La operación Kitchen no buscaba proteger al Ministerio de Interior, al que la actividad y la documentación en posesión de Luis Bárcenas no le afectaba en lo más mínimo, sino que fue una operación diseñada y ejecutada para la protección del PP
La congruencia es una exigencia en el ejercicio de la función jurisdiccional por imperativo constitucional. El juez, como cualquier otra persona, puede no ser congruente cuando no actúa como juez. Pero, cuando ejerce la función jurisdiccional, no puede no serlo.
En el proceso penal es donde la exigencia de congruencia o, mejor dicho, la interdicción de incongruencia de la resolución judicial, adquiere su máxima expresión, porque la incongruencia afecta al Estado. El juez no es libre para determinar el objeto del proceso. En la delimitación del mismo el juez tiene que dar respuesta de manera motivada a por qué lo hace de la manera en qué lo hace. Por virtud del principio acusatorio únicamente él puede hacerlo. Pero tiene que hacerlo a partir de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal o de la acusación particular y del escrito de la defensa jurídica del acusado. Ni puede extender el objeto del proceso más allá de lo que se ha pedido por la acusación, ni puede reducirlo dejando fuera del mismo sin justificación las peticiones formuladas.
Viene a cuento esta introducción del auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de cierre de la investigación y de apertura del juicio oral en el conocido como ‘Caso Kitchen’. “Debe descartarse del objeto de este procedimiento la existencia de una trama política ajena al Ministerio de Interior”, dice el Juez de manera lapidaria, excluyendo de esta manera que se pueda extender el objeto del proceso a la dirección del Partido Popular, a pesar de que así había sido solicitado tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.
Se trata de un caso de libro de ‘incongruencia omisiva’. Es verdad que la ‘operación Kitchen’ se activó en el Ministerio de Interior en el verano de 2013 cuando el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresa en prisión. Pero no lo es menos que el objeto de la operación no tiene nada que ver con el Ministerio de Interior, sino que tiene que ver exclusivamente con la ejecutoria de Luis Bárcenas como tesorero que fue del PP. La finalidad de la operación es la de sustraer al extesorero documentación relativa al PP, de tal manera que se evite que pueda acabar en las manos de la autoridad judicial que está investigando la posible financiación irregular de dicho partido.
También está fuera de toda duda que dicha operación Kitchen se pone en marcha en el Ministerio de Interior porque el Presidente del Gobierno es también el Presidente del PP. Sin esa coincidencia de pertenencia al mismo partido del Presidente del Gobierno y del Ministro de Interior la operación no hubiera sido posible primero y no habría tenido ningún sentido después.
La operación Kitchen no es una operación de protección del Ministerio de Interior, al que la actividad y la documentación en posesión de Luis Bárcenas no le afectaba en lo más mínimo, sino que es una operación diseñada y ejecutada para la protección del PP y singularmente de su Presidente, Mariano Rajoy, a la sazón también Presidente del Gobierno.
Sin Mariano Rajoy como Presidente del PP y del Gobierno la operación Kitchen no tiene sentido. Hay, además, indicios de relación intensa durante todos los años a los que se extiende la investigación entre ex extesorero y el hoy expresidente del Gobierno y del PP. También hay indicios de la relación entre Mariano Rajoy y el comisario Villarejo durante el desarrollo de la operación Kitchen, con indicación expresa del número de teléfono desde el que el segundo mantenía informado al primero. ¿Puede todo esto quedar fuera del juicio de la operación Kitchen?
El auto del juez Manuel García Castellón es un paradigma de incongruencia omisiva, que supongo que será recurrido tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular. Una operación de esta naturaleza no puede dejar de ser investigada en su totalidad.
Salú y República.
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La operación Kitchen no buscaba proteger al Ministerio de Interior, al que la actividad y la documentación en posesión de Luis Bárcenas no le afectaba en lo más mínimo, sino que fue una operación diseñada y ejecutada para la protección del PP
La congruencia es una exigencia en el ejercicio de la función jurisdiccional por imperativo constitucional. El juez, como cualquier otra persona, puede no ser congruente cuando no actúa como juez. Pero, cuando ejerce la función jurisdiccional, no puede no serlo.
En el proceso penal es donde la exigencia de congruencia o, mejor dicho, la interdicción de incongruencia de la resolución judicial, adquiere su máxima expresión, porque la incongruencia afecta al Estado. El juez no es libre para determinar el objeto del proceso. En la delimitación del mismo el juez tiene que dar respuesta de manera motivada a por qué lo hace de la manera en qué lo hace. Por virtud del principio acusatorio únicamente él puede hacerlo. Pero tiene que hacerlo a partir de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal o de la acusación particular y del escrito de la defensa jurídica del acusado. Ni puede extender el objeto del proceso más allá de lo que se ha pedido por la acusación, ni puede reducirlo dejando fuera del mismo sin justificación las peticiones formuladas.
Viene a cuento esta introducción del auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de cierre de la investigación y de apertura del juicio oral en el conocido como ‘Caso Kitchen’. “Debe descartarse del objeto de este procedimiento la existencia de una trama política ajena al Ministerio de Interior”, dice el Juez de manera lapidaria, excluyendo de esta manera que se pueda extender el objeto del proceso a la dirección del Partido Popular, a pesar de que así había sido solicitado tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.
Se trata de un caso de libro de ‘incongruencia omisiva’. Es verdad que la ‘operación Kitchen’ se activó en el Ministerio de Interior en el verano de 2013 cuando el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresa en prisión. Pero no lo es menos que el objeto de la operación no tiene nada que ver con el Ministerio de Interior, sino que tiene que ver exclusivamente con la ejecutoria de Luis Bárcenas como tesorero que fue del PP. La finalidad de la operación es la de sustraer al extesorero documentación relativa al PP, de tal manera que se evite que pueda acabar en las manos de la autoridad judicial que está investigando la posible financiación irregular de dicho partido.
También está fuera de toda duda que dicha operación Kitchen se pone en marcha en el Ministerio de Interior porque el Presidente del Gobierno es también el Presidente del PP. Sin esa coincidencia de pertenencia al mismo partido del Presidente del Gobierno y del Ministro de Interior la operación no hubiera sido posible primero y no habría tenido ningún sentido después.
La operación Kitchen no es una operación de protección del Ministerio de Interior, al que la actividad y la documentación en posesión de Luis Bárcenas no le afectaba en lo más mínimo, sino que es una operación diseñada y ejecutada para la protección del PP y singularmente de su Presidente, Mariano Rajoy, a la sazón también Presidente del Gobierno.
Sin Mariano Rajoy como Presidente del PP y del Gobierno la operación Kitchen no tiene sentido. Hay, además, indicios de relación intensa durante todos los años a los que se extiende la investigación entre ex extesorero y el hoy expresidente del Gobierno y del PP. También hay indicios de la relación entre Mariano Rajoy y el comisario Villarejo durante el desarrollo de la operación Kitchen, con indicación expresa del número de teléfono desde el que el segundo mantenía informado al primero. ¿Puede todo esto quedar fuera del juicio de la operación Kitchen?
El auto del juez Manuel García Castellón es un paradigma de incongruencia omisiva, que supongo que será recurrido tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular. Una operación de esta naturaleza no puede dejar de ser investigada en su totalidad.
Salú y República.
[size=40]Multan a Podemos por las cámaras de seguridad de su sede atacada en Cartagena[/size]
Protección de Datos apunta que grababan “en exceso la vía pública” y “carecía de cartel homologado”
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] Pintada en la sede de Podemos en Cartagena tras ser atacada con un cóctel molotov en abril[size=12]MARCIAL GUILLÉNEFE[/size]
EFE
[url=https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.larazon.es/espana/20210804/li6w6v72fffkdkjuxmu74aizl4.html&text=Multan a Podemos por las c%C3%A1maras de seguridad de su sede atacada en cartagena&hashtags=larazon_es][/url]
CREADA.04-08-2021 | 15:35 H / ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN.04-08-2021 | 15:35 H
La Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) ha multado a Podemos por la instalación en su sede de la localidad murciana de Cartagena, que fue atacada con cócteles molotov el pasado abril, de un sistema de videovigilancia que graba “en exceso la vía pública” y por “carecer el sistema de cartel homologado”, tal y como se desprende de una resolución del organismo.
Vandalismo. Atacan con un artefacto explosivo la sede de Podemos en Cartagena
La primera sanción asciende a un total de 3.000 euros y la correspondiente al cartel homologado es de 1.000 euros, si bien el partido moradoha decidido acogerse a una reducción de la sanción que le ha permitido pagar 2.400 euros de los 4.000 totales. En concreto, Podemos hizo el pago el pasado 17 de julio, renunciando de esta forma a la presentación de alegaciones.
En la madrugada del pasado 2 de abril, la sede de Podemos en Cartagena fue atacada por una persona que arrojó varios cócteles molotov a las instalaciones. El partido difundió esa misma mañana los vídeos de las cámaras de seguridad en las que se veía el atentado.
Tras una denuncia que se presentó ante Protección de datos, el organismo ha dictaminado que en los citados vídeos grabados (y difundidos) por las cámaras de seguridad de la sede de Podemos ,se graba en exceso la vía pública de manera que se pueden observar, entre otros elementos, “las matrículas de los coches”, y que el sistema no dispone de un cartel homologado que alerte de su instalación.
ARCHIVADO EN: Podemos
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La operación Kitchen no buscaba proteger al Ministerio de Interior, al que la actividad y la documentación en posesión de Luis Bárcenas no le afectaba en lo más mínimo, sino que fue una operación diseñada y ejecutada para la protección del PP
La congruencia es una exigencia en el ejercicio de la función jurisdiccional por imperativo constitucional. El juez, como cualquier otra persona, puede no ser congruente cuando no actúa como juez. Pero, cuando ejerce la función jurisdiccional, no puede no serlo.
En el proceso penal es donde la exigencia de congruencia o, mejor dicho, la interdicción de incongruencia de la resolución judicial, adquiere su máxima expresión, porque la incongruencia afecta al Estado. El juez no es libre para determinar el objeto del proceso. En la delimitación del mismo el juez tiene que dar respuesta de manera motivada a por qué lo hace de la manera en qué lo hace. Por virtud del principio acusatorio únicamente él puede hacerlo. Pero tiene que hacerlo a partir de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal o de la acusación particular y del escrito de la defensa jurídica del acusado. Ni puede extender el objeto del proceso más allá de lo que se ha pedido por la acusación, ni puede reducirlo dejando fuera del mismo sin justificación las peticiones formuladas.
Viene a cuento esta introducción del auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de cierre de la investigación y de apertura del juicio oral en el conocido como ‘Caso Kitchen’. “Debe descartarse del objeto de este procedimiento la existencia de una trama política ajena al Ministerio de Interior”, dice el Juez de manera lapidaria, excluyendo de esta manera que se pueda extender el objeto del proceso a la dirección del Partido Popular, a pesar de que así había sido solicitado tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.
Se trata de un caso de libro de ‘incongruencia omisiva’. Es verdad que la ‘operación Kitchen’ se activó en el Ministerio de Interior en el verano de 2013 cuando el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresa en prisión. Pero no lo es menos que el objeto de la operación no tiene nada que ver con el Ministerio de Interior, sino que tiene que ver exclusivamente con la ejecutoria de Luis Bárcenas como tesorero que fue del PP. La finalidad de la operación es la de sustraer al extesorero documentación relativa al PP, de tal manera que se evite que pueda acabar en las manos de la autoridad judicial que está investigando la posible financiación irregular de dicho partido.
También está fuera de toda duda que dicha operación Kitchen se pone en marcha en el Ministerio de Interior porque el Presidente del Gobierno es también el Presidente del PP. Sin esa coincidencia de pertenencia al mismo partido del Presidente del Gobierno y del Ministro de Interior la operación no hubiera sido posible primero y no habría tenido ningún sentido después.
La operación Kitchen no es una operación de protección del Ministerio de Interior, al que la actividad y la documentación en posesión de Luis Bárcenas no le afectaba en lo más mínimo, sino que es una operación diseñada y ejecutada para la protección del PP y singularmente de su Presidente, Mariano Rajoy, a la sazón también Presidente del Gobierno.
Sin Mariano Rajoy como Presidente del PP y del Gobierno la operación Kitchen no tiene sentido. Hay, además, indicios de relación intensa durante todos los años a los que se extiende la investigación entre ex extesorero y el hoy expresidente del Gobierno y del PP. También hay indicios de la relación entre Mariano Rajoy y el comisario Villarejo durante el desarrollo de la operación Kitchen, con indicación expresa del número de teléfono desde el que el segundo mantenía informado al primero. ¿Puede todo esto quedar fuera del juicio de la operación Kitchen?
El auto del juez Manuel García Castellón es un paradigma de incongruencia omisiva, que supongo que será recurrido tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular. Una operación de esta naturaleza no puede dejar de ser investigada en su totalidad.
Salú y República.
[size=40]Multan a Podemos por las cámaras de seguridad de su sede atacada en Cartagena[/size]
Protección de Datos apunta que grababan “en exceso la vía pública” y “carecía de cartel homologado”
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] Pintada en la sede de Podemos en Cartagena tras ser atacada con un cóctel molotov en abril[size=12]MARCIAL GUILLÉNEFE[/size]
EFE
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CREADA.04-08-2021 | 15:35 H / ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN.04-08-2021 | 15:35 H
La Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) ha multado a Podemos por la instalación en su sede de la localidad murciana de Cartagena, que fue atacada con cócteles molotov el pasado abril, de un sistema de videovigilancia que graba “en exceso la vía pública” y por “carecer el sistema de cartel homologado”, tal y como se desprende de una resolución del organismo.
Vandalismo. Atacan con un artefacto explosivo la sede de Podemos en Cartagena
La primera sanción asciende a un total de 3.000 euros y la correspondiente al cartel homologado es de 1.000 euros, si bien el partido moradoha decidido acogerse a una reducción de la sanción que le ha permitido pagar 2.400 euros de los 4.000 totales. En concreto, Podemos hizo el pago el pasado 17 de julio, renunciando de esta forma a la presentación de alegaciones.
En la madrugada del pasado 2 de abril, la sede de Podemos en Cartagena fue atacada por una persona que arrojó varios cócteles molotov a las instalaciones. El partido difundió esa misma mañana los vídeos de las cámaras de seguridad en las que se veía el atentado.
Tras una denuncia que se presentó ante Protección de datos, el organismo ha dictaminado que en los citados vídeos grabados (y difundidos) por las cámaras de seguridad de la sede de Podemos ,se graba en exceso la vía pública de manera que se pueden observar, entre otros elementos, “las matrículas de los coches”, y que el sistema no dispone de un cartel homologado que alerte de su instalación.
ARCHIVADO EN: Podemos
Quina mala sort, le meten un atentado y después una multa, no hay derecho que diría un jorobado, pero el jorobado también diría " es que han sembrado viento, y ahora recogen tempestades"
Con este argumento de la cámara de seguridad pueden ya empezar a multar cualquier banco con cajero automático en la calle, ya que todos tienen una cámara apuntando a la calle para identificar a los que usan el cajero. También es una chorrada esto del cartel homologado, ya que no es ningún cartel que está sujeto en la fachada del edificio, como el de la peluquería Manolo al lado, sino una serigrafía en el escaparate, exento de la homologación, ya que no supone un riesgo para la seguridad de los transeúntes, ni otros problemas que puede causar. Tener que homologar el propio logo pintado en propia ventana, es un mal chiste. La homologación es obligatorio en objetos que invadan la vía pública, como carteles, toldos etc,. que deben tener un correspondiente certificado para garantizar que no obstaculizan o pueden resultado peligroso en caso de fuerte viento u otras circunstancias. Ya no saben que inventar para desacreditar a UP.
El arsenal del presunto autor del incendio en la sede de Podemos en Cartagena
Se le han incautado diferentes armas blancas y otros objetos contundentes, como puños americanos, un puñal y una daga La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años e ideología de extrema derecha por su presunta relación con el ataque con material explosivo a la sede de Podemos en Cartagena ocurrido en la madrugada del 2 de abril.
En el registro efectuado en el domicilio del arrestado, en la ciudad de Cartagena, han sido intervenidas prendas de ropa que pudieron haber sido las empleadas la noche de los hechos.
También se han incautado diferentes armas blancas y otros objetos contundentes, como puños americanos, un puñal y una daga, así como un pasamontañas y gran cantidad de prendas de vestir con simbología neonazi y libros de adoctrinamiento.
Podemos ya lo avisó Desde el primer momento, Podemos señaló que lo sucedido fue un delito de odio de la extrema derecha. El entonces el secretario general del partido, vicepresidente primero y ministro de Derechos de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el diputado autonómico Javier Sánchez Serna. Ambos difundieron un vídeo captado por las cámaras de vigilancia y atribuyeron los hechos a la «ultraderecha» y al «terrorismo callejero.
«En este vídeo podéis ver el ataque de la ultraderecha, con material explosivo, a una sede Podemos hoy mismo. El terrorismo callejero de los ultras no va a amedrentarnos. Frente a los violentos y sus blanqueadores: democracia, libertad de expresión y justicia social», escribió Iglesias en la red social Twitter.
Tras conocer el arresto, el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha afirmado que este ataque “no es la obra de un desequilibrado que actúa por cuenta propia” porque no se trata de “un lobo solitario”, sino que el atentado contra Podemos se produce “en medio de un caldo de violencia alimentado por la extrema derecha y sus discursos del odio”.
“Los que arman estas mentes siguen campando a sus anchas y subiéndose a las tribunas de las instituciones y a los altavoces de los medios de comunicación para esparcir sus mensajes de odio”, ha expresado Sánchez Serna.
Finalmente, ha recordado que la sede de Podemos en Cartagena ha sufrido seis ataques en los últimos tres años, pero “solo se ha detenido al autor del último”.
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