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De Garzón y Paracuellos.- Por César Vidal
La tarde del 7 de noviembre de 1936, el cónsul de Noruega, Felix
Schlayer, se entrevistó con el consejero de orden público de la junta de
defensa de Madrid, un joven socialista, recientemente ingresado en el
PCE, llamado Santiago Carrillo. Tan sólo unas horas antes, Schlayer
había sabido de sacas masivas en las prisiones y temía que los reclusos
fueran fusilados. Schlayer percibió en Carrillo «inseguridad» y «falta
de sinceridad» cuando le aseguró que nada les sucedería a los
detenidos. No se equivocó. En el curso de los días siguientes,
descubriría horrorizado que los agentes de Carrillo habían estado
sacando de las cárceles a millares de civiles, llevándolos hasta enormes
fosas comunes en las cercanías de Torrejón y Paracuellos del Jarama, y
fusilándolos en masa. Era gente de cualquier edad y sexo, cuyo único
delito fue ser miembros de la clase media, intelectuales, sacerdotes,
monjas, niños que estudiaban en colegios religiosos o personas
horrorizadas por las acciones del Frente Popular. El número de
asesinados ascendió a cinco mil personas, más del doble de las víctimas
mortales de Pinochet durante toda su dictadura y más del doble también
de los fusilados durante la posguerra por Franco en la provincia de
Madrid. No volvería a repetirse una matanza semejante en Europa hasta
que los soviéticos realizaran con la misma técnica los fusilamientos de
Katyn a inicios de los años cuarenta. Los culpables no fueron
incontrolados sino personajes e instituciones del gobierno del Frente
Popular. La orden para las primeras sacas la recibió la diputada
socialista Margarita Nelken de Manuel Muñoz, director general de
seguridad del gobierno republicano, masón y miembro de Izquierda
Republicana. Sin embargo, el peneuvista Jesús de Galíndez dejó señalado
en sus memorias que los asesinatos estuvieron dirigidos por las
autoridades encargadas del orden público en Madrid. Igualmente, Gueorgui
Dimitrov escribió a Voroshílov, el 30 de julio de 1937, que «cuando los
fascistas se acercaban a Madrid, Carrillo, que entonces era gobernador,
dio la orden de fusilar a los detenidos». También Stoyán Mínev Stepánov
informó a Stalin de que Carrillo era «el responsable de la represión de
los fascistas en otoño de 1936». Todos los crímenes cometidos durante
la guerra civil fueron declarados como prescritos en 1969 por el Régimen
de Franco y, por si quedaba duda, también se beneficiaron de la ley de
amnistía de 1977. Precisamente por ello, cuando, durante la
Transición, se pretendió iniciar una investigación sobre Paracuellos y
Garzón la rechazó, actuó conforme a derecho.
Piénsese lo que se piense de Carrillo, la resolución de Garzón se
apoyaba expresamente en la citada ley de 1977. Precisamente por ello,
el que, años después, Garzón despreciara esa misma norma para investigar
otros crímenes relacionados con la guerra civil reviste todos los visos
de ser una clara prevaricación, la segunda, que sepamos, de su
turbulenta carrera judicial.
La tarde del 7 de noviembre de 1936, el cónsul de Noruega, Felix
Schlayer, se entrevistó con el consejero de orden público de la junta de
defensa de Madrid, un joven socialista, recientemente ingresado en el
PCE, llamado Santiago Carrillo. Tan sólo unas horas antes, Schlayer
había sabido de sacas masivas en las prisiones y temía que los reclusos
fueran fusilados. Schlayer percibió en Carrillo «inseguridad» y «falta
de sinceridad» cuando le aseguró que nada les sucedería a los
detenidos. No se equivocó. En el curso de los días siguientes,
descubriría horrorizado que los agentes de Carrillo habían estado
sacando de las cárceles a millares de civiles, llevándolos hasta enormes
fosas comunes en las cercanías de Torrejón y Paracuellos del Jarama, y
fusilándolos en masa. Era gente de cualquier edad y sexo, cuyo único
delito fue ser miembros de la clase media, intelectuales, sacerdotes,
monjas, niños que estudiaban en colegios religiosos o personas
horrorizadas por las acciones del Frente Popular. El número de
asesinados ascendió a cinco mil personas, más del doble de las víctimas
mortales de Pinochet durante toda su dictadura y más del doble también
de los fusilados durante la posguerra por Franco en la provincia de
Madrid. No volvería a repetirse una matanza semejante en Europa hasta
que los soviéticos realizaran con la misma técnica los fusilamientos de
Katyn a inicios de los años cuarenta. Los culpables no fueron
incontrolados sino personajes e instituciones del gobierno del Frente
Popular. La orden para las primeras sacas la recibió la diputada
socialista Margarita Nelken de Manuel Muñoz, director general de
seguridad del gobierno republicano, masón y miembro de Izquierda
Republicana. Sin embargo, el peneuvista Jesús de Galíndez dejó señalado
en sus memorias que los asesinatos estuvieron dirigidos por las
autoridades encargadas del orden público en Madrid. Igualmente, Gueorgui
Dimitrov escribió a Voroshílov, el 30 de julio de 1937, que «cuando los
fascistas se acercaban a Madrid, Carrillo, que entonces era gobernador,
dio la orden de fusilar a los detenidos». También Stoyán Mínev Stepánov
informó a Stalin de que Carrillo era «el responsable de la represión de
los fascistas en otoño de 1936». Todos los crímenes cometidos durante
la guerra civil fueron declarados como prescritos en 1969 por el Régimen
de Franco y, por si quedaba duda, también se beneficiaron de la ley de
amnistía de 1977. Precisamente por ello, cuando, durante la
Transición, se pretendió iniciar una investigación sobre Paracuellos y
Garzón la rechazó, actuó conforme a derecho.
Piénsese lo que se piense de Carrillo, la resolución de Garzón se
apoyaba expresamente en la citada ley de 1977. Precisamente por ello,
el que, años después, Garzón despreciara esa misma norma para investigar
otros crímenes relacionados con la guerra civil reviste todos los visos
de ser una clara prevaricación, la segunda, que sepamos, de su
turbulenta carrera judicial.
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