marapez escribió:A algunos les convendría asistir a uno de estos encuentros.
Lo malo es que a algunos de esos algunos no les serviría de nada, y no necesariamente dentro de los negacionistas bulócratas. Hay todo un abanico de colores en todas las ideologías... eso sí, importantemente escorado, en cuanto a machismo, hacia la derecha según se mira.
marapez escribió:Buenas noches llobu... voy a ver si los reyes me dejan algo, o lo mismo de siempre.
Si me regalan cosas me sube la ilusión y las creencias, pero hasta ahora solo veo que me baja el saldo de la cuenta corriente cuando hay estas fiestas. :(y el roscón de mazapán a 27 euros
Terrorismo: sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Es la definición que recoge la RAE de esta palabra. Teniendo en cuenta las circunstancias, define con bastante precisión lo que ocurre con la violencia machista en España. En tan solo unas horas, cuatro mujeres han sido asesinadas por hombres con los que habían mantenido algún tipo de relación. Además, un policía está grave tras enfrentarse a un maltratador cuando acudía a prestar ayuda a una víctima. A finales de la semana pasada conocimos que un varón había sido detenido por matar, descuartizar y enterrar a su exesposa. Así ha empezado el año. La realidad que vivimos es insoportable. 1.185 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. El número de feminicidios es más alto, pero hasta este año no se contabilizaban de manera oficial a las que no mantenían ese vínculo con su agresor. Lo peor, y más probable, es que ese número habrá aumentado cuando se publique esta columna. No son casos aislados, hay una estructura ideológica, social y cultural que sustenta esta violencia. Por eso, sí. Es terrorismo machista. A las mujeres nos están matando. Es urgente. Prioritario. Una cuestión de Estado.
No está catalogada como una película de terror, pero hay una escena de Custodia compartida de Xavier Legrand que siempre me ha generado más pavor que cualquier cinta del género. Y créanme, he visto mucho cine. Escondidos en la bañera, acurrucados y tiritando de miedo, una mujer y su hijo esperan a que llegue la policía mientras el exmarido de ella y padre del niño recorre silenciosamente la casa buscándolos. Ha entrado en mitad de la noche, a la fuerza, derribando de una patada la puerta, tras pegarle varios disparos con la escopeta que lleva en la mano. Con el título y esto que les he contado, no es difícil adivinar el argumento. Spoiler: un maltratador nunca es un buen padre. El miedo que sienten madre y niño traspasa la pantalla. Tiemblo con ellos. Tiene ya unos años, pero ojalá fuese de obligado visionado para ese 10% de jóvenes que afirma que la violencia de género es un invento ideológico. No todos los hombres la ejercen, pero todos los que la ejercen lo son. La violencia es un problema de ellos que sufrimos nosotras. Por eso, la respuesta a nuestras reivindicaciones no puede ser el silencio o la indiferencia. Necesitamos que los hombres se sientan interpelados, que se impliquen en nuestra lucha los 365 días del año y no solo cuando toca ponerse el lacito morado. No se puede apartar la mirada cuando lo que está en juego son nuestras vidas. Es hora de que el foco se centre en el agresor y no en la agredida. Tampoco podemos permitir que los feminicidios sean solo noticia cuando hay un repunte de asesinatos. Cada crimen machista es un fallo del sistema, una anomalía democrática. Haya denuncia o no. Con 68 víctimas en 2022, ¿cómo es posible que el presidente del Gobierno ni siquiera lo mencionase en su balance anual? Hace medio siglo, las feministas se dieron cuenta de la importancia de politizar lo que ocurría dentro de sus casas. Colectivizar la dominación masculina para poner sobre la mesa las estructurales patriarcales que la mantienen. Y de ahí surgió el lema lo personal es político. La violencia machista lo es. No creo que sea mucho pedir que los representantes públicos la incluyan en cada uno de sus discursos. Por cierto que ridiculizarla, banalizarla o negarla también es violencia. El feminismo, mientras tanto, seguirá haciendo pedagogía. No queda otra. Aún tenemos que demostrar que muchas veces, el verdadero terror, como en la película de Legrand, está dentro de nuestras casas.
¿Dónde están las mujeres del PP? ¿Dónde está Feijóo? Más que el equilibrismo de Mañueco o de Sémper, lo que produce más pudor ante el protocolo antiaborto de Castilla y León es el silencio del presidente de los populares que al callar, otorga y consiente que se cuestionen los derechos de la mitad de la población
Nada nuevo bajo el sol. Desde que Vox llegó a las instituciones jamás negó su cerril oposición a las políticas de igualdad, ni dejó de blandir de forma amenazante la bandera del negacionismo sobre la violencia de género, ni escondió su vinculación con los movimientos antiabortistas. Que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León anuncie una ofensiva contra las mujeres que deciden libremente abortar no responde más que a la obsesión de la ultraderecha estadounidense, europea y española por recuperar un pasado en el que ellas, nosotras, la mitad de la población, no teníamos ningún derecho.
No había existido hasta ahora, en democracia, un discurso abiertamente articulado contra las mujeres y sus derechos. Y lo peor es que ya no solo se escucha entre los dirigentes del partido ultra, sino también entre todos aquellos que votaron unas siglas homologables a los postulados de Trump, de Bolsonaro o de Orbán. Lo explicaban con todo lujo de detalle este domingo en elDiario.es Andrés Gil y Marta Borrás: la propuesta de ofrecer “latidos fetales” o ecografías 4D a las mujeres que quieren abortar no es una ocurrencia de Juan García Gallardo ni de Vox, sino que forma parte de la ofensiva global para restringir el derecho al aborto y que ya ha logrado sus objetivos en algunos países.
Nuria Almagro, que hasta junio del año pasado fue concejala de Vox en el Ayuntamiento de Águilas (Murcia), abandonó la formación al entender que “denigra a las mujeres” y “genera miedo y odio hacia el prójimo”. Lo denunció en una carta, en la que ponía negro sobre blanco lo obvio: “Que cualquier partido que en su seno interno se comporte de forma totalitaria y antidemocrática, no puede ofrecer apertura y diálogo a la sociedad; que un partido que emplee tácticas de amedrentamiento y coacción a quienes alzan la voz no puede traer justicia y seguridad”.
Amedrentamiento y coacción a las mujeres de Castilla y León que deciden libremente interrumpir sus embarazos es precisamente lo que esconde el anuncio de García Gallardo, que en su ideología totalitaria y misógina no entiende que un gobierno no está para limitar o interferir en los derechos, sino solo para garantizarlos. Pero Almagro decía más en aquella carta de despedida que hoy viene incluso más al caso: “Un partido que denigre a una mujer no puede erigirse en patriota, pues por su ignorancia supina no sabe que ser patriota no es disfrazarse con banderas y abalorios, porque la patria es femenina y la patria es madre”.
Vox es el partido que en España odia los derechos de las mujeres, y el PP es el responsable de que la ultraderecha hoy esté en un gobierno regional. Lo que representa el partido ultra es otra forma de machismo que se revuelve contra los avances de un feminismo poderoso y que forma parte de esa guerra cultural a la que un sector del Partido Popular -hoy encabezado por Isabel Díaz Ayuso- se ha sumado sin reservas. El otro, el que Alberto Núñez Feijóo ha querido simbolizar con el fichaje de Borja Sémper como portavoz electoral, anda haciendo equilibrismos para no molestar a esa parte del electorado de Vox que aún cree que puede recuperar.
A nadie puede sorprender el rechazo que suscita en el electorado femenino un partido como el de Abascal, cuyos votantes se distribuyeron en las últimas generales entre un 72% de hombres y un 28% de mujeres. El desfase de sexos en el electorado se repite entre sus afiliados, con una diferencia de 60-40. Lo que produce tanta perplejidad como sonrojo son las palabras del presidente castellanoleonés que, en una declaración institucional sin preguntas, negó la existencia del protocolo antiaborto pero no desautorizó y mucho menos destituyó a su vicepresidente, que es lo que hubiera correspondido. ¿Dónde están las mujeres del PP? Con todo, provoca mucho más pudor el silencio cómplice de un Feijóo que al callar otorga y además consiente el cuestionamiento de la libre interrupción del embarazo.
De nada sirve tampoco el papelón del moderado Borja Sémper y su aparente bronca a Mañueco con una disertación sobre la moderación y la sensatez a la que están obligados los gobiernos. ¡Menudo estreno el del político vasco! Era cuestión de tiempo que tendría que tragarse algunos sapos, pero que el primero fuera sobre un derecho de las mujeres seguro que no ha sido siquiera de su agrado. El último que cuestionó el aborto en el PP fue Alberto Ruiz Gallardón, que hoy está en su casa después de verse obligado a dimitir como ministro de Justicia tras intentar recortarlo.
Más allá de que el protocolo castellanoleonés sobre la interrupción del embarazo haya cogido por sorpresa a los de la calle Génova y puesto en riesgo su estrategia de desgaste contra Pedro Sánchez, lo que importa es el lugar donde Vox, con la aquiescencia del PP, pretende situarnos. Y es en una España preconstitucional, donde solo había un modelo de familia y donde las mujeres estaban en casa, a cargo de los cuidados y sin derechos.
Convendría que no lo olvidasen quienes proclaman que todos los partidos son iguales, quienes se dedican a relativizar o blanquear los discursos de la ultraderecha, quienes creen que la historia nunca se repite o quienes creen que los derechos y las democracias son para siempre.
Jacinda Ardern dice adiós: ¿la política de los hombres es compatible con la vida de las mujeres?
Jacinda Ardern se despide de la política. La ahora ex primera ministra de Nueva Zelanda ha dicho adiós este jueves, en un discurso atravesado por la honestidad: "Tras seis años de grandes desafíos, soy humana. Sé lo que requiere este cargo y sé que ya no tengo suficiente energía para hacerle justicia". La líder del Partido Laborista, que en 2017 se alzó como la dirigente más joven del mundo, reconoce que ya no le quedan fuerzas. Muchas mujeres, dentro y fuera del tablero político, han reconocido en su fatiga el agotamiento de otras muchas.
"El feminismo nos ha enseñado que la política tiene que ser compatible con la vida", ha destacado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en redes sociales. "Acosada por ser mujer, por ser joven, por ser madre. Jacinda Ardern ha estado al frente de un país dando lo mejor de sí misma ante una de las crisis mundiales más duras de la historia reciente y se marcha sin fuerzas para continuar. Que la mala noticia sirva de reflexión", pedía la líder de Más Madrid, Mónica García. "El precio en salud que pagan las mujeres es muy elevado, por eso se van con más facilidad", reflexiona al otro lado del teléfono Nuria Varela, directora general de Igualdad del Gobierno de Asturias. Laura Seara admite que, tras conocer la marcha de la ahora ex primera ministra, algo se le removió por dentro. "Yo trabajé con las mujeres más atacadas de la política española: Leire Pajín y Bibiana Aído", dice en conversación con este diario. Seara fue directora general de la Mujer y secretaria de Estado de Igualdad entre 2009 y 2011. Este jueves ha recordado con especial intensidad el "escrutinio brutal y los vendavales de porquería que llegaban por tierra, mar y aire". A veces, analiza, "mantener la libertad, la independencia y la posición política, en un espacio muy controlado por los hombres, tiene un peaje muy elevado para las mujeres". A la misma conclusión llega Varela: "Hemos entrado en la política, pero no hemos conseguido cambiar las reglas del juego". Esas pautas que determinan cómo ha de desarrollarse la partida, a su juicio, eminentemente masculinas. Y tienen que ver con cuestiones como los horarios, la autoridad, la ausencia de redes sólidas de apoyo para ellas o la violencia en las formas. "Es muy fácil crear un clima adverso contra las mujeres", lamenta. La politóloga Verónica Fumanal cree evidente que las mujeres "sufren mayores cuotas de presión que los hombres" porque deben lidiar con un "cuestionamiento constante de sus aptitudes". Fumanal se detiene en los estereotipos de género y el doble rasero: "Si las mujeres tienen habilidades directivas o un estilo más agresivo, son malas personas o encajan en el estereotipo de mandona. Si desempeñan liderazgos más empáticos o humanos, son cobardes o tontas", lanza. El escrutinio va más allá de la esfera estrictamente profesional: la lupa, por supuesto, se instala también sobre lo personal. "Hay un factor vinculado al aspecto físico que es muy importante", observa la politóloga, "para los hombres, su forma de vestir nunca condiciona cómo de buenos son en su trabajo", pero cuando se trata de ellas sí que es un factor determinante en el debate público. "Por no hablar de si son demasiado guapas, feas, gordas, flacas, si tienen hijos y quieren coger una baja por maternidad, o si directamente no quieren ser madres", completa. "Vemos cómo a las mujeres se nos juzga por muchos ámbitos que extralimitan nuestras capacidades profesionales y se hace de forma absolutamente taxativa". Seara no titubea: "La política es una trituradora en general, pero se ceba de manera evidente, clara y sin ambages contra las mujeres". Y esta dinámica se reproduce desde la línea de salida, coinciden las voces consultadas. "Primero hay que demostrar el doble o el triple para poder llegar", analiza la también exdiputada. Pero además, una vez alcanzado el objetivo profesional, emergen los fantasmas: del síndrome de la impostora a manidas insinuaciones sobre que "las mujeres tenemos que demostrar que realmente nos han dado el puesto porque lo merecíamos", abunda Fumanal. "Nos enfrentamos a un partido en el que hay que empatar y en el que empezamos con dos goles en contra", asevera, una realidad que constituye una "barrera tremendamente disuasoria para las mujeres".
"Mamá está deseando estar ahí"
Varela cree relevante detenerse en dos factores determinantes. El primero es la edad: las mujeres en política, repara, son "jovencísimas, mientras que estamos gobernados por ancianos". Se pregunta, sin encontrar respuesta, dónde están las mujeres mayores en política. Jacinda Ardern abandona con 42 años, mientras Joe Biden gobierna una de las principales potencias mundiales a la edad de 80. Sea cual sea el motivo, lo que está claro para la asturiana es que resulta extremadamente "fácil expulsar a las mujeres o agobiarlas para que se vayan". El otro elemento que señala es la maternidad: "Sigue pasando una factura clarísima a las mujeres y a los hombres no". Varela reconoce que es toda una incógnita cómo compatibilizan los varones sus draconianas agendas políticas con la conciliación. "No sé qué hacen los hombres con su paternidad, pero no hay rastro de ella", sostiene. Parte de la despedida de Jacinda Ardern fue dedicada precisamente a su hija, la misma que llevó en brazos cuando tan solo era un bebé a la Asamblea General de Naciones Unidas en 2018: "Mamá está deseando estar ahí cuando empieces el colegio este año".
Emmanuel Macron y Pedro Sánchez firmaban el jueves pasado un gran acuerdo de cooperación entre Francia y España. Después de las firmas, las fotos y los abrazos, fue el turno de los periodistas. “¿Se reúnen ustedes porque tienen la misma edad y muchas cosas en común —en política y otros asuntos— o pueden los ciudadanos esperar acuerdos entre nuestros países más adelante?”. Esa fue la pregunta que no escucharon. La había hecho un periodista meses antes, en una rueda de prensa conjunta de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y su homóloga finlandesa, Sanna Marin. Las mujeres hablamos de cosas de mujeres. Los hombres hablan de las cosas importantes. Puede ser difícil de entender para quien no lo sufre, pero el escrutinio continuo de la vida privada, la ropa o el cuerpo; la condescendencia, el paternalismo y los comentarios machistas, agotan y mucho. Son como una exigencia invisible pero constante que se añade a todas las demás responsabilidades que cualquier mujer que esté en un puesto de poder o de exposición pública tiene. Nadie sabe muy bien de dónde vienen porque vienen de casi todas partes. Si las señalas es posible que entonces la señalada, en este caso como loca o exagerada, vuelvas a ser tú. El mero hecho de tener que explicarlas, incluso, cansa.
Jacinda Ardern está agotada y lo deja: “No tengo suficiente energía”. Si hay algo por lo que Ardern ha sido admirada es por su capacidad de ejercer un liderazgo que ha combinado firmeza, convicción y humanidad. Jacinda Ardern no ha evitado mostrar que era una mujer a la que le pasaban cosas y que sentía cosas, más bien ha incluido sus experiencias y emociones como parte de su acción. No ha evitado mostrar que estaba embarazada ni que daba a luz ni que su hijo viajaba con ella a encuentros en las Naciones Unidas ni que se emocionaba visitando a las familias que habían perdido seres queridos en un atentado. Todo eso también era ser primera ministra. Todo eso es lo que falta en la inmensa mayoría de liderazgos. Y es que más allá de las diferencias en la exigencia hacia mujeres y hombres y del peso que esa brecha machista supone para nosotras, la pregunta es también si lo que se le supone a cualquiera que ocupa un puesto de responsabilidad -pública o privada- es en general razonable. ¿Es razonable esperar que quienes los ocupan nunca falten a una reunión o a un encuentro, aunque se encuentren mal o aunque un familiar esté enfermo o una amistad les necesite? ¿Es razonable vivir hacia fuera como un robot invulnerable? ¿Vamos a seguir fingiendo que alguien puede ocuparse constantemente de otras responsabilidades y no estar des-reponsabilizándose necesariamente de otras, las privadas, las del cuidado, la limpieza, el afecto o el sostén? ¿Es deseable seguir adelante a cualquier precio? ¿Debemos pedir que quien esté se quede aunque los ataques sean insoportables? ¿De verdad no hay una manera de pensar en liderazgos y responsabilidades compartidas que permitan compatibilizar poder y vida? Debatimos constantemente si es o no feminista que una diputada, una ministra o una primera ministra lleven a sus bebés al despacho, al Congreso o al pleno de las Naciones Unidas. Debatimos si es o no feminista que una política lo deje porque está embaraza o porque está cansada o porque tuvo un hijo hace mes y medio. Y así volvemos a poner, una y otra vez, el foco en las decisiones individuales en lugar de en la estructura. Sin despreciar la capacidad que tienen las personas en determinadas posiciones de ofrecer ejemplos nuevos y sanos, resulta sospechoso que siempre busquemos ese efecto ejemplificador entre las mujeres y que no abordemos con el mismo ahínco las condiciones que este sistema sigue imponiendo para llegar y permanecer en determinados lugares.
A estas alturas parecería desde luego más rompedor y necesario que Pedro Sánchez faltara a una importante reunión de trabajo porque una de sus hijas tiene gripe que seguir escrutando por milésima vez lo que hace una mujer y el efecto que eso, al parecer, tendrá sobre todas. Lo que tiene un efecto del que nadie puede escapar es la normalidad con la que seguimos aceptando esa división artificial entre lo público y lo privado, la indiferencia con la que al parecer hay que vivir lo personal si eres alguien con ciertas responsabilidades, o la exigencia-explotación que damos por hecho tantísimas veces. Esa es la raíz del problema y no lo que cada política haga para afrontar como pueda y quiera su situación personal y profesional. Esa división entre la vida pública y privada que arrastramos desde hace siglos y que atraviesa nuestro modelo económico y social hace estragos y sí que es profundamente patriarcal.
El caso de Dani Alves no es una excepción: muchas víctimas de violación renuncian a la indemnización para que les crean
La mujer que ha denunciado al futbolista Dani Alves por agresión sexual ha renunciado ante la jueza a su derecho a percibir una indemnización económica en caso de que el futbolista sea condenado. No es un caso aislado: estudios y expertas señalan que muchas mujeres renuncian a ese derecho porque temen que reclamar la indemnización que les corresponde les reste credibilidad, algo que no sucede en otro tipo de delitos. Las expertas hablan, además, de que un gran número de condenas o no contemplan la indemnización o consignan cantidades muy bajas que no compensan los daños morales, psicológicos y económicos que sufren las supervivientes. Y reclaman un baremo que permitan homogeneizar las indemnizaciones en este tipo de casos, como ya sucede, por ejemplo, con los accidentes de tráfico o laborales.
El Código Penal reconoce que los condenados por un delito están obligados a reparar los daños y perjuicios causados por su conducta. Tanto la víctima como el Ministerio Fiscal pueden reclamar esa reparación, aunque si la primera renuncia a esa indemnización o decide canalizarla en un procedimiento civil, la Fiscalía ya no puede solicitarla. Es al comienzo del proceso judicial o bien cuando se redacta el escrito de acusación cuando las víctimas deben decidir si reclaman una indemnización o si renuncian a ella, o bien si se reservan esa posibilidad para la vía civil, es decir, para un nuevo procedimiento, paralelo al penal. “Luego, a lo largo del procedimiento puede haber una renuncia igualmente”, explica la profesora de Teoría del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y miembro del Grupo Antígona de investigación, Esther Murillo.
Una investigación del Grupo Antígona de 2020 analizó precisamente qué sucede con las indemnizaciones en los casos de violencia sexual. Las conclusiones apuntan a una diferencia fundamental con lo que sucede en otro tipo de delitos: “En estos casos muchas víctimas renuncian a la indemnización porque consideran que si reclaman dinero eso va a desvirtuar los hechos o su declaración. Esa renuncia tiene que ver con todos los estereotipos que hay, también en los operadores jurídicos, sobre la víctima, el relato de las denuncias falsas y del supuesto interés que hay detrás. De esta manera, las supervivientes intentan que su versión sea más válida, más creíble”, explica Murillo. La particularidad de este caso, en el que el acusado es un hombre famoso y con gran capacidad económica, puede agudizar, explica, los señalamientos y el miedo de la mujer que denuncia a no ser creída. Ese estereotipo del interés de la víctima es, además, un relato que utilizan en ocasiones las defensas de los acusados por violencia sexual. “Es una alegación que hacen, que los hechos no existen, que la víctima busca dinero, por ejemplo”, prosigue la experta. Por eso, en su estudio, el Grupo Antígona subrayaba que es importante “reconocer, desnaturalizar y visibilizar los roles y estereotipos que están presentes en la redacción de la ley penal como en la tarea juzgadora” para generar un concepto de libertad e indemnidad sexual “despojada de tales prejuicios”. Helena Soleto, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que las renuncias de las víctimas son “muy comunes” en este tipo de delitos y “es un denominador común en todos los países”. “Lo que en realidad simbolizan es el fracaso del sistema de protección de las víctimas. Ellas mismas piensan que se tienen que proteger renunciando a derechos que tienen para que no se las cuestione”, analiza Soleto, autora junto a Aurea Grané del estudio La reparación económica a la víctima en el sistema de justicia, que también cree que en este caso cobra especial relevancia esta explicación debido al “respaldo social” con el que cuenta el futbolista. “En la práctica está queriendo decir que no le interesa el dinero porque existe una creencia social que viene a decir que las víctimas es lo que buscan”, añade. Coincide con ella Virginia Gil, directora de la fundación de atención a víctimas de violencia sexual Aspacia, que pone el foco en los “estereotipos” que empujan a las víctimas a tomar estas decisiones. “Lo que se intenta es garantizar que no se cuestione su relato ni se ponga en cuestión su credibilidad porque se pueda interpretar que tenga un fin espurio o busque dinero”, explica la experta. Sin embargo, recuerda que las víctimas “tienen derecho a la indemnización”, que forma parte “de su derecho a la reparación integral” y es una de las “obligaciones” de los estados en casos de violencias machistas.
Indemnizaciones escasas y desiguales
Más allá de la renuncia y del papel de los estereotipos, ¿qué indemnizaciones cobran las supervivientes de violencia sexual? “Son muy bajas, incluso en casos de agresiones graves”, resume Esther Murillo. El informe del Grupo Antígona de 2020, que analizó 167 fallos emitidos en 2016 y 2017 en Andalucía, Catalunya y Madrid, encontró que cerca del 60% de las sentencias por agresión y abusos tenían reconocidas indemnizaciones por daños morales inferiores a los 6.000 euros. De ellas, el 42%, estaban por debajo de los 3.000 euros. “No hablamos solo de daños físicos sino también morales o psicológicos, pérdida de calidad de vida... No solo es la indemnización como reparación en abstracto sino que muchas veces detrás de una superviviente hay mucho dinero gastado en medicación, terapias, psicólogos, pérdidas de trabajo porque les cuesta volver a su puesto, bajas laborales muy largas que suponen una gran pérdida de ingresos... Toda esta parte tampoco se tiene en cuenta en las indemnizaciones, se establecen cantidades aleatorias sin desglosar esos posibles costes”, critica Esther Murillo. Que la reparación económica de las víctimas de violencia sexual es “ineficaz” y “no funciona” es también una de las conclusiones del estudio liderado por Helena Soleto, elaborado a partir del estudio de 2.600 expedientes judiciales fechados entre 2012 y 2015 relativos a todo tipo de delitos. Y es que aunque en muchas sentencias sí se consignen indemnizaciones, la realidad es que no siempre se acaban cobrando o no completamente. Más de un tercio de las víctimas de delitos sexuales, el 37,7%, no llegan a cobrarla mientras que en el resto de delitos ocurre en el 32,3%. El sistema “falla” en general, explica Soleto, pero en los delitos contra la libertad sexual las cifras se recrudecen. La media de las indemnizaciones establecidas en las sentencias es de 13.728 euros, la mediana de 6.300. Sin embargo, las realmente pagadas por los condenados no llegan a los 2.000 euros de media (1.911) y la mediana se queda en 166,5 euros, según los datos que aporta el estudio. “Esta es casi la peor relación entre indemnización dictada y pagada de todos los grupos de delitos analizados. La mediana solo es inferior en los hurtos y los robos”, concluye el informe. Es una “doble victimización” de las denunciantes, considera la profesora de Derecho Procesal, que ocurre porque “el sistema está mucho más enfocado en la punición penal que en la reparación de las víctimas, que se considera accesoria”. En muchos casos, los agresores son insolventes “o se declaran así”, así que cuando llega la ejecución “no hay nada que ejecutar”, explica Soleto, que insiste en que para evitarlo podrían “solicitarse medidas cautelares al inicio del proceso” o diseñar mecanismos estatales como el que hay en Países Bajos, donde el Estado “adelanta parte de las indemnizaciones” y luego se las reclama a los condenados.
Ausencia de un baremo
La disparidad de criterio en cuanto a las indemnizaciones concedidas responde a una falta de un baremo general, que sí existe por ejemplo para los accidentes de tráfico y que se utiliza como referencia para calcular indemnizaciones en otras jurisdicciones, como en caso de accidentes laborales. “En este caso consideramos que debería haber un baremo específico por el tipo de delito que es y por las repercusiones que tiene, que van mucho más allá de la repercusión física”, propone Murillo. Actualmente, los criterios con los que se conceden las indemnizaciones son muy aleatorios y hacen que, por un mismo hecho, como una violación con penetración, haya juzgados que establezcan una compensación de 20.000 euros y otros de 6.000 “con arreglo a la libre valoración de las pruebas por parte de los jueces”. En este sentido, la recién entrada en vigor Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual establece por primera vez el derecho a la reparación de las víctimas de delitos sexuales y establece algunos parámetros que en teoría deberán tenerse en cuenta a la hora de establecer la indemnización. Así, estipula que deberá garantizar “la satisfacción económicamente evaluable” del daño físico, psicológico, moral y a la dignidad, la pérdida de oportunidades laborales o de educación, la pérdida de ingresos y daños materiales, el tratamiento terapéutico, social o de salud sexual y el daño social, entendido “como el daño al proyecto de vida”. Más allá de las indemnizaciones vía sentencia, la reparación económica por parte del Estado también falla, según concluye el estudio de Soleto. La ley de 1955 de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual regula las prestaciones que deben concederse, pero “a la mayoría de víctimas no les llegan”, asegura Soleto, que ha analizado el número de concedidas y rechazadas desde el año 2000 al 2018. La experta identifica tres limitaciones clave: “Solo pueden ser utilizadas para tratamientos terapéuticos, que exigen justificar, piden muchísimos documentos y las cuantías son muy bajas”. La llamada “ley del solo sí es sí” “comienza a caminar en otro sentido”, cree Soleto, pero aún “debe aprobarse un reglamento nuevo”. Entre otras cosas, la norma incrementa el importe de las ayudas para las víctimas de violencia sexual en un 25%, alarga el plazo de prescripción de uno a cinco años y elimina la vinculación de la concesión de la ayuda al tratamiento psicológico.
Hace unos días anunció su retirada la primera ministra neozelandesa, la señora Jacinda Ardern, quien no se presentará para la reelección en las próximas elecciones de octubre. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, reflexiono y se me antoja, en medio de mis conversaciones con mujeres indígenas líderes del pueblo Wiwa y Arhuaco, que el adiós de Ardern contiene todos los elementos que explican por qué ha sido una líder excepcional y por qué el mundo entero le debe las gracias. “Ya no tengo suficiente energía para desarrollar el cargo como es debido”, así de simple y ahí va todo. Es así como anuncia su partida haciendo referencia al cansancio asociado al ejercicio responsable del poder. El deseo de priorizar su vida personal y cuidar a quienes la han sostenido hasta ahora. Nada más y nada menos. Una retirada sin escándalos, sin corrupción, sin pérdida de confianza por parte del pueblo que gobierna o de su partido político, más allá del natural desgaste político después de años en el cargo. ¡Qué refrescante adiós! Ardern se va pero pasará a la historia del país, no sólo por su inusual condición de joven primera ministra y madre primeriza, sino por su buen gobierno, su buen manejo de la pandemia y su buena gestión durante los atentados terroristas de Christchurch y la erupción del volcán Whakaari. Parte de lo que hace que su mensaje, pronunciado desde el corazón, y sus emocionadas palabras calen hondo es que rezuman coherencia con la forma que ha tenido de gobernar. Sin cultivar la ficción de la escisión entre la esfera pública y la esfera privada. Es la misma Ardern que se llevó a su hija recién nacida a la Asamblea General de la ONU; la misma que en chándal se conectaba en redes sociales, después de acostarla, para hablar con sus conciudadanos durante la pandemia. Con todo, su mensaje a muchos nos produce también una cierta tristeza, no solo por la pérdida de una buena gobernante, sino porque sospechamos que detrás de la decisión se esconde la dificultad de afrontar los prejuicios de género que sabemos que ha sufrido y, sobre todo, de compatibilizar la responsabilidad del cuidado (propio y ajeno) con el ejercicio del liderazgo político. La dificultad en este mundo de esferas separadas que obliga a las mujeres a vivir en esa esquizofrenia que produce el tener que demostrar permanentemente que sí se puede ser a la vez mujer, madre y autoridad en un espacio público construido sobre la ficción de la autonomía en vez de sobre la realidad de la interdependencia. Se ve que se puede, con mucha dificultad, y solo por un tiempo. Nada nuevo bajo el sol: la resistencia al liderazgo femenino, los estereotipos de género y los problemas de conciliación familiar están en la base de la infrarrepresentación de las mujeres en el poder (Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders de Alice Eagly y Linda Carli, Harvard University Press, 2007). Si la ciudadanía neozelandesa y mundial tienen motivos para agradecerle su gestión, las mujeres y masculinidades no hegemónicas tenemos que agradecerle además su ejemplar forma de liderazgo. Porque invita a una reflexión profunda acerca de cómo concebimos la función de líder y valoramos las habilidades y disposiciones necesarias. Su testimonio nos habla de espíritu de servicio público, de dedicación intensa y capacidad de renuncia, desde la empatía, la humildad, la escucha, el reconocimiento del esfuerzo colectivo y aportando no solo conocimientos técnicos sino experiencias vitales que hayan permitido desarrollar nuestra capacidad para conectar con el otro entre las que la primera ministra cuenta con la de haber trabajado en un comedor comunitario. Empatía es rebajar el sueldo propio y del equipo de gobierno cuando el país atraviesa dificultades económicas. Empatía es cubrirse la cabeza con un hiyab y abrazar en público a los familiares de las víctimas de un atendado islamófobo. Sobre todo, cuando estos gestos, lejos de ser meras formas, vienen acompañados de una agenda política que prioriza el cuidado en todas sus formas. Desde la sostenibilidad ambiental, los derechos de los menores y de las mujeres, al control de armas y la promoción de la paz.
La utopía está servida: ¿y si todos los gobernantes del mundo, hombres y mujeres, tuvieran una forma de entender el liderazgo político similar a la de Ardern en vez de ser, muchos de ellos, personas con un alto grado de asertividad, pero también, según nos dice la ciencia, de narcisismo y de psicopatía, pues es este el perfil que muchas veces identificamos como persona carismática y escogemos para liderar? (Chamorro Premuzic, Why do so many incompentent men become leaders?, Harvard Business Review Press, 2019)? ¿Tendríamos entonces personas menos adictas a un poder concebido en clave de conquista, estatus y recursos para seguir acumulando más? ¿Se buscarían formas de que el servicio público y la responsabilidad en el cuidado fuesen más compatibles? Y, en último término, ¿veríamos a más líderes retirarse de su cargo con la candidez y la humildad que supone el reconocer, no una derrota, no una incapacidad, sino simplemente el natural agotamiento humano, la posibilidad de que otras personas menos exhaustas puedan cumplir mejor con la responsabilidad que implica gobernar? No, Señora Digneri Angélica Izquierdo, Cabilda de Aty Kwakumuke. No me extraña lo que me cuenta. No me extraña que, para serlo, Vd. haya tenido que consultar primero y contar con el apoyo de su familia; que haya tenido que superar esa cultura que le dice que cuando las gallinas cantan hay que cortarles la cabeza para recordarles que no son gallos; que haya tenido que exhibir su linaje y sus saberes, por ser hija de mamo (líder espiritual), para ganarse el respeto de los otros líderes varones; que haya tenido que alegar la extraordinaria fuerza de las madres solas cuando al convertirse en una los hombres de la comunidad le decían que no podía sostenerse una silla sin todas sus pata. Ni que desde su buen gobierno, y en diálogo con toda la comunidad, sienta que está ganándose el respeto por lo que ha supuesto crear una Casa de Gobierno que funde justicia ordinaria y justicia propia para abordar, desde el deseo de armonía comunitaria, mejores formas de responder a la violencia, en diálogo con la madre tierra y priorizando las necesidades de los más vulnerables. Déjeme, Señora Cabilda, que le cuente más de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y ojalá que ella también tenga un día el privilegio que he tenido yo de conocerla y que Vd. también le pueda contar.
El caso de las activistas engañadas por un policía infiltrado abre un debate sobre el consentimiento
A Clara la conoció durante una asamblea pensada para tejer una guía de prevención y actuación contra la violencia machista. Fue en noviembre de 2020, entre las paredes del centro social okupado La Cinètika, en Barcelona. Fue el inicio de una relación que se prolongó durante un año. Daniel Hernández Pons resultó, sin embargo, no ser quien decía: ni activista, ni militante de izquierdas, ni siquiera era aquel su nombre real. A Clara y a al menos otras siete chicas con las que mantuvo relaciones sexoafectivas las engañó con un objetivo claro: infiltrarse en los espacios donde militaban y obtener información. D.H.P (sus iniciales reales, coincidentes con el nombre ficticio) es en realidad miembro del cuerpo de Policía Nacional y durante tres años se introdujo de manera perfectamente orquestada en el tejido social de Barcelona, según ha desvelado una investigación publicada este lunes por el diario La Directa.
Hasta ocho mujeres, tal y como relata el mismo medio, iniciaron relaciones íntimas con una persona que, sencillamente, no existía. "Si hubiera sabido que era policía, nunca habría mantenido una relación con él", admite una de ellas después de haber conocido la identidad real de su expareja. El agente de la Policía Nacional se habría infiltrado en diversas corrientes vinculadas a organizaciones sindicales, espacios libertarios y movimientos antirrepresivos, donde participaba en acciones como movilizaciones antidesahucios. La Directa recuerda que el marco legal actual contempla este tipo de infiltraciones solo cuando se encuentran amparadas por una orden judicial, en supuestos de terrorismo, crimen organizado y tráfico de estupefacientes.
Unidas Podemos, la CUP y Esquerra Republicana han pedido la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la Generalitat de Cataluña le ha remitido una carta demandándole "respuestas urgentes". Pero el mayor impacto de la investigación ha recaído sobre las espaldas de las organizaciones sociales, especialmente de las militancias feministas, quienes han iniciado una necesaria reflexión sobre el consentimiento.
"Instrumentalización sentimental y terrorismo sexual con dinero público"
La Comisión 8M de Madrid abría el debate el mismo lunes: "¿Podemos hablar de abusos sexuales por parte del Estado?", se preguntaba en redes sociales. "En una relación donde mientes sobre quién eres, el consentimiento y el deseo están totalmente manipulados. El desequilibrio y abuso de poder es evidente", planteaban las feministas. La organización catalana 8 Mil Motius compartía el mismo sentir: "Cuando el violador es el Estado", la finalidad que se persigue es quebrar las comunidades a las que pertenecen las víctimas, esgrimían en un comunicado este miércoles. "La violencia sexual en contextos represivos tiene como finalidad socavar la integridad de nuestros vínculos", denuncia el colectivo. "Ocho compañeras estuvieron saliendo o se acostaron con alguien que no existe, con alguien que el gobierno, ese que dice proteger a las mujeres, había puesto ahí para algo. No es como si alguien te engaña sobre su equipo de fútbol o su estado civil. Realmente la persona con la que te acuestas no existe y nunca ha existido. En una relación en la que una persona no es quien dice ser, el consentimiento y el deseo están viciados", concluye la activista feminista Patricia Aranguren en este artículo. "Es el uso de los cuerpos de las mujeres, de nuestros deseos y nuestras vidas, de nuestra intimidad y nuestra vulnerabilidad, de nuestros proyectos y nuestras esperanzas, como mecanismo de control por parte del Estado. Instrumentalización sentimental y terrorismo sexual pagados con dinero público", arguye. Dolo Pulido, activista en la organización Novembre Feminista, hace suyo el diagnóstico al otro lado del teléfono. "Hay hechos que son objetivos: un policía, un agente del Estado, se ha infiltrado en movimientos sociales, no terroristas sino disidentes ideológicamente, y ha utilizado relaciones sexoafectivas para alcanzar su objetivo: conseguir información para que el Estado pueda controlar estos movimientos sociales". Para la activista, los hechos revelados por La Directa muestran que el agente policial "ha utilizado el poder y el engaño con estas chicas, quienes no han consentido libremente tener relaciones sexuales con esta persona". La gravedad de lo sucedido no parte, en este caso, de una conducta individual, sino que bebe de una estrategia global y sostenida por las instituciones. No solo es un ejemplo de "consentimiento viciado", sino que da cuenta de cómo se "utilizan los cuerpos de las mujeres por parte del Estado", ya que el agente "no está actuando a nivel individual", insiste la feminista. El impacto es múltiple: por un lado, la "violencia institucional" ejercida por las fuerzas de seguridad apuntala la evidente "desconfianza de las víctimas" en las instituciones. Una herida mucho más profunda cuando se trata de violencia sexual, pues solo el 8% de las mujeres da el paso de dirigirse a las autoridades para denunciarla. "Provoca una fractura absoluta", exclama Pulido. Pero además, siembra una suerte de "relato del terror sexual" que lanza una advertencia a las mujeres: el riesgo a ser violentadas anida en todos los espacios de su vida. Incluso en aquellos que creían seguros. "No podemos sentirnos libres ni en las discotecas, ni en las calles, ni en los movimientos sociales", analiza la activista, quien entiende que la violencia sexual es "una telaraña que se cierne en distintos espacios" y cuyo impacto se recrudece cuando se trata de lugares, como los espacios de militancia política, que "pretenden liberarse de todos aquellos valores defendidos por el patriarcado". Este miércoles, miles de personas salieron a las calles de la capital catalana en protesta por lo sucedido. La marcha será replicada el viernes en Móstoles (Madrid) y el sábado de nuevo en Barcelona. El análisis que dibujan las activistas feministas, ¿es trasladable a nivel jurídico? Hasta ahora, cinco mujeres han presentado querellas contra el agente, su superior jerárquico y el Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario por delitos de abusos sexuales –dado que los hechos se cometieron cuando todavía existía el delito de abuso sexual, previo a la ley del solo sí es sí–, contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. "Se han mantenido diversas relaciones sexoafectivas con las querellantes y otras mujeres con un objetivo claro, y por tanto instrumentalizando estas relaciones y mujeres para acceder a cierta información y apuntalar su estatus de infiltrado y su identidad falsa", dice en esta entrevista la abogada penalista Sònia Olivella, miembro del centro Iríada y una de las impulsoras de la querella. "La ley prevé que el consentimiento debe ser libre e informado", recuerda y subraya que este elemento ha quedado "viciado" debido al "engaño" empleado por el agente. "Ellas no lo habrían consentido nunca en caso de haberlo sabido. Y la violencia sexual se entrecruza con la institucional porque los hechos son perpetrados por un agente en el marco de una operación policial". Este diario ha intentado sin éxito contar con varias de las abogadas encargadas de la redacción de las querellas. Sònia Olivella reconoce que "no hay antecedentes" sobre casos similares en suelo español, pero su mirada y la de otras tantas activistas feministas se sitúa fuera de nuestras fronteras: en Reino Unido.
Décadas de espionaje y una victoria sin precedentes de las víctimas
"Es evidente que algunos oficiales establecieron largas relaciones sexuales íntimas que fueron abusivas, engañosas, manipuladoras y erróneas". Las palabras pertenecen al vicecomisario de Scotland Yard y fueron emitidas a través de un comunicado hace ahora ocho años. "Esto nunca debería haber sucedido. Es una grave violación de la dignidad e integridad personal. Las engañaron, pura y llanamente", abundaba el agente. Así reconocían las fuerzas de seguridad londinenses su responsabilidad en el marco de una estrategia que se prolongó durante décadas, desde los años setenta, basada en la infiltración de agentes de policía en movimientos pacíficos de izquierda, ecologistas y antirracistas, una operación revelada en 2011 por el diario británico The Guardian. Scotland Yard tuvo que indemnizar a las mujeres afectadas, quienes coincidían de forma unánime –igual que sucede ahora con las activistas catalanas– en una idea: aquellas relaciones no habían sido realmente consentidas. El daño, en este caso, fue prácticamente irreparable: algunas de las mujeres llegaron a tener hijos con los agentes, quienes a su vez mantenían una vida paralela en sus respectivos núcleos familiares. Ni la disculpa ni la suma económica "van a compensar nunca" lo vivido, expresaron entonces dos de las afectadas. Decenas de víctimas recopilaron sus vivencias a través de publicaciones, la mayoría expuestas en esta página web. Kate Wilson fue la única que decidió ir más allá de las acciones civiles y denunciar los hechos ante el tribunal dedicado específicamente a investigar abusos por parte de las instituciones públicas –Investigatory Powers Tribunal–. Aunque le costó diez años de batalla judicial, en septiembre de 2021 los jueces dictaron una sentencia pionera en la que reconocían la existencia de un listado de violaciones de derechos humanos por parte de la policía metropolitana, en el marco de unas operaciones que carecían de justificación alguna. Kate Wilson había visto vulnerados hasta cinco derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la no discriminación por razones de género. "El impacto de eso, el dolor, la paranoia y el sentimiento de vergüenza, realmente me paralizaron durante mucho, mucho tiempo", exclamaba la activista. A las víctimas del engaño todavía les quedan fuerzas y batallan, a día de hoy, por obtener reparación en todos los frentes. Hacia ellas miran ahora las activistas y militantes catalanas que han visto su confianza truncada por las fuerzas de seguridad.
Me parece lógico que se debata sobre qué hace un policía infiltrándose en ese tipo de organizaciones, pero llevar el debate a una cuestión de consentimiento sexual es absolutamente ridículo.
el.loco.lucas escribió:Me parece lógico que se debata sobre qué hace un policía infiltrándose en ese tipo de organizaciones, pero llevar el debate a una cuestión de consentimiento sexual es absolutamente ridículo.
Puede ser perfectamente un claro caso de abuso sexual y eso está muy lejos de ser algo absolutamente ridículo:
Decía el Código Penal, en las fechas de los sucesos acaecidos:
Artículo 181.
1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.
2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre menores de trece años, sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare.
3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.
Pero debatir esta cuestión no anula el debatir sobre qué hace un policía infiltrándose en ese tipo de organizaciones, lo que tampoco es una cuestión baladí, sino que es posible que sea una cuestión que haga "rodar cabezas" en más de un puesto superior, no sólo en el puesto del presunto culpable.
el.loco.lucas escribió:Me parece lógico que se debata sobre qué hace un policía infiltrándose en ese tipo de organizaciones, pero llevar el debate a una cuestión de consentimiento sexual es absolutamente ridículo.
Bueno, en el UK son bastante ridículos (por ej, enmoquetar las cocinas y el wc), pero en este caso lo tuvieron claro.
El infiltrado, las activistas y la responsabilidad del Estado
¿Por qué un policía ha estado casi tres años infiltrado en movimientos sociales que no tienen ninguna conexión con el terrorismo o el crimen organizado? ¿Había autorización judicial y conocimiento del Ministerio del Interior? ¿Hay una investigación judicial o una operación policial en marcha relacionada con la actividad de este agente encubierto? ¿Sabían los superiores del policía y el juzgado que lo autorizó de sus relaciones sexuales con activistas investigadas y las consintieron? Y una pregunta más, no relacionada con el meollo de este caso pero para mí relevante: ¿Cómo es posible que una buena parte de la reacción en redes sociales haya sido reírse o atacar a estas mujeres activistas y tratar al agente como un James Bond patrio? Cuestiones pertinentes ante la supuesta infiltración de un policía nacional en movimientos sociales y sindicales de Barcelona y el también supuesto uso que este hizo de sus relaciones sexuales y afectivas para obtener información y consolidar su posición en estos círculos. Si todo es como lo ha desvelado el medio catalán independiente La Directa, se trata de una actuación de las fuerzas de seguridad que no tiene cabida ni en nuestra legislación ni en una sociedad democrática. No tiene cabida pero no solo sucede, lo toleramos y hasta hacemos memes aunque vaya en ello nuestra libertad de asociación o expresión y el hecho de que el Estado pueda meterse en nuestra cama. La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza', aprobada en 2015 y hoy pendiente de reforma, respondía a estos criterios profundamente represivos y a la tentación que tienen determinados poderes de conformar un Estado policial. En el espíritu de aquella norma estaba lo que ahora estamos debatiendo: considerar al manifestante y al activista como supuestos delincuentes y la peligrosa idea de que los gobiernos deben impedir que circulen ideas y se organicen grupos de ciudadanos, si el gobierno de turno considera que esas ideas y grupos son peligrosos, aunque no haya ningún indicio de criminalidad. La actuación de este policía infiltrado, a falta de la información que Interior debería proporcionar cuanto antes, es contraria a la norma que regula estas actuaciones, diseñada para luchar contra el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos graves cometidos por organizaciones criminales, y necesita de autorización y control judicial. Usar a un agente encubierto para simplemente obtener información no está previsto en la ley. Pero, además, hacerlo obedece a las mismas ideas antidemocráticas que dieron luz a la ley mordaza: la necesidad de controlar el espacio público y utilizar procedimientos opacos frente a los adversarios políticos o los movimientos antisistema, en este caso el movimiento libertario barcelonés que, conviene también aclararlo, no es lo mismo que el independentismo catalán ni está vinculado al procés. Las posiciones de los grupos donde actuaba el policía pueden ser radicales, pero también son legítimas, y la mayoría canalizan el descontento social ante la precariedad, los desahucios, el recorte de derechos o la falta de actuación ante emergencias como la climática. El Estado no puede olvidar que es precisamente en su actuación en estos espacios supuestamente radicales donde una sociedad democrática pone a prueba la libertad de ideas y expresión de sus ciudadanos y los límites que debe tener toda actuación policial. Este caso se agrava con la supuesta vía utilizada por el policía para obtener información: las relaciones sexuales y sentimentales con mujeres activistas. Cinco de ellas se han querellado contra él, sus superiores y el Ministerio de Interior por delitos de abusos sexuales continuados, contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento de ejercicio de derechos cívicos. La querella fue al momento objeto de burlas en redes sociales, algunas de ellas con un componente machista de muy bajos vuelos. Otros usuarios de la red comparaban lo que les ha sucedido a las activistas con cualquier mentira que alguien le cuenta a su pareja durante una relación, sin entender que aquí el engaño atañe a la identidad entera de una persona y se produce en el contexto de una investigación policial que no tiene causa aparente.
Que un agente infiltrado tenga relaciones sexuales y sentimentales con mujeres que ignoraban su condición de policía y el hecho de ser utilizadas como fuentes de información ya ha provocado condenas judiciales en otros países. El más conocido es el caso Spy Cops Scandal de Reino Unido, destapado por The Guardian, en el que se investigó a decenas de policías encubiertos en movimientos sociales. Un tribunal británico falló que el agente encubierto Mark Kennedy había degradado y humillado gravemente a una de estas mujeres, la activista medioambiental Kate Wilson, y se habían violado sus derechos a no sufrir tratos inhumanos, al respeto a la vida privada, a no sufrir discriminación por razón de género, a su libertad de expresión y su libertad de asociación. Por todo esto se la indemnizó con 220.000 euros. El recorrido que puedan tener las querellas de las activistas en España ya se verá, pero parece al menos deseable que Interior y la cúpula de la policía ofrezcan una pronta explicación a la ciudadanía en general y disculpas y resarcimiento a las activistas implicadas. Es grave que el Estado autorice o tolere que un policía nacional acceda a través del sexo a informaciones íntimas, personales y políticas con el objetivo de entrar en espacios legítimos de la sociedad civil. El perjuicio a estas mujeres y a su libertad ideológica e identidad política está claro pero también nos concierne a los demás. Porque el derecho a asociarse para expresar colectivamente una opinión y realizar acciones dentro de la ley es fundamental para la existencia de una sociedad democrática.
marapez escribió:... se trata de una actuación de las fuerzas de seguridad que no tiene cabida ni en nuestra legislación ni en una sociedad democrática. No tiene cabida pero no solo sucede, lo toleramos y hasta hacemos memes aunque vaya en ello nuestra libertad de asociación o expresión y el hecho de que el Estado pueda meterse en nuestra cama. La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza', aprobada en 2015 y hoy pendiente de reforma, respondía a estos criterios profundamente represivos y a la tentación que tienen determinados poderes de conformar un Estado policial. En el espíritu de aquella norma estaba lo que ahora estamos debatiendo: considerar al manifestante y al activista como supuestos delincuentes y la peligrosa idea de que los gobiernos deben impedir que circulen ideas y se organicen grupos de ciudadanos, si el gobierno de turno considera que esas ideas y grupos son peligrosos, aunque no haya ningún indicio de criminalidad. La actuación de este policía infiltrado, a falta de la información que Interior debería proporcionar cuanto antes, es contraria a la norma que regula estas actuaciones, diseñada para luchar contra el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos graves cometidos por organizaciones criminales, y necesita de autorización y control judicial. Usar a un agente encubierto para simplemente obtener información no está previsto en la ley. Pero, además, hacerlo obedece a las mismas ideas antidemocráticas que dieron luz a la ley mordaza: la necesidad de controlar el espacio público y utilizar procedimientos opacos frente a los adversarios políticos o los movimientos antisistema, en este caso el movimiento libertario barcelonés que, conviene también aclararlo, no es lo mismo que el independentismo catalán ni está vinculado al procés.
Sin entrar en el tema sexual, a mí no me parece mal que la poli se infiltre en grupos radicales. Si no hay norma que permita eso, que no lo sé, debería haberla.
y por varias razones: - infiltrarse no implica impedir estos grupos, simplemente significa que estás obteniendo información - hay que obtener información? Sí, creo que un estado debe vigilar grupos y actividades que están en los bordes de la ley por si alguno se desmadra. Otro ejemplo donde deben infiltrarse, por ejemplo, es en las mezquitas que hay en España. Deben vigilar si hay grupos radicales islamistas formándose. Y eso no implica que todos los musulmanes sean delincuentes ni se impida profesar su fe.
Nunca hablé de medios ilegales. De hecho cité expresamente que no deben impedirlos, cuando el escrito equipara, erróneamente, obtener información con impedir que circulen ideas o cosas similares.
marapez escribió:... se trata de una actuación de las fuerzas de seguridad que no tiene cabida ni en nuestra legislación ni en una sociedad democrática. No tiene cabida pero no solo sucede, lo toleramos y hasta hacemos memes aunque vaya en ello nuestra libertad de asociación o expresión y el hecho de que el Estado pueda meterse en nuestra cama. La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza', aprobada en 2015 y hoy pendiente de reforma, respondía a estos criterios profundamente represivos y a la tentación que tienen determinados poderes de conformar un Estado policial. En el espíritu de aquella norma estaba lo que ahora estamos debatiendo: considerar al manifestante y al activista como supuestos delincuentes y la peligrosa idea de que los gobiernos deben impedir que circulen ideas y se organicen grupos de ciudadanos, si el gobierno de turno considera que esas ideas y grupos son peligrosos, aunque no haya ningún indicio de criminalidad. La actuación de este policía infiltrado, a falta de la información que Interior debería proporcionar cuanto antes, es contraria a la norma que regula estas actuaciones, diseñada para luchar contra el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos graves cometidos por organizaciones criminales, y necesita de autorización y control judicial. Usar a un agente encubierto para simplemente obtener información no está previsto en la ley. Pero, además, hacerlo obedece a las mismas ideas antidemocráticas que dieron luz a la ley mordaza: la necesidad de controlar el espacio público y utilizar procedimientos opacos frente a los adversarios políticos o los movimientos antisistema, en este caso el movimiento libertario barcelonés que, conviene también aclararlo, no es lo mismo que el independentismo catalán ni está vinculado al procés.
Sin entrar en el tema sexual, a mí no me parece mal que la poli se infiltre en grupos radicales. Si no hay norma que permita eso, que no lo sé, debería haberla.
y por varias razones: - infiltrarse no implica impedir estos grupos, simplemente significa que estás obteniendo información - hay que obtener información? Sí, creo que un estado debe vigilar grupos y actividades que están en los bordes de la ley por si alguno se desmadra. Otro ejemplo donde deben infiltrarse, por ejemplo, es en las mezquitas que hay en España. Deben vigilar si hay grupos radicales islamistas formándose. Y eso no implica que todos los musulmanes sean delincuentes ni se impida profesar su fe.
A los fascistas tampoco les parece mal... excepto si los vigilados son ellos, ya sabes, por si se desmadran.
καλλαικoι escribió:Nunca hablé de medios ilegales. De hecho cité expresamente que no deben impedirlos, cuando el escrito equipara, erróneamente, obtener información con impedir que circulen ideas o cosas similares.
Esa idea no es de derechas, sino de extrema derecha.
¿Por qué a los extremistas de derecha os gusta tanto los estados policiales?
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