Las dos cosas nos van a perjudicar, pero ya que sabemos que no van a ir a por los que más tienen, sino a los trabajadores y clases medias, ¿que es mejor que suban los impuestos y no me refiero al alcohol o tabaco solo, o por el contrario seguir rebajando los gastos? Esta claro que los servicios y derechos que la sociedad tiene hay que pagarla o eliminarla, lo que supondria destruir el estado de bienestar.
gravar la renta financiera (que es el sector más improductivo de la economía de desarrollo, desalentando la inversión en los negocios financieros especulativos y alentando las inversiones de producción y servicios), elevar enormemente los impuestos a las ganancias de fortunas hechas sin trabajar (publicidades, marcas -negocio del fútbol- al juego y todo ese sector especulativo que mueve millonadas y las deja en paraísos fiscales... que Ronaldo, por ejemplo, gane 17 millones de euros en un año por jugar al fútbol, es una mamarrachada pero vaya y pase, que haya ganado 30 millones de euros sin hacer nada -por dejar su imagen y su nombre para publicidad- me parece que debería estar penado a 200 años de cárcel, por estafa sistémica, no sólo a él, sino a todos los integrantes del sector encargado de hacer ese tipo de negocios )... a su vez quitar el IVA y generar facilidades para las PYME's.... de ese modo se activa la economía, sube la producción, sube el consumo, sube el empleo y naturalmente el salario.
Subida de impuestos, sin lugar a dudas, y más porcentaje en la subida a quien más gana, entre otras cosas porque quien más gana se beneficia más de lo que el Estado gasta; por ejemplo al necesitar y hacer más uso de las infraestructuras. La Ford, ha condicionado prolongar su estancia en España, concretamente en Valencia, a la ejecución del llamado "corredor mediterráneo" ya que con el mismo sus fabricados llegarían al resto de Europa con menos gastos de transporte. Pero Juan, el frutero de Gandía, que sus ganancias no las verá aumentadas por el gasto que supone ese corredor, es lógico que pague menos proporcionalmente al fisco. Sin embargo, si el Estado recorta en Sanidad o Educación, aun pagando lo mismo o quizás más, Juan si puede verse perjudicado.
Lo que hay que eliminar son las prebendas y las subvenciones a las grandes fortunas y grandes Empresas como a la iglesia (o iglesias) también, pero incluyo a sindicatos, ong's de dudoso cometido y a toda la clase política. Hay gastos para las Empresas que no lo son tanto, por ejemplo cuando promocionan acontecimientos o eventos deportivos; lo que gastan como colaboración, lo restan de los impuestos a pagar, no de sus ganancias, por lo tanto va en contra de los ingresos para gastos necesarios para los más débiles, porque al final los gobiernos neoliberales siempre acuden a los recortes.
Pur escribió:gravar la renta financiera (que es el sector más improductivo de la economía de desarrollo, desalentando la inversión en los negocios financieros especulativos y alentando las inversiones de producción y servicios), elevar enormemente los impuestos a las ganancias de fortunas hechas sin trabajar (publicidades, marcas -negocio del fútbol- al juego y todo ese sector especulativo que mueve millonadas y las deja en paraísos fiscales... que Ronaldo, por ejemplo, gane 17 millones de euros en un año por jugar al fútbol, es una mamarrachada pero vaya y pase, que haya ganado 30 millones de euros sin hacer nada -por dejar su imagen y su nombre para publicidad- me parece que debería estar penado a 200 años de cárcel, por estafa sistémica, no sólo a él, sino a todos los integrantes del sector encargado de hacer ese tipo de negocios )... a su vez quitar el IVA y generar facilidades para las PYME's.... de ese modo se activa la economía, sube la producción, sube el consumo, sube el empleo y naturalmente el salario.
Si se lleva 30 millones de euros sin hacer nada es porque hay gente que los paga y eso no es culpa suya, además del trabajo y el empleo indirecto que genera su imagen incorporada a todos aquellos productos en los que se vende habiendo gente dispuesta a pagar por ello...
El gobierno del PP sobretodo subirá impuestos, hay que financiar las obras del AVE en el norte los soterramientos son caros. Eso y reducir el cupo a la mitad.
Una gran subida fiscal en España es necesaria porque tenemos que pagar los déficits públicos acumulados en las dos crisis que nos han azotado y, no menos importante, porque queremos un futuro mejor
En 1932, el cómico americano Will Rogers hizo un chiste cuyos efectos llegarían hasta hoy, aunque desprovistos hace ya mucho tiempo de gracia. Vino a decir más o menos que "el dinero ha sido apropiado por los de arriba con la esperanza de que se derrame sobre los que lo necesitan". Rogers se mofaba así de las políticas económicas del presidente Herbert Hoover, quien, por mantener las cuentas públicas equilibradas y los impuestos bajos a toda costa, había ahondado con sus recortes en el gasto por la Gran Depresión y sus desastrosas consecuencias sociales. Por desgracia para nuestro país, hay todavía quien dice creer en el chiste de Rogers. El consejero de Hacienda de Madrid lo ha dicho recientemente así: "Subir impuestos hace daño a quien menos tiene". La versión de su homólogo andaluz es más castiza: "Empobrecer a los ricos no enriquece a los pobres". Ambas declaraciones se enmarcan en el rechazo del Partido Popular a las subidas fiscales que planea el Gobierno. Es más, según el líder de la oposición, en cuanto llegue al poder va a proceder a una gran rebaja fiscal. La broma de Rogers se hizo teoría en 1974 cuando quedó esbozada en la servilleta de un restaurante. Su autor fue Arthur Laffer, un economista al servicio del presidente Gerald Ford. Le acompañaban en ese momento histórico dos colegas que también tuvieron una destacada carrera en otras administraciones republicanas: Dick Cheney y Donald Rumsfeld. La curva que Laffer dibujó en la servilleta demostraba, según él, lo que sus compañeros de mesa querían oír: que bajar los impuestos beneficiaría a todo el mundo, ya que la economía se expandiría y que, gracias al "efecto derrame" del cómico Rogers, se produciría tal aumento de los ingresos fiscales que estos cubrirían con creces el déficit inicial en las cuentas públicas. Con la bajada de impuestos todos ganaban, ricos y pobres. Por el contrario, explicó el profesor Laffer, a más impuestos, menos actividad económica, pues se desincentivaba a los emprendedores, y lógicamente bajaba la recaudación. La consecuencia sería un empobrecimiento general. Para cimentar sus argumentos, Laffer dijo luego inspirarse nada menos que en John Maynard Keynes. La teoría de la servilleta hubo de esperar para poder ser puesta en práctica a la presidencia de Ronald Reagan en 1981. El hombre designado para ello fue David Stockman, quien bajó el tipo impositivo máximo del 70% al 38,5%. La economía efectivamente se relanzó. Desde entonces se ha venido debatiendo cuál fue el papel de esos recortes fiscales masivos en los años dorados de la economía americana bajo Reagan; entre otras cosas, porque luego Bill Clinton subió los impuestos y la expansión económica fue aún mayor. En lo que hay menos debate es en que los recortes fiscales dispararon el déficit público y la deuda nacional a niveles no vistos desde la guerra mundial. Las consecuencias de esta política aún perduran, entre otras cosas porque la baja fiscal acarreó ajustes muy severos en la inversión pública y en las transferencias de renta a las capas más bajas de la sociedad. Años después Stockman reconoció que la curva de Laffer no funciona. Lo que no ha disuadido a muchos políticos de seguir abrazando sus principios. Hoy en España se nos dice desde la oposición que hay que bajar impuestos porque otros países europeos supuestamente lo están haciendo y hay que hacer competitivo al país. Aunque toda comparación entre países hay siempre que hacerla con cautela, por venir de quien viene el argumento requiere un mínimo nivel de verificación. Olvidémonos de la "manirrota" Italia y la "estatista" Francia y tomemos como ejemplo la situación fiscal de los países llamados "frugales" de la Unión Europea (Alemania, Austria, Holanda y Finlandia). La carga fiscal en relación al Producto Interior Bruto en todos estos países, actualmente gobernados por partidos de derechas, es en Alemania el 41,7%, en Austria un 43,1%, en Finlandia el 42,3% y en Holanda un 39,8%. Todos están muy por encima de la española (35,4%). Por desgracia, estas diferencias entre España y otros países europeos no son nuevas. Vienen del franquismo, que ya en su día practicó su versión indígena de la economía de la servilleta de Laffer, y que hizo a los españoles los verdaderos frugales, y algo más, de Europa. En 1965 el gasto público en nuestro país representaba el 15% del PIB, mientras que la media de la OCDE era del 31%. En 1970 había aumentado al 20% del PIB, mientras en Alemania era el 38,6%. Todo esto quiere decir algo muy simple: que, con respecto a Europa, España tiene un retraso fiscal acumulado de décadas. Esa riqueza no redistribuida y esa inversión que las distintas administraciones no han canalizado se manifiestan hoy en varios indicadores. El índice GINI marca la desigualdad social en los países. Cuanto más alto se esté en la tabla, existe una mayor desigualdad. En este índice España ocupa el puesto 88, mientras que Alemania está en el 131, Austria en el 135, Finlandia en el 149 y Holanda en el 141. Algo también debe tener que ver la economía de la servilleta con nuestras dificultades para hacer nuestro país más moderno y competitivo a través de la innovación, como muestra el escaso porcentaje del PIB dedicado a la investigación, que en España es el 1,25%, mientras que en Alemania y Austria es el 3,2%, en Finlandia el 2,8% y en Holanda el 2,16%. O que, en relación con la media europea, tengamos un déficit estimado de 120.000 enfermeros y 40.000 auxiliares de enfermería. Tener una sociedad cohesionada, innovadora y con buena salud cuesta mucho dinero. Pero las inversiones tienen que ser constantes en un proceso intergeneracional, y el gasto ha de ser gestionado con visión y honestidad. Si no se dan estas condiciones, los ciudadanos percibirán que se están malgastando sus impuestos y que no reciben los servicios que pagan, a diferencia de otros países. Es una crítica tan natural como universal. Pero cuando nuestros políticos, que deberían saberlo mejor, apelan a un supuesto despilfarro generalizado y dicen que basta acabar con este, no ya para que sobre el dinero, sino para poder bajar los impuestos, están haciendo un pésimo servicio al país. Esta retórica podrá permitir ganar elecciones, pero si se lleva a la práctica dejará secuelas negativas de larga duración. Como han dicho la Unión Europea y la OCDE, una gran subida fiscal en España y otros reformas de calado son necesarias porque tenemos que pagar los déficits públicos acumulados en las dos crisis que nos han azotado y, no menos importante, porque queremos un futuro mejor. No obstante, todavía hay mucho que discutir sobre qué impuestos deben aumentar, quién ha de pagarlos y cómo se fiscaliza el proceso. Con la reforma fiscal que se avecina nos jugamos dos cosas muy importantes. Una es aprovechar los fondos Nueva Generación europeos para transformar nuestra estructura productiva y hacerla menos dependiente de sectores como el turismo y la construcción, que tienen poco valor añadido, escasa innovación y son muy susceptibles a los vaivenes cíclicos. Otra es hacer una sociedad más justa en la que no se deje a nadie detrás. Si no lo hacemos, España no va a poder aprovechar bien su capital humano y el físico, y estará abocada a las miserias de la economía de la servilleta. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
En un acto de radicalidad antisistema sin precedentes, los ministros de finanzas del G7 han decidido tratar de dejar atrás la competencia fiscal entre Estados, que únicamente beneficia a un capital que ya no soporta restricciones a la movilidad, fijar un impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas y que, al menos, un 20% de su tributación se quede en los países donde generen un beneficio superior al 10%. Días antes, en otro acto revolucionario sin precedentes, la OCDE proclamaba la necesidad de recuperar los impuestos que gravan la riqueza, como herencia y donaciones, y exponía los efectos perversos de la competencia fiscal entre regiones por atraer a las grandes fortunas convirtiendo su hacienda en un paraíso fiscal. Igual que ahora se abrazan el gasto y las políticas expansivas, abandonado el dogma irracional en la austerocracia, que tanto daño y dolor inútiles y perfectamente evitables han causado durante la ultima década, se vuelve a respaldar la idea de que, sin una política redistributiva mínimamente justa y eficiente, el capitalismo no resulta sostenible; aunque solo sea por la sencilla razón de que da igual lo barato que produzcas si la gran mayoría no dispone de renta para comprar. Nada nuevo bajo el sol. Como ya explicó James O'Connor (The Fiscal Crisis of the State, St James, 1973), solo con políticas para facilitar la acumulación de capital, la eficiencia y la legitimidad del sistema acaban fallando. Se necesita equilibrar las políticas de producción que aseguren la demanda y el beneficio, con políticas de redistribución de gasto social que garanticen el orden. Sin impuestos, el capitalismo funciona mal. La función de apropiación no puede llevarse por delante la función de legitimación porque si así sucede, el sistema colapsa. Si no les gusta esta formulación neomarxista, disponemos de otras más liberales: Ronald H. Coase y su 'Teoría de coste social' (The problem of social cost, JLE, 1960) también explican con claridad por qué los gobiernos, la regulación y los impuestos operan como piezas necesarias en una economía capitalista en el mundo real precisamente para gestionar los costes de transacción de los mercados. Puede que algún día vivamos en un mundo ideal donde no resulten necesarios, pero no será mañana, tampoco pasado mañana. Por fortuna, mientras la demagogia y el populismo colonizan las grandes instituciones mundiales, convertidas al gasto público, la fiscalidad a los grandes capitales y corporaciones y la conveniencia de tasar la adquisición y la posesión de la riqueza, existe un país que aún resiste heroicamente fortificado en la vieja fe de la teoría del goteo: cuanto más ricos sean los que más tienen, más "goteará" la riqueza hacia abajo; ese país se llama España. Dumping y competencia fiscal entre autonomías, gravar la posesión de la riqueza es confiscarla, recortar bienes y servicios públicos tan pronto lo permita la pandemia y cualquier reforma fiscal que no añada más rebajas fiscales a las rentas más altas es pecado; sobre tales parámetros se sigue articulando nuestro debate fiscal del siglo pasado mientras el mundo se encamina lentamente hacia una nueva era de fiscalidad y progreso. No por casualidad España fue la única gran economía de occidente donde sus ricos, durante la Gran Recesión, no firmaron documento público alguno para reclamar a sus gobiernos que les suban los impuestos. Nuestros ricos sí que saben practicar el verdadero patriotismo, que no consiste en dar paguitas a vagos y maleantes. El enorme despliegue de gasto, deuda y déficit que asumimos para salir de la pandemia tendrá que pagarse algún día. En nuestro actual sistema fiscal, las comunidades menos ricas y las rentas medias y bajas asumen mayor esfuerzo fiscal, los más de 45.000 millones de recaudación que se descuentan en rebajas y exenciones benefician, sobre todo, a las rentas más altas, se ha renunciado a gravar la riqueza y las grandes corporaciones y capitales funcionan en un régimen de cuasiparaíso fiscal. Si no lo hablamos ahora que podemos, el esfuerzo lo acabarán pagando los de siempre.
Esperemos a ver la reacción de estas, las nuevas tasas e impuestos los pagaremos los usuarios; creo que más pronto que tarde acabaremos pagando por acceder a sus servicios..
La cosa es bien simple, si queremos servicios públicos en condiciones también tenemos que costearlos de alguna manera, para esto hay que pagar impuestos. El problema no es esto, sino una mala administración que no aplica correctamente quie tiene que pagar cuanto. No puede ser que el currito de al pie tendra que pagar un riñon y medio en impuestos directos e indirectos, mientras garandes fortunas van de rositas, son subvencionados (con nuestros impuestos) o incluso se les condona la deuda con hacienda (amnistía fiscal) Tampoco puede ser que el consumidor paga un impuesto de lujo (IVA) para servicios y bienes básicos y esenciales (luz, agua, libros de texto, etc..), añadiendo a un sueldo ya recortado, mientras los de siempre se apuntan ganancias históricas, que fiscalizan en Suiza, Andorra o Islas Caimán) Todas las grandes empresas y multinacionales que ofrecen sus servicios en España, también deberían pagar los correspondientes impuestos aquí, a sus ganancias que ingresan de los españoles La tasa Google es un comienzo, pero faltan muchos otros más.
Pues por ahí va la cosa, vayamos preparando nuestros bolsillos para financiar los nuevos impuestos de esas grandes empresas si queremos servicios decentes eso tiene un precio que como usuarios de sus servicios nos va a tocar costear a nosotros, ya se encargarán de decírnoslo..
Si en algo se distinguen hoy en día las sociedades y los Estados es en el tratamiento que dan a la cuestión fiscal, es decir a los impuestos. En ello radica, más que en cualquier otro aspecto, la diferencia real en la concepción que se tiene del papel del Estado y del grado de cohesión de la sociedad. Durante siglos y aún en la actualidad, en la mayor parte del ancho mundo, los países carecen de capacidad fiscal suficiente para construir Estados de bienestar, con la consecuencia de que la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo vivan sin servicios sociales básicos. Fue solamente a partir de la 2ª Guerra Mundial cuando, en una parte de Europa, se crearon Estados sociales y democráticos sustentados en sistemas fiscales potentes. Era la época en que una parte de la riqueza que se creaba anualmente -en torno al 40%- comenzó a ser atesorada por el Estado, vía impuestos, con el fin de proceder a una redistribución de la misma, lo que permitió la gratuidad de la sanidad, de la enseñanza, el cobro de las pensiones, etc. A esto se llamó “modelo social europeo”. Un modelo que, salvo algunas excepciones, no existe en ninguna otra región del mundo, ni en América, ni en Asia, África u Oceanía. Sin embargo, conviene saber que para alcanzar este nivel superior de civilización es necesario que una parte muy considerable de las rentas y de la riqueza que se genera en las naciones pase a manos públicas y, a esa ecuación, es a lo que llamamos “presión fiscal”, es decir la proporción del Producto Interior Bruto que se apropia el Estado vía impuestos u otros ingresos. Conviene no confundir la “presión fiscal” con la “presión arterial”, aquella fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias que cuando es muy alta -hipertensión- puede llegar a producir derrames cerebrales. En realidad, cuando la presión fiscal es alta y, en consecuencia, permite disfrutar de sistemas sanitarios robustos, la mayoría del personal sufridor está más protegido contra hipertensiones indeseadas. No obstante, da la impresión de que a la derecha le produce el efecto opuesto, pues al aumentar la presión fiscal se le dispara la presión arterial y se colocan al borde de la apoplejía. En verdad, en España no hay motivos para ponerse tan nerviosos. Sin embargo, nuestra derecha, pase lo que pase, con frío o con calor, con pandemia o sin ella, en la salud y la enfermedad, en la guerra y en la paz, en la bonanza y en la adversidad, siempre dice lo mismo, y a ello condiciona todo lo demás: hay que bajar los impuestos. Eso sí, aunque luego cuando gobierna los aumente sin complejos y cuando le toca estar en la oposición no explica en qué partidas o capítulos va a recortar los gastos o inversiones, igualmente sin complejos. Por lo visto, en eso consiste su “liberalismo,” quizá sin darse cuenta de que lo de pagar pocos impuestos y tener presiones fiscales muy bajas es lo típico de las dictaduras. Cuando el franquismo no se pasaba del 16% de presión fiscal, o con Pinochet y en la Rusia de Putin, en Guinea Ecuatorial, en Egipto, en Singapur, o en la mayoría de los países de democracias discutibles o iliberales que no pasan del 20%, en el mejor de los casos. En España tenemos una presión fiscal bastante inferior a los países avanzados de Europa. Según la OCDE, en 2021 estaríamos en un 36,4% del PIB, cuando Francia están en el 47% y la mayoría de los demás superan el 41%. Ahora bien, esta presión fiscal general no afecta por igual a todos los ciudadanos como comprobaremos a continuación. Tanto es así que en 2021 Eurostat señaló que “España es, actualmente, uno de los países de la Unión Europea donde la desigualdad de ingresos medida en el índice de Gino es más alta”, lo que indicaría que nuestra capacidad redistributiva es francamente mejorable. Empecemos por los dos tributos “reyes” del sistema, el IRPF y el IVA; entre los dos suman el 65% de todo lo que se recauda. El IRPF 100.132 millones de euros y el IVA 75.651 millones. Hagamos una pregunta inocente: ¿Y quién paga sobre todo el IRPF? Pues bien, de 21.028.886 declarantes de este tributo, 19.244.629 son rentas del trabajo, es decir, más del 90% de los que contribuimos. Para más escarnio, el rendimiento medio de estos paganos es de 23.115 euros, el doble que el de las actividades económicas, que es de 12.508 euros. El grueso de los que pagan son los comprendidos entre 20.000 y 60.000 euros brutos al año (datos del Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal). Hay que reconocer que este es un país mágico, en el que por lo visto los trabajadores ganan bastante más que los que se dedican a las actividades económicas y, sin embargo, existe una obsesión por ser “emprendedores” o “autónomos” o lo que sea. La conclusión no puede ser más evidente. El impuesto “rey” de nuestro sistema tributario lo pagamos los trabajadores/pensionistas de todas clases. Eso sí, el art.31.1 de la C.E señala solemnemente que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y proporcionalidad, etc”. Imagino que eso de su “capacidad económica” es una metáfora cómica y en cuanto a la proporcionalidad es muy cierta en el IRPF, siempre y cuando se acepte que la referida proporcionalidad se verifica, sobre todo, entre los propios trabajadores, pues como es sabido las rentas del trabajo cotizan más alto que las del capital. No hay más que ver la presión fiscal sobre los beneficios de la banca, que no ha sobrepasado el 10%. No es de extrañar, pues, que el Impuesto de Sociedades aporte a las arcas públicas la cuarta parte que el IRPF. Y, desde luego, el reparto de la Renta Nacional entre trabajo y capital no es el 75% por el 25%. El otro gran impuesto es el IVA. Un tributo de finalidad recaudatoria y que, como todos los que afectan al consumo de las personas, es francamente regresivo, pues lo paga en principio por igual un pobre que un rico. Digo en principio porque en realidad paga más, proporcionalmente, aquel que tiene una mayor propensión al consumo, es decir, las personas que al ganar poco se lo gastan todo, pues su capacidad de ahorro es cero. Además, es un impuesto curioso y “traicionero”, como si se tratase de una droga. A la mayoría del personal le encanta consumir, ya sea por necesidad o por placer, y, este tributo, es indoloro, inodoro e insípido, más bien placentero como sucede en el acto de adquirir un objeto deseado o disfrutar de un servicio. Tanto es así, que cuando se piensa en la carga fiscal de cada uno, la mayoría solo tiene en mente lo que va a pagar de IRPF el mes de junio. Sin embargo, si en vez de tener en cuenta la presión fiscal general fuéramos conscientes de la presión fiscal individual o personal, nos daríamos cuenta de los efectos del IVA sobre las rentas más modestas. Imaginemos una persona trabajadora que ganase entre 20.200 y 35.200 euros al año y pagase por IRPF un 30%. El salario medio en España, en el 2021, fue de 26.832 euros al año, o 2.236 al mes. Lo más probable es que dicho contribuyente consuma todo lo que gana, pues resulta complicado ahorrar ingresando entre 1.683 y 2.236 euros brutos al mes. Si todo lo que consume fuese al tipo del 21% de IVA, tendría una presión fiscal personal del 51%, superior a la de muchos millonarios. Ahora bien, como el IVA tiene tres tipos diferentes, el normal -21%-, el reducido -10%- y el superreducido -4%-, tendríamos que hacer una simulación con el fin de obtener un tipo medio. El Libro Blanco de la Reforma Fiscal nos viene a decir que en las rentas bajas el 46% del gasto lo hace al 21%, alrededor del 30% al 10% y el resto al 4%. La media estaría situada alrededor del 14 % de IVA, que sumado al IRPF nos daría un 44%, cifra menor que la anterior pero igualmente altísima en comparación a lo que pagan los ricos, y estratosférica en proporción a su salario. Por eso ese mismo Libro Blanco de la Reforma Fiscal nos informa de que mientras el tipo medio efectivo de IVA sobre la renta bruta de los hogares de los menos pudientes está en el 14,9%, en los más ricos se sitúa en el 3,9%. Lo que demuestra que el carácter regresivo del IVA es verdaderamente notable. Lo que podría atenuar la naturaleza dañina del IVA sería, de un lado, suprimir el tipo superreducido para una “cesta” de bienes de primera necesidad que consumen las familias menos pudientes. Y de otro lado, acabar con las actuales exenciones injustificadas, como pueden ser las transacciones financieras, si tenemos en cuenta que, como reconoce el Libro Blanco, el 55% de los beneficios fiscales de este impuesto lo aprovecha el 44% más rico. La última ocurrencia del PP en el sentido de bajar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, con el fin de hacer frente a la inflación, no tiene ni pies ni cabeza. De entrada, si no se dice qué gastos o inversiones se van a eliminar, la propuesta es pura demagogia, y si el objetivo es hacer frente a la inflación el efecto es el señalado por los organismos internacionales, es decir, echar gasolina al incendio al aumentar la demanda agregada. Yo le haría al PP una contrapropuesta: reducir los impuestos en 10.000 millones a las rentas más bajas, de clases medias y trabajadoras, y subir la misma cantidad a las rentas y la riqueza de los más adinerados u opulentos. Algo parecido a lo que pretende Biden en EEUU. Por último, nuestro querido país no sale bien parado en cuanto al fraude y elusión fiscales. Los únicos que seguro que no defraudan a la Hacienda son los que viven de un salario o una pensión, pues el impuesto se lo detraen “de la fuente”, nómina, etc. Por eso es tan importante la lucha contra el fraude fiscal, pues dicho fraude es un ataque frontal a la igualdad y la proporcionalidad, en realidad a la propia democracia. Sin embargo, una vez más faltan suficientes medios para librar esta batalla. Por ejemplo, según datos de la OCDE, el número de funcionarios de la Administración Tributaria por cada millón de habitantes da el siguiente resultado: España, 400 x 1 millón; Italia, 600; Portugal, cerca de 1.000; Alemania, 1.300; Dinamarca, 1.400. De ahí que sea tan imprescindible, algún día, abordar de verdad la reforma de nuestro sistema fiscal.
Los impuestos son necesarios en un sistema social. La cuestiónes deberían ser ¿a quienes se rebajan los impuestos y cuales? y ¿a quienes se aplican recortes?
El 70% de españoles apoya un nuevo impuesto a las grandes fortunas que avala también la mayoría de votantes del PP
Más de la mitad de los ciudadanos respaldan los tributos a las grandes energéticas y a la banca creados por el Gobierno aunque el rechazo a ambas medidas es amplio entre los votantes populares y de Vox
marapez escribió:El 70% de españoles apoya un nuevo impuesto a las grandes fortunas que avala también la mayoría de votantes del PP
Más de la mitad de los ciudadanos respaldan los tributos a las grandes energéticas y a la banca creados por el Gobierno aunque el rechazo a ambas medidas es amplio entre los votantes populares y de Vox
Se acercan momentos de incertidumbre económica derivados del shock vivido durante los últimos meses en los precios de los combustibles fósiles, petróleo y gas natural. Para hacer frente a las necesidades sociales que se derivarán de ello, el Gobierno ha aprobado un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que logran ciertos sectores en nuestro país. Durante los últimos años, en primer lugar las compañías eléctricas, y también los bancos, han disfrutado de un elevadísimo volumen de beneficios, unos “superbeneficios” muy superiores a los que obtienen el resto de empresas que operan en otros sectores de la economía española. Esa no es una situación sana en términos económicos, cuando las empresas de un sector son capaces de extraer “superbeneficios”, lo que está indicando es que detentan un fuerte poder de mercado que les permite imponer los precios de sus productos y servicios a los ciudadanos en general o a otras empresas.
Los datos del año 2020 (último año disponible de la Contabilidad Nacional anual por sectores) muestran que los beneficios del conjunto de las empresas españolas ese año fueron superiores en 21.432 millones de euros a los obtenidos en el año 2013, apenas un 2,2% más debido indudablemente a la crisis ocasionada en 2020 por el COVID-19. Pero esto no sucedió en todos los sectores de la actividad económica, los beneficios de los bancos en 2020 fueron un 116% superiores a los de 2013, esto es, se incrementaron en 12.483 millones de euros. Solo en 2020, en plena pandemia, los bancos incrementaron sus beneficios sobre el año anterior en casi 3.000 millones. Si en el periodo 2013-2020 los beneficios de los bancos hubieran crecido al mismo ritmo que el resto de sectores, tan solo lo habrían hecho en 237 millones. Es decir, que los bancos han obtenido en el periodo de recuperación de la economía española unos “superbeneficios” de más de 12.000 millones de euros. Las razones que están detrás de esa impresionante capacidad de la banca española de recuperar los márgenes empresariales, después de la crisis financiero-inmobiliaria generada en 2008 por la actitud irresponsable de una gran parte de las entidades del sector, son: 1) La forma en la que el Partido Popular afrontó el proceso de reestructuración bancaria, no hay que olvidar que el rescate bancario costó cerca de 100.000 millones de los cuales los bancos no han devuelto nada. 2) Las posteriores medidas tomadas por sucesivos gobiernos, que han incrementado enormemente el grado de concentración del oligopolio bancario. Según el Banco Central Europeo cinco entidades bancarias españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Unicaja) concentran el 69,3% de los activos del sector, mientras que en Alemania los cinco mayores bancos solo representan el 31% de los activos. El poder de mercado que detentan las grandes entidades financieras sobre el conjunto de la actividad económica les permite imponer precios (tipos de interés y/o comisiones) sobre ciudadanos y empresas. Este poder de mercado viene derivado de una estructural falta de competencia en este sector debido a las barreras de entrada que existen. Hay que recordar que la creación de un banco, o la instalación en nuestro país de sucursales de un banco extranjero, exige la preceptiva autorización del Banco de España, un proceso muy complejo que tiene como objetivo asegurarse de la solvencia de las entidades financieras que operan, de esta forma se garantiza que haya un alto grado de estabilidad financiera. En el pasado las continuas quiebras bancarias fueron la causa de crisis económicas periódicas. Por tanto, no parece que una aportación extraordinaria de la banca al presupuesto público de 1.500 millones anuales durante dos años, 2022 y 2023, sea una cantidad exagerada viendo los “superbeneficios” que han obtenido en el pasado reciente, más de 12.000 millones de euros. En relación con las empresas eléctricas, el poder de mercado que ejercen es mucho mayor, debido a la completa privatización del sector y a la actual regulación del mercado que fija los precios de la electricidad, ambos “hitos” realizados bajo gobiernos del PP. Como consecuencia de ello, los márgenes de beneficio de las empresas eléctricas en España son mucho mayores que en el resto de actividades económicas en nuestro país. Durante la última década las empresas eléctricas se han llevado, en beneficios empresariales, un 87% del total de la riqueza (valor añadido) generada por el sector, mientras que el porcentaje de beneficios empresariales sobre la riqueza generada en el resto de sectores de la economía española es de un 47,5%. Es decir, las empresas eléctricas han obtenido un “superbeneficio” de más de 40 puntos de diferencia sobre el resto de las actividades económicas, esto es, 90.000 millones de euros en una década, unos 9.000 millones anuales.
Viendo esas cifras tampoco parece que sea una cantidad exagerada una aportación extraordinaria de las grandes empresas eléctricas al presupuesto público de 4.000 millones durante dos años. Es más, dada la estructural falta de competencia real en el sector de generación de energía eléctrica no se entiende que esta medida esté tasada para un periodo temporal tan breve, cuando es evidente que la situación profundamente oligopolística del sector, y consiguientemente la extracción de “superbeneficios”, ha sido una constante desde hace décadas. Esta situación ha sido favorecida por una tradicional colusión de intereses entre algunos políticos y las oligarquías energéticas. Desde el tardo-franquismo hasta la actualidad ha sido notable la presencia de ex altos cargos de diversos gobiernos en los consejos de administración de las principales empresas energéticas de España.
Pur escribió:gravar la renta financiera (que es el sector más improductivo de la economía de desarrollo, desalentando la inversión en los negocios financieros especulativos y alentando las inversiones de producción y servicios), elevar enormemente los impuestos a las ganancias de fortunas hechas sin trabajar (publicidades, marcas -negocio del fútbol- al juego y todo ese sector especulativo que mueve millonadas y las deja en paraísos fiscales... que Ronaldo, por ejemplo, gane 17 millones de euros en un año por jugar al fútbol, es una mamarrachada pero vaya y pase, que haya ganado 30 millones de euros sin hacer nada -por dejar su imagen y su nombre para publicidad- me parece que debería estar penado a 200 años de cárcel, por estafa sistémica, no sólo a él, sino a todos los integrantes del sector encargado de hacer ese tipo de negocios )... a su vez quitar el IVA y generar facilidades para las PYME's.... de ese modo se activa la economía, sube la producción, sube el consumo, sube el empleo y naturalmente el salario.
Yo creo que no hay nada mas improductivo y gravoso que el empleo publico y con Sánchez no para de crecer.
Pur escribió:gravar la renta financiera (que es el sector más improductivo de la economía de desarrollo, desalentando la inversión en los negocios financieros especulativos y alentando las inversiones de producción y servicios), elevar enormemente los impuestos a las ganancias de fortunas hechas sin trabajar (publicidades, marcas -negocio del fútbol- al juego y todo ese sector especulativo que mueve millonadas y las deja en paraísos fiscales... que Ronaldo, por ejemplo, gane 17 millones de euros en un año por jugar al fútbol, es una mamarrachada pero vaya y pase, que haya ganado 30 millones de euros sin hacer nada -por dejar su imagen y su nombre para publicidad- me parece que debería estar penado a 200 años de cárcel, por estafa sistémica, no sólo a él, sino a todos los integrantes del sector encargado de hacer ese tipo de negocios )... a su vez quitar el IVA y generar facilidades para las PYME's.... de ese modo se activa la economía, sube la producción, sube el consumo, sube el empleo y naturalmente el salario.
Yo creo que no hay nada mas improductivo y gravoso que el empleo publico y con Sánchez no para de crecer.
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)... a su vez quitar el IVA y generar facilidades para las PYME's.... de ese modo se activa la economía, sube la producción, sube el consumo, sube el empleo y naturalmente el salario.
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