MADRID.- "¿Vas a pedir perdón a las víctimas?¿Reirte de los muertos está bien?" Son algunas de las preguntas que no se ha cansado de repetir el reportero de Telemadrid Cake Minuesa a las puertas de la Audiencia Nacional, donde Facu Díaz ha declarado este jueves por la denuncia de Dignidad y Justicia.

"Aquí te traigo a una víctima de ETA, ¿qué le tienes que decir?". Ha dicho Minuesa cuando el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha salido al encuentro de Facu para explicarle los motivos de la denuncia que había presentado. La conversación que han mantenido Díaz y Portero, tranquila en todo momento, se ha visto interrumpida por el reportero, que no ha dudado en aleccionar y acosar a ambos durante la conversación.Muniesa ha llegado incluso a reprochar a Daniel Portero que pidiera disculpas por las interpretaciones políticas de la denuncia. "¿Encima le pides disculpas?", le ha espetado. Cuando Facu Díaz se disponía a irse, se ha acercado a él para decirle que no tenía "ninguna sensibilidad". "Es una víctima. Enhorabuena", ha dicho para terminar.

Discordantheart escribió:Pero es increíble lo que está pasando en Europa. Y había uno por allí que se burlaba de mí diciendome que quizá al día siguiente no iba a poder escribir en el foro porque me iban a censurar todo.

Ahora quizá varios españoles si les parezca una atrocidad lo de Pablo Hasel que pobre... ya nadie se acuerda de él.

Discordantheart escribió:Jaja Me refiero a todo su caso..

Nolocreo escribió:Señores como este con sus letras y canciones son los que inspiran a otros a cometer crímenes y asesinatos; este está ahora donde debe estar..

Nolocreo escribió:En la cárcel ¿no?

CortoCortito escribió:

Discordantheart escribió:Jaja Me refiero a todo su caso..

No veo la atrocidad.
Un sr. pide que maten a otros sres. a este sr. se le denuncia, este sr. es condenado.

¿ Y la atrocidad?

CortoCortito escribió:

Nolocreo escribió:En la cárcel ¿no?

No.

Coprofago escribió:

CortoCortito escribió:

Discordantheart escribió:Jaja Me refiero a todo su caso..

No veo la atrocidad.
Un sr. pide que maten a otros sres. a este sr. se le denuncia, este sr. es condenado.

¿ Y la atrocidad?

¿En qué canción es que pide que maten a otros y cuál es la frase exacta?

CortoCortito escribió:

Nolocreo escribió:En la cárcel ¿no?

No.

Sólo faltaría.

Mira a los puercos del PSOE comiéndosela a la monar
quía
Los dispararía uno a uno, sería oportuno, algo
mejoraría”.

“Pena de muerte ya a las Infantas patéticas
Por gastarse nuestra pasta en operaciones de estéti
ca
Ya basta ostia, ¿nos tomáis por tolais o qué?
Lo dejaréis de hacer cuando vuestros palacios explo
ten
A los dueños de los periódicos El Mundo y ABC
Habría que asfixiarles con la mentira de su papel
Te crees gran empresario fumando habanos, puta coli
lla
Ojalá vuelvan los GRAPO y te pongan de rodillas
Las hipotecas fabrican, mentalidades obsoletas
Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora E
TA!
A mi no me venden el cuento de quienes son los malo
s
Porque veo sus mitin, solo pienso en matarlos”.

Ya no os creen ni mediocres, no sois justos ni de r
ebote
¡Merece que explote el coche de Patxi López!”

Comentar que se debe matar a Aznar gritándole España
a
nunca fue Bien”

Cómodo con el micrófono porque a farsantes destrono
¡Qué alguien clave un piolet en la cabeza a José Bo
no!

El acusado reconoce de su propiedad y autoría todas y
cada una de las letras y canciones que sirven de base para la
acusación, justificando su contenido en su derecho a la
libertad de expresión derivada de su libertad de pensamiento.
En orden a la justificación hecha por el acusado deben
hacerse varias precisiones. La primera es que el acusado basa
su defensa en que las letras de las canciones expresan lo que
siente, y en el ejercicio de su derecho de libertad de
expresión puede decir y expresar públicamente el contenido de
todas esas canciones y lanzarlas públicamente como así hizo,
asumiendo lo que dicen, sin que nadie tenga derecho a cambiar
su forma de pensar.
A tal fin hemos de señalar en atención al delito por el
que viene acusado, cuyo tipo penal se residencia en el
artículo 578 del Cº. Penal, que efectivamente el TEDH, caso
Otegui Mondragón contra España, entre otras, ha puesto de
relieve que la libertad de expresión en un estado democrático
es un principio fundamental en una sociedad democrática en
orden al progreso y al desarrollo individual (TEDH, art. 10);
reconociendo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, así como la del Tribunal Constitucional español, que
la interpretación de los límites de los derechos fundamentales
debe hacerse de modo restrictivo, (caso Handyside STEDH de 7
de diciembre de 1976), considerando asimismo el criterio
jurisprudencial de TEDH, que no es legítimo limitar el
ejercicio de la libertad de expresión e información por el
carácter hiriente o molesto de la misma, pues el derecho a la
libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de
pensamientos, ideas y opiniones, concepto en el que deben
incluirse las creencias o juicios de valor, comprendiendo la
crítica de la conducta de otra persona, aún cuando la crítica
sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien
se dirige.
Ahora bien todo lo dicho tiene un límite como todos los
derechos; que es el que no puede aceptarse cualquier juicio de
valor, descartándose absolutamente todo aquel que pueda ser
injurioso. Así se ha reconocido por el TEDH que señala que,
“Al tratarse de la formulación de pensamientos, ideas y
opiniones, su argumento viene delimitado porque no haya
expresiones indudablemente injuriosas, o que resulten
innecesarias por la exposición de las mismas: (SSTEDH Caso
Castells; Bergus, Tiedende, y otros; López Gómez, Da Silva; y
Tammen.
En el mismo sentido entiende este Tribunal, que puede
traerse a colación el que los Estados Europeos han aceptado el
hecho de que el que se reconozca a la libertad de expresión,
un papel fundamental en la sociedad democrática, ello no
impide que su ejercicio pueda estar sujeto a limitaciones
impuestas por los poderes públicos. Así por ejemplo, el
mandato contenido en la Decisión Marco adoptada el 19 de Abril
de 2007 en la Unión Europea relativa a la lucha contra el
racismo y la xenofobia.
En definitiva de todo lo anterior late de una manera
patente, que el discurso del odio no está amparado por la
libertad de expresión en un Estado democrático. Véase la
STEDH, caso Lehideux e Isorne contra Francia, de 23 de
septiembre de 1998, en la que el TEDH señaló “que al igual que
cualquier otra propuesta dirigida contra los valores que
defiende el Convenio, la justificación de una política
pronazi, no puede beneficiarse de la protección del artículo
10 CEDH”. En idéntico sentido al anterior, el TEDH en el caso
Otegui Mondragón contra España señaló, que lo que no es
admisible en el ámbito de la libertad de expresión es incitar
a la violencia, o realizar un discurso de odio.
Esta doctrina del T.E.D.H., ha sido recogida por el T.S.
–Sala Segunda. Así en dicho sentido, el TS en su sentencia de
fecha 20/02/2014 nº. 114/2014 tiene declarado lo siguiente:
“Para restringir el ejercicio de los derechos
fundamentales invocados por el recurrente, especialmente los
de libertad ideológica y libertad de expresión requiere una
justificación que solo podría ser hallada cuando colisione con
unos bienes jurídicos defendibles que se revelen acreedores de
una mayor protección, según la doctrina seguida por el T.
Constitucional. Así pues no se encontrarían bajo protección
constitucional la realización de actos o actividades que, en
el desarrollo de ciertas ideologías, vulneren otros derechos
fundamentales, como ocurre en el presente caso con la difusión
de ideas violentas sustentadas en la religión que invitan
indirectamente a la comisión de delitos de terrorismo, lo que
implica un riesgo de lesión de bienes jurídicos de capital
importancia, como son la vida, la integridad física, la
seguridad o la libertad”.
TERCERO.- Sentado lo anterior, y antes de entrar a
valorar la concreta conducta del acusado, debemos analizar los
elementos del tipo penal contenidos en el artículo 578 del Cº.
Penal, artículo que constituye la acusación desde el plano
jurídico, que se formula.
La Sentencia del T.S. de fecha 28/06/2013, nº. 587/2013,
que se transcribe a continuación expresa claramente la
doctrina jurisprudencial, señalando cuales son los elementos
que deben acompañar a una determinada conducta para la
aplicación del citado artículo 578 C. Penal. Así recoge lo
siguiente:
“Hay que recordar, de entre los reiterados
pronunciamientos de esta Sala en relación con la materia que
nos ocupa (SsTS de 21 de diciembre de 2004, 26 de febrero, 20
de junio y 17 de julio de 2007, 23 de septiembre de 2008, 5 de
junio de 2008, 5 de junio y 21 de diciembre de 2009, 3 de
marzo y 2 de junio de 2010 o las más recientes de 2 de
febrero, 25 de abril y 30 de mayo de 2011, 14 de marzo de 2012
y 1 y 14 de abril de 2013), lo siguiente:
- Que el delito que se contiene en el artículo 578 del
Código Penal, redactado conforme a la LO 7/2000, de 22 de
diciembre, supone la inclusión de una actividad, como el
enaltecimiento o la justificación, en relación con figuras
delictivas, las comprendidas en los artículos 571 a 577, y de
quienes hayan participado en su ejecución; tipos, todos ellos,
incluidos dentro del Capítulo dedicado a las organizaciones y
grupos terroristas y de los delitos de terrorismo,
comprendiendo tanto la promoción y constitución de
organizaciones terroristas como los delitos de estragos, los
depósitos de armas, municiones y explosivos, los delitos
cometidos con la finalidad de subvertir el orden
constitucional, los que se denominan como atentados contra el
patrimonio, los actos de colaboración activa, como la
recaudación de fondos o financiación, e incluso aquellos
cometidos por quienes, sin pertenecer a organización
terrorista, realicen actos encaminados a atemorizar a miembros
de una población o de un colectivo social, político o
profesional.
- Que, por lo que se refiere al bien jurídico protegido
por este delito, la propia Exposición de Motivos de la Ley
7/2000, que lo introduce en nuestro ordenamiento, nos ofrece
un criterio negativo y otro positivo para su determinación,
cuando dice que “... No se trata, con toda evidencia, de
prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más
que éstas se aleguen o incluso pongan en cuestión el marco
constitucional. ...”, sino que consiste en algo “... tan
sencillo como perseguir la exaltación de métodos terroristas
...”, realizada mediante actos” ... que producen perplejidad e
indignación en la sociedad y que merece un claro reproche
penal... “(Vid. STEDH de 15 de marzo de 2011, caso “Otegui
Mondragón vs Espagne”).
No supone en modo alguno, por tanto, la criminalización
de opiniones discrepantes, ni el fundamento y el bien jurídico
protegido en este caso es la defensa de la superioridad de
ideas contrarias a aquellas que animan a esta clase de
delincuentes, sino que, antes al contrario, la finalidad de la
tipificación de tales conductas es combatir la actuación
dirigida a la promoción pública de quienes ocasionan un grave
quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la
comunidad con sus actos criminales, abortando toda clase de
justificación y apoyo para lo que no son sino cumplidosatentados contra la significación más profunda del propio
sistema democrático.
De esta manera, el fundamento de este tipo se ubicaría en
la interdicción de lo que el TEDH-SSTEDH de 8 de julio de
1999, Sürek vs Turquía, 4 de diciembre de 2003, Müslüm vs
Turquía – y también nuestro Tribunal Constitucional – STC
235/2007 de 7 de noviembre – califican como el “discurso del
odio”, es decir la alabanza o justificación de acciones
terroristas, que no puede ampararse dentro de la cobertura
otorgada por el derecho a la libertad de expresión o
ideológica en la medida en la que el terrorismo constituye la
más grave vulneración de los Derechos Humanos de aquella
Comunidad que lo sufre. Porque el discurso del terrorismo se
base en el exterminio del distinto, en la intolerancia más
absoluta, en la pérdida del pluralismo político y en
definitiva en el aterrorizamiento colectivo como medio para
conseguir esas finalidades.
- Que los elementos que integran esta infracción (Art.
578 CP) son los siguientes:
1º La existencia de unas acciones o palabras por las que
se enaltece o justifica. Enaltecer equivale a ensalzar o hacer
elogios, alabar las cualidades o méritos de alguien o de algo.
Justificar aquí supone presentar o hacer aparecer como
acciones lícita y legítimas aquello que es un claro
comportamiento criminal de carácter terrorista.
2º El objeto de tal ensalzamiento o justificación puede
ser alguno de estos dos:
a) Cualquiera de las conductas definidas como
delitos de terrorismo de los arts. 571 a 577, que
ya se enumeraron líneas atrás, o
b) Cualquiera de las personas que haya participado
en la ejecución de tales comportamientos.
Interesando recordar a este respecto que no es
necesario identificar a una o a varias de tales
personas, pues puede cometerse también en
referencia a un colectivo genérico de autores o
copartícipes en esta clase de actos delictivos.
3º Tal acción de enaltecer o justificar ha de realizarse
por cualquier medio de expresión o difusión que otorgue cierta
publicidad, como puede ser un periódico, un acto público o un
lugar con numerosa concurrencia.
- Que se trata de una figura delictiva consistente siempre
en un comportamiento activo, excluyendo por tanto la comisión
por omisión, tanto propia como impropia, siendo además un
delito de mera actividad, carente de resultado material y de
naturaleza esencialmente dolosa o intencional.
- Que, además, ostenta una sustantividad independiente de
la apología contemplada en el artículo 18 del Código Penal,
aunque no se puede desconocer que el enaltecimiento es una
forma específica de apología.
En tal sentido, la apología del art. 18, de acuerdo con el
propio tenor del tipo, exige una invitación directa a cometer
un delito concreto, y sólo entonces resultará punible. Lo
mismo que puede predicarse del art. 579 CP, que se refiere a
la provocación, conspiración y proposición para la comisión de
acciones terroristas específicas.
Por el contrario, el enaltecimiento/justificación del art.
578 constituye una forma autónoma de apología caracterizada
por su naturaleza genérica, sin integrar una provocación ni
directa ni indirecta a la comisión de un delito concreto. La
barrera de protección se adelanta por tanto, exigiéndose
solamente la mera alabanza/justificación genérica, bien de los
actos terroristas o de quienes los ejecutaron.
En apoyo de esta teoría de la sustantividad de esta
específica apología “in genere”, operaría definitivamente el
argumento de que su respuesta punitiva es también autónoma e
independiente –prisión de uno o dos años-, frente a las
“apologías” clásicas de los arts. 18 y 579 en las que la pena
lo es por referencia a la que corresponda el delito a cuya
ejecución se incita –la inferior en uno o dos grados-.
La propia Exposición de Motivos de la Ley apunta en esta
dirección cuando se dice que “... las acciones que aquí se
penalizan, con independencia de lo dispuesto en el art. 18 del
CP”.
-Que, así mismo, no debe confundirse este delito de
enaltecimiento o justificación, que es por el que aquí se
condenó, con el de la realización de actos con el propósito de
“desacreditar, menospreciar o humillar” a las víctimas del
terrorismo, expresamente excluido por la Resolución de
instancia, modalidad alternativa y completamente independiente
aunque contemplada en el mismo precepto, que requiere un dolo
específico o ánimo directo de desprestigiar o rebajar la
dignidad de las víctimas, cuya comisión no puede consistir en
la ejecución de actos que, teniendo una finalidad específica
distinta, de alguna manera y de forma indirecta puedan
producir dolor o angustia en las víctimas o sus familiares,
cuyo sosiego y paz merece la consideración de bien jurídico
protegido específico en esta concreta figura penal distinta de
la del enaltecimiento”.
CUARTO.- Vista la declaración autoincriminatoria del
acusado la cual está totalmente corroborada por las
declaraciones testificales y prueba pericial reseñadas como
pruebas de cargo, queda por analizar si las letras de las
canciones divulgadas a través de Internet cumplen los
requisitos jurídicos para poder ser incardinadas, y con ello
la conducta del acusado, en el tipo delictivo del artículo 578
del Código Penal.
Como premisa y modo de resumen, partiremos según la
jurisprudencia expuesta, de dos referencias de la S.T.S. nº.
587/2013 respecto al bien jurídico protegido por el tipo penal
del que se acusa, y el límite a la libertad de expresión a la
que alude el acusado para justificar su acción.