La injusticia del Prestige


Raquel Montón, responsable del área de Energía y Cambio Climático (eldiario.es)


15/10/2012 - 17:59h



Han trascurrido diez años desde el desastre del Prestige y la marea negra que ocasionó. Aunque muchos digan que solo fue un accidente, no es esa la causa principal de la que es una de las mayores catástrofes ambientales, no solo de España, sino del todo el mundo. Más bien al contrario, las principales causas de la marea negra fueron debidas a los fallos y negligencias institucionales, como la legislación y régimen de responsabilidad en el trasporte marítimo, que siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera, y de las decisiones políticas que se tomaron antes, durante y tras el accidente.


• ¿Cómo es posible que ninguna de las empresas con intereses relacionados al buque y a su cargamento tengan ninguna responsabilidad legal ni económica?
• ¿Cómo es posible que ninguno de los responsables institucionales que tomaron las decisiones sobre la gestión de la emergencia, del accidente, y de la marea negra tenga ninguna responsabilidad legal ni política?
• ¿Podemos dejar de arriesgarnos a seguir sufriendo catástrofes ambientales que nuestro sistema jurídico y político no pueden asumir?

Ahora, diez años después, comienza el juicio para exigir responsabilidades. Este retraso demuestra la imposibilidad técnica de que el sistema judicial pueda hacerse cargo del enjuiciamiento de catástrofes ambientales. Ninguna de las empresas implicadas está afectada por ello, y únicamente una persona en representación de las instituciones hará frente a todas las responsabilidades de ámbito estatal.

Es obvio que algunas cosas deberían cambiar.
• Un juicio no puede retrasarse diez años. Ningún juzgado instructor está dotado de los medios humanos y materiales para un procedimiento así, y además el derecho penal en España limita en casos como este que las responsabilidades puedan ser depuradas.
• Las regulaciones internacionales no pueden seguir como siempre, manteniendo el uso habitual de banderas de conveniencia, el empleo de verdaderos entramados de sociedades interpuestas, y la insuficiencia de las indemnizaciones que limitan la responsabilidad.

Mientras esto no ocurra, las cosas no cambiarían si ocurriera otro Prestige.

En cualquier caso, incluso aunque la justicia hubiera podido llevar al banquillo a todos los responsables, se hubiera dado una sentencia penal y las exigencias de responsabilidades civiles fueran implacables con las empresas implicadas, todavía sería más conveniente abandonar aquellas actividades cuyas consecuencias contra el medio ambiente y las personas son irreparables. Por ello, lo que de verdad hay que cambiar, sobre todo, es el uso del petróleo. Es necesario, y es posible.



[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]



Por un hilillo negro de nada.....¿O no?

No se donde poner este artículo, espero que este sea el lugar apropiado.

De tartazos, petroleros y princesas

Érase una vez un país donde alquitranar con chapapote 2.000 kilómetros de costa sale gratis, pero lanzar una tarta a un político en el cargo puede costar nueve años de cárcel. Érase una vez una Fiscalía General del Estado capaz de adivinar el futuro -y ver en la bola de cristal que la infanta Cristina no cometió delito alguno en el caso Nóos incluso antes de que testifique o lleguen los informes periciales-, pero que también pide duras condenas de cárcel por un tartazo. Érase una vez un ordenamiento jurídico demencial y anquilosado, donde un desastre medioambiental tan grave como el del Prestige se dirime en un pequeño juzgado de un pueblecito de A Coruña, en Corcubión, mientras que embadurnar de merengue a un político es materia de la Audiencia Nacional, el tribunal más excepcional y con más medios de España.

Este lunes comienza un juicio que, como país, debería avergonzarnos. Se sientan en el banquillo cuatro de los miembros del peligroso comando tartalari, cuatro acusados a los que la presidenta de Navarra pide en total 27 años de cárcel por los tartazos que recibió en Toulouse en el 2011. Yolanda Barcina exige la máxima pena posible por el delito de atentado contra la autoridad; se acoge al artículo 552 del Código Penal que agrava las condenas cuando la agresión a «la autoridad» (casposo concepto jurídico) es con «armas u otro medio peligroso». ¿Es una tarta un arma peligrosa? Parece que sí. En su declaración, Barcina argumentó que le dolió mucho «por la especial dureza del merengue francés».

Duro o blando, el merengue es muy usado para estas cosas en Francia. Allí, como en otros países, lanzar una tarta como protesta es algo relativamente habitual. Nicolas Sarkozy, Bill Gates, Jacques Delors o Rupert Murdoch, entre otros, lo han sufrido. Es discutible este método. Pasa igual con otros actos de desobediencia civil, donde quien protesta asume que incumple la ley y que recibirá un castigo. Lo que no es tan discutible es la pena. En Francia, o en Reino Unido, los tartazos acaban en multas o en pocas semanas de arresto. No con años de condena.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]