buena parte del municipio Gran Sabana, el más remoto hacia el sureste del país, la minería de oro y diamante tan solo puede ser ejercida por las comunidades indígenas, claramente bajo la supervisión estricta del Estado. En el parque nacional Canaima es una actividad absolutamente proscrita; sin embargo, el ingenio sigue jugando a favor de quienes ejercen la actividad de extracción o la compra y venta ilegalmente. Esta es una historia que pareciera de fantasía, siendo, vale aclarar, absolutamente real.

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El hombre, negro como la noche, llegó a Santa Elena de Uairén, la última ciudad venezolana de cara al Brasil. Al final del día; su emisario, un exconvicto recién redimido por Cristo, con algo de experiencia en el negocio del oro, le había conseguido un carro para internarse de inmediato hacia Ikabarú, pero él prefirió refugiarse en el cuartito de los guardias asignados al terminal de pasajeros y continuar su viaje al alba.

Sin afanarse en discusiones, le pagó al chofer —ya contratado— y lo despachó sin ni siquiera estrecharle la mano ni muchos menos mirarlo a los ojos.

Ikabarú, capital de la segunda parroquia del municipio Gran Sabana, se encuentra a 114 kilómetros de huecos, grietas y puentes caídos de Santa Elena, 114 kilómetros que ameritan, al menos, de tres horas de viaje sin contemplar los imprevistos.

Ikabarú es un pueblo minero que vivió sus días de gloria a mediados del siglo pasado y hoy se niega a morir, un lugar de paso en donde por costumbre, ambición o ilusión permanecen los sobrevivientes de los varios planes de cierre minero promovidos por el Gobierno, la mayoría vive en construcciones precarias con techos de metal sobre calles de tierra.

El hombre viajaba en compañía de un familiar a quien igualmente tan solo se le diferenciaba la esclera, que es como se llama lo blanco del ojo. Se disponía a multiplicar lo poco que le quedaba de su último viaje a China a donde se fue ataviado con una chaqueta hecha de cocaína, gorra de turista, cámara al cuello y despejando sospechas en perfecto inglés.

De San Félix a Santa Elena hizo 24 horas; por algún motivo, se bajó en el Km 88, en Las Claritas, aproximadamente a 350 kilómetros de Santa Elena, cotejó precios, pesó aquí, miró allá y volvió a subir, como antes, a una buseta Turgar.

Apenas salió el sol, se dispuso a abandonar el cuartito de los guardias y a viajar a El Paují: se lavó la cara, cepilló sus dientes tan blancos como lo blanco de sus ojos, apuró un café de termo y se enrumbó hacia la parada de los rústicos (carros por puestos) que recorren la ruta entre Santa Elena-Ikabarú. Se desconoce si tomó algo más a manera de desayuno o si se conformó con el tinto tibio y exageradamente dulce propio de los termos de los terminales.

En todo caso, tal vez, le tocó subir a bordo de una Toyota chasis largo pagada con un kilo de oro. Así ocurrió el año: un hombre cambió su carro de dos o tres años de antigüedad por un kilo del mineral del brillo. Esperaba conseguir dos japoneses más de paquete y continuar canjeando, pero el hampa se encargó de anular su ambiciosa estrategia. Dos horas y media más tarde, el hombre llegó a El Paují, mucho antes que su emisario a quien prefirió esperar.

El Paují, a 80 kilómetros de Santa Elena, es un pueblo mestizo: de pemón, de criollos, de extranjeros, de ecologistas, de platilleros, de persistentes empresarios turísticos, de constantes apicultores, de nuevos y viejos mineros.

El Paují nació sobre los años 70, en torno al campamento de los obreros del Ministerio de Obras Públicas, que trabajaban sobre la vía hacia Ikabarú; posteriormente, llegaron algunas familias pemón de sitios aislados y jóvenes citadinos deseosos de hacer una vida al margen de lo tradicional, de desechar lo igual, de crear una comunidad alternativa.

Durante, al menos, tres décadas los de El Paují se debatieron entre cuidar de la naturaleza o voltear los ríos y la capa vegetal en busca de oro. Hace aproximadamente cinco años, muchos de ellos resolvieron hacerse ricos; hoy buena parte de esa inmensa sabana está minada de huecos enormes, heridas imborrables dejadas por la remoción de la capa vegetal mediante equipos de potente cilindrada; la arena rellenó la poza Paují y los jóvenes pemón le exigen el máximo a sus motos hasta para recorrer los escasos metros que separan sus casas de las bodegas.

En febrero pasado murió un muchacho indígena de 17 años, tenía un nombre bíblico; semanas antes, había sacado un diamante de alta pureza y buen peso; le pagaron 800 mil bolívares; le compró a su familia todo cuanto necesitaba (ropa, camas, mesas, sillas, poltronas, lavadora, una planta de sonido, nevera, cocina y, por supuesto, un televisor con pantalla de plasma gigante), llenó un camión; para él, se regaló una moto china. Días más tarde, se estrelló contra un vehículo que transitaba a escasa velocidad sobre la vía inter comunal; el motorizado volvía en bajada y daba una curva después de una noche de farra sin medidas. Falleció en el acto.

A media tarde, el hombre de ébano ya tenía en sus manos lo que buscaba: 50 gramos de oro puro purísimo; entonces, el emisario (el exconvicto ya redimido) embutió el metal amarillo en un jabón de olor, el jabón en la jabonera, recibió el pago por la misión cumplida y se esfumó.

En segundos, el hombre subió al rústico de vuelta con su pequeño bolso y su pesada cajita, en apariencia, tan sólo contentiva de un jabón.

El último viernes de enero, a eso de las dos de la tarde, la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, visitó Gran Sabana para revisar, junto con los capitanes pemón, los alcances de los acuerdos alcanzados aquel 9 de febrero de 2013, cuando buena parte de la comunidad de Urimán retuvo a un grupo élite del Ejército que pretendía cerrar sus minas. A cambio de los uniformados, el Alto Gobierno bajó la guardia y las comunidades ancestrales se comprometieron a cuidar de los ríos y de las sabanas, a no trabajar en los cauces fluviales, a reforestar las zonas intervenidas, limitar el ejercicio de la minería por parte de los no indígenas entre otros asuntos y a venderle su oro al Estado a través de una inexistente oficina local que aún sigue siendo un proyecto.

A esta fecha, la minería es una actividad limitada en buena parte del municipio Gran Sabana y absolutamente proscrita en el sector oriental del parque nacional Canaima por su belleza, por su valor ambiental, por ser el lugar en donde nacen las aguas que después se convierten en electricidad para buena parte del país; sin embargo, hace unos días la Fundación Mujeres del Agua, cuyo centro de operaciones se encuentra precisamente en El Paují, distribuyó un correo electrónico haciéndose eco del llamado de alerta de algunas de sus aliadas de las comunidades ubicadas dentro del área resguardada, en las zonas más prístinas, al margen de toda vigilancia ambiental.

Las de Uroy Uaray denunciaron, aparentemente, primero ante sus capitanes, luego ante las autoridades convencionales y finalmente ante todo quien acepte oírlas, que allí hay al menos seis equipos portátiles trabajando sobre el río Kamá, el mismo de la caída impresionante; las de Iwo Riwö delataron que sobre el Aponwao se encuentran alrededor de 20 máquinas, todas en la parte alta del cauce que conduce al salto de 105 metros de altura, el más impactante de la Sabana.

Nadie sabe por dónde entra la maquinaria, de dónde proviene el combustible para su funcionamiento ni por dónde sacan el oro, pues hay menos cinco alcabalas del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) entre Luepa y Santa Elena, sobre la Troncal 10.

El viernes citado, la ministra Núñez se interesó especialmente en saber a quién le vendían el oro sus paisanos pemón y ellos fueron sinceros: “A los compradores de Santa Elena”, dijeron sin rodeos; así ocurre casi todo el tiempo y a veces, solo a veces, lo cambian por vehículos 4x4 ya usados o lo colocan, algo más barato, en manos de quien se acerque hasta las minas y se lo lleve a Caracas, a Sao Paulo, a Nueva York, a Ciudad de México, incluso, a bordo de una modesta buseta y empotrado en un jabón de olor.

Fuente: Panorama
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