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La España del quiero y no puedo. Todo bien atado.
El 11 de octubre de 2017, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo en una comparecencia elanuncio que tenía que existir “un antes y un después” en la política española, mediante un acuerdo con el presidente español, Mariano Rajoy, para hacer una reforma constitucional que transformara el modelo territorial.
Los socialistas, sin embargo, avalaban la activación de los mecanismos para aplicar el artículo 155 contra Catalunya, al día siguiente a la suspensión por parte del presidente Carles Puigdemont de la declaración de independencia para buscar una solución pactada.
La hoja de ruta de la reforma constitucional era crear una comisión que en un plazo de seis meses tenía que evaluar el modelo autonómico español y hacer propuestas. El PSOE argumentaba que la Constitución española era poco concreta y que esto había hecho aflorar “disfunciones” que habían causado el auge del independentismo.
En la comparecencia, Sánchez intentaba seducir a los independentistas, y también a Unidas Podemos, y los instaba a participar en la comisión y proponer si querían un referéndum de independencia, aunque dejaba claro que votaría en contra: “Estamos dispuestos a reformar la constitución para hablar sobre cómo Catalunya permanece en España, y no de cómo se va.”
Una comisión sin fuerza ni ganas
La comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico se constituía el 15 de noviembre de 2017, con la Generalitat intervenida por la aplicación del artículo 155. Esto hizo que Unidas Podemos, ERC, PDECat, Compromís, PNB y EH Bildu renunciaran participar.
El resto de partidos no aportaban mucha motivación más. Albert Rivera, de Ciudadanos, declaraba el mes de noviembre que era una obligación institucional participar, pero decía que no veía ningún futuro. En todo caso, acusaba al PSOE de querer “contentar a los nacionalistas y preservar sus privilegios” y dejaba entrever que si querían una reforma territorial, seria en un sentido centralizador y no federal.
Por su parte, el PP se desdecía de cualquier acuerdo, cosa tan natural en esta formación como hoy vemos, y el mes de noviembre dijo que no había bastante consenso para avanzar en una modificación de la Constitución, y Pablo Casado, como vice-secretario de comunicación, remarcaba que el modelo del partido era la España de las autonomías: “No hemos propuesto ninguna reforma constitucional.” Por lo tanto, solo un mes más tarde, la promesa de una reforma constitucional hecha el 11 de octubre ya era historia.
Sánchez insistía en la reforma y que el compromiso de Rajoy había sido “defender, aplicar y actualizar la constitución”, en un plazo de seis meses, aunque ahora se desdijera. El PSC sí que apoyaba y recogía en el programa electoral de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 la reforma constitucional “federal e inclusiva”, que tenía que transformar las autonomías en entes federados y reconocer la plurinacionalidad del Estado español. Además, quería hacer dos referéndums, un sobre la reforma constitucional votada en todo el Estado y uno en Catalunya sobre el nuevo estatuto.
A pesar de que Sánchez había anunciado que la comisión territorial se activaría tan pronto como fuera posible, no empezó a funcionar hasta después de las elecciones y las primeras ponencias fueron el 10 de enero. De hecho, tan solo diez días después, Ciudadanos se fue de la comisión por la negativa del PSOE a citar los ex-dirigentes socialistas Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra i José Bono, todos críticos con la idea de un Estado plurinacional. A raíz de esto, solo estaban el PSOE, el PP y la Unión del Pueblo Navarro.
Los primeros ponentes de la comisión fueron tres de los llamados padres de la constitución: Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca i Miquel Roca y Junyent. El no a la reforma federal de la constitución fue rotundo y Herrero de Miñón fue especialmente explícito: “Ahora no es el momento de abrir el melón. Se podría interpretar como un intento de apaciguar los independentistas catalanes.”
A continuación, se presentaron como ponentes ex-ministros, ex-presidentes autonómicos, altos cargos de instituciones españolas, catedráticos, representantes de la patronal y el sindicato de funcionarios, la mayoría con una opinión en contra de la reforma.
Hay que remarcar que durante el tiempo de vida de la comisión hubo una moción de censura, que llevó aPedro Sánchez al frente del gobierno español, con el apoyo decisivo del soberanismo catalán y vasco. A pesar de que el máximo impulsor de la reforma ostentaba ahora la presidencia española, no implicó ningún cambio de rumbo y la comisión acabó sus días agonizando y sin ningún tipo de atención de los partidos ni los medios.
La comisión territorial no acabó el trabajo y la última sesión se hizo el 19 de febrero de 2019. Después de las elecciones españolas, nadie se preocupó de reactivarla y, en el programa para las elecciones españolas, el PSOE ya no profundizaba en esta reforma, sino que simplemente mencionaba que había que “aplicar los principios federales de cooperación, lealtad y colaboración en las relaciones entre las administraciones”. Y cinco años más tarde, ningún dirigente socialista empuja hacia el federalismo, a pesar de la mayoría parlamentaria que podría haber.
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La España del quiero y no puedo. Todo bien atado.
El 11 de octubre de 2017, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo en una comparecencia elanuncio que tenía que existir “un antes y un después” en la política española, mediante un acuerdo con el presidente español, Mariano Rajoy, para hacer una reforma constitucional que transformara el modelo territorial.
Los socialistas, sin embargo, avalaban la activación de los mecanismos para aplicar el artículo 155 contra Catalunya, al día siguiente a la suspensión por parte del presidente Carles Puigdemont de la declaración de independencia para buscar una solución pactada.
La hoja de ruta de la reforma constitucional era crear una comisión que en un plazo de seis meses tenía que evaluar el modelo autonómico español y hacer propuestas. El PSOE argumentaba que la Constitución española era poco concreta y que esto había hecho aflorar “disfunciones” que habían causado el auge del independentismo.
En la comparecencia, Sánchez intentaba seducir a los independentistas, y también a Unidas Podemos, y los instaba a participar en la comisión y proponer si querían un referéndum de independencia, aunque dejaba claro que votaría en contra: “Estamos dispuestos a reformar la constitución para hablar sobre cómo Catalunya permanece en España, y no de cómo se va.”
Una comisión sin fuerza ni ganas
La comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico se constituía el 15 de noviembre de 2017, con la Generalitat intervenida por la aplicación del artículo 155. Esto hizo que Unidas Podemos, ERC, PDECat, Compromís, PNB y EH Bildu renunciaran participar.
El resto de partidos no aportaban mucha motivación más. Albert Rivera, de Ciudadanos, declaraba el mes de noviembre que era una obligación institucional participar, pero decía que no veía ningún futuro. En todo caso, acusaba al PSOE de querer “contentar a los nacionalistas y preservar sus privilegios” y dejaba entrever que si querían una reforma territorial, seria en un sentido centralizador y no federal.
Por su parte, el PP se desdecía de cualquier acuerdo, cosa tan natural en esta formación como hoy vemos, y el mes de noviembre dijo que no había bastante consenso para avanzar en una modificación de la Constitución, y Pablo Casado, como vice-secretario de comunicación, remarcaba que el modelo del partido era la España de las autonomías: “No hemos propuesto ninguna reforma constitucional.” Por lo tanto, solo un mes más tarde, la promesa de una reforma constitucional hecha el 11 de octubre ya era historia.
Sánchez insistía en la reforma y que el compromiso de Rajoy había sido “defender, aplicar y actualizar la constitución”, en un plazo de seis meses, aunque ahora se desdijera. El PSC sí que apoyaba y recogía en el programa electoral de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 la reforma constitucional “federal e inclusiva”, que tenía que transformar las autonomías en entes federados y reconocer la plurinacionalidad del Estado español. Además, quería hacer dos referéndums, un sobre la reforma constitucional votada en todo el Estado y uno en Catalunya sobre el nuevo estatuto.
A pesar de que Sánchez había anunciado que la comisión territorial se activaría tan pronto como fuera posible, no empezó a funcionar hasta después de las elecciones y las primeras ponencias fueron el 10 de enero. De hecho, tan solo diez días después, Ciudadanos se fue de la comisión por la negativa del PSOE a citar los ex-dirigentes socialistas Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra i José Bono, todos críticos con la idea de un Estado plurinacional. A raíz de esto, solo estaban el PSOE, el PP y la Unión del Pueblo Navarro.
Los primeros ponentes de la comisión fueron tres de los llamados padres de la constitución: Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca i Miquel Roca y Junyent. El no a la reforma federal de la constitución fue rotundo y Herrero de Miñón fue especialmente explícito: “Ahora no es el momento de abrir el melón. Se podría interpretar como un intento de apaciguar los independentistas catalanes.”
A continuación, se presentaron como ponentes ex-ministros, ex-presidentes autonómicos, altos cargos de instituciones españolas, catedráticos, representantes de la patronal y el sindicato de funcionarios, la mayoría con una opinión en contra de la reforma.
Hay que remarcar que durante el tiempo de vida de la comisión hubo una moción de censura, que llevó aPedro Sánchez al frente del gobierno español, con el apoyo decisivo del soberanismo catalán y vasco. A pesar de que el máximo impulsor de la reforma ostentaba ahora la presidencia española, no implicó ningún cambio de rumbo y la comisión acabó sus días agonizando y sin ningún tipo de atención de los partidos ni los medios.
La comisión territorial no acabó el trabajo y la última sesión se hizo el 19 de febrero de 2019. Después de las elecciones españolas, nadie se preocupó de reactivarla y, en el programa para las elecciones españolas, el PSOE ya no profundizaba en esta reforma, sino que simplemente mencionaba que había que “aplicar los principios federales de cooperación, lealtad y colaboración en las relaciones entre las administraciones”. Y cinco años más tarde, ningún dirigente socialista empuja hacia el federalismo, a pesar de la mayoría parlamentaria que podría haber.
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