Las complicaciones en la aplicación de la pena de muerte a un preso, que falleció de un ataque al corazón más de 40 minutos después de recibir la inyección letal, en Oklahoma (EE.UU.) ha obligado este miércoles a cancelar un segundo ajusticiamiento, en la que iba a ser la primera ejecución doble del país desde el año 2000.
Según el diario local The Oklahoman, Clayton Lockett, de 38 años y condenado a la pena capital por el asesinato de una joven de 19 años en 1999, se retorció y jadeó cuando le fue administrada la inyección, que contenía una combinación de fármacos nunca usada previamente en el estado de Oklahoma, antes de morir.
Era la primera vez que se utilizaba el fármaco midazolam como parte de una inyección de tres componentes en Oklahoma y poco después de recibir la inyección, el preso empezó a sufrir convulsiones.
Una media hora después del inicio de la ejecución, el director del Departamento Correccional de Oklahoma, Robert Patton, anunció que se cancelaba, porque los medicamentos no estaban fluyendo por las venas del reo, pero a continuación Lockett fue declarado muerto por un ataque al corazón.
APLAZAMIENTO POR CHAPUZA
Patton pidió entonces el aplazamiento hasta dentro de 14 días del otro ajusticiamiento previsto para hoy, que se esperaba que se produjera dos horas después del primero, el de Charles Warner, de 46 años declarado culpable por el asesinato de un bebé de 11 meses.
Iba a ser la primera ejecución doble en Estados Unidos en lo que va de siglo XXI, puesto que la última vez en que se ajustició a dos internos el mismo día fue el 9 de agosto de 2000 en Texas, y la primera en el estado de Oklahoma desde 1937.
En los últimos meses, se han dado varios episodios de complicaciones en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.
32 ESTADOS CON PENA DE MUERTE
La mayoría de los 32 estados donde está en vigor la pena capital en la nación están teniendo problemas para conseguir los componentes con los que se fabricaban las inyecciones letales convencionales.
Ante este escenario, algunos estados están probando inyecciones letales con fórmulas alternativas y otros incluso han planteado el uso obligatorio de la silla eléctrica si no hay medicamentos disponibles.
Oklahoma cambió la ley que regula la aplicación de la pena de muerte a finales de marzo y permitió el uso de cinco diferentes combinaciones de medicamentos en la inyección letal, tras los problemas que se produjeron en sus primeras ejecuciones del año.
A principios de abril el estado informó a los abogados de los presos de que emplearía una inyección letal con el anestésico midazolam, el paralizante bromuro de pancuronio y cloruro de potasio, que detiene el ritmo cardíaco.
Lockett y Warner demandaron al estado por no haber recibido información sobre dónde había adquirido el estado los fármacos ni evidencias de que estos medicamentos fueran seguros.
El Tribunal Supremo de Oklahoma suspendió entonces las ejecuciones de ambos reos, aunque finalmente canceló su decisión.

La Casa Blanca ha dicho que la ejecución este martes de un condenado a muerte en Oklahoma, que murió de un ataque al corazón más de 40 minutos después de recibir una inyección letal, "no alcanzó" estándares humanos. En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se refirió así a la ejecución de Clayton Lockett, de 38 años y condenado a muerte por el asesinato de una joven de 19 años en 1999, hecho que ha reabierto la polémica sobre la pena de muerte en Estados Unidos. "Tenemos un estándar fundamental en este país, en el que, incluso cuando la pena de muerte está justificada, debe llevarse a cabo humanamente. Y pienso que todo el mundo reconocería que este caso no alcanzó ese estándar", señaló Carney.
El portavoz de la Casa Blanca recordó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, considera que "hay algunos crímenes que son tan atroces que la pena de muerte es merecida", aunque las pruebas sugieren que la pena capital tiene pocos efectos para frenar los delitos.

En Estados Unidos, hubo 39 ejecuciones en 2013, una de las cifras más bajas de los últimos veinte años, lejos del récord de 98 personas en 1999. En parte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en sus siglas en inglés), el descenso se ha debido a la firme postura de diferentes farmacéuticas estadounidenses y sobre todo europeas, que han cortado el grifo de sus medicamentos para el uso en inyecciones letales en cárceles por todo EEUU. Un triunfo también, en cierta manera, de la Comisión Europea, que prohibió la exportación de determinados medicamentos fabricados en suelo europeo con destino a las prisiones norteamericanas.
Pero además, y esto quizá sea un dato incluso más esperanzador para los abolicionistas porque supone un cambio de mentalidad progresivo, desde los tribunales de justicia se decretó la pena capital para 80 personas en todo EEUU el año pasado, tres más que en 2012, los dos años con menos sentencias de muerte en toda la historia estadounidense. Se trata de una tendencia que ha caminado a la baja desde el récord de 1994 y 1996, cuando 315 personas fueron castigadas con la muerte. Un retroceso imparable y progresivo al que seguramente ha contribuido otro factor decisivo en la lucha contra la pena capital en EEUU, la cuestión de la inocencia.
Y es que la imagen de un preso abandonando una cárcel tras años, a veces décadas, acusado injustamente de un crimen horrible, condenado sin motivo a la muerte, es mediáticamente aplastante. Desde 1976, es decir, desde que EEUU volvió a ejecutar a presos tras un breve lapso de cuatro años sin hacerlo, las estadísticas muestran que 144 personas han sido liberadas del corredor de la muerte. Un goteo que, aunque poco a poco, ha ido calando en los estadounidenses, que hoy muestran su apoyo más bajo a la pena capital en cuarenta años: un 60% de los ciudadanos están a favor. El último hombre liberado del corredor de la muerte sucedió el pasado marzo: un afroamericano llamado Glenn Ford fue liberado de la famosa penitenciaría de Angola (Luisiana) en la que permaneció 30 años.
Precisamente también en marzo, el asunto de la inocencia sacudió a Japón, cuando fue liberado Iwao Hakamada, el preso que más años llevaba esperando la muerte en todo el mundo: 46. Un hombre que había perdido la cabeza en la cárcel, ya que en Japón los presos nunca saben cuando serán ejecutados. Se les avisa con tan solo una hora de antelación: abogados y familias se enteran una vez asesinado. En el caso del país asiático, apenas cinco presos, contando a Hakamada, han sido liberados en los últimos setenta años, pues la justicia nipona teme que revelar errores sirva para disminuir el apoyo popular a la pena capital en ese país. Un 80% de la población japonesa continúa a favor, pero la cuestión es saber si están bien informados, pues el secretismo rodea a la pena de muerte en ese país. Por ejemplo, hasta 2010 nunca se había visto cómo era una sala de ejecuciones, fecha en la que la entonces ministra de Justicia, Keiko Chiba, contraria a la pena capital, mostró al mundo cómo era el lugar donde se ahorca a los presos con la esperanza de reavivar el debate.
Pero aunque en EEUU y Japón veamos que la pena de muerte vive momentos de debilidad, la cuestión está sin embargo al alza en el mundo como conjunto, con un aumento del 15% de los ejecutados en 2013, cien muertes más que el año anterior, según Amnistía Internacional. Y eso que los datos no incluyen a China, el mayor ejecutor, donde la pena capital es secreto de Estado, un país sobre el que la organización de derechos humanos dejó de dar estimaciones en 2009, aunque se cree que podrían ser miles de personas las que perdieron la vida. Aparte de China, el campeón mundial de la muerte es Irán, donde las cifras oficiales podrían ser menores de las reales: el país reconoce al menos 369 muertes, muchas de ellas en público. Irak, con 169 ejecuciones, y Arabia Saudí con 79, componen, junto a China, Irán y EEUU (con las mencionadas 39 muertes el año pasado) el top 5 de los ejecutores en el mundo. Un año, 2013, en el que cuatro países, Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam, reanudaron el uso de la pena de muerte. De los 58 países que retienen la pena capital, 22 la utilizaron el año pasado. En el lado positivo, dos terceras partes del planeta, 140 estados, no ejecutan a sus ciudadanos, bien por ley o porque hace ya mucho tiempo que se declararon abolicionistas en la práctica.

Glenn Ford esperó el cumplimiento de su condena a muerte durante casi 30 años en una prisión de Luisiana, Estados Unidos. Hasta que el pasado martes por la noche, tras una decisión judicial, este hombre de 64 años quedó en libertad al reconocer los fiscales que no podían mantener la acusación por asesinato contra él. Ford se ha convertido así en uno de los presos estadounidenses exonerados después de pasar más tiempo en el corredor de la muerte.
"Mi mente va a todo tipo de direcciones, pero me siento bien", declaró Ford al abandonar el centro penitenciario Angola, en el Estado de Luisiana. El excondenado, el reo 144 que ha sido exonerado en las cuatro últimas décadas, reconoció sentir cierto resentimiento por las casi tres décadas que ha pasado en la cárcel esperando a ser electrocutado. "Mis hijos eran unos bebés cuando me fui, ahora son hombres adultos con niños".
Ford, afroamericano nativo de California, fue condenado en 1984 por el robo y asesinato de un joyero para el que había trabajado en algunas ocasiones, aunque siempre mantuvo su inocencia. El acusado fue sentenciado por un jurado formado únicamente por ciudadanos blancos a pesar de la ausencia de testigos oculares del crimen y la falta del arma con la que se cometió el crimen.
Un tribunal de Luisiana absolvió este martes a Ford tras recibir nuevas pruebas que demuestran su inocencia y que relacionaban a dos hermanos con el asesinato, Jake y Henry Robinson. Éstos habían sido implicados en el caso junto con Ford desde el primer momento -la novia de uno de ellos fue la única persona que testificó en el caso contra el afroamericano-, pero quedaron absueltos.
La semana pasada, los fiscales solicitaron anular la condena y la sentencia contra Ford. El Estado comunicó a los abogados de Ford que habían recibido datos de un informante que aseguraba que Jake Robinson reconoció haber disparado contra el joyero, así como otras pruebas de que el condenado no estaba presente en el momento del robo y asesinato en la joyería. Llegado ese punto, los fiscales reconocieron que no podían mantener la acusación inicial contra Ford, a pesar de que ya había cumplido casi tres décadas de condena en el corredor de la muerte.
El caso de Ford se ha convertido en la última lanza de los activistas y organizaciones contra la pena de muerte en EE UU. Amnistía Internacional ha declarado a través de una portavoz, en una entrevista ofrecida a la cadena de televisión CNN, que Ford es “prueba viviente de cuán erróneo es nuestro sistema de justicia”. La condena se produjo a pesar de que la investigación carecía de testigos oculares, con arma del crimen desaparecida y cuya única testigo mantenía una relación sentimental con otro de los sospechosos y además admitió haber mentido al jurado. Estos elementos son comunes en los últimos casos de exoneraciones, especialmente cuando se trata de condenas a muerte. Los activistas también han denunciado que Ford, afroamericano, fuera condenado por un jurado formado en su totalidad por ciudadanos blancos.
“He estado encerrado casi 30 años por algo que no hice”, afirmó Ford tras su liberación. “No puedo retroceder y hacer aquello que debería haber hecho cuando tenía 35, 38 o 40 años”, lamentó. El excondenado contará ahora con una indemnización económica, tal y como reconoce el Estado de Luisiana. Los reos que han cumplido condena de prisión y después exonerados tienen derecho al cobro de 25.000 dólares por cada año de encarcelación, hasta un máximo de 250.000, junto a otros 80.000 por la pérdida de “oportunidades de vida”.

El sufrimiento que padeció un condenado a muerte al que se inyectó una solución letal en Oklahoma (EEUU) que no actuó de forma inmediata constituyó un trato cruel e inhumano, que el derecho internacional equipara con la tortura, según ha afirmado este viernes la ONU.
La forma en que se dio muerte al reo Clayton Lockett implicó un "trato cruel, inhumano y degradante, según las normas internacionales de derechos humanos, y transgredió la octava enmienda de la Constitución de EEUU, que dispone que no se deben infligir castigos crueles", sostuvo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
"El prolongado sufrimiento de Lockett es el segundo caso de sufrimiento extremo reportado en lo que va de año y causado por el mal funcionamiento de las inyecciones letales", dijo el portavoz de Pillay, Rupert Colville.