Nolocreo escribió:

CortoCortito escribió:

Nolocreo escribió:Diego Torres, Pujol, Barcenas, Rato etc etc

Repito  que parece que  te  cuesta ¿ Puedes citar uno solo de los  que se acogieron a la amnistía fiscal  que esté  siendo investigado o vaya a ser investigado por acogerse a ella?

Diego Torres...

Nolocreo escribió:Si alguna nota de prensa habrá, algún auto judicial y puede también que alguna orden firmada por el juez..

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Agosto de 2012
El duque de Palma y su socio están imputados por malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la Administración. La investigación abierta hace un año ordenó tres comisiones rogatorias en Luxemburgo, Suiza y Andorra para determinar si Urdangarín y Torres habían defraudado al fisco desviando dinero al exterior y sin pagar los correspondientes impuestos. Ahora, la comisión rogatoria de Andorra ha dado como resultado un supuesto delito fiscal de Nóos al evadir 400.000 euros a una cuenta en Andorra descubierta por la investigación judicial internacional impulsada pro el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach.
Antes de que el juez ordenara el bloqueo de la cuenta andorrana esta ya había sido vaciada del dinero, pero en el plano penal se considera determinante la constancia de los ingresos.

Diego Torres socio de Urdangarín se adhirió en su momento a la Amnistía Fiscal y siendo investigado en consecuencia..

Nolocreo escribió:

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Enero de 2012 Ana Maria Tejeiro mujer de Diego Torres también dentro de la Amnistía Fiscal siendo investigada por supuesto fraude..

CortoCortito escribió:

Nolocreo escribió:

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Enero de 2012 Ana Maria Tejeiro mujer de Diego Torres también dentro de la Amnistía Fiscal siendo investigada por supuesto fraude..

Repito ¿ Puedes citar uno solo de los que se acogieron a la amnistía fiscal que esté siendo investigado o vaya a ser investigado por acogerse a ella?

Nolocreo escribió:

CortoCortito escribió:

Nolocreo escribió:

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Enero de 2012 Ana Maria Tejeiro mujer de Diego Torres también dentro de la Amnistía Fiscal siendo investigada por supuesto fraude..

Repito ¿ Puedes citar uno solo de los que se acogieron a la amnistía fiscal que esté siendo investigado o vaya a ser investigado por acogerse a ella?

Ya se han citado a varios de los mas conocidos, todos ellos imputados, investigados y acogidos a la Amnistía Fiscal, hay cerca de otros 30.000 en la misma o parecida situación y que pueden ser o serán investigados ellos o las personas de su entorno laboral o social y aquí no hay amnistía que valga todos van a caer, Hacienda ya sabe quienes son y ahora da igual que tumben esa amnistía o lo que quieran hacer..

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junio 2017,

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A la regularización fiscal se acogieron personas investigadas por presuntos delitos de corrupción como son varios miembros de la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el caso Púnica-, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

 En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.

La lentitud del Tribunal Constitucional en resolver el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal de 2012 ha impedido a la Agencia Tributaria recaudar, como mínimo, 5.300 millones de euros procedentes de fraudes fiscales.
El BOE publicó las reglas de la amnistía el 31 de marzo de 2012, el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso las recurrió ante el Constitucional el 25 de junio de ese año y el tribunal se pronunció sobre ella ayer. La sentencia declara que esa norma “supone la abdicación del Estado” al alterar “de forma relevante o sustancial” el “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, aunque da por buenas las regularizaciones que realizaron 31.000 defraudadores, empresarios, aristócratas y políticos, básicamente, porque se acogieron “de buena fe” a una norma publicada por el Estado.
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La tardanza del TC en pronunciarse ha hecho que, paulatinamente, hayan ido prescribiendo infracciones tributarias: la posibilidad de perseguir en vía administrativa los fraudes de 2008 se esfumó el 30 de junio de 2013 y la de hacerlo por la criminal en la misma fecha de 2014, mientras que la vía penal para los ejercicios de 2010 (el último amparado por la amnistía) quedó cerrada el año pasado.
En números redondos, los 31.500 defraudadores que se acogieron a la amnistía hasta octubre de 2012 iban a pagando un 10% del valor del patrimonio aflorado. Sin embargo, al final se permitió a los beneficiarios de la amnistía fiscal tributar el 10% de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados por la amnistía (2008, 2009 y 2010). Por esta razón, se calcula que los amnistiados acabaron pagando una media del 3% de la cantidad regularizada.
De este modo, en la práctica lo recaudado no llegó a la mitad —1.200 millones cuando se preveían 2.500 millones—. Además, de los patrimonios ocultos por valor de 40.000 millones de euros que afloraron, 28.000 no eran perseguibles por haber sido amasados antes de 2007. Los otros 12.000 habrían generado, según los cálculos de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, unos ingresos de entre 5.300 y 8.000 millones de euros para el fisco. 

“La tardanza agravó las consecuencias”

“Una sentencia rápida habría hecho que los posibles fraudes en los impuestos de la Renta, Sociedades y Patrimonio en el extranjero, que eran los afectados por la medida, hubiera podido ser perseguidos antes de que prescibieran”, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, para quien “la tardanza agravó las consecuencias de la norma”.
En esos casos, habría sido posible exigir el pago de las cuotas eludidas descontando el 10% y añadiendo los intereses de demora. La amnistía no afectó a quienes no se acogieron inicialmente a ella (no era posible hacerlo retroactivamente en caso de inspección) ni a las declaraciones de otros impuestos, como el IVA o el Patrimonio, de quienes sí lo hicieron, que sí podían ser revisadas.
“Lo que se amnistió no fue el fraude sino la materialización de ese fraude en bienes”, ya que la Inspección sí podía investigar el origen del dinero, anota Mollinedo, cuya organización se mostró crítica desde el principio con la instrucción de la Dirección General de Tributos que vetaba la posibilidad de revisar las declaraciones de los defraudadores pese a que no se trataba de autoliquidaciones.

Un 3% del fraude de esos años

¿Qué volumen del fraude tributario que sufre España se vio beneficiado con la amnistía? Una pequeña parte: no más del 2% o el 3%, según las estimaciones de Gestha. La cifra sale de aplicar los 12.000 euros vinculados al periodo 2008-2010, ya que los otros 28.000 eran anteriores, a los alrededor de 240.000 que la economía sumergida movía por ejercicio en esa época.
La tasa de impunidad del fraude fiscal supera en España el 80%, ya que la Agencia Tributaria no es capaz de detectar más del 19%, según Gestha.
El fin de la amnistía conllevó, por otro lado, un endurecimiento de la legislación sobre los patrimonios en el extranjero: desde noviembre de 2012 es obligatorio declararlos a la Agencia Tributaria mediante el llamado Modelo 720 y su propiedad pasa a ser imprescriptible a efectos fiscales. De hecho, su valor pasa a considerarse como una renta del último ejercicio.

¿Más rebajas para defraudadores?

La sentencia del Constitucional, por otro lado, abre nuevas vías de conflicto judicial.
Por una parte, según expertos en derecho Tributario consultados por Público, queda por determinar si las declaraciones de los defraudadores interrumpen, o no, los plazos de prescripción de las infracciones y delitos vinculados al origen de dinero que les permitió amasar los patrimonios amnistiados. “Hay que verlo caso por caso, ya que la Agencia Tributaria tiene la primera noticia sobre las irregularidades por el propio afectado”, señalan las fuentes consultadas.
La exposición de motivos del decreto que reguló la amnistía, ahora anulado, apelaba a “la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación”.
La segunda opción estrangularía buena parte de las investigaciones judiciales sobre la familia Pujol o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, entre otros.
Por otra parte, fuentes de la Agencia Tributaria apuntaron que el hecho de que la sentencia considere que la amnistía vulneró el principio de justicia pero, al mismo tiempo, avale las regularizaciones invocando el de seguridad jurídica abre la puerta a que reclamen reducir sus cuotas al 10% quienes pagaron tipos superiores, de hasta el 55%, tras realizar declaraciones complementarias.
“La amnistía vulneró el principio de igualdad –señalaron-, ya que los defraudadores tributaron con cuotas más reducidas que quienes presentaron en forma y fecha sus declaraciones, y también el que obliga a tributar en función de la capacidad económica, ya que aplicó un tipo único, sin factores de progresividad”.

CortoCortito escribió:Tal vez a alguien le interese esto:

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La lentitud del Tribunal Constitucional en resolver el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal de 2012 ha impedido a la Agencia Tributaria recaudar, como mínimo, 5.300 millones de euros procedentes de fraudes fiscales.
El BOE publicó las reglas de la amnistía el 31 de marzo de 2012, el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso las recurrió ante el Constitucional el 25 de junio de ese año y el tribunal se pronunció sobre ella ayer. La sentencia declara que esa norma “supone la abdicación del Estado” al alterar “de forma relevante o sustancial” el “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, aunque da por buenas las regularizaciones que realizaron 31.000 defraudadores, empresarios, aristócratas y políticos, básicamente, porque se acogieron “de buena fe” a una norma publicada por el Estado.
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La tardanza del TC en pronunciarse ha hecho que, paulatinamente, hayan ido prescribiendo infracciones tributarias: la posibilidad de perseguir en vía administrativa los fraudes de 2008 se esfumó el 30 de junio de 2013 y la de hacerlo por la criminal en la misma fecha de 2014, mientras que la vía penal para los ejercicios de 2010 (el último amparado por la amnistía) quedó cerrada el año pasado.
En números redondos, los 31.500 defraudadores que se acogieron a la amnistía hasta octubre de 2012 iban a pagando un 10% del valor del patrimonio aflorado. Sin embargo, al final se permitió a los beneficiarios de la amnistía fiscal tributar el 10% de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados por la amnistía (2008, 2009 y 2010). Por esta razón, se calcula que los amnistiados acabaron pagando una media del 3% de la cantidad regularizada.
De este modo, en la práctica lo recaudado no llegó a la mitad —1.200 millones cuando se preveían 2.500 millones—. Además, de los patrimonios ocultos por valor de 40.000 millones de euros que afloraron, 28.000 no eran perseguibles por haber sido amasados antes de 2007. Los otros 12.000 habrían generado, según los cálculos de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, unos ingresos de entre 5.300 y 8.000 millones de euros para el fisco. 

“La tardanza agravó las consecuencias”

“Una sentencia rápida habría hecho que los posibles fraudes en los impuestos de la Renta, Sociedades y Patrimonio en el extranjero, que eran los afectados por la medida, hubiera podido ser perseguidos antes de que prescibieran”, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, para quien “la tardanza agravó las consecuencias de la norma”.
En esos casos, habría sido posible exigir el pago de las cuotas eludidas descontando el 10% y añadiendo los intereses de demora. La amnistía no afectó a quienes no se acogieron inicialmente a ella (no era posible hacerlo retroactivamente en caso de inspección) ni a las declaraciones de otros impuestos, como el IVA o el Patrimonio, de quienes sí lo hicieron, que sí podían ser revisadas.
“Lo que se amnistió no fue el fraude sino la materialización de ese fraude en bienes”, ya que la Inspección sí podía investigar el origen del dinero, anota Mollinedo, cuya organización se mostró crítica desde el principio con la instrucción de la Dirección General de Tributos que vetaba la posibilidad de revisar las declaraciones de los defraudadores pese a que no se trataba de autoliquidaciones.

Un 3% del fraude de esos años

¿Qué volumen del fraude tributario que sufre España se vio beneficiado con la amnistía? Una pequeña parte: no más del 2% o el 3%, según las estimaciones de Gestha. La cifra sale de aplicar los 12.000 euros vinculados al periodo 2008-2010, ya que los otros 28.000 eran anteriores, a los alrededor de 240.000 que la economía sumergida movía por ejercicio en esa época.
La tasa de impunidad del fraude fiscal supera en España el 80%, ya que la Agencia Tributaria no es capaz de detectar más del 19%, según Gestha.
El fin de la amnistía conllevó, por otro lado, un endurecimiento de la legislación sobre los patrimonios en el extranjero: desde noviembre de 2012 es obligatorio declararlos a la Agencia Tributaria mediante el llamado Modelo 720 y su propiedad pasa a ser imprescriptible a efectos fiscales. De hecho, su valor pasa a considerarse como una renta del último ejercicio.

¿Más rebajas para defraudadores?

La sentencia del Constitucional, por otro lado, abre nuevas vías de conflicto judicial.
Por una parte, según expertos en derecho Tributario consultados por Público, queda por determinar si las declaraciones de los defraudadores interrumpen, o no, los plazos de prescripción de las infracciones y delitos vinculados al origen de dinero que les permitió amasar los patrimonios amnistiados. “Hay que verlo caso por caso, ya que la Agencia Tributaria tiene la primera noticia sobre las irregularidades por el propio afectado”, señalan las fuentes consultadas.
La exposición de motivos del decreto que reguló la amnistía, ahora anulado, apelaba a “la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación”.
La segunda opción estrangularía buena parte de las investigaciones judiciales sobre la familia Pujol o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, entre otros.
Por otra parte, fuentes de la Agencia Tributaria apuntaron que el hecho de que la sentencia considere que la amnistía vulneró el principio de justicia pero, al mismo tiempo, avale las regularizaciones invocando el de seguridad jurídica abre la puerta a que reclamen reducir sus cuotas al 10% quienes pagaron tipos superiores, de hasta el 55%, tras realizar declaraciones complementarias.
“La amnistía vulneró el principio de igualdad –señalaron-, ya que los defraudadores tributaron con cuotas más reducidas que quienes presentaron en forma y fecha sus declaraciones, y también el que obliga a tributar en función de la capacidad económica, ya que aplicó un tipo único, sin factores de progresividad”.

Que oye todavía habrá quien se piense que la amnistía era una trampa.

Nolocreo escribió:

CortoCortito escribió:Tal vez a alguien le interese esto:

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La lentitud del Tribunal Constitucional en resolver el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal de 2012 ha impedido a la Agencia Tributaria recaudar, como mínimo, 5.300 millones de euros procedentes de fraudes fiscales.
El BOE publicó las reglas de la amnistía el 31 de marzo de 2012, el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso las recurrió ante el Constitucional el 25 de junio de ese año y el tribunal se pronunció sobre ella ayer. La sentencia declara que esa norma “supone la abdicación del Estado” al alterar “de forma relevante o sustancial” el “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, aunque da por buenas las regularizaciones que realizaron 31.000 defraudadores, empresarios, aristócratas y políticos, básicamente, porque se acogieron “de buena fe” a una norma publicada por el Estado.
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La tardanza del TC en pronunciarse ha hecho que, paulatinamente, hayan ido prescribiendo infracciones tributarias: la posibilidad de perseguir en vía administrativa los fraudes de 2008 se esfumó el 30 de junio de 2013 y la de hacerlo por la criminal en la misma fecha de 2014, mientras que la vía penal para los ejercicios de 2010 (el último amparado por la amnistía) quedó cerrada el año pasado.
En números redondos, los 31.500 defraudadores que se acogieron a la amnistía hasta octubre de 2012 iban a pagando un 10% del valor del patrimonio aflorado. Sin embargo, al final se permitió a los beneficiarios de la amnistía fiscal tributar el 10% de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados por la amnistía (2008, 2009 y 2010). Por esta razón, se calcula que los amnistiados acabaron pagando una media del 3% de la cantidad regularizada.
De este modo, en la práctica lo recaudado no llegó a la mitad —1.200 millones cuando se preveían 2.500 millones—. Además, de los patrimonios ocultos por valor de 40.000 millones de euros que afloraron, 28.000 no eran perseguibles por haber sido amasados antes de 2007. Los otros 12.000 habrían generado, según los cálculos de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, unos ingresos de entre 5.300 y 8.000 millones de euros para el fisco. 

“La tardanza agravó las consecuencias”

“Una sentencia rápida habría hecho que los posibles fraudes en los impuestos de la Renta, Sociedades y Patrimonio en el extranjero, que eran los afectados por la medida, hubiera podido ser perseguidos antes de que prescibieran”, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, para quien “la tardanza agravó las consecuencias de la norma”.
En esos casos, habría sido posible exigir el pago de las cuotas eludidas descontando el 10% y añadiendo los intereses de demora. La amnistía no afectó a quienes no se acogieron inicialmente a ella (no era posible hacerlo retroactivamente en caso de inspección) ni a las declaraciones de otros impuestos, como el IVA o el Patrimonio, de quienes sí lo hicieron, que sí podían ser revisadas.
“Lo que se amnistió no fue el fraude sino la materialización de ese fraude en bienes”, ya que la Inspección sí podía investigar el origen del dinero, anota Mollinedo, cuya organización se mostró crítica desde el principio con la instrucción de la Dirección General de Tributos que vetaba la posibilidad de revisar las declaraciones de los defraudadores pese a que no se trataba de autoliquidaciones.

Un 3% del fraude de esos años

¿Qué volumen del fraude tributario que sufre España se vio beneficiado con la amnistía? Una pequeña parte: no más del 2% o el 3%, según las estimaciones de Gestha. La cifra sale de aplicar los 12.000 euros vinculados al periodo 2008-2010, ya que los otros 28.000 eran anteriores, a los alrededor de 240.000 que la economía sumergida movía por ejercicio en esa época.
La tasa de impunidad del fraude fiscal supera en España el 80%, ya que la Agencia Tributaria no es capaz de detectar más del 19%, según Gestha.
El fin de la amnistía conllevó, por otro lado, un endurecimiento de la legislación sobre los patrimonios en el extranjero: desde noviembre de 2012 es obligatorio declararlos a la Agencia Tributaria mediante el llamado Modelo 720 y su propiedad pasa a ser imprescriptible a efectos fiscales. De hecho, su valor pasa a considerarse como una renta del último ejercicio.

¿Más rebajas para defraudadores?

La sentencia del Constitucional, por otro lado, abre nuevas vías de conflicto judicial.
Por una parte, según expertos en derecho Tributario consultados por Público, queda por determinar si las declaraciones de los defraudadores interrumpen, o no, los plazos de prescripción de las infracciones y delitos vinculados al origen de dinero que les permitió amasar los patrimonios amnistiados. “Hay que verlo caso por caso, ya que la Agencia Tributaria tiene la primera noticia sobre las irregularidades por el propio afectado”, señalan las fuentes consultadas.
La exposición de motivos del decreto que reguló la amnistía, ahora anulado, apelaba a “la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación”.
La segunda opción estrangularía buena parte de las investigaciones judiciales sobre la familia Pujol o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, entre otros.
Por otra parte, fuentes de la Agencia Tributaria apuntaron que el hecho de que la sentencia considere que la amnistía vulneró el principio de justicia pero, al mismo tiempo, avale las regularizaciones invocando el de seguridad jurídica abre la puerta a que reclamen reducir sus cuotas al 10% quienes pagaron tipos superiores, de hasta el 55%, tras realizar declaraciones complementarias.
“La amnistía vulneró el principio de igualdad –señalaron-, ya que los defraudadores tributaron con cuotas más reducidas que quienes presentaron en forma y fecha sus declaraciones, y también el que obliga a tributar en función de la capacidad económica, ya que aplicó un tipo único, sin factores de progresividad”.

Que oye todavía habrá quien se piense que la amnistía era una trampa.

 Yo si pienso que fue una trampa, máxime ahora ya sabiendo Hacienda quienes son y con esa ley tumbada no hay nada que le impida ir a por ellos, pronto lo veremos así

En último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, deben declararse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional  primera del Real Decreto-ley 12/2012 las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo por exigencia del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 C.E (por todas, STC 189/2005, FJ 9)

Nolocreo escribió:Si ya dio igual en su momento poner una ley amnistiando a todos los defraudadores también va a dar igual ahora o cuando llegue el momento lo que diga sentencia alguna, aquí estamos en España y este es un país donde el más tonto es ingeniero

Nolocreo escribió:

CortoCortito escribió:

Nolocreo escribió:Diego Torres, Pujol, Barcenas, Rato etc etc

Repito  que parece que  te  cuesta ¿ Puedes citar uno solo de los  que se acogieron a la amnistía fiscal  que esté  siendo investigado o vaya a ser investigado por acogerse a ella?

Diego Torres...

Nolocreo escribió:Ya he citado a uno solo, ¿o pretendes citar a 30.000 de uno en uno?  

Nolocreo escribió:

CortoCortito escribió:

Nolocreo escribió:Diego Torres, Pujol, Barcenas, Rato etc etc

Repito  que parece que  te  cuesta ¿ Puedes citar uno solo de los  que se acogieron a la amnistía fiscal  que esté  siendo investigado o vaya a ser investigado por acogerse a ella?

Diego Torres...

Nolocreo escribió:

CortoCortito escribió:Tal vez a alguien le interese esto:

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La lentitud del Tribunal Constitucional en resolver el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal de 2012 ha impedido a la Agencia Tributaria recaudar, como mínimo, 5.300 millones de euros procedentes de fraudes fiscales.
El BOE publicó las reglas de la amnistía el 31 de marzo de 2012, el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso las recurrió ante el Constitucional el 25 de junio de ese año y el tribunal se pronunció sobre ella ayer. La sentencia declara que esa norma “supone la abdicación del Estado” al alterar “de forma relevante o sustancial” el “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, aunque da por buenas las regularizaciones que realizaron 31.000 defraudadores, empresarios, aristócratas y políticos, básicamente, porque se acogieron “de buena fe” a una norma publicada por el Estado.
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La tardanza del TC en pronunciarse ha hecho que, paulatinamente, hayan ido prescribiendo infracciones tributarias: la posibilidad de perseguir en vía administrativa los fraudes de 2008 se esfumó el 30 de junio de 2013 y la de hacerlo por la criminal en la misma fecha de 2014, mientras que la vía penal para los ejercicios de 2010 (el último amparado por la amnistía) quedó cerrada el año pasado.
En números redondos, los 31.500 defraudadores que se acogieron a la amnistía hasta octubre de 2012 iban a pagando un 10% del valor del patrimonio aflorado. Sin embargo, al final se permitió a los beneficiarios de la amnistía fiscal tributar el 10% de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados por la amnistía (2008, 2009 y 2010). Por esta razón, se calcula que los amnistiados acabaron pagando una media del 3% de la cantidad regularizada.
De este modo, en la práctica lo recaudado no llegó a la mitad —1.200 millones cuando se preveían 2.500 millones—. Además, de los patrimonios ocultos por valor de 40.000 millones de euros que afloraron, 28.000 no eran perseguibles por haber sido amasados antes de 2007. Los otros 12.000 habrían generado, según los cálculos de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, unos ingresos de entre 5.300 y 8.000 millones de euros para el fisco. 

“La tardanza agravó las consecuencias”

“Una sentencia rápida habría hecho que los posibles fraudes en los impuestos de la Renta, Sociedades y Patrimonio en el extranjero, que eran los afectados por la medida, hubiera podido ser perseguidos antes de que prescibieran”, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, para quien “la tardanza agravó las consecuencias de la norma”.
En esos casos, habría sido posible exigir el pago de las cuotas eludidas descontando el 10% y añadiendo los intereses de demora. La amnistía no afectó a quienes no se acogieron inicialmente a ella (no era posible hacerlo retroactivamente en caso de inspección) ni a las declaraciones de otros impuestos, como el IVA o el Patrimonio, de quienes sí lo hicieron, que sí podían ser revisadas.
“Lo que se amnistió no fue el fraude sino la materialización de ese fraude en bienes”, ya que la Inspección sí podía investigar el origen del dinero, anota Mollinedo, cuya organización se mostró crítica desde el principio con la instrucción de la Dirección General de Tributos que vetaba la posibilidad de revisar las declaraciones de los defraudadores pese a que no se trataba de autoliquidaciones.

Un 3% del fraude de esos años

¿Qué volumen del fraude tributario que sufre España se vio beneficiado con la amnistía? Una pequeña parte: no más del 2% o el 3%, según las estimaciones de Gestha. La cifra sale de aplicar los 12.000 euros vinculados al periodo 2008-2010, ya que los otros 28.000 eran anteriores, a los alrededor de 240.000 que la economía sumergida movía por ejercicio en esa época.
La tasa de impunidad del fraude fiscal supera en España el 80%, ya que la Agencia Tributaria no es capaz de detectar más del 19%, según Gestha.
El fin de la amnistía conllevó, por otro lado, un endurecimiento de la legislación sobre los patrimonios en el extranjero: desde noviembre de 2012 es obligatorio declararlos a la Agencia Tributaria mediante el llamado Modelo 720 y su propiedad pasa a ser imprescriptible a efectos fiscales. De hecho, su valor pasa a considerarse como una renta del último ejercicio.

¿Más rebajas para defraudadores?

La sentencia del Constitucional, por otro lado, abre nuevas vías de conflicto judicial.
Por una parte, según expertos en derecho Tributario consultados por Público, queda por determinar si las declaraciones de los defraudadores interrumpen, o no, los plazos de prescripción de las infracciones y delitos vinculados al origen de dinero que les permitió amasar los patrimonios amnistiados. “Hay que verlo caso por caso, ya que la Agencia Tributaria tiene la primera noticia sobre las irregularidades por el propio afectado”, señalan las fuentes consultadas.
La exposición de motivos del decreto que reguló la amnistía, ahora anulado, apelaba a “la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación”.
La segunda opción estrangularía buena parte de las investigaciones judiciales sobre la familia Pujol o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, entre otros.
Por otra parte, fuentes de la Agencia Tributaria apuntaron que el hecho de que la sentencia considere que la amnistía vulneró el principio de justicia pero, al mismo tiempo, avale las regularizaciones invocando el de seguridad jurídica abre la puerta a que reclamen reducir sus cuotas al 10% quienes pagaron tipos superiores, de hasta el 55%, tras realizar declaraciones complementarias.
“La amnistía vulneró el principio de igualdad –señalaron-, ya que los defraudadores tributaron con cuotas más reducidas que quienes presentaron en forma y fecha sus declaraciones, y también el que obliga a tributar en función de la capacidad económica, ya que aplicó un tipo único, sin factores de progresividad”.

Que oye todavía habrá quien se piense que la amnistía era una trampa.

 Yo si pienso que fue una trampa, máxime ahora ya sabiendo Hacienda quienes son y con esa ley tumbada no hay nada que le impida ir a por ellos, pronto lo veremos así

El pacto firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos es 'papel mojado'. Al menos, eso es lo que sostienen los autores de un informe sobre las consecuencias prácticas que tendrá el endurecimiento de la amnistía fiscal en los términos acordados por ambos partidos el pasado 28 de agosto. Y que ha levantado ríos de tinta por su presunta ilegalidad, al tener carácter retroactivo.
El principal argumento que se ofrece es que la Administración tributaria no dispone de la información necesaria para comunicar a los más de 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal una propuesta de liquidación.

No hay que olvidar tampoco que dentro de poco más de un mes —el próximo 30 de noviembre— prescribirá el derecho de Hacienda a determinar una deuda derivada de la 'comprobación' de los datos incorporados a la llamada Declaración Tributaria Especial (DTA), al haber transcurrido más de cinco años, en caso de que hubiera delito fiscal, desde que finalizó el plazo de presentación de la misma. O cuatro años si no lo hubiera. Esa fecha se considera clave, y tanto la asociación de inspectores tributarios como los grupos parlamentarios han instado a la Agencia Tributaria para que actúe de forma urgente para así evitar la impunidad.
Esta prescripción afecta a los impuestos del IRPF, Patrimonio y Sociedades, y solo en aquellos casos casos en que se demostrara delito fiscal agravado se podría reclamar por vía penal.

El informe, redactado por los expertos de Equipo Económico, recuerda que el modelo 750 aprobado al efecto “no contiene excesiva información” acerca de los bienes y derechos declarados. Así, por ejemplo, no se informa del número de acciones o participaciones mantenidas en sociedades o en instituciones de inversión colectiva, sino tan solo de su fecha de adquisición y de la correspondiente valoración.
Pero además, como sostiene el análisis, el volumen de documentación manejado por los despachos que en su día prepararon las DTE fue muy importante —y en ocasiones precisaba de cierta interpretación—, “por lo que parece muy difícil” que la misma se hubiera incorporado como anexo y que, por tanto, la Agencia Tributaria pudiera ahora indagar en qué declaraciones se aplicó la prescripción y en qué cuantía.
El resultado práctico es que no hay ni tiempo ni existen las circunstancias funcionales para endurecer ahora la amnistía, como pretendía Ciudadanos cuando negoció este punto con el Partido Popular. Entre otras cosas, porque las declaraciones relativas a los ejercicios fiscales hasta 2010 inclusive —último al que se refería la regularización— no pueden ser objeto de revisión por haber prescrito a fecha de hoy el derecho de la Administración a determinar las deudas mediante la oportuna liquidación. De esta manera, salvo en casos puntuales, las vías de comprobación de la DTE “se habrían cerrado”.
31.000 beneficiados por la amnistía
Hay que tener en cuenta que la Administración tributaria no puede emitir una liquidación al contribuyente por la diferencia entre el importe ingresado mediante la DTE y el que hubiera debido ingresar de haber valorado los bienes por su precio de adquisición sin descontar rentas prescritas. Por el contrario, la Administración tendría que emitir requerimientos de información a los múltiples obligados tributarios —618 sociedades y 29.065 personas físicas— que presentaron aquella declaración, para que fueran ellos los que la informaran convenientemente. Es decir, una especie de convocatoria general 'a ciegas' en busca de fraude destinada a los más de 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal.
Los expertos tributarios de Equipo Económico recuerdan, además, que una vez obtenidos en su caso los datos, aflorarían los enormes problemas de justificación de activos, rentas y prescripción que se pusieron de manifiesto con ocasión de la cumplimentación de la DTE. Y es posible, se dice, que los bienes declarados hubieran sido adquiridos en ejercicios muy lejanos en el tiempo sin formalización en escritura pública, por lo que la “dificultad de acreditación del precio de adquisición de los referidos bienes” puede incrementarse considerablemente. Debiéndose remitir la Administración en muchos casos a entidades bancarias extranjeras que pueden no haber conservado la información por no estar obligadas a su archivo.

El punto seis de las 150 medidas pactadas entre el Partido Popular y Ciudadanos obliga al nuevo Gobierno —si finalmente Mariano Rajoy gana el debate de investidura— a realizar una revisión de la amnistía para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 “tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”. El documento firmado por los portavoces Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta preveía recaudar en 2017 unos 1.000 millones de euros, tanto por este concepto como por la mejora en la lucha contra el fraude fiscal.
Ante esto, según el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, el Gobierno en funciones, y especialmente la Agencia Tributaria, que no está en funciones, debería aplicar las normas tributarias antes de que transcurran cuatro años desde que se presentaron las declaraciones. Prácticamente todas se presentaron a finales de noviembre de 2012, el próximo 30 de noviembre “ya no habrá nada que se pueda hacer legalmente”, asegura.
Inicialmente, el Ministerio de Hacienda preveía ingresar unos 2.500 millones de euros por la regularización fiscal, pero los cambios de criterios en Tributos, más favorables a los defraudadores, acabaron por echar por tierra esas estimaciones. Finalmente, la aplicación de los criterios redujo la recaudación hasta los 1.196 millones de euros. Es decir, una cifra que supone valorar los activos en relación a la renta declarada en unos 12.000 millones de euros.
Entre los que presentaron esta declaración se encuentran algunos de los implicados en los papeles de Panamá, así como nombres tan conocidos como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, la esposa del comisario Arias Cañete o Francisco Granados.

Nolocreo escribió:No hay problema  si en este país desenterramos a Franco que estaba prescrito esto lo vamos a hacer más rápido todavía..
Aquí el más tonto es ingeniero..

Nolocreo escribió:Ya he citado a uno solo, ¿o pretendes citar a 30.000 de uno en uno?  

Nolocreo escribió:

CortoCortito escribió:

Nolocreo escribió:Diego Torres, Pujol, Barcenas, Rato etc etc

Repito  que parece que  te  cuesta ¿ Puedes citar uno solo de los  que se acogieron a la amnistía fiscal  que esté  siendo investigado o vaya a ser investigado por acogerse a ella?

Diego Torres...

En su sentencia de ayer, el Constitucional denuncia la "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Aunque el PP se ha defendido hoy en las amenazas de rescate y colapso económico para aprobar una amnistía “a la desesperada”, el Alto Tribunal tumba la justificación de que el decreto de Montoro pueda sostenerse por la necesidad de obtener ingresos para las cuentas públicas. No es razón suficiente puesto que conculca el deber de todos los españoles de sostener la contabilidad pública sin privilegios.

Sin marcha atrás para recuperar lo evadido

Sin embargo, nada va a cambiar para los usuarios de la amnistía y que regularizaron sus fondos no declarados a la Hacienda española: para preservar la seguridad jurídica, los magistrados han decidido avalar las regularizaciones que se han realizado desde entonces.

El dinero recaudado no llegó ni a la mitad de lo anunciado por Hacienda, que logró ingresar 1.200 millones de euros frente a los 2.500 que anunció. Las cuentas finales, al aflorar unos 40.000 millones de euros, apuntaron que el gravamen para los que se acogieron a la amnistía no fue del 10% como estipuló Hacienda, sino que acabaron pagando un recargo de solo el 3%.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende que el fallo está basado en aspectos formales y no de fondo. Por ello, la tranquilidad, como ha mostrado el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, es la postura que toman desde Moncloa.

La oposición no ha tardado en exigir la dimisión del ministro de Hacienda tras el revés del Tribunal Constitucional y Montoro, como respuesta, ha anunciado que acudirá voluntariamente al Congreso de los Diputados a explicar la sentencia.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido en el Congreso la legalidad de la amnistía fiscal de 2012 y ha insistido en que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló aquel decreto ley no tiene efectos. "La sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas que son firmes no podrán ser revisadas. Esa es la verdad, y lo demás son juicios de valor", ha aseverado el presidente ante la pregunta de la portavoz socialista, Margarita Robles, que en la sesión de control al Gobierno de este miércoles le ha pedido una valoración de la reciente sentencia. Rajoy ha vuelto a decir que en 2012 España "estaba en una situación límite, al borde de la quiebra y al borde del rescate" y que este escenario provocó que se tomaran "decisiones que probablemente en otras circunstancias no se hubieran tomado". En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha defendido que la regularización "se hizo en línea de las recomendaciones de la OCDE" y que también otros países, como Reino Unido, Italia o Estados Unidos, aprobaron procesos similares. "Esa regularización fiscal ni limpia ni borra delitos", ha subrayado.

tay escribió:

Nolocreo escribió:

CortoCortito escribió:

Nolocreo escribió:Esos son varios de esos nombres de los que hablaba 

Repito ¿  Puedes citar uno solo de los que se acogieron a la amnistía fiscal que fuera luego perseguido o acusado de evasión de capitales?

 Ya lo ha dicho Tay.

Perdona. Tay no ha dicho eso. Vuelve a leer a Tay.