El Gobierno en funciones de España advierte al PSOE y Ciudadanos de que una investidura fallida resultaría en otras elecciones, que los españoles no desean.


“Unas elecciones no las quiere nadie y una investidura de naturaleza fallida es el paso más claro hacia unas terceras elecciones, que son absolutamente indeseables y perniciosas”, ha indicado este viernes la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.

En una rueda de prensa celebrada después del Consejo de Ministros, la política española ha recordado al PSOE y a Ciudadanos que los españoles no “entenderían” que hubiera unas terceras elecciones en España.

A este respecto, Santamaría ha expresado la disposición del Partido Popular (PP) a negociar, ya que, según muestran los resultados de los comicios del pasado 26 de junio, se trata de una legislatura “muy colaborativa”.

“Creo que tenemos margen para trabajar, para hablar y para consensuar”, ha destacado, para después enfatizar que si hay “voluntad” por parte de los partidos sí se puede alcanzar un acuerdo que permita la formación del próximo Gobierno.

De acuerdo con la vicepresidenta en funciones, los españoles ya han demostrado en dos ocasiones su inclinación hacia el PP, de manera que los otros partidos tienen que reconocer esta circunstancia y ayudar a la celebración del debate de investidura y al logro de un consenso.


El PP está dispuesto a buscar “puntos de encuentro” y “conexiones” para la investidura del próximo 2 de agosto: “necesitamos un Gobierno, necesitamos un Gobierno estable y lo necesitamos cuando antes”, ha señalado.

Aunque parezca una broma, llevamos ocho meses con un Gobierno en funciones. Ocho meses sin poder pedir responsabilidades por lo que hace o deja de hacer ese Gobierno que sí tiene competencias, como de sobra está demostrando, pero que no ha sido elegido por nadie y que no acepta rendir cuentas de su gestión. Por distintos motivos llevamos ocho meses sin legislar, sin poder aprobar, modificar o derogar leyes, y sin que nadie tenga que asumir el coste político de sus decisiones y posicionamientos. Y lo que es peor, en esta nueva legislatura ni siquiera se ha puesto en marcha el reloj de la investidura, lo que nos mantiene en este absurdo limbo sin que nadie haya dicho ‘esta boca es mía’ habiendo mucho que decir.

Y es que si llamativo fue lo ocurrido en la pasada legislatura, con un rey novato que desobedeció su mandato constitucional, y que permitió a Mariano Rajoy acogerse a una ‘declinación’ que no está contemplada en el ordenamiento jurídico, mucho más llamativo es ahora que sí ha cumplido con su obligación designando oficialmente un candidato.

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A partir de este comunicado tan explícito deberían haberse sucedido los trámites previstos, pues con la comunicación de la designación de candidato ya queda cumplido el artículo 99.1 de la Constitución:

99.1 Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Y ahora debería cumplirse el artículo 99.2:

99.2 El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

El texto de este último artículo tiene condición imperativa y de inmediatez, no da lugar a plazos ni permite disposiciones. ¿Por qué no se ha producido esa exposición de programa político?

Evidentemente, por algo tan irresponsable pero sencillo como que la Presidenta del Congreso está haciendo omisión de su obligación. Una obligación que en los mismos términos imperativos y de inmediatez que en los artículos ya citados de la Constitución, impone el Reglamento del Congreso en su artículo 170.

Artículo 170

En cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 99 de la Constitución, y una vez recibida en el Congreso la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, el Presidente de la Cámara convocará el Pleno.

Hay que insistir. Todo se ha cumplido a excepción de la obligación de la presidenta de la Cámara Baja. Y no existe ninguna indefinición a la que acogerse. Tampoco valen las excusas, ni es una prerrogativa de la presidenta del Congreso conceder plazos a nadie bajo ninguna circunstancia. Los plazos de negociación ya los determina el propio proceso de investidura descrito en el articulado constitucional.

Vista la situación la primera pregunta lógica es: ¿qué se puede hacer cuando se incumple la legalidad vigente desde la tercera magistratura del Estado?

Y la respuesta nos coloca en una situación muy delicada, porque la única autoridad superior en este caso es la del Jefe del Estado, que es precisamente quien dicta la orden que está siendo incumplida. A este respecto la Constitución también es meridiana, pero esperemos que nadie esté pensando aprovecharse de ello.

El caso es que la pelota vuelve a estar sobre el tejado del rey, si es que finalmente alguien está dispuesto a cumplir y hacer cumplir la Ley. Aunque para suavizar lo que podría convertirse en un problema más serio del que actualmente ya es, algún partido podría denunciar este incumplimiento ante el muy dependiente Tribunal Constitucional, aunque no sea el órgano competente, al menos para guardar las apariencias; para que pareciera que esto no es el cortijo que realmente es.

¿Por qué hay tanto silencio y tanta pasividad? ¿Ante una desobediencia tan evidente nadie tiene nada que decir ni denunciar? ¿Tampoco los nuevos partidos?

En este país todo empieza a apestar por encima del hedor acostumbrado. Estamos viviendo un momento de excepcionalidad permanente y, en estas circunstancias, la mínima credibilidad que tuviera el sistema, si es que algo le quedaba, ya habrá quedado definitivamente sentenciada a desaparición. Y quizá no sea el mejor momento para que ocurra.

Esperemos que a alguien le quede algo de sensatez y por lo menos plantee batalla en este absurdo y peligroso escenario de nihilismo institucional. Porque por desgracia, lo que no cabe ya esperar, es que esa delincuencia que ejercen unos pocos y perjudica a millones de personas, vaya a ser castigada.