Un día, Santiago Abascal dio una entrevista en el diario argentino Clarín, aprovechando que fue a apoyar a Milei, en la que dijo que a Sánchez “habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies”. Justamente 21 días después, se cumplió su profecía (o idea original). Con una diferencia, al presidente del Gobierno se le colgó este domingo de la cabeza y se le apaleó simbólicamente con un muñeco, en el transcurso de unas sombrías campanadas convocadas a las puertas de Ferraz. Las uvas eran de la ira, el matasuegras era de pólvora ideológica, los gritos eran de entusiasmo resentido. Los deseos para el nuevo año, acabar con todo, porque está todo mal. También el PP recibió lo suyo en el cotillón ultra. Porque allí no vale acabar con el gobierno de izquierda, se propone acabar con el sistema conocido y dar un salto al abismo para llegar a un lugar donde manda el pueblo –sea este quien ellos dicen que sea– y, si hace falta, se sangra en vivo por la patria, sea eso unos colores o un concepto. En esa fiesta iniciática donde se hermanaron los más opositores a la democracia se traspasó un límite más. Habíamos visto la violencia molotov de unos ultras en las barricadas de Ferraz, pero nadie parecía conocerlos ni identificarse con ellos. De hecho, allí mismo vimos a Ortega Smith arrogándose el papel de casco azul frente a un paciente antidisturbios que le aguantó la turra de ‘otro que ha hecho la mili’. El mismo pacificador Ortega que semanas después se encaró violentamente contra un concejal y le agredió con un legajo de papeles, toda una metáfora: la palabra escrita como palanca del golpe. La música diaria que acompaña a esta procesión de odio son los insultos políticos y apelaciones salvajes a una España que no es cierta aunque sea imperfecta. De momento hay leyes, sale agua de los grifos, llegan los autobuses, se pagan las nóminas, hay médicos y hospitales abiertos y se puede denunciar lo que uno quiera a la justicia. Se desconoce si los chicos de Revuelta o en Vox tienen un plan estratégico mejor.
Esta Nochevieja se dio un paso más en el aquelarre, pasando a la violencia simbólica contra el jefe del Gobierno y contra unos pactos políticos que pueden ser criticables pero son perfectamente democráticos y legales. Allí se colgó a una persona, aunque de manera metafórica, y se dio la vez para darle con un palo por sus ideas. Si es un delito o no incitar a una violencia que venía incitada ya de antes es algo que se deberá decidir técnica y jurídicamente, pero es inquietante ver cómo el gatillo de la palabra hace un recorrido tan directo a la acción de personas que están siendo permanentemente apeladas y caldeadas y que están dispuestas a pasar a la acción violenta. Lo vimos antes, en campaña electoral. Cuando el PP achacó a Correos un posible tongo electoral y acabaron agrediendo a un cartero. O cuando lanzaron sus carros contra TVE y en las concentraciones agredían a sus equipos de periodistas. Desde Vox constantemente apelan a una especie de guerra cultural, política y odiosa. Entre 47 millones de personas siempre habrá gente tentada y gustosa de sublevarse, sobre todo si se les llama todos los días a rebato y se les califica de valientes. Valiente es otra cosa. Como la policía, de izquierdas o derechas, que acude a medianoche a las llamadas de auxilio. Jenni Hermoso denunciando una pirámide anquilosada de machismo. Quienes firman todos los días contratos públicos para que el país no se pare. Las profesoras de escuelas infantiles que cobran poco y cuidan mucho. Las mujeres que consiguen sobrevivir a la violencia, de clase alta y clase trabajadora. Los profesores liberales o progresistas que no desisten y quieren meter en el ascensor social a todos los que quepan. Quienes investigan para que el mundo sea más seguro y las enfermedades, menos mortales. Las que limpian escaleras, voten lo que voten, para que sus hijas y sus hijos estudien una carrera... Esa es la nochevieja de los valientes. Lo del 31 fue, simplemente, una piñata de cafres.
El PP parece dispuesto a todo. Su última iniciativa -la propuesta de ilegalizar a los partidos que propugnen la independencia de su territorio- es una señal terrible de lo que haría de España un futuro gobierno de derechas. Y si fuera de coalición entre el PP y Vox, todavía peor. Faltan aún varios años para que esa negra hipótesis se pueda concretar, pero hoy ya empieza a estar clara una cosa: que Alberto Núñez Feijoo se ha lanzado a un camino de no retorno, que su eventual mirada hacia el centro se ha apagado sin remisión. El cambio parece ir más allá de las meras estrategias electorales. En principio, el PP ha intensificado su tono derechista para vaciar todo lo posible a Vox combatiéndole en su propio terreno. Pero hay más. Un éxito en las elecciones europeas de junio, en las que los sondeos auguran significativas mejoras a casi todos los partidos derechistas y ultraderechistas de la Unión, podría revalidar esa política. Lo cual hace pensar que en el semestre que viene el Partido Popular dará toda la caña que pueda: un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial podría así descartarse a medio plazo. A menos que Feijóo pueda presentarlo como una victoria sobre las posiciones actuales de los socialistas. Vox no se va a quedar atrás. Y como no puede hacer otra cosa, se inventará nuevos numeritos para salir en los papeles. Que el alcalde Almeida haya apoyado la reprobación de Ortega Smith sugiere que el PP no va a hacer concesión formal alguna al partido de Santiago Abascal y que, si puede propinarle nuevos golpes, cuando menos mediáticos, lo hará. Eso sí. Nadie va a tocar los gobiernos de coalición de la derecha en autonomías y ayuntamientos. Por la cuenta que les trae a unos y a otros. La batalla va más de imagen que de sustancia. Los rumores de que internamente Vox tiene serios problemas, que podrían hasta llevarle incluso a una crisis, sirven de acicate para esa presión del PP. Las europeas serán también una prueba de fuego para la ultraderecha. Y más si sus correligionarios de Francia, Alemania, Italia y otros cuantos países tienen el éxito que apuntan las encuestas. Por tanto, la escena política española va seguir siendo el guirigay insoportable de ruido sin sustancia que se conoce desde hace muchos meses. Parece que el PP no sabe hacer otra cosa que armar follón un día sí y el otro también. Y la prensa adicta no se cansa, ni se va a cansar, de exagerar la nota como si un cataclismo estuviera a punto de producirse en España. La aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, veremos qué suerte corre el texto en el Senado, marcará un momento de máxima tensión en ese camino de demagogia y dramatismo forzado. Es de suponer que Vox preparará algún espectáculo para la ocasión. Que debería llegar más o menos dentro de un mes o mes y medio. Hay bastante gente en la izquierda que teme esas fechas. El antiguo miedo a la derecha, que viene del franquismo y sus horrores, suele salir a la luz con relativa facilidad. Si a eso se añade que hay también una parte del electorado de izquierdas que no apoya la amnistía a los líderes independistas catalanes ni tampoco otras concesiones a los nacionalismos periféricos, no hace falta mucho bagaje demoscópico para pronosticar que ese será un momento difícil para el Gobierno y para Pedro Sánchez en particular. Sin embargo, contará con alguna baza para contrarrestar ese previsible efecto negativo. La buena marcha de la economía, la mejor en muchos años, aunque las cifras tampoco sean para echar cohetes, es uno de ellos. Sobre todo, por el clima de tranquilidad entre la población en general que produce. La ausencia de grandes conflictos laborales y de otras tensiones que no sean las directamente provocadas por el PP y Vox también contribuye a ello. El buen momento de las relaciones exteriores de España algo aportará también algo , por poco que sea el interés que la mayoría tenga en ello. Pero el panorama internacional puede empeorar a corto y medio plazo. Sobre todo, si la crisis en Oriente Medio se agrava, algo que ningún experto descarta pero que tampoco se ve inevitable. En ese terreno están las principales incógnitas del futuro inmediato. También para España. Si ese agravamiento llegara a producirse, sus consecuencias económicas podrían ser muy graves. Y no sólo por el previsible aumento de los precios de la energía que se derivaría de ello. Pero, más allá de ese temporal que puede o no producirse, los datos económicos van a empeorar. Poco o mucho. Eso no lo sabe nadie y basta echar un vistazo a los grandes medios económicos mundiales para comprobar la confusión que existe al respecto. En todo caso, los datos económicos están llamados a empeorar en España a medio plazo, tal vez a la vuelta del verano. Eso si Oriente Medio no estalla antes. No debería ser una situación para rasgarse las vestiduras. Pero está claro que el PP aprovechará cualquier problema en ese contexto para descalificar en los términos más dramáticos al Gobierno. No hay duda de que Feijóo está llevando muy mal que la economía funcione después de llevar años haciendo pronósticos catastrofistas que no se han cumplido ni de lejos.
En definitiva, que viene un tiempo de bronca que no se va a acabar hasta que se celebren las próximas elecciones generales. Que todo indica que eso será cuando concluya la legislatura. Es decir, dentro de tres o cuatro años. Porque las iniciativas que prodiga el PP no hacen sino disuadir aún más a cualquier socio actual de Pedro Sánchez de la posibilidad de romper el pacto de investidura y propiciar un adelanto electoral. Solo si el PP gana en 2027, con Vox o solo, las aguas se calmarán. Esa es la amenaza que, sin decirlo abiertamente, el Partido Popular está haciendo a los españoles.
Un PP desconcertado ante la nueva victoria parlamentaria de Sánchez amenaza ya con recursos al TC
Estudian llevar al TC la tramitación de urgencia del real decreto sobre Justicia, el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya y el acuerdo relativo a regímenes locales.
La bancada del Partido Popular sale "atónita" del pleno de este miércoles en el Congreso. De los tres reales decretos que el Gobierno llevaba a la Cámara para su convalidación ha conseguido sacar adelante dos: el de las medidas anticrisis y el decreto 'ómnibus'. Una victoria parlamentaria para Pedro Sánchez conseguida en último minuto y con importantes cesiones a Junts per Catalunya.
Y contra esto se revuelve ya el equipo de Alberto Núñez Feijóo, que pocos minutos después de conocer el acuerdo amenazaba ya con acudir al Tribunal Constitucional. Según fuentes del PP, "hay cosas recurribles" que están estudiando. En concreto, han indicado que se plantean llevar al TC la tramitación de urgencia del real decreto sobre Justicia, el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya y el acuerdo relativo a regímenes locales.
El partido de Carles Puigdemont le ha arrancado al PSOE el traspaso de las competencias de inmigración al gobierno catalán a través de una ley orgánica específica para Catalunya vía del artículo 150.2 de la Constitución. También han aceptado los socialistas retirar el artículo 43 bis de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que incluye el decreto 'ómnibus'.
Este último punto que especificaba que cualquier proceso legislativo se paralizaría cuando se elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que desaparecerá del decreto cuando entre en su proceso de enmiendas, habida cuenta de que se terminará tramitando como proyecto de ley, era la principal exigencia de Junts.
El acuerdo se ha conocido a través de un comunicado de Junts y, al cierre de esta información, el PSOE solo se ha referido a ellos en una nota de prensa, pero sin confirmar lo anunciado por Junts y sin concretar su alcance ni su aplicación.
"Si tres decretos han supuesto un jaque al Gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura", dijo Feijóo en una comparecencia sin preguntas en el Senado —el pleno se celebró allí porque el Congreso está en obras— antes de que arrancase el segundo turno de votaciones en el que quedó aprobado el decreto anticrisis.
Según avanzaba la jornada y las informaciones corrían por los pasillos del Senado, en el PP daban por hecho que los tres decretos decaerían. Por eso la sorpresa fue mayúscula en el hemiciclo al descubrir que Junts no había votado y, por tanto, el decreto anticrisis y el 'ómnibus' saldrían adelante. El que contenía el subsidio por desempleo fracasaba tras el rechazo de Podemos.
"Humillación" y "ridículo", según el PP Desde Génova insisten en que lejos de ser una victoria es un "ridículo" y una "humillación", aunque tras fuentes del partido reconocen en privado que al lograr salvar las medidas económicas del decreto anticrisis el Ejecutivo consigue oxígeno y deja al PP sin margen de maniobra en los asuntos materiales.
Los de Feijóo están resignados a la disposición del PSOE a pactar con las fuerzas independentistas durante toda la legislatura y, apuntan, "confían" en que su mensaje "de que no todo vale" acabe calando. "Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, días y horas no me hubiese dedicado a la política", dijo Feijóo este miércoles.
Siempre tiene que venir un cojo a correr los cien metros lisos y el vástago de una familia bien madrileña a darnos lecciones de meritocracia.
En el tercer capítulo de Carol y el fin del mundo, una serie de Netflix tan pretenciosa como entretenida, cuentan la historia de Louis. En la serie, el fin de la existencia se acerca –quedan siete meses exactos para que un meteorito reviente el planeta– y prácticamente todos los humanos están dedicados a vivir sus mejores vidas gracias a un ramalazo colectivo de autoconsciencia y hedonismo: los padres de Carol, la protagonista, han montado un trío amoroso con su enfermero y se han ido a dar la vuelta al mundo; el director del mayor banco de América, hartísimo de todo, sobrevive ahora cazando peces de colores en una cabaña aislada entre la perfecta vegetación de algún trópico; en el cielo, qué cínico esto, se ven constantemente paracaidistas y practicantes de ala delta entre la cada vez menos lejana sombra acechante de la roca espacial que acabará con la vida.
Sin embargo, a pesar de este divertimento, hay un grupo de oficinistas que está yendo todos los días, autoexplotándose y autoexigiéndose, a fingir trabajar en el departamento de contabilidad de una consultora imaginaria solo para tener una pequeña normalidad a la que agarrarse; solo para tener una especie de boya o de pavimento o de quitamiedos que les haga olvidar que van a morir. La Distracción, se llama la empresa.
Entre ellos, está Louis. Entre las historias de gente perdida o agotada o superada que va a esa oficina a distraerse, está la de este tipo, quien va porque nunca ha trabajado y siente cierto placer de turista en un safari al sentirse parte de ellos y contemplar los cachivaches propios de una oficina –como una grapadora o unos clips, qué sé yo-. Simplemente, Louis es un pibe que ha vivido la mejor de las existencias posibles y ahora está convencido de que la peor, la que justo a él no le tocó vivir por tener los recursos suficientes para dedicarse a viajar y contemplar, es en verdad entretenida, o interesante o incluso ideal.
Mientras veía este capítulo y me atormentaban mil preguntas, leía con el rabillo del ojo a un tal Ignacio Dancausa, conocido sobradamente en Madrid por presidir las Nuevas Generaciones del PP y haber estudiado un bachillerato en Chicago, defender la meritocracia.
Este veinteañero, conseguidor de méritos tan loables como presidir la organización con mayor endogamia política de España tras haber sido colocado por Isabel Díaz Ayuso –fue el único candidato y ganó las elecciones con un 95% de los votos, ríete tú de Corea del Norte–, subía a Twitter un par de mensajes y vídeos aclamando la meritocracia y la importancia de luchar por tus objetivos en respuesta a un clip viral de la artista Samantha Hudson en el que aseguraba que esta no existía.
Como decía en el primer párrafo, la meritocracia es esa entelequia tan tocha que justo los que menos deben resguardarse tras ella, los que tienen que callarse como moscas y desaparecer de la conversación pública cuando se habla de esfuerzo y dedicación, son los primeros que salen a defenderla –es que ya hay que ser indecente, cínico y caradura-.
Cuando se habla de meritocracia, de trabajar hasta desfallecer solo por pensar que las cosas mejorarán como recompensa por nuestro esfuerzo, nunca salimos los que vivimos en pisos tan húmedos y fríos que se dibuja el vaho en el aire cuando respiramos, sino los que tienen calefacción de suelo radiante; jamás la defendemos los que contamos con ansiedad y miedo los paquetes de espagueti a medio gastar que nos quedan en la alacena cuando llega fin de mes -que en la vida real es a partir del día ocho–, sino los que mandan a sus chachas (sic) a encargar comilonas cada martes al restaurante de abajo.
Estos niños –no es condescendiente llamar niño a Dancausa porque somos de la misma quinta– son como Maradona haciendo campañas contra la droga o Hamilton criticando los implantes de pelo o el propio Louis de Carol y el fin del mundo; es gente que defiende y se enamora de lo que jamás han vivido ni vivirán solo porque encuentran así una justificación moral a su descarado privilegio y comodidad; son los que ven justas las peleas a muerte en la calle por una raspa de pescado mientras ellos miran desde sus terracitas con yesería abrigados en chalequitos de pluma de oca.
Si tanto cree en la meritocracia el tal Dancausa, que renuncie a sus contactos, deje esa pirámide de favores llamada NNGG y se baje aquí con nosotros. A ver lo que dura.
ISRAEL MERINO
Ni un telediario, como todos ellos.
Salú y República.
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Feijóo inicia una guerra contra un Constitucional al que ya no controla el PP y lo enfrenta al Supremo
Como parte de la campaña de deslegitimación de las instituciones del Estado, el líder del PP se empeña en denostar al tribunal de garantías y el Supremo se alía con él, reeditando una pugna que no es nueva.
Dos sentencias que no le han gustado nada al Partido Popular en la misma semana, la que anula la condena de inhabilitación al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez y la que ampara a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH-Bildu, han bastado para que Alberto Núñez Feijóo arremeta contra el Tribunal Constitucional (TC).
Feijóo ha iniciado una guerra sin cuartel contra el Constitucional, restándole legitimidad a sus decisiones, ahora que el PP no cuenta con una mayoría afín en el tribunal de garantías. "El Constitucional está, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Supremo", que es ahora "un tribunal de instancia", aseguró esta semana el presidente del PP a raíz de conocerse que el TC había amparado a Otegi y Rodríguez frente a las sentencias del Alto Tribunal.
El líder del PP también ha dicho que las sentencias del Constitucional son "inauditas", provocan una "inseguridad" jurídica de los ciudadanos "y, por supuesto, inseguridad de mi formación política". Ha anunciado también que en Génova estudian ya con un grupo de juristas "qué es lo que está pasando".
O el líder del PP desconoce qué es el Tribunal Constitucional y cómo funciona o lanza esas acusaciones conscientemente dentro de la campaña del PP de deslegitimación de las instituciones del Estado para dañar al Gobierno de Pedro Sánchez.
Y por el camino, Feijóo enfrenta al Tribunal Supremo, cuya mayoría conservadora fue reforzada en tiempos de Carlos Lesmes, expresidente del Supremo y del CGPJ, con un Constitucional que en estos momentos cuenta con una mayoría, de 7 a 4, magistrados de sensibilidad progresista; una mayoría que se ha impuesto en los casos Otegi y Rodríguez para dictaminar que el Supremo vulneró derechos fundamentales de ambos.
Conflicto entre el Supremo y el TC Algunos miembros de la cúpula judicial han apoyado las palabras de Feijóo, y, molestos, han manifestado anónimamente que el TC se ha extralimitado en sus funciones, invadiendo las del Tribunal Supremo.
El conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no es nuevo y tiene mucho que ver con la propia naturaleza y el origen de ambos órganos.
El TC es un órgano creado por la Constitución de 1978, que acometió durante la primera década de la democracia la labor de someter al sistema judicial a la norma constitucional. En cambio, el Tribunal Supremo representa la tradición que viene de los sistemas autoritarios del siglo XIX y de la dictadura franquista. El TC, como corte de garantías de los derechos fundamentales, tiene la misión de revisar si las sentencias del Supremo respetan esos derechos, y en cuanto al Poder Legislativo debe velar para que sus normas se ciñan a la Constitución.
Cuando el Supremo pidió la mediación del rey En los años noventa se vivieron momentos muy tensos entre el Supremo y el Constitucional, precisamente por la resistencia de los magistrados del Alto Tribunal a verse corregidos por los del Constitucional, alegando que se les estaba invadiendo sus competencias. Para quejarse, los jueces del Supremo pidieron al presidente del CGPJ en aquel momento, Javier Delgado, que mediase para pedir la intervención del rey Juan Carlos en el conflicto. Algo que finalmente no ocurrió.
La anécdota retrata las dificultades de adaptación a la democracia de algunos jueces del Supremo. Poco después, pidieron la homologación en el sueldo con los magistrados del Constitucional y también entonces solicitaron la intervención del rey, sin éxito.
Cuando el Supremo condenó a los jueces del TC Histórica sentencia que cumple ahora 20 años fue la que impuso la Sala de lo Civil del Supremo contra 11 magistrados del Constitucional, en 2004, siendo entonces el presidente Manuel Jiménez de Parga. Fue la primera y la única vez que los miembros del TC eran condenados. El Supremo daba la razón al abogado José Luis Mazón que había denunciado que los letrados del Constitucional eran nombrados 'a dedo', sin convocatoria de concurso, como dice la ley.
Perdió Mazón en el Supremo y al recurrir en amparo pidió que se abstuvieran 11 de los 12 integrantes del TC por tener interés directo en el asunto y que fueran sustituidos por otros magistrados. El recurso se inadmitió y el abogado presentó entonces una demanda de responsabilidad civil por haberse archivado su recurso "sin examinarlo, como era imperativo".
La Sala de lo Civil del Supremo acabó estimando en parte el recurso de José Luis Mazón y sentenció que los 11 magistrados incurrieron en negligencia pero sin mala fe, y les condenó a pagar una indemnización al abogado de 500 euros cada uno.
Pocos años después, en 2008, la Sala de lo Penal criticó abiertamente al Constitucional al entender que había sobrepasado su jurisdicción constitucional al absolver a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer de un delito de estafa por considerar que su conducta en el caso Urbanor estaba prescrita.
Zonas de fricción Recordaron entonces los jueces del Supremo que la Sala Segunda es la competente para interpretar el derecho penal y que el TC se circunscribe al campo de la interpretación de la Constitución. Pero fuentes jurídicas señalan que en algunos momentos existen "zonas de fricción", porque la frontera es imprecisa. Al final, según estas fuentes, el Constitucional tiene que interpretar la ley para contrastarla con la Constitución y poder llegar a saber si las sentencias del Supremo son compatibles o incompatibles con la norma constitucional.
Por ejemplo, en el caso del exdiputado Alberto Rodríguez, los siete magistrados progresistas del TC sostienen que el Supremo vulneró su derecho a la legalidad penal. Es decir, que la pena que la Sala Segunda le impuso no era proporcionada, siendo la inhabilitación para poder presentarse a unas elecciones una pena que nunca debió imponerse como accesoria de la pena principal: un mes y medio de prisión, que fue sustituida obligatoriamente por una multa.
En el caso del coordinador general de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, la sentencia del TC ha anulado la resolución del Supremo que ordenaba repetir el juicio en el caso Bateragune, sobre el intento de recomponer la ilegalizada Batasuna. La mayoría progresista del TC entiende que dicha repetición vulneraría su derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Miedo a que el TC dé luz verde a la amnistía El tono de los populares hacia el Constitucional es diferente al que tenían hace un año, cuando perdieron la mayoría conservadora en el tribunal de garantías. Si antes era un "árbitro" entre poderes que "defiende a todos los españoles de la deriva autoritaria del Gobierno", desde que se quedaron sin esa mayoría se ha convertido en "un tribunal de parte".
Además, por mucho que en sus discursos repitan que la ley de amnistía es inconstitucional y que el Gobierno se dará contra un muro en Bruselas y en los tribunales, en el PP cada vez hay más voces que no están convencidas de que eso acabe siendo así. "Con este Constitucional todo es posible", dicen fuentes populares poniendo la venda antes que la herida y allanando el terreno para una previsible futura ofensiva si el TC declara constitucional la norma.
Misma estrategia con el Congreso, que tampoco controlan El Tribunal Constitucional no es el único en la diana de los ataques del PP de Feijóo. El Congreso de los Diputados, en el que, pese a ser el partido más votado, el PP está aislado frente al Gobierno de coalición y sus socios, también es blanco de sus críticas. "¿Es verdad que la soberanía nacional ya no reside en las Cortes? Pues durante lo que llevamos de legislatura, yo tengo que ser sincero: no", clamó el líder popular en EsRadio el pasado miércoles.
Un día antes había reunido a sus grupos parlamentarios para arrancar el curso y anunciar que el Senado celebraría un pleno más al mes porque el Congreso ya no cumplía su función y era necesario "devolver a las Cortes el protagonismo de la vida política y parlamentaria de nuestro país".
Haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta ni siquiera permitió Feijóo que fuese el presidente de la misma, Pedro Rollán, quien comunicase la decisión. De facto, lo que Feijóo pretende es llevar al Senado una actividad paralela a la del Congreso con la que demostrar qué es lo que haría el PP si llega al Gobierno. Así lo reconoció él mismo.
Ocho años de impunidad de la 'operación Cataluña' tras los audios de 'Público' que destaparon la trama
La opinión pública se enteró de las prácticas ilegales de la 'brigada' política del Ministerio del Interior gracias a las informaciones exclusivas de este diario, a partir de junio de 2016. La Fiscalía no abrió una investigación entonces, aunque el escándalo le costó el puesto a Fernández Díaz.
La decisión este lunes de la Fiscalía Superior de Catalunya de abrir diligencias en relación a la presunta investigación extrajudicial contra el que fuera fiscal superior de esa Comunidad Martín Rodríguez Sol supone la primera investigación preprocesal en torno a la llamada operación Cataluña, sobre las maniobras de la brigada política en el seno del Ministerio del Interior, entre 2012 y 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy para, con pruebas falsas, desacreditar a los líderes independentistas catalanes.
El momento político ahora es otro bien distinto al vivido en junio de 2016, en pleno Gobierno de Rajoy. Fue en ese momento cuando Público consiguió pruebas irrefutables sobre el concierto entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, el magistrado Daniel de Alfonso, para fabricar escándalos en torno a los dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de Convergencià Democrática de Catalunya (CDC), embrión de Junts.
Aquella investigación periodística, que provocó que el Parlament aprobara el cese de Daniel de Alfonso al frente de la Oficina Antifrau por deslealtad, no corrió la misma suerte que la actual de dos diarios —elDiario.es y La Vanguardia—, que juntos han desvelado que el exfiscal jefe de Catalunya fue objeto de una investigación prospectiva. La Fiscalía se ha decidido a investigarlo.
Los periodistas de Público Carlos Enrique Bayo y Patricia López comparecieron en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña en el Parlament celebrada en mayo de 2017, la primera que se organizó para ahondar en las prácticas parapoliciales en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz.
Unos audios trascendentales Los audios ofrecidos por Público en junio de 2016 procedían de una reunión entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, en el despacho del primero, que fue grabada por la propia brigada política. La entrevista entre ambos tuvo lugar en octubre de 2014, poco antes de que se celebrase la consulta soberanista del 9-N.
En ese contexto, el ministro del Interior le requería al responsable de la oficina anticorrupción catalana —un ente independiente, cuyo presidente es elegido en el Parlament—, material comprometedor para fabricar escándalos mediáticos contra Artur Mas, el president de la Generalitat en aquel momento, o contra Oriol Junqueras, líder de ERC.
"La Fiscalía te lo afina" En los audios de Público se puede escuchar una de las más célebres frases pronunciadas por Fernández Díaz, procesado por el caso Kitchen, sobre el espionaje a Luis Bárcenas: "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión". Así, le instaba a Daniel de Alfonso a entregarle cualquier informe o dato sobre posibles actuaciones corruptas de políticos nacionalistas catalanes. El escándalo le costó el puesto a Jorge Fernández Díaz, destituido en noviembre de 2016.
Esta investigación de Público fue el comienzo de todo, antes incluso de que la operación Cataluña se llamara así en los medios, algo que ocurrió más tarde, en 2018, y se debió a un desliz de un letrado del comisario jubilado Villarejo, que pronunció entonces por primera vez esa denominación. Público aportó los audios a la Fiscalía, pero esta no quiso iniciar una investigación.
A partir de los audios de Fernández Díaz y de Daniel de Alfonso se fue deshaciendo la madeja de las 'cloacas de Interior', el grupúsculo que también pergeñó otras operaciones parapoliciales, como la que se llevó por delante la Banca Privada d'Andorra (BPA), que investiga una jueza del Principado.
Esa investigación en Andorra no cuenta con la cooperación de España, tras frenar los jueces de Madrid la tramitación de la comisión rogatoria para la investigación en el Principado del expresidente Rajoy y el exministro Fernández Díaz, entre otros exministros y agentes de la brigada política.
El papel 'impune' de Alicia Sánchez-Camacho Este diario también publicó en exclusiva una nota informativa de la Comisaría General de Policía Judicial, que ahondaba en la participación de Alicia Sánchez-Camacho, expresidenta del PP catalán y actual senadora del partido, en la trama contra la familia del expresident Jordi Pujol.
Sánchez-Camacho nunca ha sido llamada a declarar por ningún juez ni fiscal por su posible participación en la operación Cataluña. La grabación de la comida en un restaurante entre la política y la exnovia de Jordi Pujol Jr., donde se habló de cómo hacer llegar a la prensa datos de la fortuna familiar de los Pujol, fue conocida por el Ministerio del Interior casi de inmediato, como prueba la nota informativa desvelada por este diario.
Precisamente el juez instructor de la macrocausa Tándem o caso Villarejo, Manuel García Castellón, niega al hijo de Jordi Pujol poder personarse en esta causa judicial protagonizada por Villarejo, con el argumento de que ya se investiga en Andorra.
Sin embargo, las pesquisas abiertas por la jueza en el Principado se centran en los presuntos medios ilegales de la brigada política española para obtener de la Banca Privada d'Andorra (BPA) datos sobre líderes políticos catalanes. Deja fuera la participación, por ejemplo, de Alicia Sánchez-Camacho.
Salú y República.
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La UCO confirma la financiación irregular en las campañas del PP de València en 2007 y 2011
Las investigaciones señalan que solo 150.000 euros fueron declarados de los dos millones utilizados en 2007. Alfonso Grau, mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá, es uno de los cuatro acusados.
PÚBLICO / EUROPA PRESS La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles que las campañas del PP en València en 2007 y 2011 se financiaron de manera irregular a través de donaciones y pagos de empresas privadas. Rita Barberá fue alcaldesa durante ese período de tiempo, hasta 2015.
Las investigaciones indican que la campaña electoral de 2007 tendría que haberse financiado con un presupuesto de 150.000 euros, pero las investigaciones concluyen que el partido liderado por Feijóo habría utilizado unos dos millones de euros que no fueron declarados en su totalidad.
Durante el período en el que se habría cometido el delito de malversación, Rita Barberá era la alcaldesa del Ayuntamiento de València y ahora, Alfonso Grau, mano derecha de ésta, ha sido el primero en testificar ante la Audiencia Provincial. Grau ya estuvo en prisión provisional cuando fue acusado por el caso Azud.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau nueve años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho. Por otro lado, José Salinas (exdirector de la Fundación Turismo Valencia) y Juan Eduardo Santón (exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo) se enfrentan a cinco años por malversación, y Carmen García Fuster (exsecretaria del PP) a un año por delito de cohecho.
Solo han quedado cuatro personas acusadas de las 49 iniciales, entre las que se encontraban el propio partido y concejales y asesores del mismo en el Ayuntamiento valenciano durante la alcaldía de Barberá. Sin embargo, el procedimiento contra ellos se archivó.
La investigación de las cuentas del PP La exconcejala María José Alcón le contó a su hijo y a su hermana que había en marcha una "operativa de transferencias bancarias" a la cuenta municipal del PP de València, que luego eran reintegradas en dinero en efectivo. A raíz de esta conversación, la Guardia Civil analizó las cuentas del partido.
La investigación destapó que varias empresas habían sido contratadas en 2007 y 2011 por importes mayores a los que realmente se declararon. Según fuentes cercanas al caso, se trataba de compañías que tenían "intereses económicos" con el Ayuntamiento. En paralelo, un agente de la Guardia Civil ha declarado que en la vivienda de García Fuster había sobres con dinero.
Los periodistas que estuvieron en esa cena todavía recuerdan el estupor que les causó Emiliano García Page despachándose a gusto por primera vez contra Pedro Sánchez. Fue en Bruselas, en enero de 2015, a los pocos meses de su primera elección como secretario general del PSOE; antes de todo. Antes de que Podemos casi sorpasara al PSOE, antes del 1 de octubre socialista y de la abstención para dejar gobernar a Mariano Rajoy; antes de la moción de censura, del mayo negro de 2023 y de la salvación de julio pasado. Antes de que el nuevo secretario general se presentara por primera vez a las elecciones, García Page ya se situaba en el extrarradio de Ferraz, incómodo con el fondo y las formas del nuevo líder socialista.
García Page apoyó a Sánchez en su primera nominación frente a Eduardo Madina y, tres años después, lo combatió con todas sus fuerzas al lado de Susana Díaz en un congreso (el número 39 del PSOE) en el que se impuso un modelo de partido que dejó fuera de juego a poderes territoriales y empoderó al líder como nunca antes había ocurrido. Eso es lo que apoyaron los militantes en 2017, soliviantados por la abstención en favor del PP que habían bendecido la mayoría de los mandos socialistas. Desde entonces, el PSOE es otro; pero García Page se ha mantenido casi en los mismos parámetros en los que estaba. Ha sido el verso suelto porque tiene poder institucional y le avalan sus buenos resultados electorales, que se sustentan sobre unos cimientos muy distintos a los de otras federaciones. El relato de “todos los votos son buenos para frenar a la derecha” no le vale a García Page en Castilla-La Mancha porque allí su electorado es fronterizo con el del PP y, quizá por eso, él utiliza sus discrepancias con Ferraz como parte de su campaña para seguir ganando. Entre sus compañeros está bastante asumido que García Page necesita mayoría absoluta para gobernar y que para llegar a la mayoría absoluta tiene que conseguir que el antisanchismo ni siquiera le roce. Eso lo entienden los socialistas de todas las latitudes, incluso la cúpula de Ferraz, pero les parece inadmisible que él termine siendo el más antisanchista y se jacte de ello entre chanzas y compadreo con los presidentes del PP. En el corrillo de Fitur estaba el mandatario popular que abrió la puerta de par en par a la ultraderecha en la Comunitat Valenciana y colocó a un torero de vicepresidente. García Page campa a sus anchas en Castilla-La Mancha pero se ha quedado colgado de un PSOE que no existe y al que ya sólo apelan parte de la vieja guardia y la derecha. Le podrá gustar más o menos, pero la cultura de partido implantada por Sánchez está hecha a la medida de Sánchez y no de cuotas o equilibrios de poderes. A los presidentes autónomicos les sirve de poco tener mayoría absoluta para ser influyentes en el corazón del partido. Sirva como ejemplo el caso de María Jesús Montero, que no es número dos del PSOE porque ese puesto se reserve a la federación andaluza sino porque Sánchez la ha elegido a ella. Es más, la escasa trayectoria orgánica que hasta entonces había tenido la vicesecretaria general explica muy bien cómo las lógicas de Sánchez al pilotar el PSOE tienen poco que ver con el mundo de ayer, de aparatos y baronías. En este PSOE el líder siempre tiene el comodín de la militancia. No es nueva la incomodidad de García Page y se ha encargado con denuedo de que se sepa. La diferencia es que ahora se ha quedado solo en esa posición, especialmente después de que las urnas hayan desalojado a los dirigentes territoriales con quienes compartió modelo de PSOE y Sánchez haya sumado un millón de votos en su última resurección. García Page puede cavar su trinchera, pero posiblemente sólo consiga arrastrar a ella a quienes quieren borrar del mapa al partido en el que milita.
Es una cuestión de contexto. Gamarra tira siempre de cinismo y de exageraciones. Eso en política se responde con más de lo mismo. Pero resulta que se encuentra con alguien que no es cínico, que no necesita vender el odio al rival, pero defiende la honestidad intelectual. Una situación inesperada e incómoda para Gamarra.
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