Por muchas dudas que un juez o tribunal tenga acerca de la interpretación que debe hacer de una ley al aplicarla a un caso concreto, no puede dirigirse a las Cortes Generales a fin de que estas le clarifiquen qué es lo que han querido decir al aprobar el precepto legal en cuestión en los términos en que lo hicieron. El juez no está sometido al imperio del legislador, sino al imperio de la ley. De la ley tal como fue aprobada por el legislador y publicada en el Boletín Oficial del Estado. La legitimación democrática del poder judicial es "objetiva y pretérita". El juez o tribunal no está sometido a las Cortes Generales, sino a la manifestación de voluntad de las Cortes Generales que quedó objetivada en el texto de la ley que fue sancionada y promulgada a continuación por el Jefe del Estado y publicada en el BOE. El juez o tribunal no tiene a nadie a quien preguntar cómo debe interpretar la ley al aplicarla a un caso concreto. Tiene que decidir según su leal saber y entender. Tiene que hacerlo justificando en la fundamentación jurídica de la sentencia, de acuerdo con las reglas de interpretación comúnmente aceptadas en el mundo del derecho, por qué ha alcanzado la interpretación que le sirve de base para dictar sentencia. Pero tiene que hacerlo sin consultar a nadie. La posición en la que se encuentra el juez o tribunal respecto de la ley que tiene que aplicar en un caso concreto, es la misma en la que se encuentra la Mesa del Congreso de los Diputados, cuando tiene que aplicar una sentencia dictada por el Tribunal Supremo. La sentencia ya ha sido dictada y a esa sentencia no se le puede añadir ni un punto ni una coma. De la misma manera que las Cortes Generales pierden el control de la ley una vez que ha sido publicada en el BOE, el juez o tribunal pierde el control de la sentencia que ha dictado una vez hecha pública. Los términos en los que la ha dictado son los que figuran en la fundamentación jurídica, por un lado, y en la parte dispositiva por otro. Eso es lo único que la Mesa del Congreso de los Diputados tiene que tomar en consideración para aplicarla. Al tratarse de un órgano de naturaleza política, cuyos miembros no tienen por qué tener conocimientos jurídicos, la Mesa no solamente puede, sino que debe solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara que le den su opinión sobre la forma en que la sentencia debe ser aplicada. Esta es una de las razones por las que las Cámaras legislativas cuentan con servicios jurídicos. Dicha opinión no es vinculante. En realidad no es ni siquiera preceptiva, pero tratándose de una operación exclusivamente jurídica, lo normal es que el órgano de naturaleza política pida la opinión de los servicios jurídicos y la haga suya, decidiendo, en consecuencia, aplicar la sentencia en los términos en que los servicios jurídicos de la Cámara le han indicado. En todo caso, lo que está claro es que la Mesa del Congreso de los Diputados ÚNICAMENTE puede consultar con los letrados del Parlamento. Puede no consultarlos, si no quiere. Pero de querer consultar con alguien, únicamente puede hacerlo con quienes integran los servicios jurídicos de la Cámara. Nadie más puede auxiliarle en la decisión que tiene que tomar. La Mesa del Congreso no puede dirigirse a la Sala del TS solicitando aclaración de ningún tipo. El presidente de la Sala ha hecho bien en recordárselo. La Sala ya ha dejado objetivada en la sentencia la fundamentación jurídica y el fallo. Ahora es la Mesa del Congreso la que tiene que decidir cómo se aplica. Una vez que ha tomado su decisión y la ha hecho pública, la Mesa tampoco puede revisarla. El acto de aplicación de la sentencia es el último momento del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. La elevación de la pregunta a la Sala Segunda del TS por la Presidenta sin consultar con la Mesa del Congreso, tras haberse hecho pública la decisión de la Mesa de aplicar la sentencia dictada por dicha Sala contra el diputado Alberto Rodríguez de acuerdo con el dictamen de los letrados, supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de este.
En las semanas previas a la invasión de Irak en 2003 la Administración Bush logró imponer a gran parte de los periodistas que nos encontrábamos en Bagdad una agenda bastante ridícula, que nos alejaba del asunto principal que allí se fraguaba. Washington insistía en la necesidad de que los inspectores de Naciones Unidas comprobaran el alcance de los misiles Scud que poseía Irak, como si de ello fuera a depender la posibilidad de evitar la invasión militar, cuando ésta ya estaba decidida. De ese modo durante semanas muchos medios de comunicación, siguiendo el hilo de lo que lanzaba el Gobierno estadounidense, se centraron en hablar de ojivas, muelles y alcance de unos misiles iraquíes, obligándose a erigirse en repentinos expertos en cuestiones armamentísticas. En Bagdad los inspectores de Naciones Unidas recorrían a diario nuevos terrenos, explorando en la búsqueda de unas armas de destrucción masiva que habían sido destruidas con la supervisión de personal de la propia ONU años atrás. El paripé era de dimensiones colosales, pero no hubo forma de evitarlo. Al reducir todo a cuestiones técnicas armentísticas de las que solo los expertos en la materia sabían realmente, la propaganda de George W. Bush y su equipo logró introducir dudas en ciudadanos bienintencionados que se admitían a sí mismos que de misiles Scud en particular y de armas en general sabían poco o nada. El foco quedó desviado y la foto completa, la del impulso unilateral de una invasión ilegal, fue evitada en muchos escenarios de debate público, político y mediático. Aquella mecánica tramposa viene a mi cabeza estos días en los que un solo testimonio frente a la ausencia de pruebas ha servido para que el Supremo condene al hasta ahora diputado Alberto Rodríguez, y para que la presidenta del Congreso altere la representación popular retirándole el acta, sin que dicha condena así lo establezca. No voy a entrar en las consideraciones jurídicas excelentemente explicadas estos días de atrás por numerosas personas expertas como Pérez Royo, Martín Pallín o Joaquím Bosch, entre otros. Pero sí apelaré a abrir el foco, a no quedarnos en las cuestiones meramente técnicas que nos limitan a hablar de muelles, ojivas y longitudes o de criterios e interpretaciones jurídicas con las que algunos pretenden que acatemos sus consideraciones y no nos atrevamos a preocuparnos por los derechos fundamentales. Porque lo cierto es que, se mire por donde se mire, la presidenta del Congreso ha incumplido sus funciones al quitar el acta de diputado a Alberto Rodríguez sin que el Supremo así lo explicitara. La médula espinal de un Estado de derecho es la protección de sus tres poderes, su separación. Hemos asistido en directo a la intervención del judicial en el legislativo, y para ello Marchena ha contado con la sorprendente complicidad de Meritxell Batet, quien solo ha prestado atención a lo inmediato -con falta de rigor- sin reparar en el mensaje simbólico que tenía entre manos y que formará parte notable de su biografía política. La condena contra Rodríguez fue en primera y única instancia, sin posibilidad de revisión, con un único testimonio de un policía al que el Supremo dio total credibilidad a pesar de que su declaración no ofrecía los mínimos requisitos para romper la presunción de inocencia del ahora ya exdiputado. Los acontecimientos en las calles durante esta última década han dejado claros ejemplos de cómo testimonios de agentes policiales eran rebatidos por pruebas audiovisuales contundentes, lo que añade más margen de duda al caso que nos ocupa. El presidente de la Sala Segunda del Supremo que ha condenado a Rodríguez, el magistrado Marchena, es el protagonista de aquél famoso whatsapp del entonces senador del PP Ignacio Cosidó, quien aseguró que este juez ayudaría al PP a “controlar la Sala Segunda (la Sala de lo Penal) desde detrás”. Marchena fue también el primer impulsor de una sentencia contra el expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, por la que ocho años después Estrasburgo condenaría a España por haber vulnerado el derecho a un juicio justo. En un periodo en el que la derecha usa el poder judicial para conseguir lo que no obtuvo en las urnas, en el que las amenazas a ciertos derechos y libertades son claras, en el que activistas, periodistas, tuiteros, artistas y políticos han recibido condenas por expresarse y manifestarse, la carga simbólica de cooperar con una sentencia que despierta dudas más que razonables, y de aumentarla para ejecutar lo que ésta no dice, es gigantesca. La bofetada se la lleva Rodríguez, pero la recibe también la ciudadanía, que tiene en la elección de sus representantes parlamentarios una de sus principales herramientas de participación democrática. “Si yo no me apellidara Rodríguez y no fuera de familia obrera, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto?”, se ha preguntado el ya exdiputado de Unidas Podemos, consciente de las dobles varas de medir existentes en el poder judicial y mediático. Cuando llegó al Congreso en 2016 sectores políticos y periodísticos se carcajearon de sus rastas y difamaron sobre su olor corporal, dando inicio a un proceso de deshumanización que culmina ahora. Lo ocurrido traslada la idea de que hay ciertos dominios que alargan su influencia más allá de lo que la propia separación de poderes les confiere. Emite el mensaje de que quienes deben proteger los derechos pueden doblegarse ante la voz del que más intimida. De la presidenta del Congreso cabía esperar mayor altura de miras en un momento en el que nuestro país necesita determinación en la defensa de los derechos y la cultura democrática, amenazados claramente por varios frentes.
Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho al respecto. Pero cuando se es testigo directo de un atropello es difícil callar. Contemplada desde la propia Mesa del Congreso, la injusticia perpetrada esta semana contra Alberto Rodríguez aparece sin duda como un doble agravio. Como un golpe artero a la inocencia de un diputado canario, obrero industrial de profesión, condenado sin base probatoria jurídicamente admisible. Pero también como un avasallamiento consentido de la autonomía del Congreso que por elementales razones de dignidad no puede quedar sin contestación. 1. El origen del entuerto: un diputado de origen popular condenado sin pruebas. Que la condena a Alberto Rodríguez es un despropósito es algo que juristas y comentaristas de todas las sensibilidades han reconocido de manera llamativa. Los hechos, como es ya conocido, se remiten a una protesta que tuvo lugar hace ocho años, durante una visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Partido Popular, José Ignacio Wert. Alberto Rodríguez, que no militaba aún en Podemos pero que era ya un activista comprometido en numerosas causas sociales en su tierra, fue acusado de propinar una supuesta patada a la rodilla de un policía durante la protesta contra la Ley de Educación del Partido Popular. Desde aquel lejano 2014 hasta el día de hoy, la coincidencia en que, salvo la declaración del agente implicado, no existe testimonio, imagen o registro alguno que avalen aquella acusación, es amplísima. Lo han dicho juristas de sensibilidades diversas. Lo sostuvieron en un voto particular dos magistrados del Tribunal Supremo que se pronunciaron al respecto. Y en cierto modo lo admitió la mayoría de la Sala, que no se atrevió a sancionarlo más que con 45 días de prisión. Una pena tan leve que el propio Código Penal obliga a sustituirla por una simple multa. 2. La mano ejecutora: un juez arrogante ya reprendido por su arbitrariedad. A pesar de todo eso, el presidente de la Sala del Supremo, Manuel Marchena, se empleó a fondo para conseguir una mutación de todo punto arbitraria: que un reproche penal mínimo, que una mínima pena de multa, se convirtieran en castigo máximo, llegando a privar a Alberto Rodríguez de su escaño en el Congreso. El objetivo, obviamente, era lanzar una advertencia a navegantes: cualquier ejercicio del derecho a la protesta puede convertirse, en el futuro, en causa de expulsión de la vida política institucional. No era la primera vez que Marchena lo intentaba. Ya en 2008, el juez con cuya designación el Partido Popular pretendía “controlar por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, instó a la condena por desobediencia y la inhabilitación del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. En aquella ocasión, la decisión acabó en el Tribunal de Estrasburgo, que entendió que el Supremo había vulnerado el derecho a un debido proceso. Más tarde, Marchena ensayó una operación similar con los diputados independentistas que se encontraban en prisión. Esta vez, temeroso de que una nueva decisión similar lo expusiera abiertamente a la prevaricación, no se atrevió a consignar por escrito su voluntad de dejar sin escaño al diputado nacido en el barrio obrero de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Escogió otra vía más sibilina: presionar al Congreso para que asumiera la operación y, degradando su propia autonomía, se convirtiera en cómplice último de la misma. Y así ocurrió. En cada uno de sus oficios de “aclaración” del sentido de la sentencia, Marchena fue dejando claro cuál era su plan: exigir que su decisión se cumpliera, una y otra vez, pero sin explicitarla nunca por escrito, forzando a sus destinatarios en el Parlamento a leer en su mente lo que la propia literalidad de la sentencia no expresaba. Para consumar su propósito, contó con la complicidad activa del PP y de Vox. Y también, por desgracia, de una presidenta de la Mesa del Congreso que prontamente dimitió en su defensa de la dignidad institucional de la Cámara.
3. La colaboración necesaria: una Presidencia de la Cámara que consintió el desafuero. Apenas conocida la sentencia, el PP y Vox salieron a defender abiertamente que la única ejecución posible de la misma consistía en privar a Alberto Rodríguez de su escaño. Y no solo eso: en las propias sesiones de la Mesa, el representante de Vox no dudó en recurrir al lenguaje de la amenaza, y en más de una ocasión recordó a la Presidenta que no secundar la lectura más severa de la sentencia la exponía a acabar condenada por desobediencia. Como es sabido, los Letrados de la Cámara salieron a cerrar el paso a dicha pretensión con un informe inapelable. En él se sostenía no había ni una sola línea de la sentencia que contemplara de manera “clara y expresa” el cese de Alberto Rodríguez en el cargo, por lo que esa interpretación debía descartarse. Al pronunciarse sobre ese Informe, la Mesa, como órgano colegiado, hizo además algo muy importante: se atribuyó la competencia para decidir cómo había que llevar a efecto la sentencia. Con el Informe de los Letrados y el apoyo de la mayoría de la Mesa, incluidos los diputados del PSOE, Meritxell Batet podría haber hecho frente a las pretensiones de Marchena. Para ello, bastaba con recordarle que la pena principal impuesta a Alberto Rodríguez ya se había satisfecho con el pago de la multa a la que se le condenó y que la inhabilitación especial para el sufragio pasivo solo podía operar pro futuro, impidiéndole concurrir a elecciones durante 45 días. No quiso o no se atrevió a hacerlo. Pero lo más grave es que dio un paso más allá, y cediendo a las intenciones reales, aunque nunca puestas por escrito por el presidente del Supremo, pidió directamente a la Junta Electoral Central que sustituyera al diputado canario. Con esta decisión unilateral, adoptada sin dar audiencia a la Mesa y sin ningún nuevo informe jurídico que la avalara, la presidenta de la Cámara no solo vulneró los derechos políticos de Alberto Rodríguez y de los miles de canarios y canarias que lo eligieron como su voz en Madrid. Consintió que se avasallara la autonomía del Congreso y escribió uno de los episodios más infaustos de la historia del parlamentarismo español. 4. Un imperativo democrático de mínimos: recuperar la dignidad del Congreso. La condena y la expulsión del Congreso de Alberto Rodríguez, diputado de clase trabajadora, coinciden con dos hechos que dicen mucho del tiempo en que vivimos. Uno, la emergencia pública de delitos millonarios de evasión y blanqueo de capitales atribuidos a Juan Carlos I, todavía hoy impunes. Otro, la constatación judicial de que el partido que escogió a Marchena “para controlar por detrás la Sala Segunda del Supremo”, contaba con una caja B con la que se financiaba ilegalmente, trucando el juego democrático. A la asimetría entre cada uno de estos hechos le corresponde una asimetría en la actitud frente a los mismos. Cuando estas líneas vean la luz, el monarca Borbón con el que Franco dejó “todo atado y bien atado” proseguirá impertérrito su exilio de lujo en Abu Dhabi. También la cooptación del Poder Judicial pergeñada por el PP para que su propia corrupción quede impune continuará blindada. Mientras tanto, Alberto Rodríguez se reincorporará a su puesto de obrero industrial. Y lo hará, como él mismo ha dicho, sin renunciar a revertir la cadena de tropelías e injusticias cometidas en su contra.
Que la extrema derecha no duda en arruinar la vida de quien les moleste porque representa un peligro para sus aspiraciones políticas ya lo habían demostrado, tanto desde sus partidos representativos (alimentando el discurso del odio a través de mentiras e insultos contra todo lo que huela a izquierda y tratando de ganar en los tribunales lo que no consiguen a través de la política con innumerables denuncias falsas), como desde la "prensa" a su servicio (amplificando cualquier bulo y callando las realidades incómodas para la derecha), como sus seguidores jaleando y amplificando tanto las falsas denuncias, como las mentiras, como los bulos, como los insultos y troleando, por todo el país, la democracia.
Sólo les faltaba, para poder cumplir sus ilegítimas aspiraciones, la complicidad del poder judicial, complicidad que han conseguido secuestrado ese poder durante casi tres años. El caso de Alberto es vergonzante y realmente grave porque hemos podido comprobar cómo la judicatura puede ser capaz, a través de juicios y condenas legal y jurídicamente insostenibles, eliminar rivales políticos avasallando, fuera de la legalidad y la constitucionalidad, el poder legislativo.
Veremos si la renovación del poder judicial sirve para algo o si volvemos a depender únicamente de los tribunales Europeos para que en este país la justicia se parezca mínimamente a lo que debe ser.
marapez escribió:Yo no confiaria mucho en esa renovación. Ya ves lo que ha pasado en el constitucional.
Cierto, pero queda por comprobar si con esta renovación, la judicatura resultante va a seguir torpedeando nuestra democracia tomando decisiones políticas y, lo que es peor, dictando sentencias ridículas y a todas luces prevaricadoras, o se va a dedicar a hacer lo que debe.
Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho al respecto. Pero cuando se es testigo directo de un atropello es difícil callar. Contemplada desde la propia Mesa del Congreso, la injusticia perpetrada esta semana contra Alberto Rodríguez aparece sin duda como un doble agravio. Como un golpe artero a la inocencia de un diputado canario, obrero industrial de profesión, condenado sin base probatoria jurídicamente admisible. Pero también como un avasallamiento consentido de la autonomía del Congreso que por elementales razones de dignidad no puede quedar sin contestación. 1. El origen del entuerto: un diputado de origen popular condenado sin pruebas. Que la condena a Alberto Rodríguez es un despropósito es algo que juristas y comentaristas de todas las sensibilidades han reconocido de manera llamativa. Los hechos, como es ya conocido, se remiten a una protesta que tuvo lugar hace ocho años, durante una visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Partido Popular, José Ignacio Wert. Alberto Rodríguez, que no militaba aún en Podemos pero que era ya un activista comprometido en numerosas causas sociales en su tierra, fue acusado de propinar una supuesta patada a la rodilla de un policía durante la protesta contra la Ley de Educación del Partido Popular. Desde aquel lejano 2014 hasta el día de hoy, la coincidencia en que, salvo la declaración del agente implicado, no existe testimonio, imagen o registro alguno que avalen aquella acusación, es amplísima. Lo han dicho juristas de sensibilidades diversas. Lo sostuvieron en un voto particular dos magistrados del Tribunal Supremo que se pronunciaron al respecto. Y en cierto modo lo admitió la mayoría de la Sala, que no se atrevió a sancionarlo más que con 45 días de prisión. Una pena tan leve que el propio Código Penal obliga a sustituirla por una simple multa. 2. La mano ejecutora: un juez arrogante ya reprendido por su arbitrariedad. A pesar de todo eso, el presidente de la Sala del Supremo, Manuel Marchena, se empleó a fondo para conseguir una mutación de todo punto arbitraria: que un reproche penal mínimo, que una mínima pena de multa, se convirtieran en castigo máximo, llegando a privar a Alberto Rodríguez de su escaño en el Congreso. El objetivo, obviamente, era lanzar una advertencia a navegantes: cualquier ejercicio del derecho a la protesta puede convertirse, en el futuro, en causa de expulsión de la vida política institucional. No era la primera vez que Marchena lo intentaba. Ya en 2008, el juez con cuya designación el Partido Popular pretendía “controlar por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, instó a la condena por desobediencia y la inhabilitación del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. En aquella ocasión, la decisión acabó en el Tribunal de Estrasburgo, que entendió que el Supremo había vulnerado el derecho a un debido proceso. Más tarde, Marchena ensayó una operación similar con los diputados independentistas que se encontraban en prisión. Esta vez, temeroso de que una nueva decisión similar lo expusiera abiertamente a la prevaricación, no se atrevió a consignar por escrito su voluntad de dejar sin escaño al diputado nacido en el barrio obrero de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Escogió otra vía más sibilina: presionar al Congreso para que asumiera la operación y, degradando su propia autonomía, se convirtiera en cómplice último de la misma. Y así ocurrió. En cada uno de sus oficios de “aclaración” del sentido de la sentencia, Marchena fue dejando claro cuál era su plan: exigir que su decisión se cumpliera, una y otra vez, pero sin explicitarla nunca por escrito, forzando a sus destinatarios en el Parlamento a leer en su mente lo que la propia literalidad de la sentencia no expresaba. Para consumar su propósito, contó con la complicidad activa del PP y de Vox. Y también, por desgracia, de una presidenta de la Mesa del Congreso que prontamente dimitió en su defensa de la dignidad institucional de la Cámara.
3. La colaboración necesaria: una Presidencia de la Cámara que consintió el desafuero. Apenas conocida la sentencia, el PP y Vox salieron a defender abiertamente que la única ejecución posible de la misma consistía en privar a Alberto Rodríguez de su escaño. Y no solo eso: en las propias sesiones de la Mesa, el representante de Vox no dudó en recurrir al lenguaje de la amenaza, y en más de una ocasión recordó a la Presidenta que no secundar la lectura más severa de la sentencia la exponía a acabar condenada por desobediencia. Como es sabido, los Letrados de la Cámara salieron a cerrar el paso a dicha pretensión con un informe inapelable. En él se sostenía no había ni una sola línea de la sentencia que contemplara de manera “clara y expresa” el cese de Alberto Rodríguez en el cargo, por lo que esa interpretación debía descartarse. Al pronunciarse sobre ese Informe, la Mesa, como órgano colegiado, hizo además algo muy importante: se atribuyó la competencia para decidir cómo había que llevar a efecto la sentencia. Con el Informe de los Letrados y el apoyo de la mayoría de la Mesa, incluidos los diputados del PSOE, Meritxell Batet podría haber hecho frente a las pretensiones de Marchena. Para ello, bastaba con recordarle que la pena principal impuesta a Alberto Rodríguez ya se había satisfecho con el pago de la multa a la que se le condenó y que la inhabilitación especial para el sufragio pasivo solo podía operar pro futuro, impidiéndole concurrir a elecciones durante 45 días. No quiso o no se atrevió a hacerlo. Pero lo más grave es que dio un paso más allá, y cediendo a las intenciones reales, aunque nunca puestas por escrito por el presidente del Supremo, pidió directamente a la Junta Electoral Central que sustituyera al diputado canario. Con esta decisión unilateral, adoptada sin dar audiencia a la Mesa y sin ningún nuevo informe jurídico que la avalara, la presidenta de la Cámara no solo vulneró los derechos políticos de Alberto Rodríguez y de los miles de canarios y canarias que lo eligieron como su voz en Madrid. Consintió que se avasallara la autonomía del Congreso y escribió uno de los episodios más infaustos de la historia del parlamentarismo español. 4. Un imperativo democrático de mínimos: recuperar la dignidad del Congreso. La condena y la expulsión del Congreso de Alberto Rodríguez, diputado de clase trabajadora, coinciden con dos hechos que dicen mucho del tiempo en que vivimos. Uno, la emergencia pública de delitos millonarios de evasión y blanqueo de capitales atribuidos a Juan Carlos I, todavía hoy impunes. Otro, la constatación judicial de que el partido que escogió a Marchena “para controlar por detrás la Sala Segunda del Supremo”, contaba con una caja B con la que se financiaba ilegalmente, trucando el juego democrático. A la asimetría entre cada uno de estos hechos le corresponde una asimetría en la actitud frente a los mismos. Cuando estas líneas vean la luz, el monarca Borbón con el que Franco dejó “todo atado y bien atado” proseguirá impertérrito su exilio de lujo en Abu Dhabi. También la cooptación del Poder Judicial pergeñada por el PP para que su propia corrupción quede impune continuará blindada. Mientras tanto, Alberto Rodríguez se reincorporará a su puesto de obrero industrial. Y lo hará, como él mismo ha dicho, sin renunciar a revertir la cadena de tropelías e injusticias cometidas en su contra.
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