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Un centenar y medio de exdiputados y exsenadores, muchos de los cuales dejaron el cargo hace décadas, así como 66 viudas de miembros de ambas cámaras, reciben pensiones y ayudas cuya cuantía conjunta supera los 2,5 millones de euros al año. El Congreso y el Senado abolieron estas ayudas en 2011, pero mantuvieron la ya concedidas
ZARAGOZA .- Las Cortes mantienen un sistema particular de pensiones a través del cual un centenar y medio de exparlamentarios recibe pensiones (103) y complementos para sus ingresos (45) que en 16 casos superan los 2.000 euros mensuales. Una cifra que también rebasan cuatro de las 66 viudas de exdiputados y exsenadores que reciben pagas por los puestos públicos que ocuparon sus esposos.
Este programa de ayudas, al que están acogidos una parte mínima de los miles de ciudadanos que han ocupado puestos de diputados y de senadores, supone una cuantía mensual de 215.273 euros ─104.489 para jubilaciones, 47.768 para complementos salariales y 63.015 para viudedades─ que, al cabo del año, asciende en su conjunto a 2.583.281 euros.
Esas cantidades superan con creces en algunos casos la pensión máxima de jubilación que reconoce la Seguridad Social, que es de 2.567 euros mensuales; duplican la media estatal, de 1.044, y también doblan a las medias autonómicas más elevadas, situadas por debajo de los 1.300 euros.
El Top 5 y el Top 10 coinciden en este caso, ya que seis exparlamentarios empatan en el quinto puesto de la clasificación por la cuantía de su pensión: Antonio Faura Sanmartín, José Luis Galache Cortés, Joaquín Galant Ruiz, Jesús María Pérez Corgos, María Teresa Revilla López y Mauro Varela Pérez perciben 2.396 euros mensuales.
Una pensión de viudedad de casi 5.000 euros
Por encima de ellos se sitúan Encarnación Morales Sánchez-Migalón, viuda del senador de Alianza Popular por Ciudad Real José Luis Aguilera (1977-1989), a la que la resolución de la mesa asigna un pago mensual de 4.935,55 euros, y los exdiputados de IU Pablo Castellano ─también lo fue del PSOE─ y Cristina Almeida, que perciben, respectivamente, 2.995 y 2.695. Tras ellos, en cuarta posición con 2.457, se sitúa Luisa Saavedra Sánchez, viuda del diputado sevillano Julián Chía Gutiérrez, miembro del Congreso en la legislatura 1982-1986.
En los puestos siguientes aparecen algunos exparlamentarios que en su día alcanzaron cierta fama, caso de Josep María Trías de Bes ─decimoprimero con 2.16 euros mensuales─, fichado por el PP José María Aznar para su fallido sorpasso por la derecha a Convergéncia en Barcelona a mediados de los años 90; el exsocialista Ricardo García Damborenea (decimosexto, 2.058), condenado en una de las tramas de los GAL, o la almeriense Virtudes Castro García (decimooctava, 2.043), considerada una de las madres de la Constitución por ser una de las 27 mujeres que obtuvieron escaño en el Congreso ─en este caso por el PSOE─ en la legislatura 1977-1979. Los dos primeros perciben complementos y la segunda pensión de jubilación.
Completan esa segunda decena del escalafón María Jesús Torres Fernández -2.182-, Blas Camacho Zancada -2.103-, Rocío Gómez Otalvaro -2.061-, Pilar Madero Ortíz-Cicuendes -2.061-, Eda Volpi Rebiscini -2.056-, Catalina de Diana Blanco -2.041- y Patricio Gutiérrez Cano -2.006-.
Los listados de los perceptores de estos pagos, entre los que se incluyen veteranos como el zaragozano José Ignacio Senao -254 euros mensuales tras dos legislaturas como diputado-, contienen también asignaciones llamativas por su escasez, caso de la pensión de viudedad de 1,09 euros para Carlota Rosell Ruiz, el complemento salarial de 24,09 para Manuel Costas Alonso o la pensión de 14,06 de Rafaela Fuentes García.
Ayudas abolidas en 2011, salvo las ya consolidadas
Estas pensiones y complementos salariales para exparlamentarios quedaron abolidos en 2011, aunque continuaron vigentes para quienes habían generado el derecho a recibirlas antes del 13 de diciembre de 2011, mientras que la complementación de los ingresos y el derecho a seguir de alta en la Seguridad Social con cargo al parlamento quedó limitado a quienes tuvieran reconocidas las prestaciones antes del 23 de julio de ese mismo año.
De hecho, el grueso de los beneficiarios de esos pagos, cuya finalidad formal era evitar “situaciones de evidente precariedad” y hacer que los exparlamentarios pudieran cobrar la máxima pensión pública gracias a esos complementos, lleva años, y en algunos casos hasta tres décadas, alejado de la política.
El acceso a las pensiones y los complementos requería haber ejercido siete años como parlamentario, y permitía percibir la máxima cuando se superaban los diez años en el cargo, lo que requería ser elegido en un mínimo de tres legislaturas.
Cotizaciones sociales y ayudas graciables
Para acceder a la cotización social por cuenta del Congreso hasta completar el periodo necesario para la jubilación, a la que únicamente está acogido Manuel Cabezas Enríquez, era necesario cesar con 55 años cumplidos.
Las viudas de parlamentarios, por último, tenían derecho a recibir una ayuda anual consistente en un pago único equivalente a “dos meses de asignación constitucional” -2.813,87 euros- por cada año que el cónyuge hubiera ejercido en el Congreso y/o el Senado.
Esa ayuda, aplicable también a los huérfanos menores de 25 años, pasó a ser “graciable”; es decir, que su concesión depende del criterio de las mesas del Congreso y el Senado, como la que obtuvieron 24 diputados que perdieron el acta con las dos últimas elecciones: Manuel Campos y Germán Rodríguez este verano y, el pasado otoño, Miriam Blasco, Dolores Bolarín, Helena Castellano, José Luis Centella, Teresa Cobaleda, Juan Carlos Corcuera, Eva Durán, Enrique Fajarnés, Olaia Fernández, Amparo Ferrando, Vicente Ferrer, Ignacio Gil Lázaro –la más prolongada, con 17 meses-, Juan Carlos Lagares, Isabel López, Lourdes Mendez, Macarena Montesinos, Alfredo Prada, Carmen Rodríguez, Alexandre Sáez, Miguel Sánchez de Alcázar, Montserrat Surroca y Julio Villarrubia.
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