Por un lado el nuevo TC dice que dará prioridad a este tema, ya iba siendo hora después de 10 años o así.
Y por otro el PP y VOX cometen el tremendo error, como hizo Gallardón en su día, de hacerlo tema de actualidad... que equivale a conceder una victoria a la izquierda. No porque la izquierda tenga razón en este tema (que es, en sí, irresoluble), sino porque tiene el apoyo mayoritario de todo el mundo.
καλλαικoι escribió:Por un lado el nuevo TC dice que dará prioridad a este tema, ya iba siendo hora después de 10 años o así.
Y por otro el PP y VOX cometen el tremendo error, como hizo Gallardón en su día, de hacerlo tema de actualidad... que equivale a conceder una victoria a la izquierda. No porque la izquierda tenga razón en este tema (que es, en sí, irresoluble), sino porque tiene el apoyo mayoritario de todo el mundo.
El tema tiene una fácil y sencilla resolución: que quienes se creen dioses dejen de creerse en el derecho de decidir sobre la vida de los demás.
Pienso que ha quedado muy claro que a la derecha le importan una mierda los niños, poniendo apaños para el control de abortos, pero para encontrar a un pediatra hay que ir al que hay a 90 km. Hipocresía de nivel. Una vez nacidos y bautizados, que se busquen la vida.
καλλαικoι escribió:Por un lado el nuevo TC dice que dará prioridad a este tema, ya iba siendo hora después de 10 años o así.
Y por otro el PP y VOX cometen el tremendo error, como hizo Gallardón en su día, de hacerlo tema de actualidad... que equivale a conceder una victoria a la izquierda. No porque la izquierda tenga razón en este tema (que es, en sí, irresoluble), sino porque tiene el apoyo mayoritario de todo el mundo.
El tema tiene una fácil y sencilla resolución: que quienes se creen dioses dejen de creerse en el derecho de decidir sobre la vida de los demás.
Salú y República.
Venga "llobu", relee lo que has escrito, eso de quienes se creen dioses dejen de creerse en el derecho de decidir sobre la vida de los demás.
El llobu escribió: El tema tiene una fácil y sencilla resolución: que quienes se creen dioses dejen de creerse en el derecho de decidir sobre la vida de los demás.
Salú y República.
Venga "llobu", relee lo que has escrito, eso de quienes se creen dioses dejen de creerse en el derecho de decidir sobre la vida de los demás.
Salud y monarquía!
A veces algunos si se creen dioses, ya que deciden si se puede o no abortar, aunque el niño luego viva en la indigencia, o les da igual que mueras en una residencia de ancianos
El llobu escribió: El tema tiene una fácil y sencilla resolución: que quienes se creen dioses dejen de creerse en el derecho de decidir sobre la vida de los demás.
Salú y República.
Venga "llobu", relee lo que has escrito, eso de quienes se creen dioses dejen de creerse en el derecho de decidir sobre la vida de los demás.
Salud y monarquía!
Venga Z, reléelo tú si te da la gana, eso de quienes se creen dioses dejen de creerse en el derecho de decidir sobre la vida de los demás.
PODCAST | Aborto: la perversa estrategia del latido llega a España
Parece una ocurrencia de un político sin mucha idea, pero en realidad es una estrategia perversa de la ultraderecha internacional que por fin ha encontrado por dónde colarse en España
marapez escribió: PODCAST | Aborto: la perversa estrategia del latido llega a España
Parece una ocurrencia de un político sin mucha idea, pero en realidad es una estrategia perversa de la ultraderecha internacional que por fin ha encontrado por dónde colarse en España
marapez escribió: PODCAST | Aborto: la perversa estrategia del latido llega a España
Parece una ocurrencia de un político sin mucha idea, pero en realidad es una estrategia perversa de la ultraderecha internacional que por fin ha encontrado por dónde colarse en España
marapez escribió: PODCAST | Aborto: la perversa estrategia del latido llega a España
Parece una ocurrencia de un político sin mucha idea, pero en realidad es una estrategia perversa de la ultraderecha internacional que por fin ha encontrado por dónde colarse en España
A lo largo de este año se ha recordado en múltiples ocasiones y se sigue y parece que se seguirá recordando en lo que queda de legislatura, que la renovación de los órganos constitucionales para la que se exige la mayoría cualificada de tres quintos por parte del Congreso de los Diputados y del Senado, se produce con normalidad cuando el PP está en el Gobierno, mientras que el proceso se entorpece e incluso se imposibilita cuando el PP está en la oposición. Algo parecido ocurre con el aborto, que es un tema pacífico cuando el PP está en el Gobierno y que se convierte en un tema conflictivo cuando el PP está en la oposición y se prepara para intentar recuperarlo.
El aborto ha jugado un papel importante hasta la fecha en dos campañas electorales, la de 1996 y la de 2008. Da la impresión de que también va a jugarlo en la que tendrá que producirse a finales de este 2023, en que se agota la legislatura. El PP nunca ha planteado la batalla de forma abierta desde la STC 53/1985, que resolvió el recurso previo de inconstitucionalidad que diputados del PP interpusieron contra la reforma del Código Penal que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: violación, malformación del feto o peligro para la vida de la madre. El PP ha hecho suya la doctrina del Tribunal Constitucional en esta sentencia y ha intentado evitar que una mayoría parlamentaria encabezada por el PSOE fuera más allá de esta ley de supuestos sobre la que se pronunció el Tribunal Constitucional. Lo ha hecho hasta el momento en dos procesos electorales como instrumento para intentar concentrar el voto de derecha e impulsar la abstención en el electorado de izquierda. En la primera ocasión, en los meses previos a las elecciones generales de 1996, lo hizo de una manera abiertamente anticonstitucional. El Gobierno presidido por Felipe González remitió a las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, acordando que se tramitara por el procedimiento de urgencia, con la finalidad de que dicha regulación no quedara fuera del Código Penal que acababa de ser aprobado por las Cortes Generales. Una vez aprobado por el Congreso de los Diputados, se dio traslado del mismo al Senado, en el que el PP tenía mayoría y cuya Mesa estaba presidida a la sazón por Alberto Ruiz-Gallardón. La Mesa acordó el 29 de noviembre de 1995 no admitir a trámite la declaración de urgencia del Gobierno. La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 3 de marzo de 1996 enviaron el Proyecto de Ley al limbo. Mediante la STC 234/2000 de 3 de octubre declararía anticonstitucional el acuerdo de la Mesa del Senado de no admitir a trámite la decisión del Consejo de Ministros de que se tramitara el proyecto de ley aprobado por el Congreso por el procedimiento de urgencia. Pero sin ningún efecto práctico. Habían pasado cuatro años. El PP consiguió su objetivo. En las dos legislaturas con mayoría del PP, la de 1996/2000 y la 2000/2004, el aborto fue un tema pacífico. Curiosamente fue en esos años cuando se puso en práctica una interpretación abierta de la ley de supuestos vigente, que parecía que dejaba resuelto el tema de manera definitiva. La derrota imprevista del PP en las elecciones de 2004 y la presidencia de José Luís Rodríguez Zapatero acabaría volviendo a dar protagonismo al aborto en campaña electoral en 2008. El aborto se colaría en la campaña electoral de forma subrepticia. No sería el PP el que promovería dicho protagonismo, sino que sería la acción combinada de un capitán de la Guardia Civil y de una jueza de Madrid la que conduciría al registro de varias clínicas en las que se habían practicado operaciones de interrupción voluntaria del embarazo, generando una inseguridad enorme entre las mujeres que habían interrumpido el embarazo y entre el personal sanitario que había efectuado las interrupciones. También se extendió el registro a varias clínicas de Barcelona. Durante los meses previos a la jornada electoral de 2008 la información sobre las clínicas de Madrid y Barcelona ocupó un lugar destacado en los diferentes medios de comunicación. Aunque el PP no protagonizó directamente la operación, es obvio que estuvo muy de acuerdo con ella y que hizo uso de la misma en la precampaña y en la campaña electoral. En esta operación conjunta de un capitán de la Guardia Civil y de una jueza está el origen de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Aído, que reconoce por primera vez el derecho constitucional de la mujer embarazada a interrumpir el embarazo dentro de los plazos establecidos en la propia ley. Contra dicha LO 2/2010 el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que todavía no ha sido resuelto. Parece que el recién elegido presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, tiene la intención de que el Tribunal Constitucional dicte sentencia próximamente. Sobre esta decisión del presidente, presentada como una señal de recuperación de prestigio por parte del Tribunal Constitucional, tendrá el lector mi opinión en esta misma semana. El PP recuperaría el Gobierno de la nación en 2011 con una holgada mayoría absoluta. Podía haber retirado el recurso interpuesto o podía haber reformado la LO 2/2010. Pero no hizo ni una cosa ni la otra, llegando incluso a afrontar una crisis de gobierno: en 2014, Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, presentó un anteproyecto de reforma de la ley del aborto, argumentando que estaba en el programa del partido, pero, ante las protestas multitudinarias y las señales adversas de las encuestas, el presidente Rajoy frenó la iniciativa, lo que llevó al Gallardón a dimitir de su cargo. Mientras yo esté en el Gobierno, del aborto no se habla. Es un tema que solamente puede perjudicarme. Esa ha sido la posición de la dirección del PP. Pero la pérdida del monopolio de la representación de la derecha española a partir de 2015 y, sobre todo, desde la irrupción de Vox en la escena política, ha vuelto a situar el aborto en la agenda electoral. Esta vez tampoco de una manera frontal, sino de una manera oblicua, a través de la acción del Gobierno de coalición en Castilla y León, que ha puesto en circulación unas medidas que, en mi opinión, rozan la “tortura” y los “tratos inhumanos y degradantes” proscritos en el [url=https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#:~:text=Bloque 21%3A %23a15]-,Jurisprudencia,que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.,-Subir]artículo 15 de la Constitución[/url]. Pienso que el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo deberían estar muy atentos a la forma en que se ejecuta la política anunciada por el vicepresidente del Gobierno. Nuevamente en año electoral con el PP en la oposición en el Estado, el aborto vuelve a hacer acto de presencia. Pienso que la dirección del PP tal vez hubiera preferido que el tema no se situara en la agenda en un año electoral. Y menos de la forma en que se está haciendo. Pero ya se sabe que, cuando se siembran vientos, se recogen tempestades. Vox es un partido tóxico, cuyo programa es una enmienda a la totalidad a la Constitución, aunque alardea de partido constitucionalista y pretende expulsar de la Constitución a quien no está de acuerdo con él. El PP sabrá lo que hace.
En todo caso, lo que resulta insoportable es que el PP no acepte que pueda haber normalidad constitucional si no ocupa el Gobierno de la Nación. Y en esas estamos.
Pues si el aborto entra en campaña el PP perderá votos. Si la campaña se centra en los disparates legislativos recientes el que pierde votos es el PsoE.
el.loco.lucas escribió:Pues si el aborto entra en campaña el PP perderá votos. Si la campaña se centra en los disparates legislativos recientes el que pierde votos es el PsoE.
El plan nativista y racista que se esconde tras la polémica antiabortista del PP y Vox
Puede sorprender, pero la polémica de la semana sobre el plan antiabortista del PP y Vox en Castilla y León se podría desencriptar viendo a Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'. No porque el protocolo que nadie se atreve a publicar se haya calificado de fantasma, sino porque la estructura ideológica que la sustenta está cada día en el programa magufo del señor que persigue ovnis. La conspiración que sustenta el plan ultra es la denominada 'Gran reemplazo', y ha tenido bastante protagonismo en el programa de televisión de Jiménez de manera recurrente, dando pábulo a las conspiraciones racistas antisemitas históricas de las que emana. El sustrato del ideario del plan de Vox está bien definido y es una estrategia internacional compleja que pasa por tres ejes: Natalidad-Inmigración-Cultura Cristiana. La teoría es que Europa y la cultura cristiana occidental están en riesgo de desaparición por el vaciamiento poblacional y sustitución por parte de otras culturas. La pervivencia del legado cristiano está en riesgo y existe un reto demográfico que pasa por fomentar la natalidad de la población europea blanca y católica. La rama de la conspiración de este planteamiento ideológico profundo de la reacción expresa que esa situación es orquestada por las elites europeas, personalizadas en George Soros ahora, pero en el pasado por Richard Coudenhove-Kalergi, que como precursor del europeísmo fue visto por los fascistas del momento como el origen de todas las teorías que buscaban la disolución de las soberanías nacionales. Viktor Orbán impulsó esta teoría racista durante la crisis de los refugiados de 2015 acusando a las élites de Bruselas de impulsar una invasión musulmana para diluir las raíces cristianas de Hungría. El plan de sustitución cultural buscaría disolver la raza blanca y la cultura occidental en una amalgama diversa con el islamismo como caballo de Troya. El delirio conspiranoico es más elaborado o más difuso, pero las políticas públicas e ideológicas que la derecha con la extrema derecha empujando fomentan están basadas en esa concepción teórica. Sus políticas públicas se basan en fomentar la natalidad de la población europea, prohibir el aborto (o dificultarlo) y criminalizar a la inmigración. Son tres líneas fundamentales que se abordan de diferente manera dependiendo de la coyuntura, el país y la fuerza de la extrema derecha en cada zona. Hungría es la referencia no solo para Vox. En Madrid tienen como referencia a Orbán y en Hungría a Ayuso. No es solo Vox, es el PP junto a Vox. Madrid ha ido más lejos que García Gallardo en la hoja de ruta de Orban porque sí ha implementado medidas nativistas y en contra del aborto. Las ayudas a la familia, llamadas así de manera eufemística, son los cimientos del plan ideológico ultra de Viktor Orbán, y es en esa línea como se actuó en Madrid. Las medidas de Ayuso de protección a la maternidad que se aprobaron en Madrid están fundamentadas en la protección de la "nación biológica", medidas nativistas que están en el seno de las políticas de la extrema derecha del grupo de Visegrado. Lo que el PP y Vox han intentado llevar a cabo de forma pública y con publicidad no difiere en absoluto de lo que Isabel Díaz Ayuso aprobó con menos ruido junto a Rocío Monasterio en Madrid. La comunidad de Madrid estableció un plan que no difiere en nada de la estrategia nativista húngara que García Gallardo ponía como referente. Las ayudas a la natalidad, que siempre se denominan en positivo a pesar de que llevan un plan de segregación detrás, que instauró Ayuso se basaron en una ayuda a las madres que estuvieran empadronados un mínimo de diez años en Madrid. La propuesta no es inocente, establecer ese baremo dejaría fuera de las ayudas a un bolsa importante de mujeres migrantes para que solo las nacionales puedan pedirlas. Esta manera de segregar busca favorecer la natalidad blanca y penalizar a las personas migrantes. Las ayudas están destinadas a las madres para evitar abortos, por eso no son ayuda a los menores, porque no les interesa favorecer a los menores ya nacidos que tengan problemas de subsistencia.
Es importante dejar claro que todas las políticas nativistas que van en esa dirección tienen como elemento común cultural estas teorías de preservación de la raza y la cultura frente a todos aquellos que vienen de fuera a pervertir la esencia occidental y cristiana. El PP ha aceptado de manera retórica que el aborto está aceptado socialmente y que no tiene nada que ganar electoralmente en esa batalla, pero saberse perdedor no implica que deje de pensar lo mismo sobre esa concepción nacionalcatólica de la concepción y la mujer. Las políticas públicas serán más tenues y cobardes, como las del PP, o más descarnadas, como las de Vox, pero ambos están de acuerdo en el fondo y por eso actuarán siempre juntos en en esa dirección. Su éxito dependerá de que nos demos cuenta como en Castilla y León y se pueda parar a tiempo, o no nos demos cuenta como ocurrió en Madrid y acaben las medidas aprobadas. Es una decisión política que no dejará de estar presente en las decisiones de la reacción allá donde gobiernen.
La polémica por las medidas de Vox sobre el aborto llega a Europa: "Lo que está ocurriendo en CyL nos concierne a todos"
La polémica por las medidas de Vox sobre el aborto llega a Europa: "Lo que está ocurriendo en CyL nos concierne a todos" La europarlamentaria Evelyn Regner hace referencia a la cuestión en sede parlamentaria: "Es inaceptable"
Venga "llobu", relee lo que has escrito, eso de quienes se creen dioses dejen de creerse en el derecho de decidir sobre la vida de los demás.
Salud y monarquía!
A veces algunos si se creen dioses, ya que deciden si se puede o no abortar, aunque el niño luego viva en la indigencia, o les da igual que mueras en una residencia de ancianos
El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
καλλαικoι escribió:Tremendo error del PP, arrastrado por VOX. No han aprendido de la época de Gallardon…/
El error en todo caso seria del Constitucional que desde 2010 que el PP recurrió la ley y todavía no se ha pronunciado sobre el recurso, con el agravante de que aquella ley recurrida ha sido reformada varias veces, y que ahora cuando el Constitucional cuenta con mayoría favorable a este gobierno proabortista diga que se va a pronunciar, manda huevos.
Cómo montar una guerra cultural con el supuesto “latido fetal”
Vox ha logrado colocar en la agenda uno de sus temas estrella, movilizador como ninguno del voto ultraconservador. La intención de Vox es miserable: obligar por ley a una mujer a escuchar “los latidos del corazón” del feto antes de interrumpir su embarazo (luego planteó que mejor solo dar la opción). Es de una crueldad extraordinaria, como lo es acosarla al entrar o salir de una clínica, siquiera sugerir que esa mujer esté “parando un corazón” —que vendría a ser “matando”— cuando decide no ser madre.
Además de miserable y cruel es engañoso. Para un cristiano ultrarreligioso puede ser cierta la existencia de Adán y Eva, del diluvio universal, del cielo y el infierno y del espíritu santo. También de un niño desde que un óvulo humano es fecundado. Pero para cualquiera que prescinda de catecismos existe un consenso médico universal: las pulsaciones y la actividad cardíaca fetal que se escuchan y se ven antes de la semana 14 de embarazo no son latidos de un corazón, que aún no se ha formado como tal. Las leyes contemporáneas que promueven la maternidad libre de las mujeres suelen establecer precisamente la semana 14 como límite para poder interrumpir un embarazo sin que exista peligro para la madre o para el feto. El 66 por ciento de las interrupciones del embarazo se producen en las primeras ocho semanas de gestación, cuando esas pulsaciones ni siquiera pueden escucharse. El 90 por ciento de las interrupciones se deciden antes de esas 14 semanas que nuestra legislación establece como tope para que las mujeres puedan decidir sin que existan problemas para la mujer o para el feto. La ley, excepto en casos gravísimos, no permite el aborto a partir de la semana 22, cuando el feto ya puede vivir fuera del útero de su madre. Vox no ha hecho sino intentar traer a España un viejo modelo que ha funcionado muy a lo largo de la historia de los llamados movimientos provida: la identificación del cigoto y del embrión con una vida humana. Y del feto con un bebé. Que vendría a ser como identificar una almendra con un almendro, o un huevo con una gallina. Cuando yo era pequeño, en mi colegio de curas de Madrid nos ponían en el salón de actos diapositivas de piececitos y bracitos desangrados, de miembros desmembrados y aspiradoras uterinas que mataban niños en lo que los sacerdotes llamaban el mayor genocidio de la Historia: la muerte de millones de niños por sus madres desalmadas. La versión sofisticada de esa barbaridad fundamentalista consiste en promover las leyes del latido fetal. Justo eso, que viene promoviéndose en Estados Unidos desde hace años, con la aquiescencia del Tribunal Supremo conformado parcialmente por magistrados nombrados por Donald Trump, es lo que pretenden traer Vox, Hazteoir y los ultracatólicos en general, a una España que vive muy bien con una ley moderna que, además, está de hecho reduciendo las interrupciones desde que está en vigor. De modo que a través de la escucha y de la visión del “latido fetal”, o con su simple mención, se sugiere que existe una vinculación íntima entre dos corazones: el de una madre y su hija o su hijo. Que la sociedad debe proteger ese vínculo entre dos seres humanos unidos por un cordón umbilical. Se trata de presionar a una mujer para que sienta que está a punto de asesinar a un bebé: a su propio hijo. Vox ha sido hábil en la ejecución de su estrategia. Tan hábil como suelen serlo quienes están convencidos de atender un mandato divino consistente en salvar vidas infantiles. El promotor, el momento y el lugar de la guerra cultural eran también propicios. Un vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo Fings, 31 años, fundamentalista y voluntarioso, socializado en el fundamentalismo de esos mismos movimientos ultrarreligiosos machistas y xenófobos. Un españolazo machote que mostró una frenética actividad en Twitter en defensa del golpe del 36, del franquismo, de la familia tradicional, del odio a los “maricones” (sic) y de rechazo a los inmigrantes. Un flamante liderazgo ultraderechista sin complejos. En una región que tiene una de las tasas de incidencia de interrupción voluntaria del embarazo más bajas de España. Y en unos meses, previos a las elecciones autonómicas y locales de mayo, en los que conviene marcar diferencias con el Partido Popular, con el que comparte Gobierno. Qué mejor idea que recalentar de nuevo un debate tan emocional y productivo como el del aborto. Y provocar así a tus socios de la derecha y, mejor aún, al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Por un lado, el presidente castellano-leonés se ve obligado a marcar distancias con su audaz vicepresidente, quedándose en tierra de nadie entre los “asesinos de niños” y los verdaderos patriotas que tanto aman a los bebés españoles. Y por el otro, el Partido Socialista, encantado de responder a la provocación, que refuerza su posición progresista elevando el asunto incluso al Consejo de Ministros. Y así, sin que exista realmente nada que recurrir, porque ese “protocolo del latido fetal” ni siquiera ha sido aprobado por las autoridades regionales, el Gobierno formula un preventivo recurso de incompetencia. Vox y su chulazo vicrepresidente ocupan un interesante espacio: el tradicional de la extrema derecha, el de los felices papás y mamás casados en santo matrimonio, patriotas de pacotilla y de misa dominical, que odian a Sánchez y el sanchismo, encarnación misma de Lucifer. Los socialistas se quedan en el suyo, en la defensa de las mujeres para decidir cuándo quieren ser madres sin que nadie las obligue a serlo por absurdos dogmas religiosos. Feijóo, naturalmente, no tiene otra opción que callarse y esperar a que el asunto decaiga.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda presentada por una veintena de exdiputados del PP contra el Tribunal Constitucional por retrasar “injustificadamente” la sentencia sobre la ley del aborto, recurrida por los populares hace más de doce años.
Estrasburgo no ha entrado en el fondo del asunto. En una breve respuesta informa a los promotores de la demanda que el tribunal ha constatado “que el derecho supuestamente vulnerado queda fuera del ámbito de los derechos y libertades garantizados por el Convenio” Europeo de Derechos Humanos. Por esta razón, han optado por declarar “el recurso inadmisible” y poner fin al procedimiento ya que esta decisión no se puede recurrir, según la documentación consultada por elDiario.es.
Los demandantes anunciaron en junio de 2021 que presentaban esta denuncia por el “retraso injustificado” del Constitucional en resolver el recurso del PP en 2010, partido del que ellos formaban parte en aquel momento, en contra de la Ley del Aborto. En ese momento lamentaron que, a pesar de que el tribunal de garantías, habría declarado “prioritario” el recurso, llevaba años “de retraso” y “sin causa que lo justifique”, exponían en la nota de prensa con la que anunciaron esta actuación.
El TEDH arrancó el procedimiento formalmente en octubre de 2021, pero no ha sido hasta noviembre cuando se ha posicionado y ha desestimado la demanda presentada por los exdiputados populares. El juez Peeter Roosma ha sido el encargado de tomar esta decisión.
“Nos hemos quedado mirando al cielo porque no cabe recurso”, explica José Eugenio Azpiroz, exdiputado del PP y promotor de la demanda que ha llegado a Estrasburgo, sobre la decisión del tribunal europeo. Y añade: “No se puede permitir que un tribunal no realice su función: que es dictar sentencia para resolver los conflictos en el sentido en el que ellos crean oportuno”.
Junto a Azpiroz, figuran como demandantes los exdiputados Santiago Cervera, Andrea Fabra, Eva Durán o Ángel Pintado; los exministros Jorge Fernández Díaz y Federico Trillo y los diputados actuales de Vox Ignacio Gil Lázaro y Lourdes Méndez Monasterio.
Vox aprovechó la presencia de Méndez Monasterio entre los firmantes de la demanda ante el TEDH para difundir en su página web la interposición de esta demanda. “Durante más de diez años el Tribunal Constitucional español se ha negado, por razones desconocidas, a dictar sentencia en este recurso de inconstitucionalidad denegando a los demandantes en la práctica y de forma absolutamente arbitraria su derecho de acceso a la justicia”, recoge la nota de prensa de la formación de ultraderecha publicada por este asunto.
Los impulsores de la denuncia se ampararon en el artículo seis del Convenio para argumentar su demanda. Este epígrafe garantiza el “derecho a un proceso equitativo” y los demandantes consideran que ha sido vulnerado porque el Constitucional “se ha negado a dictar sentencia” durante más de una década, “mientras en el mismo periodo ha dictado miles de sentencias en otros recursos interpuestos mucho después”, explicaron en la nota de prensa difundida en junio de 2021.
Finalmente, tras más de doce años congelado, el pleno del Constitucional se sentará a estudiar el recurso del PP contra la Ley del Aborto en la primera reunión que celebrará el próximo mes de febrero, entre los días 7, 8 y 9 de ese mes. Esta ha sido la primera medida tomada por el nuevo tribunal de garantías tras la renovación de cuatro de sus miembros y la implantación de una mayoría progresista con el magistrado Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente, informa Alberto Pozas.
El representante legal de los exdiputados del PP ante el tribunal de Estrasburgo ha sido Grégor Puppinck, director del European Centre for Law and Justice. Este abogado es uno de los actores europeos más relevantes del activismo antigénero, tal y como detalló el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) en un informe en el que estimó que los movimientos ultracatólicos han manejado “al menos” 707,2 millones de dólares para influir en las políticas sociales europeas.
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