El Sr registrador de Santa Pola siempre tan atento a los suyos. En vez de agilizar y abaratar los trámites poniéndolos en manos de funcionarios que no cobran aranceles se los cede a los sres a cuyo gremio pertenece.

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"Si es que no sé qué tienen ustedes con los registradores de la propiedad últimamente". La frase de José Luis Ábalos, portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Congreso, se pudo oír durante la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma de Ley de Costas promovida por el PP, que podría estar aprobada entre marzo y abril.

Entre ese colectivo de registradores, un millar de profesionales en toda España, se encuentra el presidente Rajoy, actualmente en excedencia por "servicios especiales". Un gremio –el suyo –con retribuciones millonarias, que se beneficiará de dos de los últimos grandes proyectos que planea el Gobierno: la propia modificación de la ley sobre el litoral español y la reforma del Registro Civil.

La nueva Ley de Costas, según el Ejecutivo, pretende actualizar un texto de 1988 (Gobierno socialista). Pero la oposición ve en las disposiciones de la nueva norma una vuelta al ladrillazo: abre la puerta a que la zona de protección especial del litoral se reduzca de 100 a 20 metros.

Esto supondría, entre otras cosas, una "amnistía" para casas construidas en dominio público, según Greenpeace, ya que evitaría derribos de decenas de miles de construcciones que no se ajustaban a la normativa. Y, previsiblemente, provocará, para los compañeros de profesión de Rajoy, nuevos horizontes de riqueza.
La reforma, según lo anunciado por el Ministerio, mantendrá la gratuidad en el caso de nacimientos y defunciones, pero se estudia la posibilidad de pagar por matrimonios, divorcios, cambios de nombre y apellidos o petición de nacionalidad. En principio, entre 10 y 40 euros.

En 2011, en España se registraron 161.724 bodas y 103.604 divorcios. Queda por ver, de las tasas que se aplicarán a trámites, el importe total que se llevará el registrador. Millonario, según estiman los sindicatos. En plena polémica sobre estos proyectos y su impacto en el gremio, 20 minutos ha intentado recabar la opinión del Colegio de Registradores, que ha evitado darla hasta conocer el desarrollo legal de las norma.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció en el mes de septiembre de 2011 un cobro excesivo de las cancelaciones hipotecarias por parte de los registradores desde diciembre de 2007. Según la entidad, el importe establecido en el arancel era de 24 euros, y los registradores cobraban una media de más de 140. Resultado, según datos de la OCU, más de 400 millones de euros cobrados indebidamente.


Esto va a ser culpa de Zapatero y los progres Chavistas como si lo viera.