el PP negocia/habla con Junts -"café" mediante- una posible investidura de Feijóo mientras pide su disolución/ilegalización por querer la independencia de Catalunya. Tellado niega el encuentro del PP con Junts en la televisión española, mientras Sirera lo confirma en la radio catalana. Mientras tanto, varios dirigentes del PP dispersos por los medios de comunicación -como la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, en RNE- tratan de convencernos, por un lado, de lo del cacareado Feijóo no es presidente porque no quiere, cuando todo el mundo sabe que con un Vox imprescindible para esa investidura, el PP no va ni a la vuelta de la esquina con los nacionalistas, y, por otro, que su propuesta de introducir el delito de "deslealtad constitucional" es muy democrático, porque aquí no se trata de pensar lo que a una le da la gana, sino lo que le dejaron escrito los próceres del 78, o lo que la (ultra)derecha dice que dejaron escrito: la unidad de España está por encima de la democracia. Podrían haber dicho, por ejemplo, que los Derechos Humanos están por encima del resultado de los procedimientos democráticos y que esos sí son los consensos que nos hemos dado los y las demócratas, pero tampoco se trata de ofender a los socios de Vox, que son machistas, homófobos o xenófobos perdidos y nadie pide su ilegalización.
El PP justifica que la ley de amnistía va contra la igualdad de los españoles ante la ley, pero de la impunidad y el saqueo del rey emérito o de anular las medidas de gracia recogidas en nuestra legislación, nada de nada; no vaya a ser que les toque gobernar a ellos, hayan de pactar con Junts u otros nacionalistas de derechas y no puedan usarlas. Contaba la compañera Amanda García, este miércoles en Público, que "nunca antes los populares habían adoptado una postura tan dura contra las formaciones independentistas: ni lo hizo el PP de Mariano Rajoy en pleno procés en 2017 ni el de Alberto Núñez Feijóo hace poco más de un mes, cuando tumbaron en el Senado una iniciativa de Vox que pedía disolver e ilegalizar a Junts y ERC. Entonces, el senador Javier Arenas, del PP, defendió que ‘la disolución de un partido político es de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia’ y que el Tribunal Supremo lo rechazaría".
La estrategia del PP es, no obstante, simple y cristalina: adoptar las medidas de la ultraderecha para captar al votante de Vox y, cuando se ganen las elecciones absorbiendo a los de Santiago Abascal, se pacta con Junts y con quien haga falta. Y pelillos a la mar, que la memoria en España es de corto recorrido. Oigan, que razón no les falta.
Ningún demócrata antepone la democracia a los derechos, quien lo pretenda, que se lo haga mirar, porque de demócrata tiene tanto como una berza.
Pese a la aparente complejidad del entramado institucional, político y policial para acabar con el independentismo, primero, y con Podemos, años más tarde y en otra operación similar, lo cierto es que la estructura de las cloacas de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en complicidad armónica con periodistas y medios conservadores, han sido muy burdas. Lo que sí tenemos claro ya -con indicios abrumadores y sonrojantes- es que, con las informaciones desveladas esta semana por La Vanguardia y El Diario.es en una investigación conjunta, el círculo sobre el lawfare denunciado por Junts y ERC antes y durante el procés se va cerrando y estaban implicados desde el presidente Rajoy hasta la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pasando por el ejecutor, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su policía corrupta, y unos tribunales que han hecho prácticamente nada teniendo en cuenta la magnitud del escándalo: desde el GAL de los gobiernos socialistas no existe un caso de mayor corrupción institucional que las cloacas de Interior del Gobierno Rajoy. No hay democracia que pueda soportar esto sin que se depuren responsabilidades; y éstas no consisten en juzgar levemente una parte del brutal entramado corrupto (operación Kitchen) y echar la tierra del olvido sobre todo lo demás.
Gracias a todo el material periodístico publicado hasta ahora con grandes esfuerzos y muchos palos en las ruedas -de estas cloacas, Público sabe un rato-, para desentrañar esta operación antidemocrática y criminal, no nos van a hacer falta ni las comisiones de investigación exigidas por los independentistas catalanes en el Congreso. Mucho menos, unos tribunales que han cogido con enorme desidida e indiferencia las denuncias contra estas cloacas policiales, mediáticas y gubernamentales: primero, investigando con la nariz tapada la destrucción de pruebas judiciales sobre la corrupción del PP en el caso Kitchen y segundo, sin consecuencias para los creadores y difundidores de informes y cuentas falsas creadas en las cuevas policiales y publicadas a todo trapo y portada en la prensa nacional y adjudicadas a dirigentes independentistas como Xavier Trias, Artur Mas o Jordi Pujol.
¿Qué responsabilidades políticas y judiciales se han asumido desde 2012, que comenzó la operación ilegal y anti-independentista desde las cloacas del Estado cuyo Poder Ejecutivo (y Judicial) ostentaba el PP? Siguen abiertas, como decimos, la operación Kitchen -donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón hace malabares para alejar cualquier implicación de Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, y a Cospedal, ministra de Defensa y número dos del PP- y en Andorra -ni siquiera en España-, donde la Justicia de ese país investiga a Rajoy; el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al de Hacienda, Cristóbal Montoro, a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.
El Ministerio de Hacienda también aparece, por tanto, como parte decisiva del entramado parapolicial e institucional corrupto como filtrador de datos fiscales de políticos independentistas o sus familiares para que la policía elaborase los informes. Se realizaban investigaciones prospectivas a sujetos previamente señalados por su ideología independentista catalana y, aunque algunos datos eran ciertos, si no se encontraba nada con lo que embarrar a la opinión pública siquiera, se los inventaban, como en el caso de las cuentas en Suiza de Trias o Mas. Los informes se judicializaban ("La Fiscalía te lo afina") e iban a los medios de comunicación afines, que los publicaban a toda plana montando un escándalo ficticio.
Las cloacas funcionaron a todo gas, con informaciones que llegaban a La Moncloa, a Rajoy ("El presidente del Gobierno lo sabe"), a través de escoltas y en austeros sobres cerrados, blancos y sin letra alguna, según las informaciones publicadas esta semana. Para todo aquello que el PP pudiera necesitar en su operación para destruir al independentismo catalán, tenía al Gobierno presidido por Mariano Rajoy a su disposición; lo que fuera, empleando los recursos públicos sin límites (policías, fondos reservados, la Agencia Tributaria, el erario ...). El modus operandi se repitió con Podemos después, llegando a simultanearse las operaciones Cataluña y contra el partido de Pablo Iglesias, capitaneadas por Villarejo, aunque no siempre, según ha contado él mismo. Años y años de corrupción institucional al más alto nivel, totalitaria, criminal, de lawfare y rapiña antidemocrática no han sido esclarecidos ni juzgados; no se han asumido responsabilidades. Por eso vuelve. Y llamara más veces y con aun más datos escandalosos.
Si España cierra este capítulo también sin consecuencias apenas-como ocurre con los asuntos que siguen como materia reservada, sean el golpe de Estado o los GAL; como los del reinado de Juan Carlos I-, de poco servirá que algunas y algunos periodistas sigamos haciendo nuestro trabajo; porque la democracia no son compartimentos estancos, donde unos responden y otros, no. Aquí nos hemos comprometido todas.
ANA PARDO DE VERA
Pero... qué más da que los malnacidos se carguen, ilegalmente, a independentistas y podemitas, y de paso la democracia... si se muere una neurona queda más sitio para la otra... ¿verdad?
El Constitucional da la razón a Alberto Rodríguez demasiado tarde: "Nadie repondrá ese escaño"
Ha tardado en llegar, aunque el daño, para muchos, ya es irreparable. El Tribunal Constitucional anuló el martes la condena de inhabilitación del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. Su escaño estuvo vacío gran parte de la pasada legislatura tras una condena del Tribunal Supremo por una supuesta patada a un policía.
Las reacciones de apoyo de miembros y exmiembros de su antigua formación no se han hecho esperar, muchas de las cuales lo encuadran en un claro caso de lawfare.
Su inhabilitación fue polémica, no solo por la escasez de las pruebas presentadas, sino por la falta de actuaciones judiciales por los miembros de la coalición Unidas Podemos para restaurar su escaño. De hecho, el propio Rodríguez criticó esta inacción de los suyos en posteriores entrevistas y acabó alejándose de Podemos al lanzar su propia iniciativa política para Canarias, Drago.
La de necedades y mentiras que hubo que soportar en el foro por los patéticos y fanáticos antipodemitas... un puto asco.
Salú y República.
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Últimamente, quienes mantenemos que a esta democracia nuestra le falta un buen recorrido todavía para consolidarse como tal -y que ese camino se encuentra, en buena parte, incrustado en las estructuras del Estado- estamos de enhorabuena, los hechos no hacen más que darnos la razón.
Tenemos a la ultraderecha y sus estrambóticos pasacalles frente a la sede nacional del PSOE, armas incluidas; la confirmación sonrojante de la acción despiadada de las cloacas de Interior durante la etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy, capitaneadas por éste y secundadas por medios de comunicación entregados a la causa Villarejo&cía, o la evidente existencia de un lawfare sangrante contra adversarios políticos de ese mismo PP o de su orden autoritario: "O nosotros o el caos", dijo un día de 2015 Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, que ahora sabemos que estuvo metida hasta el cuello en las citadas cloacas por más que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya intentando pulirle el currículo político.
Tenemos, desde este martes también, la constatación de la invasión que el Tribunal Supremo hizo en 2021 de lo más sagrado que tenemos los y las ciudadanas: nuestro voto, la elección democrática de nuestros representantes políticos, que trabajan en el Congreso, sede de la soberanía nacional. 64.000 votantes de las Islas Canarias, por donde concurrió el diputado y exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez han visto, primero, como el magistrado y presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en otro de sus tenebrosos movimientos, presionó al Poder Legislativo hasta la náusea para que su presidenta de entonces, Meritxell Batet, expulsase a Rodríguez de su escaño por una sentencia judicial (muy cuestionada) de unos hechos acontecidos en 2014 durante una protesta en La Laguna.
En segundo lugar, esos 64.000 canarios/as que votaron a Rodríguez y todas los demás que también votamos a quien sea, asistimos estupefactas en 2021 a la expulsión consumada por parte de Batet del diputado de Unidas Podemos, contra el criterio de los letrados del Congreso, contra el Reglamento del ídem y contra toda lógica democrática. El magistrado emérito José Antonio Martín Pallín lo explicó muy bien entonces en un artículo en CTXT: "La decisión carece de argumentos constitucionales y jurídicos. No se puede entender que la resolución exceda del contenido de la sentencia y vulnere los principios que rigen la autonomía de las Cámaras parlamentarias. Debió limitarse a acusar recibo en los estrictos términos que contiene el auto de ejecución que, en ningún momento, y así lo entendieron los letrados del Congreso de los diputados y el Ministerio Fiscal, obliga a privar a un diputado de su condición parlamentaria".
La invasión del Supremo en el Legislativo y la claudicación de su presidenta ante aquél es una perversión democrática; lo denunciamos entonces, y lo confirmamos este martes, cuando el Tribunal Constitucional ha declarado anulada la condena a inhabilitación a Alberto Rodríguez y, por tanto, a la expulsión de su escaño. No importa ya, al diputado y a los 64.000 españoles que representaba nadie les devolverá sus derechos; por tanto, Marchena se salió con la suya con la complicidad de Batet y ya no hay quien arregle esto. El magistrado al que un mensaje del portavoz del PP en el Senado, por cierto, exdirector de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó, le abortó la operación presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sigue presidiendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Batet ha salido de la política de puntillas. Como en las cloacas por la operación Catalunya o contra Podemos, no hay consecuencias ni asunción de responsabilidades de ningún tipo. Todo fluye en este Estado de agujeros negros, menos la democracia, que marcha herida y a trompicones con una derecha echada al monte de la (ultra)derecha y que se niega a reconocer la legitimidad del Gobierno y a cumplir la Constitución, que bloquea desde hace más de cinco años okupando el CGPJ.
Ni un día sin su información sobre cloacas, ataques judiciales contra decisiones políticas de mayorías soberanas, espionajes ilegales, antiperiodismo ... Ni un día sin volver a contemplar los muchos rostros de las amenazas a la democracia, las viejas y las nuevas. Y aquí no pasa nada.
ANA PARDO DE VERA
Salú y República.
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Los nazis de Charlottesville hablan de recuperar el país, pero representan todo lo contrario a lo que ha inspirado la admiración hacia Estados Unidos.
Todos los medios han considerado una noticia que el presidente de Estados Unidos haya admitido que el racismo es malo y haya criticado al Ku Klux Klan, a los supremacistas blancos y a los neonazis tras los acontecimientos del pasado fin de semana en Charlottesville.
La victoria de Trump, el candidato que apoyaban, y que ha colocado en su equipo a Steve Bannon, proselitista de la alt-right, ha envalentonado a los neofascistas. Hablan de recuperar el país, pero alientan todo lo contrario a lo que ha inspirado la admiración hacia Estados Unidos. Desde la exclusión por motivos religiosos a la injerencia de países extranjeros en el proceso electoral, desde la intolerancia y polarización violenta a la transformación de cargos decisivos en episodios de un reality show familiar, desde el espectáculo de la incompetencia a la cercanía a los filonazis y los nostálgicos de la esclavitud, es la pesadilla americana. Nos recuerda que, como decía Woody Allen, la vida no imita al arte, sino a la mala televisión.
En su primera intervención pública después de que un fascista embistiera con un coche contra la multitud, causando varios heridos y una víctima mortal, Trump no había culpado a la extrema derecha y había hablado de una violencia que surge de “muchos lados”. Es comprensible y democráticamente edificante que sus palabras produjeran indignación. Es menos lógico que provocaran sorpresa.
Son declaraciones estúpidas e indignas de su cargo, pero eso es habitual en Trump. Alegraron a los blogs de la extrema derecha y pueden hacer que parte de la extrema izquierda piense que no se puede luchar contra el racismo desde las instituciones.
Sería un error exagerar la importancia del movimiento: al fin y al cabo, Trump ha tenido que corregirse. En cierto sentido, se podría decir que, al rectificar, Trump ha cedido a las presiones de la corrección política: una forma de corrección política que se basa en la idea de que no se debe menoscabar la dignidad de las personas, de que lo peor que podemos hacer es ser crueles. Pero en su primera intervención Trump también estaba siendo políticamente correcto de otra manera. La diferencia es que estaba siendo políticamente correcto para no ofender a un auditorio y una sensibilidad distintas: los que estaban vinculados a la extrema derecha racista, y que fueron su apoyo durante su campaña y son parte de su constituency.
En Charlottesville, el líder del Ku Klux Klan David Duke explicó que veía en la concentración un “punto de giro” para los supremacistas blancos que pretendían “recuperar nuestro país” y “cumplir las promesas de Donald Trump”.
Por un lado, como ha escrito Timothy Lavin, Donald Trump estaba atado por sus propias palabras y por su pasado. Ha mostrado en numerosas ocasiones actitudes xenófobas y racistas: ha publicado anuncios en periódicos contra jóvenes negros y latinos acusados de haber violado a una mujer blanca en Central Park (fueron absueltos, pero Trump ha seguido insistiendo en su culpabilidad), alentó la teoría conspiranoica sobre el nacimiento de Barack Obama, puso en duda la fiabilidad de un juez por su ascendencia mexicana. En la campaña, acusó a los mexicanos de ser asesinos y violadores, y ha hablado de una ola de crímenes cometidos por los inmigrantes ilegales (ha reclamado endurecer los requisitos de entrada, aunque en numerosas ocasiones sus empresas se han beneficiado del trabajo de inmigrantes indocumentados). Trump también ha hablado con aprobación de la violencia en algunos de sus mítines. No sé si es específicamente racista o el racismo deriva de lo que parece la visión central de su vida: la idea de que los fuertes tienen derecho a abusar de los débiles.
Por otro, en realidad esa timidez no es tan novedosa: la hemos visto en quienes disculpaban las atrocidades de las dictaduras militares porque, aunque a veces se pasaban un poco, combatían el comunismo; en quienes no compartían los métodos de los guerrilleros pero recordaban que para entender bien había que tener en cuenta la complejidad del conflicto; en quienes creían que los asesinatos de ETA no estaban bien, pero pensaban que había que condenar todas las violencias. El mecanismo es en el fondo parecido: “a veces son un poco brutos y quizá algo hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta”.
Salú y República.
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Delirios de grandeza...está por encima de todo y de todos...y que se ha acostumbrado al sillón y al traje y le gusta...no vaya a ser que se lo quiten...da vergüenza y un poco de pena
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