Máxima sorpresa. Los dos peritos del Banco de España a los que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu encargó analizar las irregularidades en las cuentas con que Bankia salió a Bolsa han remitido al juzgado sendos informes demoledores. Los documentos realizados por los expertos del supervisor concluyen que las cuentas con que Bankia salió al parqué y se incluyeron en el folleto de emisión de la oferta pública no reflejaban la imagen fiel del banco que entonces presidía Rodrigo Rato. Además, se acusa al auditor Deloitte de haber fallado al haber dado por buenas cifras de las cuentas de resultados que podía haber constatado que eran erróneas. En concreto, apunta que admitió como riesgos buenos 1.859 millones que resultaron pérdidas para Bankia.
Aunque los inspectores no mencionan la palabra “engaño” en los más de 400 folios que suman los dos informes, esta acusación planea en la mayoría de los párrafos. El resultado de la salida a Bolsa fue que 347.338 pequeños inversores, además del propio Rato, un grupo de grandes empresas del Ibex 35, clientes morosos que demostraron una sospechosa fiebre compradora, así como los principales bancos españoles (menos el BBVA) compraron acciones a un precio más elevado del real. Excepto los que vendieron pronto, la mayoría perdieron todo o gran parte de lo invertido.
La etapa de José Ignacio Goirigolzarri, el presidente que sustituyó a Rato, también se ve afectada. Uno de los peritos indica que las resultados de Bankia y su holding BFA de 2011, cuentas reformuladas el 25 y 28 de mayo de 2012, “no expresan la imagen fiel por la existencia de ajustes de importancia no contabilizados”.
El otro inspector insiste en esta cuestión y apunta que las cuentas de mayo de 2012 “no cumplen la normativa del Banco de España por la existencia de errores contables”. Cita que deberían haberse reducido los recursos propios en 2.043 millones y que no se calificaron como dudosos unos creditos para evitar realizar las provisiones correspondientes. Los títulos de Bankia cerraron ayer la sesión bursátil con una caída de casi el 6% tras conocerse estos informes.
Goirigolzarri salió ayer por la tarde al paso de estas acusaciones y afirmó que cuando se incorporó al grupo en mayo de 2012, el nuevo equipo descubrió los problemas relevantes de la entidad, los puso encima de la mesa y quedaron perfectamente cubiertos.

Ni un solo euro de los 12 millones que gastaron los directivos de Bankia con sus tarjetas black entre 2003 y 2011 fueron declarados a Hacienda por la entidad. Ni a sus propios auditores. De su existencia tampoco supieron nada los inversores que compraron sus acciones tras su salida a bolsa. Los peritos del Banco de España denuncian en su informe “la clara voluntad de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados”. El informe también apunta a la ilegalidad de las retribuciones de 16 consejeros que, tras su entrada en el consejo de administración de Bankia, siguieron cobrando de Caja Madrid, según las cuentas de 2011. Tres de los directivos —Rodrigo Rato, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella— percibieron indebidamente un total de 1,4 millones en dietas. El resto de consejeros, según los peritos, se repartieron 2,8 millones de más en compensaciones por asistir a consejos y aportaciones a pensiones.


Además del presunto fraude fiscal de las tarjetas, el documento apunta otros ocho incumplimientos por parte de Bankia. Su existencia no fue declarada a la auditoría interna, que no conoció las tarjetas opacas hasta junio de 2014. Tampoco a la auditoría externa. Ni el experto independiente de Garrigues que en 2011 realizó un informe sobre la adaptación de las remuneraciones de los directivos por encargo del Banco de España.
Tampoco había rastro de ellas en el folleto de salida a Bolsa de Bankia ni en las sucesivas memorias anuales de Caja Madrid, BFA y Bankia. Ni en los informes de gobierno corporativo. Sobre estos medios de pago tampoco se informó a la comisión de nombramientos y retribuciones. Y no aparecían en la publicación de cada una de las retribuciones de sus consejeros y miembros del comité de dirección que se realizó en diciembre de 2011 por orden del Banco de España.

• El 30 de octubre de 1995, el consejo de administración de Caja Madrid aprobó dotar a los integrantes del consejo de administración de "tarjetas visa de empresa", según el acta al que ha tenido acceso infoLibre
  
• La decisión de adoptó por unanimidad bajo la presidencia de Terceiro, pero no contemplaba cubrir gastos personales como ha pretendido argumentar Blesa
  

Antisozzial escribió:¿Que sorpresa? No entiendo

Antisozzial escribió:Vamos a ver si nos centramos, la sorpresa en España. seria que algo se ha ejecutado eticamente y correctamente, pero un chanchullo mas ¿Que tiene de sorpresa?

Antisozzial escribió:¿y?  Espe puede decir misa, como mucha gente, pero es el tiempo el que pone a cada uno en su sitio

Antisozzial escribió:Tambien Luis Roldan dijo que el no sabia nada y ya ves

Antisozzial escribió:Pues hombre, cuando le abordaban los periodistas cuando se destapo el caso de la guardia civil y el decia que no habia hecho nada, pero bueno que son 35 años de democracia y ya sabemos como se opera aqui, negarlo, negarlo y negarlo , aunque te hayan pilado con las manos en la masa

La dirección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) ha anunciado que ha remitido ante la Fiscalía un expediente interno relativo a las remuneraciones percibidas por los miembros de la Alta Dirección durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010. El coste conjunto de las operaciones presuntamente irregulares habría supuesto un quebranto para la caja de unos 14,8 millones de euros, según cálculos de la entidad pública de intervención en el sistema financiero español. Tal como señalan en una nota de prensa publicada este mismo martes, tras tener conocimiento de estas operaciones, el FROB encargó a una consultora externa la realización de un estudio forensic que evaluara las posibles responsabilidades penales de administradores y directivos. Ahora serán los fiscales (que ya se querellaron contra los dos antiguos presidentes y el exdirector financiero de Caja Madrid por el escándalo de las tarjetas B) los que tendrán que decidir si hay indicios de delito o no. En concreto, la dirección del FROB encargó a los analistas independientes que evaluaran la posible criminalidad de cuatro tipos de operaciones presuntamente irregulares relacionadas con el sistema de remuneración y pensiones de los miembros de Alta Dirección de la caja. "En todas ellas el informe indica que se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de percepciones excesivas y, en algunos casos, sin que exista constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno, con el consiguiente perjuicio económico para la misma", explican desde la entidad pública. Es decir, que el equipo ejecutivo habría percibido estos incrementos salariales al margen de los controles internos y el propio Consejo de Administración de Caja Madrid. Las operaciones irregulares Subidas salariales por encima de lo debido (2M€). Tal como señala el FROB, en el año 2008 los miembros de la Alta Dirección de Caja Madrid se aplicaron una subida salarial "significativamente mayor que la debida" y superior en algunos casos al 26%. Esto fue posible porque se tomó en cuenta una masa salarial total mayor que la realmente existente ya que el número de miembros de esta Alta Dirección había disminuido. Así, se repartió una cantidad prevista para un número más alto de directivos entre un grupo más pequeño. En su conjunto, estas percepciones de más habrían supuesto un quebranto para la caja de unos 2 millones de euros, según los actuales administradores de BFA-Bankia. Un variable basado en una base sobrevalorada (1,8M€). Con la base de una masa salarial sobrevalorada, el FROB sostiene que los altos directivos de Caja Madrid se hicieron con un salario variable y unas indemnizaciones también mayores de las que les habría correspondido, lo que supondría un coste para la entidad ahora nacionalizada de otros 1,8 millones de euros. Además, no consta según los investigadores, documentación que fundamente los objetivos y los supuestos a partir de los cuales se cobrarían estos variables. Pensiones con una gratificación extraordinaria (1,84M€). Otra de las irregularidades detectadas está relacionada con las aportaciones a planes de pensiones de los altos directivos. Al parecer, tal y como han hecho conocer a la Fiscalía, la práctica extendida consistía en sustituir el exceso de lo máximo deducible (es decir, aquello que sí tendría que tributar) por una "gratificación extraordinaria" para los miembros de la alta dirección. "Dicha gratificación, además se elevaba al bruto, para que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores", aseguran desde el FROB, que cuantifican además el impacto de esta irregularidades en 1,84 millones de euros. Indemnizaciones irregulares (9,1M€). Los investigadores han remitido también al fiscal varias irregularidades relacionadas con los pagos tras la extinción de varios contratos de Alta Dirección, sobre todo entre 2009 y 2010. Al parecer, y a falta de más detalles, se podrían haber cometido un grave perjuicio a la entidad por medio de pactos de no concurrencia millonarios, bonus e indemnizaciones por encima de lo estipulado. En su conjunto, estos blindajes habrían costado más de 9,1 millones de euros.