Facua-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que deje de anunciar revisiones de la ley y elimine de una vez las tasas judiciales que han establecido en España desde hace dos años una justicia para ricos y otra para pobres. Mariano Rajoy ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en una modificación del sistema de tasas que se incluirá a través de una enmienda en el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita que está tramitándose en el Congreso.
La asociación recuerda que dicho impuesto, en vigor desde noviembre de 2012, ha limitado el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tienen los ciudadanos. FACUA reclama al Gobierno que deje de tomar medidas en contra de los intereses de los ciudadanos y derogue de una vez la ley.
Además, FACUA exige al Ministerio de Justicia que aclare el destino de los más de 512 millones de euros recaudados a través de la mencionada tasa, que tendrían que haber servido para financiar la justicia gratuita, tal y como en su día anunció el ministro impulsor de la ley, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el pasado 12 de febrero Justicia indicó que "el Ministerio no dispone de información al respecto" ante la pregunta del diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví en la Mesa del Congreso.Mientras tanto, las comunidades autónomas que tienen cedidas las competencias relativas a la administración de justicia gratuita han indicado que no han recibido ninguna partida procedente de la tasa.
FACUA considera inaceptable que el Gobierno no aclare para qué se ha utilizado lo que se ha recaudado a través de una medida que lo que ha provocado es la imposibilidad de hecho para que muchos ciudadanos puedan acudir a la administración de justicia. A esto se une la falta de recursos materiales y personales en los juzgados, que hace que estén desbordados y con importantes carencias y retrasos, que dejan en evidencia que no han sido el destino de los fondos recaudados.
La asociación rechaza la respuesta del Ministerio, que indica que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico" y exige al ministro Rafael Catalá que explique para qué sirve entonces la recaudación a partir de una ley que se aprobó con la oposición de jueces, abogados, procuradores, fiscales y el resto del sector de la Justicia.
Desde finales de 2012 la ley obliga a los ciudadanos que presentan una denuncia a pagar una tasa fija dependiendo del litigio (y cuya cantidad aumenta en el caso de presentar un recurso en primera instancia o ante el Supremo) y otra tasa variable sobre el valor de lo reclamado hasta un máximo de 10.000 euros, salvo para las personas que tienen derecho a la justicia gratuita (determinado por un criterio de renta). Son obligatorias en el caso de demandas civiles y contencioso-administrativas.
FACUA recuerda que esta ley, recurrida en el Tribunal Constitucional por parte de numerosas comunidades autónomas, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la Constitución española. Esto es, impide el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia para defender sus legítimos intereses. La Audiencia Nacional ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad en el mismo sentido.
La asociación advierte que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y el Estado debe garantizarla en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.