Bucando mas informacion sobre el tema en el Google, he encontrado en la tan denostada y vituperada Intereconomia esta noticia. Supongo porque miente no se le cree.
Si es asi, la pregunta sería: qué datos e informacion de los que aqui dice son falsos?
Industria pide cuentas de las ayudas al carbón tras otorgar 24.000 millones en 20 años
La minería percibirá este año 320 millones sólo en la partida de
prejubilaciones. El presupuesto aprobado es similar al ejecutado por el
Gobierno de Zapatero en 2011.
Tras más de un mes desde que se iniciara la huelga indefinida en el sector de la minería,
el Gobierno decidió ayer pasar a la acción en uno de los temas más
sombríos que atañen a la raíz del conflicto del carbón: el reparto de
los fondos mineros y la sintonía entre trabajadores y empresarios del sector. El Ejecutivo instó a las corporaciones mineras
a que expliquen el destino de las cuantiosas ayudas públicas otorgadas
desde la Administración Central en los últimos años, informa EFE, y que
desde 1990 han supuesto un desembolso total de 24.000 millones de euros
para los distintos planes específicos, según el ministro de Industria, José Manuel
Para 2012, la cifra presupuestada es de 656 millones de euros, de los
cuales 320 corresponden a la partida de prejubilaciones, que no sufre
ningún ajuste y 186 van destinadas a las empresas explotadoras. Aun así,
corporaciones como Carbounión, la más significativa del sector, afirman
que Industria pretende el cierre del sector “por asfixia” y señalan que
dicha cantidad incluye 75 millones correspondientes al último trimestre
del pasado año y que las empresas ya han cobrado.
No obstante, con esa dotación, el carbón está
posicionado a la vanguardia de los sectores más subvencionados del país,
por encima del turismo y el automóvil que, en conjunto, suponen el 20%
del PIB y emplean en España a 2,7 millones de personas, según Industria.
La minería, por contra, lo hace sólo a 4.000 personas, tras haber
llegado a emplear a más de 40.000 a comienzos de la década de los
noventa, cuando comenzó su declive.
La notable reducción de capital humano ha sido absorbido,
fundamentalmente, con cargo a las cuentas públicas a través de las
prejubilaciones. Ya en 2011, Industria advirtió a los sindicatos de la
previsión de desfase en el número de prejubilados acordado para el plazo
2006-2012 que podría incrementarse en 1.700 trabajadores, hasta los
6.600 en seis años. En el plan anterior, correspondiente a las fechas
1998-2005, el número de trabajadores que cesó su actividad con
antelación ascendió a 14.000 personas, también por encima de la
previsión realizada en aquel momento. El coste medio de cada
prejubilación está en torno a los 430.000 euros.
En cuanto a la petición del Gobierno responde a lo que en privado
opinan un buen número de dirigentes populares, hastiados con una
protesta que consideran oportunista dado que, recuerdan, el plan que
pretende el cierre progresivo de la industria minera fue aprobado por el
Gobierno de Zapatero.
La falta de eficiencia en el manejo de los recursos que de forma
indirecta señala el Ejecutivo ha sido una cuestión reconocida por los
propios sindicatos del sector. Sólo en Asturias, las centrales llegaron a
cifrar la cuantía de los fondos mineros sin ejecutar
por la ausencia de proyectos en más de 930 millones de euros. De ahí el
malestar de numerosos dirigentes populares que critican el silencio del
sector en épocas anteriores bajo Gobiernos socialistas.
De igual modo, fuentes del PP señalan que la cuantía de las partidas
para este año no suponen un descenso considerable respecto a las mismas
de 2011 y explican que bajo mandato del presidente socialista, dejaron
de ejecutarse algo menos de 300 millones de euros del presupuesto
inicial, fijado en 1.078 millones. Una cantidad similar era la prevista
en el Plan del Carbón 2006-2012 para este último año y, el motivo que el
sector minero alega como causa de su protesta toda vez que los Presupuestos Generales rebajan la cifra a 656 millones de euros.
El sector del carbón entiende el recorte como un
incumplimiento del plan acordado por parte del Gobierno y, por ello, ha
rehusado hasta la fecha las invitaciones a la negociación para el
segundo tramo del Plan, que se desarrollará entre los años 2013 y 2018,
fecha tope en la que cesarán las subvenciones por mandato europeo y sólo
sobrevivirán las explotaciones que sean rentables por sí mismas. Con la
negativa pretenden explotar hipotéticos márgenes negociadores
existentes aún para el curso 2012.
Márgenes que desde el ministerio insisten en negar. Más aún tras el
recorte de 65.000 millones de euros para los dos próximos años hecho
público ayer por el presidente Rajoy y que incluye nuevos ajustes en los
presupuestos de las carteras de hasta 600 millones de euros. Así las
cosas, fuentes populares que hace semanas daban por hecho que la
aprobación de los Presupuestos Generales calmaría las protestas dudan
ahora de cuál será su desarrollo ante unos hechos sobre los que no cabe
variación.
Los mineros, por su parte, ya han hecho saber de su
disposición a mantener la confrontación tanto tiempo como sea necesario
hasta lograr una rectificación por parte del Gobierno al que, a tenor de
las declaraciones de los sindicatos, le esperan meses de algarada en
las calles.
Si es asi, la pregunta sería: qué datos e informacion de los que aqui dice son falsos?
Industria pide cuentas de las ayudas al carbón tras otorgar 24.000 millones en 20 años
La minería percibirá este año 320 millones sólo en la partida de
prejubilaciones. El presupuesto aprobado es similar al ejecutado por el
Gobierno de Zapatero en 2011.
Tras más de un mes desde que se iniciara la huelga indefinida en el sector de la minería,
el Gobierno decidió ayer pasar a la acción en uno de los temas más
sombríos que atañen a la raíz del conflicto del carbón: el reparto de
los fondos mineros y la sintonía entre trabajadores y empresarios del sector. El Ejecutivo instó a las corporaciones mineras
a que expliquen el destino de las cuantiosas ayudas públicas otorgadas
desde la Administración Central en los últimos años, informa EFE, y que
desde 1990 han supuesto un desembolso total de 24.000 millones de euros
para los distintos planes específicos, según el ministro de Industria, José Manuel
Para 2012, la cifra presupuestada es de 656 millones de euros, de los
cuales 320 corresponden a la partida de prejubilaciones, que no sufre
ningún ajuste y 186 van destinadas a las empresas explotadoras. Aun así,
corporaciones como Carbounión, la más significativa del sector, afirman
que Industria pretende el cierre del sector “por asfixia” y señalan que
dicha cantidad incluye 75 millones correspondientes al último trimestre
del pasado año y que las empresas ya han cobrado.
No obstante, con esa dotación, el carbón está
posicionado a la vanguardia de los sectores más subvencionados del país,
por encima del turismo y el automóvil que, en conjunto, suponen el 20%
del PIB y emplean en España a 2,7 millones de personas, según Industria.
La minería, por contra, lo hace sólo a 4.000 personas, tras haber
llegado a emplear a más de 40.000 a comienzos de la década de los
noventa, cuando comenzó su declive.
La notable reducción de capital humano ha sido absorbido,
fundamentalmente, con cargo a las cuentas públicas a través de las
prejubilaciones. Ya en 2011, Industria advirtió a los sindicatos de la
previsión de desfase en el número de prejubilados acordado para el plazo
2006-2012 que podría incrementarse en 1.700 trabajadores, hasta los
6.600 en seis años. En el plan anterior, correspondiente a las fechas
1998-2005, el número de trabajadores que cesó su actividad con
antelación ascendió a 14.000 personas, también por encima de la
previsión realizada en aquel momento. El coste medio de cada
prejubilación está en torno a los 430.000 euros.
En cuanto a la petición del Gobierno responde a lo que en privado
opinan un buen número de dirigentes populares, hastiados con una
protesta que consideran oportunista dado que, recuerdan, el plan que
pretende el cierre progresivo de la industria minera fue aprobado por el
Gobierno de Zapatero.
La falta de eficiencia en el manejo de los recursos que de forma
indirecta señala el Ejecutivo ha sido una cuestión reconocida por los
propios sindicatos del sector. Sólo en Asturias, las centrales llegaron a
cifrar la cuantía de los fondos mineros sin ejecutar
por la ausencia de proyectos en más de 930 millones de euros. De ahí el
malestar de numerosos dirigentes populares que critican el silencio del
sector en épocas anteriores bajo Gobiernos socialistas.
De igual modo, fuentes del PP señalan que la cuantía de las partidas
para este año no suponen un descenso considerable respecto a las mismas
de 2011 y explican que bajo mandato del presidente socialista, dejaron
de ejecutarse algo menos de 300 millones de euros del presupuesto
inicial, fijado en 1.078 millones. Una cantidad similar era la prevista
en el Plan del Carbón 2006-2012 para este último año y, el motivo que el
sector minero alega como causa de su protesta toda vez que los Presupuestos Generales rebajan la cifra a 656 millones de euros.
El sector del carbón entiende el recorte como un
incumplimiento del plan acordado por parte del Gobierno y, por ello, ha
rehusado hasta la fecha las invitaciones a la negociación para el
segundo tramo del Plan, que se desarrollará entre los años 2013 y 2018,
fecha tope en la que cesarán las subvenciones por mandato europeo y sólo
sobrevivirán las explotaciones que sean rentables por sí mismas. Con la
negativa pretenden explotar hipotéticos márgenes negociadores
existentes aún para el curso 2012.
Márgenes que desde el ministerio insisten en negar. Más aún tras el
recorte de 65.000 millones de euros para los dos próximos años hecho
público ayer por el presidente Rajoy y que incluye nuevos ajustes en los
presupuestos de las carteras de hasta 600 millones de euros. Así las
cosas, fuentes populares que hace semanas daban por hecho que la
aprobación de los Presupuestos Generales calmaría las protestas dudan
ahora de cuál será su desarrollo ante unos hechos sobre los que no cabe
variación.
Los mineros, por su parte, ya han hecho saber de su
disposición a mantener la confrontación tanto tiempo como sea necesario
hasta lograr una rectificación por parte del Gobierno al que, a tenor de
las declaraciones de los sindicatos, le esperan meses de algarada en
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