Para empezar, no soy votante ni simpatizante de VOX, pero considero que se les ha echado mucha mierda mierda encima y comprendo que se defiendan como puedan...
marapez escribió:Condenas en costas y reproches del Supremo: los fracasos de Vox en la Justicia que silencia el partido
Denuncia en los tribunales. Comunicación a la prensa. Celebración pública si prospera. Silencio sobre todas esas acciones que encallan en los juzgados.
Siempre es la misma liturgia. Vox ha hecho de los juzgados una pata más de su estrategia política, junto a las instituciones y los medios de comunicación. Su plantel de abogados, entre los que figura el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, ha diseñado querellas, recursos, personaciones en casos mediáticos o sensibles a sus intereses que anuncian a bombo y platillo que en su gran mayoría naufragan en los tribunales y de las que nunca más se sabe. Su propaganda inunda las redes y sus mensajes con los escasos pleitos que prosperan, caso del estado de alarma, que primero pidieron al Gobierno de Pedro Sánchez y luego impugnaron en el Constitucional, que acabó dándole la razón. El recurso del partido de Abascal consiguió que un tribunal dividido declarase contrario a la Carta Magna el primer confinamiento que usó el Gobierno para combatir la primera ola de la pandemia usando el estado de alarma. El tribunal determinó que para confinar el país el Gobierno debíó haber recurrido a otro instrumento, el estado de excepción, todavía más restrictivo y que debe declarar el Congreso a petición del Gobierno. Un segundo triunfo de menor envergadura había sido muy celebrado por Vox unos meses antes, en mayo de 2021. El Constitucional decidió estimar un recurso de Vox y anular la designación de Pablo Iglesias como miembro de la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia, a todos los efectos el organismo de control del Centro Nacional de Inteligencia. Los jueces volvieron a cuestionar el procedimiento, entendieron que se tramitó de urgencia sin suficiente justificación. Pero Vox se presentó ante los medios como el garante de haber evitado que otro de esos dirigentes a los que señalan como enemigos de España tuviese acceso a la información sensible que maneja esa comisión. Por ruido que haya hecho la extrema derecha, los casos anteriores son la excepción y no la norma en su estrategia judicial. Lo habitual es que el resultado de toda esa artillería legal no tenga más consecuencias que la inadmisión de sus acciones y el pago de las costas con cargo al partido. Hay asuntos judicializados para todos los gustos: desde querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus hasta recursos contra todo tipo de nombramientos. Y el partido retransmite y celebra públicamente cada paso de cada causa: cuando esas acciones judiciales son "admitidas a trámite", cuando el juez "abre diligencias". Trámites que consisten básicamente en que el juez lee la querella para estudiar la posible apertura de una causa o investigación antes de decretar su archivo días después. Todo ese barullo procesal contrasta con el silencio que impera cuando sus acciones judiciales fracasan. Y han sido muchas. Algunas veces porque el partido ni siquiera está legitimados para presentar las acciones que anuncia. Y tampoco sus diputados. En los últimos años el Tribunal Supremo ha condenado en costas a Vox como partido y a diferentes parlamentarios por 12.000 euros, que corresponden a recursos anunciados antes a la prensa que ni siquiera estaban legitimados para presentar. Sucedió por ejemplo con la impugnación del nombramiento de Cani Fernández como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o del consejero Carlos Aguilar. O cuando recurrieron la Orden del Consejo de Seguridad Nacional contra la desinformación de 2020 –tras una furibunda campaña que bautizó ese plan del Gobierno de Sánchez como "Ministerio de la Verdad"–. En todos estos autos el Tribunal Supremo ha explicado repetidamente que el hecho de ser un partido político o disponer de un acta de diputado del Congreso no da derecho a recurrir cualquier cosa. En uno de estos autos, incluso, el Supremo aseguró que esta jurisprudencia restrictiva sobre la actividad judicial de los partidos políticos tiene una fundamentación que "conoce la parte recurrente, toda vez que es la misma en cuya virtud se ha inadmitido el recurso interpuesto por Vox" contra otra decisión del Gobierno. Otros de sus recursos presentados en el Supremo que sí estaba legitimado a presentar han quedado igualmente desbaratados con su correspondiente condena en costas. Uno de ellos fue el que la formación de extrema derecha presentó contra la exhumación de Franco o contra la decisión de la Junta Electoral que les obligó a permitir el acceso de periodistas del grupo PRISA a sus actos electorales de la campaña de 2019. En este último caso, el Supremo recordó al partido de Santiago Abascal que con actitudes como las suyas vetando a determinados periodistas "se pulverizan los principios de pluralismo e igualdad".
Querellas inadmitidas
Las querellas, tramitadas en la vía penal, también son anunciadas entre grandes alharacas por Vox pero sus inadmisiones vuelven a quedarse en los cajones de su departamento jurídico. Hasta ocho iniciativas penales del partido han sido frenadas por el Tribunal Supremo sin ni siquiera abrir una causa, al entender que no había indicios de delito o, al menos, no contra el presidente del Gobierno, como pretendía el partido. Ha pasado con diferentes miembros del Gobierno y con diputados del Congreso: desde Pedro Sánchez, a Dolores Delgado, pasando por Pablo Echenique (por escribir un tuit), Reyes Maroto, a José Luis Ábalos por el 'caso Delcy', el expresident Quim Torra o Ione Belarra por delito de odio, entre otros. Y por supuesto, Fernando Grande Marlaska, al que el partido de Abascal ha situado en el centro de todos sus ataques. Sucedió con la querella –y sus ampliaciones– que Vox interpuso contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por los disturbios durante un mitin de Abascal en el distrito madrileño de Vallecas. En aquel acto, al inicio de la campaña madrileña, Abascal hizo responsable directamente al ministro, al que acusó de permitir los altercados –en los que un diputado de Vox resultó herido en una mano–. En los días siguientes el partido martilleó con la consigna: culpaba a Marlaska de poner en marcha un dispositivo insuficiente y dejar desprotegido a su líder. No solo eso, le acusaba de no comunicar a la opinión pública que alguno de los implicados estaba supuestamente relacionado con Podemos y su entonces dirigente Pablo Iglesias. Todas esas acciones judiciales que invocaban los dirigentes de Vox aquellos días de campaña acabaron en nada: el Tribunal Supremo, según ha sabido también elDiario.es, inadmitió la querella a principios de julio. Muchos de estas decisiones de archivar las causas se conocen gracias a que el propio Tribunal Supremo difunde los autos de la sala de lo penal, de los que suele desentenderse el partido de Abascal cada vez que fracasan sus denuncias. La información "urgente" difundida por su formación cuando se querelló contra la ministra Reyes Maroto por enseñar la navaja ensangrentada que enviaron a su despacho en las últimas elecciones madrileñas contrastó con el silencio posterior. La querella, según ha sabido este periódico, fue inadmitida a finales del pasado junio.
Juicio al procés
Mucho antes, Vox ya había querido explotar a nivel mediático y político su presencia como acusación popular en el juicio al procés independentista celebrado y sentenciado en el Tribunal Supremo en 2019. Javier Ortega Smith, que ejercía como abogado en el tribunal, comparecía ante las televisiones después de cada jornada de la fase de instrucción. Cuando arrancó el juicio lo hizo flanquedado por Santiago Abascal. Su actuación tanto en la investigación como en el juicio fue ensalzada por sus dirigentes que decían ser el único partido que acusaba a quienes ellos denominaban golpistas y enemigos de España. Su acusación fue la que más se alejó de la sentencia dictada por el tribunal. En un primer momento, Vox llegó a pedir más de 70 años de cárcel por delitos como organización criminal. El Supremo consideró finalmente a los acusados culpables de sedición y malversación y les impuso condenas seis veces inferiores a las que pretendía el partido de Abascal. Sus intervenciones en el juicio y los testigos propuestos por Vox no tuvieron un papel determinante y en alguna ocasión llegaron a provocar hilaridad en algunos miembros del tribunal. Abascal acabó tildando de "vergonzoso" el fallo de la sala presidida por Manuel Marchena después de que rechazase todas y cada una de sus tesis, y también después de que la sentencia cuestionase, incluso, su presencia en el proceso. El fallo dedica algunas líneas a Vox. Califica de "verdaderamente perturbadora" la "presencia misma de ese partido" como acusación popular. Ya entonces habló Marchena sobre "el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política" en un Tribunal Supremo que tradicionalmente se posiciona en contra de que los partidos políticos ejerzan la acusación popular. Esta misma instrumentalización se produjo cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena de inhabilitación de Quim Torra por negarse a retirar banderas de apoyo a los presos del procés durante un periodo electoral. Un proceso en el que Vox ejerció la acusación popular pero en el que presumió de haber interpuesto la querella que terminó en condena. Lo cierto es que, tal y como explica el Tribunal Superior de Catalunya, las actuaciones se abrieron "a instancias de la querella del Fiscal Superior de Cataluña, dictándose auto de admisión de la misma en fecha 1 de abril de este año". La querella de Vox llegó dos días más tarde.
La estrategia sigue
No parece que Vox vaya a renunciar próximamente a su estrategia de judicializarlo todo para lograr altavoces mediáticos. En las últimas semanas los portavoces del partido han anunciado que llevarán ante la Justicia a todo aquel que "intentara relacionar a Vox con cualquier tipo de violencia", como aseguró, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros. Apenas unos días después el líder del partido, Santiago Abascal, reprochaba en los micrófonos de Federico Jiménez Losantos que Pedro Sánchez no hubiera "abofeteado" a Pere Aragonès por la retirada de la bandera de España durante una comparecencia. Vox también libra una batalla judicial contra los medios de comunicación que le resultan incómodos. Lo hace amparándose en el derecho de rectificación, una figura legal que obliga a los medios de comunicación a incluir una versión, sea o no veraz, de un actor aludido en la información. Hace un año era Javier Ortega-Smith quien afirmaba en TVE que el diario El País había sido condenado "por mentir" sobre Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. La realidad es que un juzgado de Madrid había obligado al rotativo de PRISA a incluir en su información la versión remitida por la propia dirigente del partido. En ese mismo sentido se pronunció después Espinosa de los Monteros cuando hace poco más de una semana celebró en su cuenta de Twitter una sentencia del mismo tipo contra el diario Público. En estos procesos judiciales los magistrados no analizan la veracidad de las informaciones cuestionadas sino si el medio que las ha publicado ha incluido también la versión de los hechos del afectado y si lo ha hecho otorgando la misma importancia a estas explicaciones que a la información original. Los jueces no entran a analizar la veracidad de dicha rectificación que en su caso se dirimirá en juicios posteriores.
Próximos capítulos: Delgado y estado de alarma
Los distintos tribunales tienen aún pendientes pronunciamientos sobre otros recursos interpuestos por Vox. En el caso del Tribunal Supremo los jueces de lo contencioso-administrativo decidirán este mes de octubre si el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general es o no válido. Una primera parte del debate será decidir si el partido de Abascal y el PP (que también presentó denuncia) estaban legitimados para recurrir el nombramiento. El caso no será estudiado si no es así por una de sus secciones con Pilar Teso como ponente. Lo mismo sucede con sus recursos contra los indultos de los líderes independentistas del procés. Al Tribunal Constitucional le quedan pendientes varios asuntos que fueron llevados por Vox a los tribunales en los que sí ha encontrado petróleo: las medidas tomadas por el Gobierno para combatir los momentos más duros de la pandemia. La prórroga del primer estado de alarma –ya declarado inconstitucional– y el parón en la actividad en el Congreso de los Diputados. Este segundo asunto se refiere a la decisión de la Mesa del Congreso sacada adelante con los votos de los partidos del Gobierno de coalición con la que frenaron los plazos de las iniciativas. Quedaron en suspenso durante un mes las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a proyectos legislativos. También en este caso, el partido de Abascal había pedido antes a la presidenta del Congreso por carta anular precisamente la actividad de la Cámara por el riesgo de la COVID.
Para empezar, no soy votante ni simpatizante de VOX, pero considero que se les ha echado mucha mierda mierda encima y comprendo que se defiendan como puedan...
Ya vale de faltar a la obligada cortesía dialéctica. Esto sigue siendo el subforo Café Gijón.
Y para no estropear el trabajo de la pececina:
marapez escribió:Condenas en costas y reproches del Supremo: los fracasos de Vox en la Justicia que silencia el partido
Denuncia en los tribunales. Comunicación a la prensa. Celebración pública si prospera. Silencio sobre todas esas acciones que encallan en los juzgados.
Siempre es la misma liturgia. Vox ha hecho de los juzgados una pata más de su estrategia política, junto a las instituciones y los medios de comunicación. Su plantel de abogados, entre los que figura el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, ha diseñado querellas, recursos, personaciones en casos mediáticos o sensibles a sus intereses que anuncian a bombo y platillo que en su gran mayoría naufragan en los tribunales y de las que nunca más se sabe. Su propaganda inunda las redes y sus mensajes con los escasos pleitos que prosperan, caso del estado de alarma, que primero pidieron al Gobierno de Pedro Sánchez y luego impugnaron en el Constitucional, que acabó dándole la razón. El recurso del partido de Abascal consiguió que un tribunal dividido declarase contrario a la Carta Magna el primer confinamiento que usó el Gobierno para combatir la primera ola de la pandemia usando el estado de alarma. El tribunal determinó que para confinar el país el Gobierno debíó haber recurrido a otro instrumento, el estado de excepción, todavía más restrictivo y que debe declarar el Congreso a petición del Gobierno. Un segundo triunfo de menor envergadura había sido muy celebrado por Vox unos meses antes, en mayo de 2021. El Constitucional decidió estimar un recurso de Vox y anular la designación de Pablo Iglesias como miembro de la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia, a todos los efectos el organismo de control del Centro Nacional de Inteligencia. Los jueces volvieron a cuestionar el procedimiento, entendieron que se tramitó de urgencia sin suficiente justificación. Pero Vox se presentó ante los medios como el garante de haber evitado que otro de esos dirigentes a los que señalan como enemigos de España tuviese acceso a la información sensible que maneja esa comisión. Por ruido que haya hecho la extrema derecha, los casos anteriores son la excepción y no la norma en su estrategia judicial. Lo habitual es que el resultado de toda esa artillería legal no tenga más consecuencias que la inadmisión de sus acciones y el pago de las costas con cargo al partido. Hay asuntos judicializados para todos los gustos: desde querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus hasta recursos contra todo tipo de nombramientos. Y el partido retransmite y celebra públicamente cada paso de cada causa: cuando esas acciones judiciales son "admitidas a trámite", cuando el juez "abre diligencias". Trámites que consisten básicamente en que el juez lee la querella para estudiar la posible apertura de una causa o investigación antes de decretar su archivo días después. Todo ese barullo procesal contrasta con el silencio que impera cuando sus acciones judiciales fracasan. Y han sido muchas. Algunas veces porque el partido ni siquiera está legitimados para presentar las acciones que anuncia. Y tampoco sus diputados. En los últimos años el Tribunal Supremo ha condenado en costas a Vox como partido y a diferentes parlamentarios por 12.000 euros, que corresponden a recursos anunciados antes a la prensa que ni siquiera estaban legitimados para presentar. Sucedió por ejemplo con la impugnación del nombramiento de Cani Fernández como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o del consejero Carlos Aguilar. O cuando recurrieron la Orden del Consejo de Seguridad Nacional contra la desinformación de 2020 –tras una furibunda campaña que bautizó ese plan del Gobierno de Sánchez como "Ministerio de la Verdad"–. En todos estos autos el Tribunal Supremo ha explicado repetidamente que el hecho de ser un partido político o disponer de un acta de diputado del Congreso no da derecho a recurrir cualquier cosa. En uno de estos autos, incluso, el Supremo aseguró que esta jurisprudencia restrictiva sobre la actividad judicial de los partidos políticos tiene una fundamentación que "conoce la parte recurrente, toda vez que es la misma en cuya virtud se ha inadmitido el recurso interpuesto por Vox" contra otra decisión del Gobierno. Otros de sus recursos presentados en el Supremo que sí estaba legitimado a presentar han quedado igualmente desbaratados con su correspondiente condena en costas. Uno de ellos fue el que la formación de extrema derecha presentó contra la exhumación de Franco o contra la decisión de la Junta Electoral que les obligó a permitir el acceso de periodistas del grupo PRISA a sus actos electorales de la campaña de 2019. En este último caso, el Supremo recordó al partido de Santiago Abascal que con actitudes como las suyas vetando a determinados periodistas "se pulverizan los principios de pluralismo e igualdad".
Querellas inadmitidas
Las querellas, tramitadas en la vía penal, también son anunciadas entre grandes alharacas por Vox pero sus inadmisiones vuelven a quedarse en los cajones de su departamento jurídico. Hasta ocho iniciativas penales del partido han sido frenadas por el Tribunal Supremo sin ni siquiera abrir una causa, al entender que no había indicios de delito o, al menos, no contra el presidente del Gobierno, como pretendía el partido. Ha pasado con diferentes miembros del Gobierno y con diputados del Congreso: desde Pedro Sánchez, a Dolores Delgado, pasando por Pablo Echenique (por escribir un tuit), Reyes Maroto, a José Luis Ábalos por el 'caso Delcy', el expresident Quim Torra o Ione Belarra por delito de odio, entre otros. Y por supuesto, Fernando Grande Marlaska, al que el partido de Abascal ha situado en el centro de todos sus ataques. Sucedió con la querella –y sus ampliaciones– que Vox interpuso contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por los disturbios durante un mitin de Abascal en el distrito madrileño de Vallecas. En aquel acto, al inicio de la campaña madrileña, Abascal hizo responsable directamente al ministro, al que acusó de permitir los altercados –en los que un diputado de Vox resultó herido en una mano–. En los días siguientes el partido martilleó con la consigna: culpaba a Marlaska de poner en marcha un dispositivo insuficiente y dejar desprotegido a su líder. No solo eso, le acusaba de no comunicar a la opinión pública que alguno de los implicados estaba supuestamente relacionado con Podemos y su entonces dirigente Pablo Iglesias. Todas esas acciones judiciales que invocaban los dirigentes de Vox aquellos días de campaña acabaron en nada: el Tribunal Supremo, según ha sabido también elDiario.es, inadmitió la querella a principios de julio. Muchos de estas decisiones de archivar las causas se conocen gracias a que el propio Tribunal Supremo difunde los autos de la sala de lo penal, de los que suele desentenderse el partido de Abascal cada vez que fracasan sus denuncias. La información "urgente" difundida por su formación cuando se querelló contra la ministra Reyes Maroto por enseñar la navaja ensangrentada que enviaron a su despacho en las últimas elecciones madrileñas contrastó con el silencio posterior. La querella, según ha sabido este periódico, fue inadmitida a finales del pasado junio.
Juicio al procés
Mucho antes, Vox ya había querido explotar a nivel mediático y político su presencia como acusación popular en el juicio al procés independentista celebrado y sentenciado en el Tribunal Supremo en 2019. Javier Ortega Smith, que ejercía como abogado en el tribunal, comparecía ante las televisiones después de cada jornada de la fase de instrucción. Cuando arrancó el juicio lo hizo flanquedado por Santiago Abascal. Su actuación tanto en la investigación como en el juicio fue ensalzada por sus dirigentes que decían ser el único partido que acusaba a quienes ellos denominaban golpistas y enemigos de España. Su acusación fue la que más se alejó de la sentencia dictada por el tribunal. En un primer momento, Vox llegó a pedir más de 70 años de cárcel por delitos como organización criminal. El Supremo consideró finalmente a los acusados culpables de sedición y malversación y les impuso condenas seis veces inferiores a las que pretendía el partido de Abascal. Sus intervenciones en el juicio y los testigos propuestos por Vox no tuvieron un papel determinante y en alguna ocasión llegaron a provocar hilaridad en algunos miembros del tribunal. Abascal acabó tildando de "vergonzoso" el fallo de la sala presidida por Manuel Marchena después de que rechazase todas y cada una de sus tesis, y también después de que la sentencia cuestionase, incluso, su presencia en el proceso. El fallo dedica algunas líneas a Vox. Califica de "verdaderamente perturbadora" la "presencia misma de ese partido" como acusación popular. Ya entonces habló Marchena sobre "el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política" en un Tribunal Supremo que tradicionalmente se posiciona en contra de que los partidos políticos ejerzan la acusación popular. Esta misma instrumentalización se produjo cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena de inhabilitación de Quim Torra por negarse a retirar banderas de apoyo a los presos del procés durante un periodo electoral. Un proceso en el que Vox ejerció la acusación popular pero en el que presumió de haber interpuesto la querella que terminó en condena. Lo cierto es que, tal y como explica el Tribunal Superior de Catalunya, las actuaciones se abrieron "a instancias de la querella del Fiscal Superior de Cataluña, dictándose auto de admisión de la misma en fecha 1 de abril de este año". La querella de Vox llegó dos días más tarde.
La estrategia sigue
No parece que Vox vaya a renunciar próximamente a su estrategia de judicializarlo todo para lograr altavoces mediáticos. En las últimas semanas los portavoces del partido han anunciado que llevarán ante la Justicia a todo aquel que "intentara relacionar a Vox con cualquier tipo de violencia", como aseguró, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros. Apenas unos días después el líder del partido, Santiago Abascal, reprochaba en los micrófonos de Federico Jiménez Losantos que Pedro Sánchez no hubiera "abofeteado" a Pere Aragonès por la retirada de la bandera de España durante una comparecencia. Vox también libra una batalla judicial contra los medios de comunicación que le resultan incómodos. Lo hace amparándose en el derecho de rectificación, una figura legal que obliga a los medios de comunicación a incluir una versión, sea o no veraz, de un actor aludido en la información. Hace un año era Javier Ortega-Smith quien afirmaba en TVE que el diario El País había sido condenado "por mentir" sobre Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. La realidad es que un juzgado de Madrid había obligado al rotativo de PRISA a incluir en su información la versión remitida por la propia dirigente del partido. En ese mismo sentido se pronunció después Espinosa de los Monteros cuando hace poco más de una semana celebró en su cuenta de Twitter una sentencia del mismo tipo contra el diario Público. En estos procesos judiciales los magistrados no analizan la veracidad de las informaciones cuestionadas sino si el medio que las ha publicado ha incluido también la versión de los hechos del afectado y si lo ha hecho otorgando la misma importancia a estas explicaciones que a la información original. Los jueces no entran a analizar la veracidad de dicha rectificación que en su caso se dirimirá en juicios posteriores.
Próximos capítulos: Delgado y estado de alarma
Los distintos tribunales tienen aún pendientes pronunciamientos sobre otros recursos interpuestos por Vox. En el caso del Tribunal Supremo los jueces de lo contencioso-administrativo decidirán este mes de octubre si el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general es o no válido. Una primera parte del debate será decidir si el partido de Abascal y el PP (que también presentó denuncia) estaban legitimados para recurrir el nombramiento. El caso no será estudiado si no es así por una de sus secciones con Pilar Teso como ponente. Lo mismo sucede con sus recursos contra los indultos de los líderes independentistas del procés. Al Tribunal Constitucional le quedan pendientes varios asuntos que fueron llevados por Vox a los tribunales en los que sí ha encontrado petróleo: las medidas tomadas por el Gobierno para combatir los momentos más duros de la pandemia. La prórroga del primer estado de alarma –ya declarado inconstitucional– y el parón en la actividad en el Congreso de los Diputados. Este segundo asunto se refiere a la decisión de la Mesa del Congreso sacada adelante con los votos de los partidos del Gobierno de coalición con la que frenaron los plazos de las iniciativas. Quedaron en suspenso durante un mes las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a proyectos legislativos. También en este caso, el partido de Abascal había pedido antes a la presidenta del Congreso por carta anular precisamente la actividad de la Cámara por el riesgo de la COVID.
La única alternativa del PP: el mantra del 'no' a todo
Ayer un simple intercambio de tuits dejó más transparente la nula preocupación del Partido Popular por los problemas reales de la gente que cualquier declaración desde cualquier tribuna. El partido Más Madrid publicó un tuit con una sola palabra, 'Nada', era la respuesta que ellos mismos daban a la pregunta que formulaban previamente: lo que hará Almeida para regular los precios de los alquileres en Madrid, la respuesta en unas letras enormes era 'NADA'. A este tuit respondió el propio alcalde de Madrid, también con una sola palabra: 'Exacto'. O sea que Almeida que además de alcalde de Madrid es el portavoz nacional del PP tiene claro y reconoce que no va a hacer nada, en mayúsculas, para garantizar a los madrileños, y por extensión por su cargo nacional, al resto de españoles, el derecho a una vivienda como recoge la Constitución.
Claro que el PP no va a hacer nada porque entiende que encontrar un lugar donde vivir no es problema para nadie. Ya lo dijo ayer el propio Pablo Casado, con un trabajo y una nómina tienes un piso de alquiler. Es posible que muchos de los que a esta hora me escuchan, y que tienen un trabajo y una nómina, estén pasando o acaben de pasar el calvario de encontrar una vivienda, o vean cómo sus hijos siguen en casa, porque ríete tú del proceso de selección de inquilinos por parte de los arrendatarios. Ni un casting para Almodóvar debe ser tan difícil.
Pero para el PP no hay problema, bueno, si lo hay, y el problema es el Gobierno de Pedro Sánchez al que se le ha ocurrido meter mano en el mercado. Y claro, hay cosas que para el PP son intocables. Pero la crítica no queda aquí, el PP vuelve otra vez a acudir al Tribunal Constitucional. Una vez más pretende que el alto tribunal dirima lo que debería dirimirse en un debate parlamentario. Porque los 'populares' ni siquiera conocen el contenido completo de la Ley de vivienda, que todavía está en desarrollo, pero va a recurrir un enunciado.
Al PP le da igual lo que proponga el Gobierno, le da igual si es beneficioso o no para la gente. Su respuesta es clara y contundente: 'No'. No a permitir que la gente pueda acceder a una vivienda digna, no a que puedan tener un salario digno, no a que puedan pagar la luz, no, no y no. Este es el mantra. Esta es la única alternativa que como oposición plantean a las iniciativas del Gobierno.
El PP rechaza en Europa una enmienda para dar protección social a las maltratadas que no denuncien
Según ha sabido la Cadena SER, todos los eurodiputados del PP español votaron en contra de una enmienda para que las mujeres maltratadas puedan acceder a prestaciones sociales y laborales para ellas y para sus hijos mediante un mecanismo que les acredite como víctimas aunque no hayan denunciado. Fue en el pleno de esta semana del Parlamento Europeo en el que se aprobó un informe de la comisión de Igualdad con recomendaciones sobre el impacto de la violencia de género en el derecho de custodia en mujeres y menores. El voto del PP es sorprendente porque esta medida ya se aplica en España, también en las comunidades gobernadas por el partido de Pablo Casado y está incluida en el Pacto de Estado que aprobó Mariano Rajoy. Fuentes del PP explican a la Cadena SER que votaron en contra de esta enmienda porque invade competencias de los estados miembros y entienden que la UE no tiene potestad para decirle a cada país cómo debe aplicar estas medidas. Las mismas fuentes destacan que el grupo popular que dirige Dolors Montserrat, quien fue ministra de Sanidad e Igualdad con Rajoy, apoya la protección de las víctimas de violencia de género y por eso votó a favor del informe en su conjunto, que incluye la citada enmienda. También se desmarcaron los de Ciudadanos excepto Soraya Rodríguez que apoyó la iniciativa en sintonía con el resto de los eurodiputados del grupo liberal europeo. El PP también rechazó la recomendación de que los Estados miembros no reconozcan e incluso prohíban el uso del Síndrome de Alienación Parental, un síndrome sin ninguna base científica y que algunos jueces usan para castigar a las madres, acusarlas de manipulación de los hijos contra el padre y quitarles la custodia.
Donativos para luchar contra ETA desviados, la sede de Bilbao y el vertedero de Vitoria: tres derivadas vascas de la Gürtel
La sentencia del 'caso Gürtel' ha convulsionado la vida política española al dar por probada la contabilidad B del PP y la existencia de una red de cobro de comisiones tras la adjudicación de contratos públicos. Esta trama de corrupción salpica colateralmente al País Vasco en tres aspectos: la caja B se nutrió también de donativos de una cuenta especial para atender gastos extraordinarios por la amenaza de ETA -asunto citado de refilón en la sentencia-, parte de ese dinero y otras 'aportaciones' de empresas como Bruesa sirvieron para financiar la sede de la Gran Vía de Bilbao y en el vertedero de Vitoria hay constancia de una contratación calcada a la descrita por la Audiencia Nacional en relación a la contrata de limpieza del municipio madrileño de Majadahonda.
1 . Los donativos para luchar contra ETA
En 1998, el PP abrió en una oficina del extinto banco Argentaria (ahora la 'A' del BBVA) una cuenta específica para recoger donativos anónimos con los que atender gastos de seguridad derivados de la amenaza terrorista de ETA. Sólo unos meses atrás Miguel Ángel Blanco había sido asesinado. El entonces coordinador general de Génova, Ángel Acebes, garantizó que el dinero se destinaría a apoyar a los cuadros 'populares' escoltados. "Cualquier afiliado que quiera ingresar una peseta tendrá la garantía de que no habrá posibilidad de que vaya a un destino distinto", proclamó quien más adelante sería ministro de Interior. Esa bolsa estuvo activa hasta 2005. Según un informe de la Intervención General del Estado para los investigadores judiciales, la existencia de esa cuenta coincidió con los pagos de las amortizaciones del crédito para la nueva sede central del PP vasco, ubicada en la Gran Vía de Bilbao y sobre la que pesaba una hipoteca de más de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros). La investigación constató asimismo que existió un saldo favorable en esa cuenta, es decir, que no todo el dinero ingresado se gastó en la sede, sin que se pueda precisar con más detalle su destino final.
2. Las 'aportaciones' de Bruesa
Toda esta investigación parte de una carpeta de color verde llamada "Vizcaya" que el propio Luis Bárcenas, extesorero del PP, tenía en su poder. "Para llevar a cabo un control de la operación financiación de la compra y acondicionamiento de la sede del PP en Bizkaia, Luis Bárcenas creó una cuenta específica denominada 'Sede Vizcaya' con las mismas características que el resto de la contabilidad B, de cuya llevanza era el responsable", concluyó otro informe de la UDEF de la Policía Nacional sobre esta derivada de las macrocausas de corrupción que han carcomido al partido de Gobierno en España. Aquella investigación policial continuaba así: "Se ha podido comprobar con la documentación que se posee sobre este particular que la manera de alimentar dicha cuenta (entradas) era mediante aportaciones que recibían en efectivo, que ingresaban en las cuentas bancarias destinadas a recoger los ingresos por donativos en el Banco Vitoria y Banesto". A continuación, Génova transfería el dinero a Euskadi por tres vías, pagos directos de la hipoteca, transferencias a las cuentas del PP vasco para que ellos hicieron el pago o "[se hacía] la entrega en efectivo al gerente de la sede regional, Ignacio Aguirre Lafuente, del importe de la cuota mensual, para que éste cancelase directamente la hipoteca mediante traspaso a la cuenta de cargo", dictamina la Policía Nacional. En abril de 2014, la entonces presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, decidió de manera unilateral la salida de Ignacio Aguirre del partido tras más de 20 años en el cargo. El tercero de una conocida familia ‘popular’, el gerente salió por la puerta de atrás de la oficina de Gran Vía. Nadie aclaró si ese movimiento respondía a que Aguirre apareció en los papeles de Bárcenas o si la investigación interna que Quiroga acometió tras las noticias sobre la sede de Bilbao arrojó algún dato revelador. Todavía hoy no se han aclarado estos extremos. Además de los donativos para "seguridad", esa caja paralela de "Vizcaya" se nutrió igualmente de abonos de empresas contratistas, presuntamente comisiones tras adjudicaciones. "Se ha podido concretar que una de estas personas que efectuó estas entregas por valor de 36.000€ fue Emilio Álvarez López, persona presente en los consejos de administración de la empresa Bruesa Construcciones", estima la UDEF. Se da la circunstancia de que existe una operativa muy similar en la financiación de una sede 'popular' en Baleares.
3. La gestión de residuos en Vitoria
Un intermediario del PP solicitó una comisión de "100 millones de pesetas" (unos 600.000 euros) a cambio de una adjudicación del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria ocurrida en el año 2005, con el exministro y hoy líder del PP vasco Alfonso Alonso como alcalde de la capital vasca e Idoia Garmendia como edil del ramo. Aquel concurso público tenía como objeto la gestión de la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) del vertedero de Gardelegi y la UTE ganadora, liderada por Sufi, presuntamente el pago de la mordida a través de una empresa denominada Nige. El caso adquiere especial relevancia al ser sus protagonistas los mismos que constan como responsables de la manipulación de otras contratas de gestión de residuos en Madrid. La sentencia de la Gürtel refleja con detalle esta operación, una de las fundamentales para dar por probada la trama de cobro de comisiones en torno al PP. Ambas adjudicaciones son coincidentes en el tiempo. La prueba de la existencia de este 'peaje' en Vitoria para la obtención del importante contrato es una grabación que está recogida en el libro 'Dentro de lo normal' sobre corrupción en el País Vasco. “Nos dijo nuestro socio: ‘Si ponemos 100 kilos es muy probable que nos lo llevemos’. Se conoce que ése era el precio que tenía. Había un tío. Había un tío en Madrid. Entonces, hacemos ya las suposiciones, ¿no? Y que era el del PP. Ése fue el tema”, revela un empresario sobre los hechos ocurridos en 2005. El concurso público presuntamente manipulado para recaudar una comisión se resolvió el 22 de abril de 2005 con la adjudicación del contrato a una UTE conformada por la empresa Sufi (un 50%) y por las compañías locales Escor y Lanbide (vinculada a uno de los implicados en el 'caso Hiriko', Jesús Echave). No obstante, ya desde el 13 de abril se podía dar por decidida la contrata. Y es que las otras cuatro UTE que participaron en el concurso habían sido excluidas por los funcionarios municipales que valoraron las ofertas al no llegar al mínimo de puntos en la valoración técnica, según consta en el expediente. Se da la circunstancia de que el 11 de abril de 2005, antes de que se produjera la expulsión de las otras empresas, Sufi, beneficiaria del 50% de la adjudicación, abonó a una asesoría denominada Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial (Nige) una cantidad próxima a los 50 millones de pesetas (300.000 euros), un pago que se ajusta a las cantidades descritas por el empresario que admitió en la entrevista que había que pasar por caja. Teóricamente, el pago se correspondió con “trabajos de apoyo” para la elaboración del proyecto de Vitoria, pero no consta que Nige realizara asesoramiento alguno. El concepto de la factura de Sufi a Nige era exactamente "Honorarios devengados en concepto de trabajos de apoyo a la licitación de la planta de residuos de construcción y demolición de Vitoria". Nige es una empresa vinculada directamente a la trama Gürtel del PP. De hecho, su gerente Plácido Vázquez es uno de los imputados por haber actuado, presuntamente, como testaferro para el cobro de comisiones tras la adjudicación de contratos públicos en toda España. "Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto; si había éxito con la obra, él recibía una cantidad”, dijo en su momento Francisco Correa, quien da nombre a la trama
Cuentan y no acaban de la fiesta de Vox de este pasado fin de semana en Madrid. De entre las múltiples ocurrencias y comentarios que han surgido del acontecimiento, ha habido uno que me ha llamado especialmente la atención. Dicen que organizaron una especie de falla coronada por un sol en el que figuraban los símbolos de los 17 objetivos que la ONU ha etiquetado como Agenda 2030. En pleno festejo prendieron fuego a la representación de una feminista, un ecologista y un dirigente de izquierdas que con su puño en alto sostenían tal efigie. Lo que me inquietó más es la creciente manía que le han cogido a la susodicha agenda. Es cierto que en este tipo de declaraciones de los organismos internacionales abundan formulaciones bien intencionadas, sin que uno sepa muy bien el grado de compromiso que implican a los países signatarios. Pero, no creo que en el caso de Vox y de otros correlatos de la derecha extrema, lo que les preocupe especialmente de la Agenda 2030 sea su falta de concreción. Desde hace meses se ven muestras de ese rechazo furibundo. Recuerden que la convocatoria oficial de la manifestación homófoba de Madrid de hace unas semanas se fundamentaba en la voluntad de los manifestantes de mostrar su oposición a la Agenda 2030. Aunque la intención principal de los que atravesaron el barrio de Chueca fuera otra, lo cierto es que algunas de las pancartas exhibidas expresaban su total desacuerdo con los objetivos de las Agendas 2030-2050. Una primera impresión muestra que lo que molesta son dos cosas. Por un lado, la imposición de unos temas, objetivos y compromisos que coartan y cercenan la libertad entendida como que cada quién haga lo que le venga en gana. Y por el otro, el hecho que son decisiones tomadas desde fuera, desde el extranjero, por gente que no comprende cómo somos, y que por tanto muchas de las cosas a enmendar alteran la manera tradicional y propia de hacer de los de aquí de toda la vida. Recuerdo en este sentido la campaña del Partido del Progreso, formación ultraderechista noruega, que acusaba como antipatriota a todo dirigente político que luciera el pin de la Agenda 2030, y expresiones similares se van viendo en todo el mundo desde posiciones ultraconservadoras. Son pues expresión de nacionalismo de pura cepa y de rechazo a las supuestas imposiciones del globalismo. A finales de junio de este año, la diputada de Vox, Magdalena Nevado, afirmó en pleno debate del Congreso de Diputados, que "los grandes valedores de la agenda 2030 en España son comunistas, que se han puesto a trabajar codo con codo con el gran capital para imponer la agenda globalista en nuestra patria". Las alusiones de Vox en este tema al Foro Económico Mundial de Davos y a las élites económicas del mundo aliadas con el neomarxismo como inspiradoras del contenido de la agenda han sido constantes, mezcladas con alusiones a la pérdida del derecho de propiedad, la imposibilidad de comer carne o la invasión de inmigrantes disfrazados de refugiados climáticos. A pesar de que nada tan concreto pueda uno encontrar en los contenidos de la Agenda, el pie para tales comentarios surge de la interpretación sesgada que desde los grupos de extrema derecha se hacen de las ocho predicciones que en el último Foro de Davos del pasado febrero se lanzaron para llamar la atención sobre la situación en el mundo. No resulta fácil considerar expresiones antipatriotas la voluntad expresa en la Agenda de erradicar la pobreza y el hambre, garantizar la igualdad de género y el trabajo decente, reducir la desigualdad, detener el cambio climático y apostar por las ciudades y las comunidades sostenibles social y medioambientalmente. El rechazo es puramente ideológico. Y desde la perspectiva de la ultraderecha nacionalista es normal que se vea la oposición a este proyecto, por impreciso que sea en su concreción e implementación, como una palanca más sobre la que mantener sus aspiraciones de crecimiento social. Porque lo cierto es que, a pesar de cierta grandilocuencia y de formulaciones a veces abstractas, lo que en la Agenda 2030 se expresa, muestra que los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad en los próximos años no son temas de cumbres de jefes de estado y de gobierno, sino que tienen que ver con nuestra cotidianeidad. Las alusiones directas o indirectas a las maneras de consumir, construir, producir, trabajar, educarnos, mantener las constantes básicas de salud, son constantes y proyectan un futuro en el que los cambios a hacer son insoslayables. Hay valores clave que de alguna manera atraviesan todo el texto de la Agenda como son la sostenibilidad y el reconocimiento de la diversidad que para las formaciones de derecha extrema son expresiones de "terror climático" desde el que sostener cualquier cosa, o de "igualitarismo eco-feminista" que disuelve señas de identidad básicas de la sociedad de siempre. Hace diez años Dani Rodrik y su "trilema" obtuvieron un eco notable, al lograr resumir en tres vértices, globalización, soberanía nacional y democracia, los retos a los que se enfrentaba el mundo en aquellos momentos álgidos de la crisis económica y financiera. La cuestión, como es sabido, es que no se podían tener las tres cosas al mismo tiempo. Era necesario prescindir de alguno de los vértices. Lo peor que nos podría pasar es que el vértice de la democracia sea cada vez menos relevante en cualquiera de los escenarios de futuro, y que al final el debate se sitúe entre globalización y nación. La Agenda 2030 marca sin duda objetivos apropiados si uno examina la situación de partida y las urgencias a las que la humanidad se enfrenta. Pero si no asumimos que las evidencias, por muy incontestables que sean necesitan argumentarse adecuadamente para que puedan llegar a persuadir al máximo número de gente posible, acabaremos predicando nuestras verdades en el desierto. No basta con lucir pins en la solapa con la imagen de la Agenda ni imaginar que los datos por si mismos son ya suficientes. La democracia necesita convencer y cuando se anuncian tempestades, más aún. No quememos el futuro.
Desde el grupo parlamentario socialista consideran "inaceptable" la actitud de confrontación constante de la presidenta madrileña durante las sesiones parlamentarias que lo que deben ser es un control a la gestión del Gobierno. Jalloul, que en cada Pleno pide mesura y respeto sin éxito, ha anunciado que elevará una queja en la Mesa de la Asamblea de Madrid contra la presidenta por las descalificaciones de este jueves. La portavoz socialista pedía una vez más que la dirigente popular rebaje la crispación y se centre en gobernar para los madrileños. "Exigimos respeto y rebajar la crispación. Nos parece insultante e inaceptable que nos hayan llamado sinvergüenzas y esto no puede ser. Pedimos que este tipo de expresiones dejen de utilizarse en los plenos cada jueves [...] y elevaremos una queja porque la situación es insostenible", ha lamentado Jalloul en declaraciones a la prensa, acompañada de la también diputada socialista Irene Lozano que ha pedido "juego limpio" a la presidenta madrileña y que "retire los insultos" que ha practicado esta mañana contra el PSOE, que, ha dicho, solo "embarran la vida política". Este jueves le ha tocado a los socialistas. Pero los insultos no solo son contra el PSOE, que acaba siendo blanco constante de ataques por parte de Ayuso por ser el partido que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el que la dirigente del PP lleva dos años buscando el choque. También Más Madrid o Unidas Podemos se han encontrado en el centro de sus insultos en otras ocasiones, una actitud que toda la oposición considera "insostenible".
Es habitual, por ejemplo, que la presidenta madrileña profiera descalificaciones personales contra la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Mónica García, en los plenos. Díaz Ayuso se refiere a ella como representante de la "izquierda caviar" y ataca incluso su vestuario y sus peinados. En plena Cámara Autonómica la presidenta acusa a la líder de Más Madrid de hacerse un día "tirabuzones" para tener un "look pepero" y al otro de ir a "'perrear' a la Cadena Ser" con un habitual tono chulesco. "Ayuso ha superado todos los límites, no vamos a consentir que se metan en cómo nos peinamos o cómo nos vestimos. Las y los madrileños me eligieron para liderar la oposición y en eso me voy a dejar la piel, en hacer política", respondía entonces Mónica García ante estas provocaciones.
No era la primera vez, porque García es una de las dirigentes que más enfurecen a Ayuso. Meses antes, también desde la sede del parlamento regional, la presidenta se había metido con la boca "mustia" de la líder de Más Madrid y comparaba sus labios con la "curva de contagios" por el coronavirus. Ayuso ha asegurado en alguna ocasión en los foros internos del PP que hay que tener “cuidado” con Más Madrid porque son “los mismos comunistas que Podemos” pero con pinta de “pijos”. Una mezcla que Ayuso considera una amenaza.
Cansados de estos ataques, desde Más Madrid han lanzado este jueves una campaña en redes sociales bajo el lema ‘A mí también me ha insultado Ayuso’, en la que recogen las descalificaciones a la oposición, pero sobre todo subrayan las que dedica también a los ciudadanos. Durante la sesión de control, Mónica García lo explicaba así y reclamaba disculpas hacia los insultados, un perdón colectivo que, como era de esperar, no llegaba: "Los insultados por Ayuso vamos a ser el colectivo más grande de España".
"Me conformaría con que no insultase pero creo que ya llego tarde. Sí le pediría que pida inmediatamente perdón a las mujeres que abortan y a los inquilinos por los insultos que les profirió ayer. No son los primeros ni los últimos insultos, por cierto. Las personas que hacían colas del hambre eran mantenidos subvencionados, los sanitarios somos unos ladrones y saboteadores, el resto de los españoles eran unos inútiles y una servidora es una pija con la boca mustia y tirabuzones. Y así un largo etcétera de insultos contra sindicatos, presidentes, papas, feministas… Los insultados por Ayuso vamos a ser el colectivo más grande de España", ha lanzado García visiblemente cabreada en su réplica a la presidenta madrileña.
Después de aguantar meses de descalificaciones, las formaciones de izquierdas empiezan a cansarse de la actitud de la presidenta regional. Lamentan que los ataques constantes solo "embarran" el "debate político" y les impide su labor de oposición. A su modo de verlo, se trata de una estrategia de la presidenta madrileña para no hablar de su gestión y los problemas reales de los madrileños. Y la realidad es que, entre insultos y descalificaciones, el debate sobre la desigualdad de la región, los problemas en la Atención Primaria, el desempleo juvenil y los alquileres desorbitados acaba quedando diluido. De esta manera, cada jueves Ayuso logra irse a casa sin responder a las cuestiones de la oposición.
Como comprenderás es imposible rebatir todas las tonterias que dice este hombre en más de 15 minutos, sólo resaltaré que (según el) los que votan a VOX deben ser tontos, así como los que votan al PSOE ya que (según el) no es "S" ni "O" ... para rematar, es amigo de Willy Toledo.
Como comprenderás es imposible rebatir todas las tonterias que dice este hombre en más de 15 minutos, sólo resaltaré que (según el) los que votan a VOX deben ser tontos, así como los que votan al PSOE ya que (según el) no es "S" ni "O" ... para rematar, es amigo de Willy Toledo.
Es cierto que es imposible rebatir lo que dice Alberto San Juan, pero porque sólo dice verdades.
Y lo que no dice es que los que votan a Vox o al PsoE deben ser tontos.
Para continuar que el PsoE no es ni socialista ni obrero no sólo lo dice él, sino gran cantidad de gente, básicamente porque, hasta que Sánchez montó su particular revolución en contra del PsoE de los barones (el que no era ni socialista ni obrero) el PsoE había dejado de ser ambas cosas. Todavía ahora, a remolque de Unidas Podemos, al PsoE le tiemblan las canillas cuando trata de ser socialista y obrero. Pero el tema del hilo no es el PsoE.
Y, como comprenderás, que sea amigo de Willy Toledo no es ningún argumento que signifique nada.
Como comprenderás es imposible rebatir todas las tonterias que dice este hombre en más de 15 minutos, sólo resaltaré que (según el) los que votan a VOX deben ser tontos, así como los que votan al PSOE ya que (según el) no es "S" ni "O" ... para rematar, es amigo de Willy Toledo.
Es cierto que es imposible rebatir lo que dice Alberto San Juan, pero porque sólo dice verdades.
Y lo que no dice es que los que votan a Vox o al PsoE deben ser tontos.
Para continuar que el PsoE no es ni socialista ni obrero no sólo lo dice él, sino gran cantidad de gente, básicamente porque, hasta que Sánchez montó su particular revolución en contra del PsoE de los barones (el que no era ni socialista ni obrero) el PsoE había dejado de ser ambas cosas. Todavía ahora, a remolque de Unidas Podemos, al PsoE le tiemblan las canillas cuando trata de ser socialista y obrero. Pero el tema del hilo no es el PsoE.
Y, como comprenderás, que sea amigo de Willy Toledo no es ningún argumento que signifique nada.
Salú y República.
Tanto como imposible, va a ser que no. Entre las verdades que cita, también hay a mi juicio anacronismos. Eso de decir que España va mal porque es capitalista y que siendo capitalista no puede haber democracia, es una solemne tontería.
Países más capitalistas que nosotros, como Alemania o Estados Unidos, nos pueden dar lecciones de democracia y sobre todo de participación ciudadana.
Que la democracia en España es débil, estoy de acuerdo, pero que la solución fuera aplicar otro sistema distinto al capitalismo, es una absoluta falacia...
El llobu escribió: Es cierto que es imposible rebatir lo que dice Alberto San Juan, pero porque sólo dice verdades.
Y lo que no dice es que los que votan a Vox o al PsoE deben ser tontos.
Para continuar que el PsoE no es ni socialista ni obrero no sólo lo dice él, sino gran cantidad de gente, básicamente porque, hasta que Sánchez montó su particular revolución en contra del PsoE de los barones (el que no era ni socialista ni obrero) el PsoE había dejado de ser ambas cosas. Todavía ahora, a remolque de Unidas Podemos, al PsoE le tiemblan las canillas cuando trata de ser socialista y obrero. Pero el tema del hilo no es el PsoE.
Y, como comprenderás, que sea amigo de Willy Toledo no es ningún argumento que signifique nada.
Salú y República.
Tanto como imposible, va a ser que no. Entre las verdades que cita, también hay a mi juicio anacronismos. Eso de decir que España va mal porque es capitalista y que siendo capitalista no puede haber democracia, es una solemne tontería.
Países más capitalistas que nosotros, como Alemania o Estados Unidos, nos pueden dar lecciones de democracia y sobre todo de participación ciudadana.
Que la democracia en España es débil, estoy de acuerdo, pero que la solución fuera aplicar otro sistema distinto al capitalismo, es una absoluta falacia...
La democracia de EEUU deja mucho que desear... Un bipartidismo endémico no es muy buena señal.
A el.loco.lucas y a El llobu les gusta esta publicaciòn
NEROCAESAR escribió: Tanto como imposible, va a ser que no. Entre las verdades que cita, también hay a mi juicio anacronismos. Eso de decir que España va mal porque es capitalista y que siendo capitalista no puede haber democracia, es una solemne tontería.
Países más capitalistas que nosotros, como Alemania o Estados Unidos, nos pueden dar lecciones de democracia y sobre todo de participación ciudadana.
Que la democracia en España es débil, estoy de acuerdo, pero que la solución fuera aplicar otro sistema distinto al capitalismo, es una absoluta falacia...
La democracia de EEUU deja mucho que desear... Un bipartidismo endémico no es muy buena señal.
Y cual es tu solución? Millones de estadounidenses están equivocados?
El llobu escribió: Es cierto que es imposible rebatir lo que dice Alberto San Juan, pero porque sólo dice verdades.
Y lo que no dice es que los que votan a Vox o al PsoE deben ser tontos.
Para continuar que el PsoE no es ni socialista ni obrero no sólo lo dice él, sino gran cantidad de gente, básicamente porque, hasta que Sánchez montó su particular revolución en contra del PsoE de los barones (el que no era ni socialista ni obrero) el PsoE había dejado de ser ambas cosas. Todavía ahora, a remolque de Unidas Podemos, al PsoE le tiemblan las canillas cuando trata de ser socialista y obrero. Pero el tema del hilo no es el PsoE.
Y, como comprenderás, que sea amigo de Willy Toledo no es ningún argumento que signifique nada.
Salú y República.
Tanto como imposible, va a ser que no. Entre las verdades que cita, también hay a mi juicio anacronismos. Eso de decir que España va mal porque es capitalista y que siendo capitalista no puede haber democracia, es una solemne tontería.
Países más capitalistas que nosotros, como Alemania o Estados Unidos, nos pueden dar lecciones de democracia y sobre todo de participación ciudadana.
Que la democracia en España es débil, estoy de acuerdo, pero que la solución fuera aplicar otro sistema distinto al capitalismo, es una absoluta falacia...
Tanto como imposible va a seguir siendo que sí.
No sólo España va mal porque es capitalista, sino que el sistema neoliberal, que no es otra cosa que más capitalismo, al que la han sometido los gobiernos del PP y del PsoE, han acentuado que vaya mal. El capitalismo sigue teniendo los días contados porque no es sostenible y no puede serlo porque un sistema que sólo puede crecer, en un planeta que tiene límites, sólo puede tener dos finales: o el sistema acaba con el planeta, por lo que el sistema muere, o se cambia a un sistema sostenible, y el capitalismo no lo es, por lo que el sistema muere también.
Las lecciones sobre democracia que nos puedan dar esos otros países "más capitalistas" son muy discutibles (un país imperialista como Estados Unidos no puede dar lecciones de democracia a nadie). Quienes sí nos pueden dar lecciones, en muchos sentidos, y no sólo a España sino también a Estados Unidos son los países menos capitalistas: las verdaderas socialdemocracias. Y ellas son la prueba de que menos capitalismo significa más riqueza y más democracia.
En cuanto a que aplicar otro sistema distinto al capitalismo trajera más democracia no sólo no es una falacia sino que es la realidad. Y la prueba de que no es una falacia es que NEROCAESAR no será capaz de decir qué tipo de falacia es, y no puede porque no es ningún tipo de falacia.
Un interesante artículo:
"El capitalismo es cada día más incompatible con la democracia"
marapez escribió: La democracia de EEUU deja mucho que desear... Un bipartidismo endémico no es muy buena señal.
Y cual es tu solución? Millones de estadounidenses están equivocados?
Eso sí que es una falacia, y es una falacia ad populum: un "argumento" no es válido porque mucha gente opine de una manera. Y el Café Gijón no es el sitio adecuado para las falacias, tienes todo el resto del foro para seguir inundándolo de ellas.
La democracia en Estados Unidos, como dice la pececina, deja mucho que desear. Un bipartidismo endémico no es muy buena señal. Y añade el llobu: es una pésima señal.
Y cual es tu solución? Millones de estadounidenses están equivocados?
Eso sí que es una falacia, y es una falacia ad populum: un "argumento" no es válido porque mucha gente opine de una manera. Y el Café Gijón no es el sitio adecuado para las falacias, tienes todo el resto del foro para seguir inundándolo de ellas.
La democracia en Estados Unidos, como dice la pececina, deja mucho que desear. Un bipartidismo endémico no es muy buena señal. Y añade el llobu: es una pésima señal.
El llobu escribió: Eso sí que es una falacia, y es una falacia ad populum: un "argumento" no es válido porque mucha gente opine de una manera. Y el Café Gijón no es el sitio adecuado para las falacias, tienes todo el resto del foro para seguir inundándolo de ellas.
La democracia en Estados Unidos, como dice la pececina, deja mucho que desear. Un bipartidismo endémico no es muy buena señal. Y añade el llobu: es una pésima señal.
El llobu escribió: Eso sí que es una falacia, y es una falacia ad populum: un "argumento" no es válido porque mucha gente opine de una manera. Y el Café Gijón no es el sitio adecuado para las falacias, tienes todo el resto del foro para seguir inundándolo de ellas.
La democracia en Estados Unidos, como dice la pececina, deja mucho que desear. Un bipartidismo endémico no es muy buena señal. Y añade el llobu: es una pésima señal.
Salú y República.
Déjate de "falacias", yo hago dos preguntas...
El que se tiene que dejar de falacias eres tú: esto sigue siendo el Café Gijón y sus normas no permiten las falacias. Y tu segunda pregunta sigue siendo una falacia ad populum. Y no tienes ningún derecho a decirle al llobu, en este foro, lo que debe o no debe hacer, cuando sólo está mirando por el buen funcionamiento del subforo, en el que se exige máxima cortesía dialéctica.
Para trolear y contar falacias tienes todo el resto del foro.
NEROCAESAR escribió: Tanto como imposible, va a ser que no. Entre las verdades que cita, también hay a mi juicio anacronismos. Eso de decir que España va mal porque es capitalista y que siendo capitalista no puede haber democracia, es una solemne tontería.
Países más capitalistas que nosotros, como Alemania o Estados Unidos, nos pueden dar lecciones de democracia y sobre todo de participación ciudadana.
Que la democracia en España es débil, estoy de acuerdo, pero que la solución fuera aplicar otro sistema distinto al capitalismo, es una absoluta falacia...
La democracia de EEUU deja mucho que desear... Un bipartidismo endémico no es muy buena señal.
Cierto, pero en pocos países la participación ciudadana es tan real y sistematizada. Hay pocas leyes importantes en Estados Unidos, que no hayan sido refrendadas por los ciudadanos, no ya del estado federal, sino de cada condado. (armas, pena de muerte, elección de cargos públicos)
NEROCAESAR escribió: Tanto como imposible, va a ser que no. Entre las verdades que cita, también hay a mi juicio anacronismos. Eso de decir que España va mal porque es capitalista y que siendo capitalista no puede haber democracia, es una solemne tontería.
Países más capitalistas que nosotros, como Alemania o Estados Unidos, nos pueden dar lecciones de democracia y sobre todo de participación ciudadana.
Que la democracia en España es débil, estoy de acuerdo, pero que la solución fuera aplicar otro sistema distinto al capitalismo, es una absoluta falacia...
Tanto como imposible va a seguir siendo que sí.
No sólo España va mal porque es capitalista, sino que el sistema neoliberal, que no es otra cosa que más capitalismo, al que la han sometido los gobiernos del PP y del PsoE, han acentuado que vaya mal. El capitalismo sigue teniendo los días contados porque no es sostenible y no puede serlo porque un sistema que sólo puede crecer, en un planeta que tiene límites, sólo puede tener dos finales: o el sistema acaba con el planeta, por lo que el sistema muere, o se cambia a un sistema sostenible, y el capitalismo no lo es, por lo que el sistema muere también.
Las lecciones sobre democracia que nos puedan dar esos otros países "más capitalistas" son muy discutibles (un país imperialista como Estados Unidos no puede dar lecciones de democracia a nadie). Quienes sí nos pueden dar lecciones, en muchos sentidos, y no sólo a España sino también a Estados Unidos son los países menos capitalistas: las verdaderas socialdemocracias. Y ellas son la prueba de que menos capitalismo significa más riqueza y más democracia.
En cuanto a que aplicar otro sistema distinto al capitalismo trajera más democracia no sólo no es una falacia sino que es la realidad. Y la prueba de que no es una falacia es que NEROCAESAR no será capaz de decir qué tipo de falacia es, y no puede porque no es ningún tipo de falacia.
Un interesante artículo:
"El capitalismo es cada día más incompatible con la democracia"
Salú y República.
Ese es un tema discutido ya otras veces entre César y el Llobu; no llegaremos a un acuerdo porque me niego a que se eternice una discusión, algo que el Llobu convierte en una falta argumental. El Llobu sabe que para César y creo estar en lo cierto; la socialdemocarcia es una forma de capitalismo. Nadie puede negar que los países escandinavos, tan venerados por el Llobu y no sin razón, mantienen una base capitalista.
Y negar la participación ciudadana de los ciudadanos estadounidenses, no deja de ser una falacia.
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