La puerta de la Fiscalía Anticorrupción vivió el viernes un amplio frente político para criticar la condonación de unos 3.000 millones que las eléctricas cobraron de más a los consumidores, una deuda que el Gobierno del PSOE dejó prescribir. ICV, Podemos, UPyD, Ciudadanos, Equo y Cha, unidos por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, criticaron el perdón de esa suma y criticaron que PSOE y PP defienden a las eléctricas frente a los consumidores. Formalmente se habían reunido allí para pedir a la Fiscalía que reabra la investigación penal que cerró al no apreciar delito.
Joan Coscubiela, diputado de ICV, partido que lleva años denunciando lo cobrado de más por las eléctricas, consideró que hay que "evitar que esta estafa se consume" y criticó que en esto, "el Gobierno del PP se parece al del PSOE".
El origen del caso es antiguo. En 1997, el Gobierno de Aznar fijó una compensación milmillonaria a las eléctricas por liberalizar el sector llamado Costes de Transición a la Competencia (CTC). En 2006, ya con el PSOE, fueron cancelados al considerar que las eléctricas llevaban cobrando más de lo previsto a los consumidores desde 2004.
A petición del ministerio de Industria, la Abogacía del Estado concluyó en 2008 que había de plazo hasta 2010 para pedir la devolución e Industria llegó a redactar un borrador de orden ministerial, pero con el cambio ministerial de 2008 quedó en un cajón. La fiscalía comenzó a investigar en 2013 si había delito en esa decisión, pero tras interrogar a altos cargos de la época archivó el caso el pasado diciembre.
Ahora, la plataforma por un nuevo modelo energético pidió reabrir el caso. Esgrime para ello que la ley eléctrica dice que no se puede recurrir algo hasta que está la liquidación definitiva, algo que para los CTC se dio en 2010. Si el plazo de prescripción son cuatro años, consideran que había hasta julio de 2014 para pedir la devolución, por lo que reclaman a la fiscalía que reabra el caso.
Aunque jurídicamente es una vía compleja, la entrega de la ampliación de la denuncia -respaldada por143.000 firmas online- sí sirvió para escenificar el consenso fuera de los dos partidos mayoritarios con este tema.
El protagonismo de las cámaras lo acaparó el secretario de Política, Íñigo Errejón, que lamentó que lamentado que "cada vez más" los ciudadanos tengan que exigir una cosa "de sentido común" como que "se cumpla la ley", y criticó que PP y PSOE hayan "decidido perdonar las deudas a los que más tienen, a los privilegiados, al oligopolio de las eléctricas". "Cada vez que el Gobierno tiene que elegir entre ponerse del lado de los ciudadanos o de los privilegiados lo tiene inmediatamente claro", añadió y consideró que el caso es "una estafa democrática y una ineficacia económica", porque ese dinero no fue a otros sectores productivos.
"Sería muy llamativo que, con todos estos documentos demoledores sobre la necesidad de exigir la devolución, considerara que no hay caso y lo archivara. Porque alguien tuvo que tomar la decisión de no reclamar el dinero", afirmó Jorge Morales de Labra, uno de los impulsores de la denuncia.
Al ver el revuelo de prensa y gente ante la puerta de Anticorrupción, una vecina que pasaba ha gritado: "Chorizos, que sois todos unos chorizos". La costumbre.