No sobra recordar que socialistas y comunistas votaron en el Congreso a favor de la Constitución de 1978, mientras que Alianza Popular, antecesora del PP, votó dividida y la ultraderecha asesinaba abogados laboralistas y preparaba intentonas golpistas.
El 3 de marzo pasado, el partido de ultraderecha Fidesz abandonó precipitadamente el Grupo Popular Europeo, antes de que lo expulsaran en virtud de una reforma estatutaria que apoyaron activamente los conservadores españoles. Fidesz es la formación del presidente húngaro, Viktor Orbán, que lleva tiempo aplicando en su país políticas reaccionarias incompatibles con los estándares democráticos europeos. Y es una de las organizaciones hermanas de Vox. "Viktor Orbán es un ejemplo del rumbo que se merece Europa", lo apoyó aquel día Santiago Abascal. Esa simpatía ya la había exhibido en la moción de censura contra Pedro Sánchez de octubre pasado, al criticar al presidente del Gobierno por su presunta buena relación con George Soros, el filántropo progresista judío que se ha convertido en la bestia negra de Orbán y de toda la 'internacional ultra', cuya pulsión antisemita apenas pueden disimular.
Tan solo una semana después de que el PP de Casado se congratulara de la ruptura con Fidesz en Europa y se regodeara con el significado de esa exhibición de fuerza dentro de su pulso particular con Abascal, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó que no tendría ningún problema en gobernar junto a Vox. Y proclamó, en otra de esas frases célebres que le dicta su Rasputín de cabecera, que si la llaman fascista es porque está "en el lado correcto de la historia". En medio de la vorágine política desatada por los sucesos murcianos, el pobre Pablo Casado, superado por los acontecimientos, seguía gritando heroicamente "socialismo o libertad" cuando Ayuso ya había retocado el eslogan por "comunismo o libertad" tras el anuncio de Pablo Iglesias de que se presentaría a los comicios madrileños.
Puestos a buscar símiles literarios, si el Gobierno de Sánchez es 'Frankenstein', como sostiene el PP, el principal partido de la oposición sería 'Dr. Jeckyll y Mr. Hyde'. Como en la novela de Stevenson, el PP sufre desde hace ya algún tiempo un caso severo de doble personalidad: a veces es Casado, a veces Ayuso, depende de con qué pie se levante. Lo que está por ver es si, al igual que en el libro, esta situación conducirá finalmente a una confrontación entre ambas personalidades que desemboque (políticamente, no se nos malinterprete) en el asesinato de una de ellas por la otra. O lo que es lo mismo, en el suicidio del atormentado protagonista.
De momento, el órdago del PSOE y Ciudadanos en Murcia ha tenido el efecto balsámico de aparcar las tensiones entre Pablo Jeckyll e Isabel Hyde. La tregua ha sido posible porque el primero se ha plegado ante el empuje avasallador de la segunda. Aquel discurso encendido contra Abascal que el líder del PP pronunció en la moción de censura de octubre resultó ser humo: el tiempo ha demostrado que lo que parecía una apuesta decidida por la moderación no era más que una cantaleta de despecho contra un rival que había pretendido arrebatarle el protagonismo en el espacio de la derecha. Habrá, pues, que esperar hasta el 4 de mayo para saber cómo prosigue la versión española de la obra de Stevenson, que aquí no ganamos para sorpresas. Una derrota en Madrid sería fatal tanto para Casado como para Ayuso. Una victoria catapultaría a la segunda y dejaría al líder del PP, en el mejor de los casos, vivo, pero sin discurso propio. A partir de ahora, Casado tendrá que esforzarse mucho para volver a convencer a los incautos de que en España es posible un partido de centro-derecha homologable con los del resto de Europa.
Así las cosas, en las próximas semanas tendremos que seguir escuchando la monserga de "socialismo o libertad", que el moderado Casado se copió de la campaña presidencial de Trump, o "comunismo o libertad", con que la estrambótica Ayuso pretende meter miedo contra Iglesias. Tiene narices que hablen de libertad quienes han intentado frenar todas las extensiones de libertades promovidas por gobiernos progresistas. Por ejemplo, fueron ellos quienes llevaron a los tribunales la ley del matrimonio homosexual. O quienes introdujeron en el Código Penal las primeras restricciones a la libertad de expresión, con tal ambigüedad que hoy se encuentra preso un rapero por enaltecer a bandas terroristas inactivas –lo cual no deja de ser repugnante- y arremeter contra un exmonarca corrupto, mientras el líder de Vox incita abiertamente al odio contra los inmigrantes magrebíes y una falangista lanza soflamas contra los judíos en una manifestación, sin que hasta ahora sus conductas tengan consecuencias.
Hablemos en serio: ¿de qué libertad hablan? ¿Libertad para mantener una caja B en el partido desde los años 80? ¿Para recurrir a tránsfugas, violando los compromisos políticos suscritos contra esa lacra moral? ¿Para secuestrar el poder judicial de modo que puedan controlar los procesos que se les vienen encima? ¿Para montar fundaciones opacas que financien sus campañas electorales en la comunidad de Madrid? ¿Para crear policías paralelas con el fin de amedrentar a sus adversarios? ¿Cómo es eso de que los mismos que atacan con ardor patriótico a quienes afirman que en España no hay una democracia plena clamen a su vez, sin el menor pudor, que en el país no hay libertad? ¿Es que piensan que nadie ve la contradicción? ¿A quién creen que engañan?
No está de más recordarlo: los denostados socialistas y comunistas votaron en el Congreso a favor de la Constitución de 1978, con la Monarquía debidamente empotrada en el texto: el objetivo era abrir como diese lugar el camino a la democracia. Alianza Popular, partido antecesor del PP, votó dividida: ocho a favor, cinco en contra y tres abstenciones. Y la derecha más extrema estaba ocupada asesinando a abogados laboralistas o preparando intentonas golpistas, como las que recordaban hace poco con nostalgia esos militares retirados a los que el líder de Vox consideró "de los nuestros". Y resulta que ellos son los constitucionalistas. Y los paladines de la libertad.
Fran Hervías vendió los servicios de una consultora privada a cargos de Ciudadanos mientras era senador
El dirigente de Ciudadanos ahora en el PP ofreció a responsables de grupos municipales de su entonces partido los servicios y tarifas de la empresa en mensajes de texto donde también prometía favores políticos: "Si necesitas algo del Senado cuenta con ello también". Tras salir de la secretaría de Organización de Ciudadanos, Hervías adquirió el 20% de las acciones de La Fábrica de Discursos, la firma que publicitaba entre sus compañeros de partido.
El exsecretario de Organización de Ciudadanos Fran Hervías ofreció a grupos municipales y cargos de su partido los servicios de consultoría de una empresa privada de comunicación de la que es accionista mientras era senador. Hervías envió a varios de sus contactos los servicios y tarifas de la consultora con la que se había asociado, según él mismo especificaba en los mensajes a los que ha tenido acceso elDiario.es. El que fuera mano derecha de Albert Rivera en el partido, captaba clientes entre los grupos municipales de Ciudadanos para animarlos a contratar a su empresa para que les asesorase sobre comunicación y oratoria. Según publica El Español, algunos de esos cursos ascendieron a 2.000 euros.
La empresa, La Fábrica de Discursos, es una compañía fundada por otro político de Ciudadanos, Fran Carrillo, y según las estrategia de venta de Hervías iba a ayudar a los grupos políticos en ayuntamientos y diputaciones a colocar mensajes en los medios de comunicación y favorecer su imagen.
Hervías ejerció prácticamente de comercial de esa compañía cuando aún ostentaba el acta de senador, que abandonó hace tan solo unos días tras anunciar su salto al PP. Esa tarea comercial la llevó a cabo sin informar al Senado ni pedir la compatibilidad: el reglamento de la Cámara Alta limita hasta el extremo las actividades por las que sus miembros pueden recibir una retribución extra. Trabajar para una consultora privada de comunicación de la que se es accionista, y que vende servicios a grupos municipales, no está entre las excepciones que acostumbra a aprobar.
El exsenador sí informó al Senado de que poseía un 20% de las acciones de la empresa por valor de 30.000 euros. Así consta en el Boletín Oficial del Senado que publicó su declaración de bienes el 26 de junio de 2020. Esas acciones no aparecían reflejadas en la declaración de bienes que entregó en el Congreso cuando fue elegido diputado tras las elecciones de abril de 2019.
Hervías ha tenido la opción de informar al Senado de esta segunda actividad que desarrollaba. El pasado 4 de febrero de 2021 registró en la cámara alta una declaración de intereses económicos a la que ha tenido acceso elDiario.es. En ella solo refleja sus cargos en Ciudadanos pero no hace ninguna mención a la empresa.
Este medio ha intentado contactar de manera reiterada durante los últimos dos días con Hervías para conocer su versión, pero no ha respondido ni a las llamadas ni a los mensajes.
"Creo que os vendría muy bien" En el mensaje que distribuía Hervías para que sus contactos contrataran con la empresa, él mismo anunciaba que se había "asociado" con La Fábrica de Discursos: "Hemos lanzado una asesoría de comunicación y formación para ayudar a los grupos municipales". "Creo que os vendría muy bien en vuestro Grupo Municipal y la Diputación para daros más visibilidad y saber meter titulares en medios a partir de vuestras intervenciones en los plenos", añadía.
Hervías informaba entonces de las tarifas, advertía a sus contactos de que les podía "venir muy bien" y aclaraba que era "una muy buena asesoría". La despedida incluía una posdata en la que ofrecía su ayuda en la cámara alta: "Esto ya político. Si necesitas algo del Senado cuenta con ello también". Los mensajes son una plantilla de la que Hervías solo cambiaba el destinatario.
Algunos de los grupos municipales de Ciudadanos han contratado a La Fábrica de Discursos, la empresa de Hervías. Según las facturas a las que ha tenido acceso elDiario.es, pagaron 290 euros para formación en discursos políticos, uno de los servicios que ofrece esta consultora.
Una consultora vinculada a Ciudadanos La empresa a la que se ha asociado Hervías y de la que vende sus servicios está ligada a Ciudadanos. La Fábrica de Discursos fue fundada en 2010 por Fran Carrillo, exsenador y diputado de Ciudadanos en el parlamento andaluz. Este experto en oratoria que da consejos a sus compañeros sobre cómo articular sus discursos, según ellos mismos reconocen, salió del anonimato cuando promulgó en las redes que "la mayoría de jerarcas nazis eran homosexuales", tras los incidentes en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid.
Según los datos de la empresa, Carrillo dejó de ser administrador único en 2019. En la declaración de bienes que presentó en el Parlamento Andaluz en diciembre de 2018 consta que es el accionista mayoritario, con un 51% de los títulos, por valor de 32.837,30 euros. En los registros de la empresa también aparece un concejal de Ciudadanos en Madrid, Ángel Niño Quesada, que estuvo en la consultora entre 2015 y 2019.
Carrillo confirma a elDiario.es que se desvinculó de la empresa cuando empezó su carrera política, que ya no es el accionista mayoritario y que no sabe nada de la consultora desde entonces.
Según la web de la empresa, ahora está dirigida Carlos Alonso, un experto en retórica y oratoria. En el equipo que aparece en la web consta también Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos, Oriol Burgués, colaborador de Hervías en la Secretaría de Organización de Ciudadanos, exsecretaria de Organización de Ciudadanos en La Rioja, Albert Castillón, uno de los periodistas que leyó el manifiesto de Colón la primera vez que Ciudadanos apareció en público con Vox, o Damián Macías, concejal de Ciudadanos en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.
Carlos Alonso asegura, en conversación con elDiario.es, que Hervías no trabaja ni "activa ni pasivamente" en la empresa, pero que desconoce la actividad de los socios. Insiste en que todos los miembros de Ciudadanos en activo que trabajan para esa empresa no perciben ningún salario.
Hervías dejó el Senado el pasado 15 de marzo, para saltar al PP, el último paso de una lenta retirada de Ciudadanos que comenzó el 26 de noviembre de 2019. Ese día, poco después del batacazo electoral y de la dimisión de Albert Rivera, dejó la secretaria de Organización. Siguió vinculado al partido durante 2020, aunque en un segundo plano, como senador, desde donde se adentró en la actividad privada sin soltar el escaño y aprovechando los contactos de su experiencia al frente de Organización.
Sus compañeros en Ciudadanos creen que además ha dedicado este tiempo apartado en la cámara alta para maniobrar contra el partido. La actual dirección le sitúa detrás del fracaso de la moción de censura en Murcia y creen que está ayudando al PP a captar a cargos de Ciudadanos. Algunos de sus colaboradores han ofrecido a militantes de Ciudadanos en Murcia puestos en las consejerías cedidas por el PP a los diputados tránsfugas.
El ataque machista de un diputado del PP a Yolanda Díaz: "En Podemos las mujeres solo suben si se agarran a una coleta"
Diego Movellán, diputado del PP, ha criticado el ascenso de Yolanda Díaz a vicepresidenta con un desafortunado comentario machista: "Son ustedes como el cuento de Rapunzel".
El diputado del PP Diego Movellán ha desatado el enfado de la ministra Yolanda Díaz en el Congreso tras pronunciar un comentario machista haciendo referencia al que será su nuevo cargo como vicepresidenta tercera del Gobierno.
"Hablan mucho sobre igualdad en su partido, y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en escalafón si se agarran bien a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel", han sido las palabras que ha pronunciado el popular.
La ministra de Trabajo, visiblemente molesta, le ha reprendido: "Querría comenzar pidiéndole al portavoz del PP que rectifique sus palabras, creo que son impropias de esta cámara y muestran un ejercicio claro de machismo. Señor Movellán le pido que rectifique sus palabras".
El diputado del PP finalmente ha accedido a retirar sus palabras aunque, sin pronunciar de nuevo la frase, se ha reafirmado en lo dicho: "Como me acusa directamente de machista, que no lo he sido ni lo seré nunca, en este caso no tengo ningún inconveniente en retirarlo porque todos los españoles saben como funciona su partido".
"Se lo agradezco encarecidamente porque creo sinceramente que los ciudadanos y ciudadanas de este país merecen una oposición mejor, merecen un PP mejor, y estoy segura que usted es capaz de hacerlo, las mujeres no nos merecemos este trato", ha zanjado Yolanda Díaz.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, también se ha pronunciado y ha salido en defensa de la ministra. "Nuestros tiempos en este Gobierno son los de la igualdad entre hombres y mujeres, mis paisanos de Atapuerca estaban más evolucionados. Siguen estando en un pasado muy lejano en el que las mujeres parece que siempre tenemos que pedir perdón por ocupar los espacios que también merecemos", ha señalado.
el.loco.lucas escribió:Yolanda Díaz ha estado superlativa.
Como de costumbre, y sin decir una palabra más alta que otra... y el machista pepero retractándose de lo dicho... y a otra cosa. Cree el llobu que la derecha ya está maldiciendo porque quien estará ahí no es Iglesias, sino Díaz.
Esta gente sabe cómo se las gastan en su partido cuando decides no "cogerle la cola" a un machito como ese que ha hablado?. No estaria de mas que se acordasen del caso Nevenka.
marapez escribió:Voy a hacer uso otra vez del "y tu mas".
Esta gente sabe cómo se las gastan en su partido cuando decides no "cogerle la cola" a un machito como ese que ha hablado?. No estaria de mas que se acordasen del caso Nevenka.
Precisamente ayer la lloba estuvo viendo los tres capítulos de la serie que narra ese caso... y el llobu aprovechó a enterarse de l asunto. Más que patético.
marapez escribió:Voy a hacer uso otra vez del "y tu mas".
Esta gente sabe cómo se las gastan en su partido cuando decides no "cogerle la cola" a un machito como ese que ha hablado?. No estaria de mas que se acordasen del caso Nevenka.
Precisamente ayer la lloba estuvo viendo los tres capítulos de la serie que narra ese caso... y el llobu aprovechó a enterarse de l asunto. Más que patético.
Salú y República.
Yo ya habia leido el fantástico libro de Millas. Y la serie está muy bien.
marapez escribió:Voy a hacer uso otra vez del "y tu mas".
Esta gente sabe cómo se las gastan en su partido cuando decides no "cogerle la cola" a un machito como ese que ha hablado?. No estaria de mas que se acordasen del caso Nevenka.
Precisamente ayer la lloba estuvo viendo los tres capítulos de la serie que narra ese caso... y el llobu aprovechó a enterarse de l asunto. Más que patético.
Salú y República.
Yo ya habia leido el fantástico libro de Millas. Y la serie está muy bien.
Lo que no sabía el llobu es que la serie era un reportaje... lo que sorprendió al llobu y atrajo toda su atención.
La deuda de la Sareb de De Guindos nos explota en la cara
El truco de trilero del Partido Popular ya no cuela. Europa obliga a España a contabilizar las deudas y pérdidas del Banco Malo como públicas y dispara nuestra deuda hasta el 120% del PIB.
Ya está. Europa dijo basta a los truquitos contables de De Guindos y el Partido Popular. Lo de “esto no es un banco público” ya no cuela. Ayer el Eurostat incluyó la deuda del Banco Malo en la deuda pública española. De golpe y porrazo debemos otros 35.000 millones de euros que se suman a nuestra deuda pública. Pasamos del 117% al 120% del PIB. Bueno, de golpe no ha sido. Esto se veía venir y muchos lo hemos denunciado repetidas veces.
Por poner en situación, la SAREB fue creada para poder comprar activos inmobiliarios a los bancos y limpiar sus balances a los ojos de Europa, de las auditorías contables y de los inversionistas/accionistas. Tenían que mostrar que eran entidades saludables y qué mejor manera que socializar las pérdidas una vez más. El truco de trilero inventado por el actual vicepresidente del BCE fue el de crear una empresa donde lo público pusiera gran parte del dinero, pero que no fuera contabilizado como público. Intentó engañar a Europa y nos intentó engañar a las y los españoles. Al final, Europa ha dicho basta y, en medio de una nueva crisis y con la deuda pública en máximos históricos, nos meten de una tacada una deuda mayor que los fondos europeos para la reconstrucción que vamos a recibir este año.
Si ya hemos devuelto 15.000 millones y nos han cargado otros 35.000 más en nuestra deuda, y el 55% es responsabilidad de los bancos privados, ¿por qué no lo pagan ellos?
¿De dónde viene el agujero? La trampa consiste en que para que una empresa sea considerada pública, más de la mitad de su capital tiene que ser público. Si no lo es, no tiene que aparecer en las cuentas públicas, sus deudas no tienen que considerarse públicas y sus pérdidas no son contabilizadas como déficits del Estado. Todo perfecto en unos años en los que los hombres de negro no apartaban la vista de España y el sacrosanto déficit era más importante que la sanidad o las miles de familias desahuciadas.
El truco de trilero de De Guindos fue “convencer” a unos cuantos bancos de que estos pusieran el 55% del capital inicial. De ese modo, los agujeros del Banco Malo no contabilizaban como públicos a los ojos del Protocolo de Déficit Excesivo europeo, o sea, los agujeros públicos no se consideraban públicos y Mariano Rajoy podía maquillar sus cuentas ante Bruselas. El “convencer” lo entrecomillo porque convencer a unos bancos de que pongan la mitad del dinero para luego autocomprarse su propia basura financiera e inmobiliaria no creo que le costara mucho al entonces ministro de Economía del Partido Popular.
Pero el truco no acaba ahí. Los 4.800 millones de capital que se pusieron (1.200 millones de capital y 3.600 de deuda subordinada), de los cuales el 45% lo pusieron las arcas públicas y el 55% las privadas, para acometer la compra de todos los activos tóxicos de los bancos no eran suficientes. Fue en ese momento cuando la SAREB emitió 50.781 millones de euros en bonos, 20 veces más de lo que habían puesto los bancos privados. Pero para ese préstamo, aquel porcentaje del capital inicial en el que lo público era minoritario parece que se le olvidó al señor de Guindos y fue el Estado quien avaló completamente esos bonos. Si la SAREB quiebra y no puede devolver esas deudas, los bancos que han puesto el 55% del capital no tienen ningún tipo de responsabilidad. La banca siempre gana… sobre todo con el Partido Popular.
Con esas deudas a nuestras espaldas, la SAREB ya contaba con casi 55.000 millones de euros. Los 4.800 iniciales volaron con los gastos y con un SWAP, un derivado financiero en el que dos partes acuerdan intercambiar los beneficios futuros de dos productos. Los otros 50.000 es lo que nos hemos gastado en comprar toda esa basura inmobiliaria, suelo y créditos de dudoso cobro que los bancos tenían. Pero los bancos privados, que controlaban más de la mitad, solo han puesto unos 2.500. Solo “perderán” 2.500 millones tras limpiarse sus balances e ingresar los 50.000 millones. Otro rescate más.
Los bancos no van a querer pagar la factura, y el Estado no va a molestar a los bancos y fondos, como ya hemos visto recientemente
Pérdidas que son déficit Y el agujero no finaliza ahí. Las pérdidas de la SAREB, que se llevan acumulando año tras año porque el Banco Malo nunca ha dado beneficios, han llegado hasta los 7.000 millones. Cifra que ahora Europa obliga a España a considerar como un déficit público. Los desmanes de los banqueros que han controlado el Banco Malo, las ventas de bloques enteros de edificios a fondos buitre a precios de ganga, el gran negocio de especulación del alquiler que han hecho las SOCIMI con el parque de viviendas que han comprado —SOCIMI que en muchas ocasiones están participadas por los mismos bancos que se libraron de esos activos vendiéndolos a la SAREB—... Todo ello, de un solo golpe, nos lo acabamos de comer en forma de déficit y deuda pública. Cuando los hombres de negro vuelvan a reclamar recortes para cuadrar nuestras cuentas, nos vamos a acordar mucho de ese déficit.
¿Y qué pasa si la SAREB quiebra? Que esos 35.000 millones se tendrán que ejecutar. Es decir, tendremos que pagar de los Presupuestos Generales del Estado o refinanciar esa cantidad. Deberemos desembolsar la cuarta parte de lo que nos corresponde de los fondos europeos para salir de la crisis de la covid-19.
¿Qué hacemos? Llegado este punto, solo hay dos opciones. Una es que los bancos se hagan cargo del 55% de esa deuda y de ese déficit. Si ya hemos devuelto 15.000 millones y nos han cargado otros 35.000 más en nuestra deuda y el 55% es responsabilidad de los bancos privados, ¿por qué no lo pagan ellos?
Los bancos no van a querer pagar la factura, y el Estado no va a molestar a los bancos y fondos, como ya hemos visto recientemente con la polémica de Ábalos y la regulación de los precios del alquiler. Y la realidad es que ley les protege, ya que el avalista del préstamo es el Estado y no ellos. Un regalo que el PP nos envolvió y que se abre ahora.
Si las deudas de la SAREB son públicas, las viviendas de la SAREB son públicas también Por lo que aquí solo queda una opción viable, realista y totalmente necesaria en este momento: usar las viviendas de la SAREB para atajar el grave problema de vivienda y de precios en el que nos encontramos actualmente. En un momento en el que la ley de vivienda se está debatiendo, en un momento de crisis habitacional como la actual, con miles de familias pasándolo mal y con unos precios del alquiler y la vivienda controlados por los grandes fondos y entidades financieras, el Banco Malo tiene que servir como parque de vivienda pública. Es el momento de tomar las riendas de ese agujero sin fondo que ha sido el Banco Malo y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Si las deudas de la SAREB son públicas, las viviendas de la SAREB son públicas también.
El policía de la caja B relata cómo el jefe de la brigada política del PP boicoteó su investigación con un traslado forzoso
"El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar al Ministerio que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar", ha dicho el inspector jefe Manuel Morocho ante la comisión de investigación de Kitchen, donde también ha señalado que el informe PISA contra Podemos "no era neutral".
El inspector jefe Manuel Morocho, responsable policial de las investigaciones Gürtel y caja B, ha relatado esta tarde en el Congreso cómo el jefe operativo de la Policía en tiempos del PP, Eugenio Pino, jefe de la brigada política, le obligó a compatibilizar su destino en la UDEF, a cargo de los casos de corrupción de la formación conservadora, con una nueva ocupación en la Dirección Adjunta Operativa. "Suponía una barrera más al curso de la investigación", ha dicho ante la comisión de investigación de Kitchen sobre lo que ha definido como una intencionada "sobrecarga de trabajo".
Morocho es un testigo clave en el caso de espionaje a Bárcenas porque cualquier investigación acerca de dónde escondía el dinero el ex tesorero del PP o sus testaferros debería haberse puesto en su conocimiento y el del juez Pablo Ruz si de verdad esos fueran sus objetivos, como defienden los imputados, y no un operativo "parapolicial" para sabotear la investigación de la financiación irregular del PP en beneficio de dirigentes del PP, como considera el juez y la Fiscalía Anticorrupción. "El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar al Ministerio que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar", ha dicho Morocho.
Los policías imputados intentaron blanquear la maniobra de espionaje a Bárcenas introduciendo datos "sesgados", según el término utilizado por Morocho, en una base de datos policial. Esa maniobra de blanqueo es así denunciada por Fiscalía y juez. Sin embargo, el portavoz del PP, Eloy Suárez, se ha alineado con ese proceder de los imputados y de su condición exculpatoria de los mismos durante su intervención de ataque al compareciente, al que ha acusado de trabajar contra el Partido Popular.
El inspector jefe Morocho ha explicado que puso aquel traslado en conocimiento del juez Ruz y la Fiscalía. También ha explicado que el comisario Pino no le dio ninguna opción y que aquella "sobrecarga de trabajo" dificultó mucho su trabajo de investigación en los casos de corrupción del PP.
El policía ha dicho que en tiempos del PP se le ofrecieron tres destinos desde la cúpula policial para que dejara el caso de corrupción del Partido Popular, incluso en la empresa privada.
El informe contra Podemos "no era neutral" El traslado fue a la Brigada de Análisis de Revisión de Casos (BARC) de la DAO, uno de los instrumentos de la brigada política que fue disuelto con el cambio de Gobierno. Allí se le encargó, entre otros asuntos, analizar el documento Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA), que Morocho ha dicho que incluía fuentes "cerradas y abiertas" que le impedían construir una "trazabilidad" de las mismas y que desconfió de su procedencia.
"Se incluían una serie de notas, informaciones, titulares con una visión no neutral ante el punto de vista político de lo que se manifestaba", ha dicho sobre el documento "apócrifo" sobre Podemos y Pablo Iglesias. Además, descartó delitos que allí se apuntaban porque Podemos, partido al que no llegó a mencionar, estaba en fase de formación en el periodo aludido y no le afectaba la Ley de Partidos Políticos. El informe PISA contra Podemos, ha dicho, se redactó "con el fin de provocar el inicio de algo más". "Se me dijo que si (el informe) iba con mi carnet profesional iba a tener más credibilidad", ha añadido.
"Presiones" durante el mandato de Marlaska Morocho ha denunciado la situación actual de la UDEF, ya con el Gobierno del PSOE. Edmundo Bal, de Ciudadanos, le ha preguntado por una información de elDiario.es acerca de que su petición de destino en Huesca se produce después de que los actuales jefes de la Unidad y de la Policía no le han ofrecido ningún puesto en su especialidad. Morocho ha contestado con "un dato revelador" y ha explicado que el juez De la Mata el año pasado, 2020, ordenó que sus informes sobre la caja B del PP no fueran puestos en conocimiento de sus superiores y entregados directamente al juzgado.
A preguntas del portavoz de EH Bildu, Morocho ha dicho que ha tenido "presiones" en su trabajo hasta la actualidad y que el grupo de una decena de agentes que trabajaron con él ya solo quedan cuatro. "No hay un reconocimiento a la labor que se ha hecho, con sus defectos y virtudes. Hay una desafectación y no hay un estatus (en la UDEF) atrayente a personas que quieran ir allí", ha añadido.
Que dice el Paquí Pallá que los tránsfugas no son tránsfugas (en los casos que a ellos les convengan):
El PP se desmarca del resto de partidos y rechaza considerar transfuguismo la operación de Murcia,
La reunión del pacto antitransfuguismo designa por unanimidad un grupo de cinco expertos que será el que deba decidir sobre los tres diputados de Ciudadanos que rompieron con su partido para evitar la moción de censura contra el PP a cambio de consejerías.
El Partido Popular se ha desmarcado este jueves del resto de los partidos firmantes del pacto antitransfuguismo y ha rechazado considerar transfuguismo la operación urdida por el equipo de Pablo Casado que la semana pasada evitó la aprobación de la moción de censura registrada por PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia para desbancar al popular Fernando López Miras del Gobierno autonómico.
Esa moción se frenó gracias al acuerdo logrado entre el PP y tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que, en compensación, los populares introdujeron en el Ejecutivo regional con consejerías pagadas con sueldos anuales de cerca de 76.000 euros.
Según han confirmado fuentes presentes en la reunión del Pacto, que se ha celebrado en el Congreso a puerta cerrada, el PP ha bloqueado que el Pacto pueda dictaminar ese caso como transfuguismo, por lo que ahora el asunto se eleva a un comité de expertos, cuya composición ha sido aprobada de forma unánime, para que tome una decisión final.
Los integrantes de dicha comisión son Pilar Navarro Rodríguez, doctora en Derecho de la Energía, socia del bufete Cremades & Calvo Sotelo y profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR); Dolors Canals, profesora de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona; Silvia del Sanz, doctora en Derecho por la UNED; Rafael Ibáñez, especialista en Derecho Público y exdiputado en el Parlamento de Andalucía; y Mariano Pérez-Hickman doctorado en Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid.
"El PP se ha quedado solo y aislado", ha recalcado en rueda de prensa el representante del PSOE en el pacto, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha asegurado que los populares han argumentado para su rechazo "cuestiones formales" y que "la denuncia" sobre el caso murciano "no les había llegado".
El diputado del PP presente en la reunión, Luis Santamaría, ha negado rotundamente que lo sucedido en la Asamblea de la Región de Murcia sea un caso de transfuguismo: "Aquí los auténticos tránsfugas son los que constituyen el triunvirato formado por Ciudadanos, PSOE y Podemos que, en plena pandemia, se están dedicando a desestabilizar las instituciones", ha dicho, en el Congreso.
Los populares también se han desmarcado del resto de grupos y tampoco han considerado transfuguismo el caso de Evelyn Alonso, otra tránsfuga de Ciudadanos cuyo voto permitió aprobar en julio de 2020 la moción de censura de Coalición Canaria y PP para expulsar a la socialista Patricia Hernández de la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Su caso pasará también a ser evaluado por la citada comisión de expertos. Sí ha habido unanimidad, en cambio, para tildar de tránsfugas a dos concejales del PSN, que fueron expulsados de su partido al apoyar una moción de censura de EH Bildu y Geroa Bai en el Ayuntamiento de Estella (Navarra) en marzo de ese año.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública había convocado a los partidos firmantes del pacto antitransfuguismo este jueves en el Congreso de los Diputados para analizar todos esos casos. Ciudadanos solicitó la semana pasada la convocatoria "urgente" de este acuerdo con motivo de lo sucedido en Murcia, después de que el Partido Popular consiguiese que esos tres diputados autonómicos de la formación de Inés Arrimadas no apoyasen la moción de censura impulsada por Ciudadanos y PSOE para desbancar a los populares de la presidencia regional.
El PP, junto a PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y otras formaciones –prácticamente todas, menos Vox–, han suscrito el acuerdo, firmado por primera vez en 1998, que condena el transfuguismo y que en su último documento ratificado exponen que buscan actuar contra aquellos "representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes".
"Los partidos se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas", sentencia el texto.
Los grupos, también el PP, se adhirieron a la tercera adenda del pacto, ratificada en noviembre de 2020 y gracias a la que se extienden los efectos de este compromiso al resto de administraciones (autonómica y estatal), ya que hasta entonces estaba limitado al ámbito municipal. "Ha habido un amplísimo acuerdo para determinar que el transfuguismo es corrupción", ha sentenciado el socialista Gómez de Celis, que ha recalcado que en la reunión del pacto han estado representados el "80%" de los componentes del Congreso y el Senado.
Quien no ha asistido a la reunión del Pacto Antitransfuguismo de este jueves ha sido el PNV, según ha dicho la formación nacionalista, para "no contribuir a la manipulación electoral a la que pretenden someterlo" el resto de fuerzas políticas en el contexto de la precampaña de las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo.
La clave era que pagásemos todas y todos, pero sin que la gente fuera consciente. Y para eso, Luis De Guindos, a martillazos, cuadró el círculo. Ponemos el dinero, pero sin que se note.
Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, ha vuelto a desmontar las trampas realizadas para esconder el rescate bancario. Esta vez le ha tocado a Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, cuya reclasificación esta semana ha situado a esta mercantil dentro del perímetro de las cuentas del sector público.
¿Qué se esconde detrás de esta "pelea de contables"?
Se trata de algo extremadamente importante, no es un tema menor. Tras la decisión de Eurostat, los 35.000 millones de euros que están todavía en el balance de Sareb, pasan a ser considerados como deuda pública y eso incrementará la misma del 117,1% del PIB en 2020 a situarse por encima del 120%. Además, el déficit de esta sociedad también computará como público. La decisión adoptada incorporará a la "mochila" del actual Ejecutivo, una deuda y un déficit relacionado directamente con las decisiones políticas de Mariano Rajoy y Luis de Guindos. Sin embargo, no tardarán los lectores en escuchar al presidente del "nuevo" Partido Popular lamentarse de la escalada de la deuda de las Administraciones Públicas.
La creación de una sociedad de gestión de activos inmobiliarios, o banco malo, fue una de las condiciones impuestas en el MoU, el memorándum de entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en 2012. Sareb fue creada con el objetivo de comprar todos los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para "limpiar" sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían los activos "improductivos". Viviendas y suelos que estaban en poder de las entidades después de haber sido ejecutadas las garantías e hipotecas de quienes no habían pagado los préstamos firmados, además de créditos fallidos con enormes dificultades de recuperación, fueron traspasados a este "banco malo" para que las entidades dejasen de tener el lastre de tener que provisionar esos activos que no les generaban más que gastos y les obligaban a reservar capital.
La creación de este "cortafuegos" separaría "el grano de la paja", los activos buenos, de los malos. Y eso permitiría, además de restablecer la confianza en el sector bancario, que éste se pudiera dedicar a su función de concesión de créditos para evitar el colapso de la actividad económica.
Pero había un problema. Ni el gobierno de Zapatero, ni el de Rajoy, responsables del descontrol y la falta de supervisión del sistema bancario, tenían las manos libres porque eran rehenes de su pasado. No podían reconocer el volumen descomunal de ayudas públicas ni de coste económico que era necesario comprometer para acudir al rescate de las entidades bancarias porque se trataba de salvar a éstas mientras se retiraba el paraguas protector público que debía haber protegido a millones de personas durante una crisis letal. Por eso, cuando PSOE y PP acordaron en agosto la modificación del artículo 135 de la Constitución, en el pack venía incluido realizar las oportunas maniobras que consistían en colocar un tupido velo que impidiese al pueblo ver que, al mismo tiempo que se recortaba en sanidad, educación, dependencia, atención a nuestros mayores o pensiones, se proporcionaban ayudas públicas al sector bancario que han ascendido anualmente en el período 2008-2019 al 12,1% del PIB.
Era difícil de explicar. Por eso se utilizó la "ingeniería financiera" y la "contabilidad creativa" para disimular este gran expolio. De hecho, el uso de una estrategia similar por parte de Ruiz Gallardón en Madrid que ocultó la deuda de Madrid Calle 30, ya había sido desmontado en 2005 por la Comisión Europea. Pero lo volvieron a hacer.
Sareb adquirió por tanto inmuebles, créditos y suelo por valor de 50.781 millones de euros después de aplicar un descuento medio del 52% sobre el que tenían en las entidades. Es decir, activos contabilizados en las entidades bancarias nacionalizadas por 107.121 millones de euros, fueron adquiridos por el "banco malo" por 50.781 millones. ¿Negocio redondo? Pues no. Porque se traspasaron, incluso con esa rebaja, mucho más caros de lo que realmente valían. No lo digo yo. La Comisión Europea indicó en diciembre de 2012, que el descuento medio con el que Sareb debería haber adquirido los activos era de un 72%. Es decir, suponía casi 20 puntos porcentuales sobre el valor bruto de traspaso realmente practicado. Se compraron los inmuebles, el suelo y los créditos por 18.000 millones de euros más de lo que valían. No mereció todo esto titular significativo alguno por parte de los grandes medios de comunicación, seguramente porque estaban en ese momento contando las tropelías fiscales del entonces Jefe del Estado… (ironía que no deja de ser dolorosa).
Sareb compraba muy caras las 55.700 viviendas y unos 30.000 activos anexos, como plazas de garaje y trasteros, más de 185.000 metros cuadrados en oficinas, una treintena de hoteles, 150.000 metros cuadrados de superficie alquilable en centros comerciales y 13 millones de metros cuadrados en solares, de los que un tercio tienen la consideración de suelo urbano. Se convertía en la empresa inmobiliaria más importante de España y una de las primeras de la Unión Europea.
¿Y cómo se pagaban estos activos?
Porque la historia de los "bancos malos" nos muestra que pueden ser empresas del Estado, mixtas o solo privadas. Aquí la clave era que pagásemos todas y todos, pero sin que la gente fuera consciente. Y para eso, Luis De Guindos, a martillazos, cuadró el círculo. Ponemos el dinero, pero sin que se note.
Había que conseguir que Sareb fuera una sociedad "que no formase parte del sector de Administraciones Públicas". Y por eso, en el capital de la mercantil, el Estado a través del FROB, puso "solo" el 45% del capital inicial de 1.200 millones. El resto lo aportaron catorce bancos nacionales (Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Español y Banco Caminos); dos bancos extranjeros, (Deutsche Bank y Barclays Bank), una eléctrica (Iberdrola) diez aseguradoras (Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente, Axa, Generali, Zurich, Reale, Pelayo, Asisa y Santa Lucía).
Pero con 1.200 millones no se podían adquirir casi 51.000 millones en activos sobrevalorados. Y ahí entró en juego la imaginación. El "banco malo" emitió bonos, títulos de deuda por valor de 50.781 millones de euros. Como os podréis imaginar, una sociedad que compraba "basura" a precios elevados, no sería sencillo que fuera mirada con ojos "golosones" por parte de los mercados. Pero para esas cosas está el Estado, que avaló esos títulos para convertir la chatarra en un coche de lujo, en un título válido.
En definitiva, la Sareb fue financiada con recursos públicos que suponían un 95,31% del total, pero el porcentaje de propiedad accionarial público solo sería del 45,68%. Al mismo tiempo, los socios privados que solo aportaban solamente el 4,69% de la financiación total, se quedaban con el 54,33% de las acciones.
Todos hemos visto películas que describen robos menos descarados que el que os estoy relatando. Sobre todo porque hay gente que desconfía del papel que juegan en Sareb las entidades bancarias que forman parte de su accionariado porque es evidente que podrían existir conflictos de intereses, al ser al mismo tiempo propietarios y competencia de esta sociedad.
Se consiguió el objetivo, el Estado ha aportado más de 52 mil millones de euros entre capital, deuda subordinada y deuda avalada. Pero tiene una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de Sareb computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. La máxima ilusión de los que han pergeñado el plan es que consiguieron durante estos años que la deuda no computase ni en las cuentas públicas, ni tampoco en el de las entidades.
El trilerismo contable no ha colado.
Simular que no es una empresa pública es un flagrante fraude de ley. Pero la patada hacia delante ha conseguido dilatar el reconocimiento del problema que, por cierto, va más allá de lo que Eurostat ha puesto sobre la mesa. Porque Sareb ha tenido pérdidas todos y cada uno de los ejercicios, ha consumido todo el capital y la deuda subordinada, más de 4.500 millones de euros y tiene pérdidas latentes por casi 8.000 millones más. Me diréis que es imposible porque Luis De Guindos contaba ufano en el Plan de negocio que se preveía "una rentabilidad esperada sobre el capital invertido del 14%-15% en un escenario conservador".
Pues tampoco. De momento las pérdidas públicas superan los 7.500 millones cuando Sareb ha vendido los activos más valiosos. ¿Alguien puede convencernos que no vamos a perder "hasta la camisa"?
Cierto es que no todo el quebranto procede del diseño de la operación que hemos contado. Por si no fuera poco lo anterior, los "inteligentes y buenos gestores" contrataron un swap, un derivado financiero, para proteger la considerable deuda de Sareb de "posibles subidas de tipo de interés". Pero también aquí metieron la pata, porque el seguro contratado en 2013 era a un tipo de interés absolutamente alejado de la realidad y ha ocasionado hasta ahora 2.265 millones de euros de pérdidas. Cuando Dragui bajaba los tipos de interés al 0%, estos "linces" formalizaban un contrato para abonar hasta el 3,14% de forma fija. No os preocupéis porque, en cualquier caso, lo que ha perdido Sareb con el derivado, lo han ganado las entidades bancarias que cobran las primas del swap. Al final, todo queda en "su" casa.
¿Habéis escuchado alguna petición de disculpas por parte de la derecha en este país? Por supuesto que no. De hecho, hemos promocionado y ascendido al máximo responsable del desastre de Sareb a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo. ¿Qué podría salir mal?
Ahora ya no vale de nada lamentarse como única forma de abordar el problema. Tampoco recordar aquello de que "ya lo dijimos" porque, aunque lo hicimos, eso no resuelve el grave quebranto.
Toca actuar.
Todas las viviendas y el suelo propiedad de Sareb tienen que convertirse en la herramienta pública para abordar el drama que supone el flagrante incumplimiento del derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Está claro que la mayoría social pagará la fiesta de las élites, nos tocará recoger su basura y los vómitos que han dejado en este país. Al menos, que los "activos" pasen a ser "viviendas" y sirvan para garantizar el derecho a techo y no el negocio de unos pocos.
La caja B del PP que nadie quiere reconocer, a pesar de la justicia
CORRUPCIÓN
En la sentencia del caso Gürtel, por la que se condenó a Bárcenas por su papel en una de las mayores tramas de corrupción de España que salpicaba a los populares, la Audiencia Nacional reconoció la existencia de esa contabilidad paralela. Esa sentencia, dictada en mayo del 2018, provocó la moción de censura que expulsó a Rajoy de la Moncloa. En aquel juicio, ya se escuchó al entonces presidente del gobierno, así como a diversos secretarios generales del PP como María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez-Cascos. Todos negaron al unísono la veracidad de los acusados y, sin embargo, el tribunal determinó que sus versiones no se ajustaban a la realidad. La Audiencia ya dijo entonces que sus testimonios no fueron creíbles respecto al contenido de los llamados papeles de Bárcenas debido a que negaron la existencia de la caja B del partido.
Francisco Correa implica a ex altos cargos del PP en las actividades ilegales de la Gürtel en Boadilla
El cabecilla de la trama asegura que pagó comisiones al exalcalde Arturo González Panero, al que define como una persona como "una ambición desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable".
El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, condenado a 51 años de prisión por la actividad ilícita de los primeros años de la trama, ha remitido desde la cárcel de Valdemoro un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que implica en sus actividades ilegales a ex altos cargos del PP en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, según ha adelantado El País. Esta pieza del caso Gürtel, relativa al período comprendido entre 2005 a 2009 y en la que el PP volverá a sentarse en el banquillo como partícipe a título lucrativo, empezará a juzgarse en septiembre. Según el juez José De la Mata, la Gürtel "llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública" de Boadilla, un feudo histórico del PP regional.
En ese escrito enviado a Anticorrupción, Correa afirma que son “ciertos” los hechos reflejados en el escrito de acusación de la Fiscalía y detalla las corruptelas de las que se beneficiaron determinados excargos del PP. En este sentido, declara que pagó supuestas comisiones al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, al que define como una persona como "una ambición desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable" y con el que mantenía una relación “muy complicada” porque “no mantenía su palabra ni código ninguno”. “Prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aún habiéndolas prometido a un empresario y posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva, dicho lo cual su actuación se podría resumir como “amoral”, sostiene.
Según su relato, esas comisiones las habría abonado “en especie” —“viajes, ropa, regalos”— y se canalizaban a través de Isabel Jordán, quien fuera administradora de cuatro empresas de la trama Gürtel, que tenía “facultades” dadas por él “para decidir las dádivas en especies de los distintos trabajos que nos encomendaba”. Correa afirma se introdujo en el ayuntamiento de Boadilla, donde llegó a colocar a amigos suyos en Empresa Municipal de la Vivienda, a través del eurodiputado del PP Ricardo Galeote y del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, también condenado en el juicio de la primera época de Gürtel.
“Yo actuaba como intermediario entre los empresarios de empresas de construcción o de servicios y la alcaldía así como con la Empresa Municipal de la Vivienda. Yo negociaba el margen de porcentaje de cada adjudicación y cuando se materializaba la contratación, el empresario me entregaba el dinero en efectivo y yo siempre le entrega a Arturo González Panero [alcalde] o a Tomás Martín Morales [presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda] dependiendo de cual fuera el órgano que licitaba el concurso: la alcaldía o la Empresa de la Vivienda. Como dato significativo: el alcalde percibía dádiva en cualquiera de los casos, es decir siempre”, afirma en su escrito.
"Perdón" por los delitos cometidos Este escrito es anterior al que presentó recientemente al juez de Vigilancia Penitenciaria en el que pedía "perdón" por los delitos cometidos y mostraba su arrepentimiento. "En un momento dado de mi vida tuve acceso a formas de ganar dinero ilícita y fácilmente, cuando debí abstenerme de tales prácticas", decía en ese documento.
También afirmaba haber autorizado la repatriación del dinero que tenía oculto en Suiza. Aunque no cita la cantidad, aludía a los 24 millones de euros que, según la Audiencia Nacional, están "bloqueados" en la cuenta de la empresa Golden Chain Properties, S.A., que se integraba en su entramado societario y que estaría gestionada por el administrador de cuentas Arturo Fasana. Correa, que lleva ocho años cumpliendo condena, reconocía que su conducta "no tiene justificación" ni siquiera en un contexto de corrupción generalizada —en el que se excusó en el pasado— puesto que "muchos otros en esa situación se abstuvieron de cometer delitos".
No es la primera vez que Correa se ofrece a colaborar con la Justicia. El 13 de octubre de 2016, en su interrogatorio en el juicio de Gürtel, reiteró esta disposición y confesó que las donaciones de empresarios al PP eran a cambio de adjudicaciones. Esa revelación, unida a la de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo, permitió a la Audiencia Nacional reabrir el 1 de marzo de 2017 la llamada vía del cohecho, que investiga la correlación entre el dinero negro inyectado al PP y adjudicaciones concretas. Salvo García Pozuelo, todos los empresarios objeto de las pesquisas han negado los pagos y han rechazado la existencia de un sistema general de corrupción de las constructoras con el partido.
El entonces instructor, José de la Mata, volvió a citar como investigado a Correa después de que éste repitiera una y otra vez en el juicio su disposición a colaborar con la Justicia. Pero el cabecilla de la Gürtel, que había tirado la piedra en el juicio, escondió la mano ante De la Mata con el argumento de que ya había declarado "quince horas" en la citada vista. Es decir, se negó a tirar de la manta, lo que enterró la esperanza de las acusaciones de conocer los secretos de la financiación irregular del PP que todavía se siguen investigando en la Audiencia Nacional.
Hitskin.com
» Buenas noches
» VOX: Es lo que hay.
» Como se le ve el plumero a TVE.
» Que ha pasado en el Libano a los terroristas de Hezbola
» Sinónimos múltiples
» Vejez, divino tesoro.
» Feijoo
» Relaciona palabras
» Sustantivos y nombres propios en inglés.
» Sustantivos y nombres propios en francés.
» Bichillos y animalillos en acción
» Un minuto de baile:
» Sustantivos y nombres propios en catalán.
» El teatro de Will. (Videos)
» En directo en TVE: Pedro Sánchez dando la tabarra y sus seguidores aplaudiendo como focas!
» Begoña Gerpe:
» Nuevo intento de asesinato de Trump...
» El humor politico
» Un abogado contra la demagogia. (Videos)
» Música y danza de la India:
» ¿Qué tal el tiempo de hoy?
» El gobierno de España implicado en el golpe de estado en Venezuela
» Chorradas varias
» CNI y Venezuela.
» Yoyomi.
» Ayuso
» Carne Cruda
» ¿Y si gobernaran PP y Vox?
» Los Meconios desatados!