La indignación se palpa hasta en los supermercados de barrio al punto de la mañana. Un nuevo récord histórico del precio de la luz, se cobra hasta un 200% más que hace un año. Brutal subida de la electricidad y cuanto de ella se nutre, de forma esencial el costo de la alimentación. "Y encima nos callamos", oigo. La ministra y vicepresidenta tercera Teresa Ribera recrimina a las empresas eléctricas su "falta de empatía social" y el alma se nos cae a los pies. Precisamente, la falta de empatía de la ministra y, en su caso, del Gobierno, está dando alas a la maquinaria que opera en favor del PP en la falsa idea de que podría aportar soluciones. El nuevo curso –según el tópico- comienza con grandes y decisivos problemas enquistados y dos tendencias nítidas: el Gobierno, sin abordarlos, da pasos insuficientes y la muy extrema derecha española se lanza en campaña para llegar más pronto que tarde a la Moncloa. No es nuevo en absoluto, solo es peor y cada vez más. Y nos acerca a un abismo que ya vemos en otros lugares, de mucho dolor y acrecentadas injusticias. Las quejas por lo que cuesta la energía eléctrica son absolutamente justificadas. PP –sobre todo- y PSOE son responsables de haber llegado a este extremo que se prolonga en el tiempo. Ambos partidos y parte de la derecha nacionalista transitan con familiaridad por el palacio de las puertas giratorias y eso se paga. Los ciudadanos, claro. Pero es el gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez el que tiene en las manos ahora la patata ardiendo. Han de racionalizarse los precios de la electricidad, como sea. Y hay que operar con la misma determinación las grandes tumefacciones que están debilitando a esta sociedad: la justicia, la información, los servicios básicos, las libertades. Es inaplazable. A un gobierno que echa a andar en enero de 2020 no le pudo caer peor tragedia que una pandemia mundial que siega vidas y salud y provoca una crisis sin precedente. Lo afrontó acuciado por la peor oposición política que pueda imaginarse, en permanente búsqueda de sus intereses con total mezquindad. Y ni mucho menos lo solventó peor que otros países. Pero no basta. Porque el daño no atañe a gobiernos y partidos políticos sino a toda una sociedad. Era y es una oposición política con un ejército mediático de apoyo que denigra el concepto de periodismo. Hay grandes profesionales en nuestro país, no nos confundamos. Ni tampoco nos escudemos en falsos corporativismos porque esta gente desarrolla otra profesión, cuesta soportar que se atrevan a usar el nombre de periodistas quienes mienten y manipulan en favor de una opción política enmascarando además sus tropelías. Por su número y virulencia son factor determinante en cuanto nos ocurre. La campaña hoy se centra en un Pablo Casado que sigue absolutamente desbocado en sus declaraciones y a quien sus medios aúpan en supuestas encuestas otorgándole el triunfo en las elecciones en compañía de Vox, el partido de ultraderecha y minicerebro al que promocionan hasta la saciedad. Nos decimos: es imposible que Casado pueda ser presidente del Gobierno español, pero igual pensamos en su momento de Díaz Ayuso. Con una inmensa carga de despropósitos y el balance -impune- de la masacre de ancianos en las residencias, revalidó su cargo como presidenta de Madrid. La labor mediática obró ese milagro de Satanás y podría conseguir el del tándem Casado-Abascal. Alguien tan solvente como el periodista de La Vanguardia Enric Juliana escribió hace unos meses esta heladora reflexión que exige una total alerta porque así de grave es la situación: La Razón osa editorializar que el PP no debe ceder a las presiones y ha de seguir sin renovar el Poder Judicial, en un delirante argumentario. Es la consigna de estos momentos, cuando se cumplen 1000 días con el CGPJ caducado. Han sido varios los informadores de lo suyo y hasta juristas los que han compartido la misma idea. Piden que no se cumpla el mandato constitucional, sino que el PP siga controlando la justicia. Aunque por supuesto lo disfrazan del muy usado efecto espejo que atribuye al contrario los fallos propios. Crecen los medios de derechas –el millonario ex Ciudadanos Marcos De Quinto se apunta financiado por los charcuteros Del Pozo-, mientras RTVE inicia nueva etapa apostando "por la continuidad". La continuidad de su información política fuertemente sesgada hacia PP (y Vox) es para temblar. Lo que se precisa es información, nada más y nada menos. Solo quienes creen en los Reyes Magos pueden dudar de la corrupción del PP y de su uso del Estado para, a través de cloacas policiales y mediáticas, fabricar dosieres contra sus rivales y lavar su latrocinio. Y que sus medios informaron con rigor. Y que es el bien de los ciudadanos el que guía sus campañas en favor de la muy extrema derecha española. Cada vez que alguien dice que hay que echarse a la calle a protestar, recuerdo que Rajoy lo previno con la Ley Mordaza y otras mordazas del Código penal por el que aún pagan simples manifestantes. Y sigue vigente. Como vigente sigue la mentalidad que los aplica en el eterno circulo vicioso de la involución española. Y en flagrante desequilibrio con todo un ex jefe de Estado que esconde sus turbias andanzas huido a una autarquía en total impunidad. No, la clave está en que votamos un gobierno para que –acosado o no-resolviera los problemas. Desde la luz y la vivienda a la justicia, el derecho a la información, las libertades y hasta la democracia en peligro. No valen los remiendos, solo las soluciones totales. Y el tiempo se echa encima. Dado el signo de los tiempos puede no haber otra oportunidad. En España, cuando manda el PP da la vuelta al Estado y el PSOE lo deja estar con apenas algún maquillaje. Zapatero fue quien acometió mayores reformas y Rajoy, quien de una manera sorda, causó mayor daño social e involución. Por eso hay que actuar ahora. La UE traga, apenas frunciendo el ceño, las derivas totalitarias de Hungría, Polonia y algunos otros países, la UE no es excusa pues para nada, y menos para resolver problemas que interfieren con los derechos de la sociedad. Es radicalmente distinto. El Gobierno y sus socios han de renovar el Poder Judicial ya. Y acometer una reforma de la justicia que la haga -en todos sus extremos- digna de tal nombre. Cambiando leyes si hace falta. Bajar el precio de la luz, facilitar el acceso a la vivienda y lo mismo con todos las cuestiones pendientes. Afganistán vuelve a mostrar con toda crudeza que los problemas no resueltos, se agravan. Y que no es el general en jefe quien sale abatido y perjudicado sino millones de personas que quedan detrás. Basta mirar el fiasco de Afganistán para ver un futuro extremo cuando manda la desidia y la irracionalidad. A las vidas rotas, pasado y futuro en una mochila, se suma la victoria del fanatismo. Allí juega sobre el tan emblemático helicóptero Black Hawk, operado ahora por talibanes. Aquí también los hay, con incontables apoyos. Siempre juegan con los símbolos, las doctrinas, las personas que no entran en sus esquemas. Con imponer sus dogmas por todos los medios sin exclusión.
Hace más o menos cien años, el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, popularizó la frase "yo, para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafos". Seguro que a la ministra portavoz del Gobierno, conocedora de esa anécdota, le vendrían a las mientes las palabras del político conservador en medio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes cuando rodeada de taquígrafos, los periodistas, no tuvo más remedio que sortear como pudo las desagradables preguntas sobre el tema estrella, la luz. Pasado el brillo de la acción humanitaria de Afganistán, la tozuda realidad enfrenta al Gobierno con ese asunto estrella y aparece el peligro de resultar estrellado, y no contra la oposición, sino en el seno de la misma coalición. No hay forma de contener el desbocado precio de la luz, así que Pedro Sánchez lo contrarresta con el anuncio de la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Pero hay una pega, los números. El salario mínimo afecta directamente a una parte, no tan grande de la población; de forma indirecta, a más. Pero la subida del precio de la luz, ese imparable aumento del precio de la energía, afecta a 29 millones de clientes, no a todos, pero sí a una inmensa mayoría. La cosa está clara, el Gobierno se desgañita diciendo que la economía muestra brotes primaverales, que los datos económicos del segundo semestre van a ser espectaculares y que el futuro es promisor. Pero, esos 29 millones de clientes eléctricos reciben sacudida tras sacudida, mes viene y mes va. Esta semana, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se enfrentaba a una rueda de prensa desagradable. La mitad de las preguntas fueron sobre la luz. ¿Qué les pasa a estos periodistas convertidos en los nuevos taquígrafos? ¿No tienen interés por ese futuro de dicha y alegría que se abre con la recuperación y los fondos europeos? ¿Sólo les interesa la puñetera luz? En la comparecencia la acompañan el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el de Universidades, Manuel Castells, quien se refiere a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, y al final de su exposición, muy dispuesto, dice "aquí me tienen para contestar a todas y cada una de la preguntas y los detalles que quieran conocer". Bueno, pues no hubo oportunidad. A Castells, no le preguntó ni Dios. La portavoz del Gobierno, experta en la materia como anterior portavoz del gobierno de la Junta de Castilla La Mancha y también portavoz regional del PSOE en la región, utiliza el viejo recurso de llamar a los periodistas por su nombre. "Adelante, Almudena". Pero Almudena, de TVE, vaya, no pregunta al ministro de Universidades, o al de la Presidencia, que la flanquean, no, lo hace directamente a la portavoz, y directamente por el temita. La luz. Y vaya pregunta. ¿Qué le parece que Unidas Podemos haya pedido salir a la calle para movilizarse contra la subida del precio de la luz? La portavoz se remueve en su asiento. No le gusta ni el tema, ni la pregunta. Pero echa mano de oficio y dice que ella es portavoz del Gobierno, gobierno entero. No de un cacho, del cocido entero, con todos sus sacramentos. Así que recuerda lo que dijo el día anterior la ministra del ramo Teresa Ribera, y sale como puede. A renglón seguido explica lo del manual, que "los indicadores económicos positivos se traduzcan inmediatamente, como no puede ser menos en un gobierno progresista, en bienestar social, en cohesión social" y puntualiza: "Tenemos la pauta completa de vacunación al 70%, y eso nos permite pensar en las grandes acciones posteriores". Muy interesante. Pero, no. Que, no. Que a los periodistas no les interesan las grandes acciones posteriores. Que les interesa el precio de la luz de ahora, de mañana y del mes que viene. Qué manía la de estos periodistas de preocuparse por el hoy y no por el futuro promisor. Luego vienen más preguntas, pero sigue ahí presente el tema de la luz y la comparecencia termina entre mohines de disgusto. Este es el problema de gobernar, que a veces te llegan asuntos agradables y manejables, y otras veces desagradables y complicados, o complicadísimos, de gestionar con eficacia y acierto. Y el de la luz es uno de estos y afecta a una enorme mayoría de la población. Muchos de ellos, de escasos recursos, y preocupados porque el recibo de la energía que consumen no deja de crecer. Afecta, además, al IPC, que se desboca y, por supuesto, a la cesta básica de la compra, al cogollo de los sufridos ciudadanos y electores. Es evidente que con la luz algo hay que hacer. Pero la solución parece difícil. El Gobierno mueve ficha con esa invitación a las empresas afectadas por el recorte a la energía hidroeléctrica para que renuncien a sus concesiones. Pero, este gobierno al que acusaban de comunista y de bolivariano, tiene las manos atadas en muchos aspectos como cualquier gobierno democrático y sujeto a la normativa europea. Y, sobre todo, se ve en la necesidad de manejar un sistema energético que en los últimos decenios, con políticas gubernamentales diferentes a las de ahora, ha variado de modo ostensible. Endesa, que junto a Iberdrola y Naturgy controla el mercado eléctrico español, nació como Empresa Nacional de Electricidad en 1944, con una clara intención de tratar de controlar un sector estratégico decisivo, el de la energía. Entonces pertenecía al INI, al Estado, hoy su accionista principal es la italiana Enel, controlada en una cuarta parte por el Estado italiano. En Francia, Électricité de France, EDF, fue creada en los mismos años que Endesa, en 1946, y es el mayor productor eléctrico de Francia, pero también de Europa. Allí, al contrario, el Estado francés domina EDF con más del 80% del capital social. La ministra Teresa Ribera, que pide “empatía social” a insensibles generadores de beneficios (Endesa logró un beneficio de 491 millones de euros en el primer trimestre de 2021), habla de la posibilidad de crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose, tal como propone el socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos. Este "sistema de concesión" o "empresa pública" permitiría al Ejecutivo "intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía", ha precisado Ribera. Pero eso parece difícil de poner en marcha en cuatro días. Cierto que el problema de la luz es un problema heredado, de aquellos polvos…, y tal y cual. Pero que algo habrá que hacer, resulta de una meridiana claridad. Hay asuntos estructurales, decisivos, y el de la energía y su incidencia en el bolsillo de los ciudadanos, futuros electores, no es baladí. Esta misma semana, el secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, precisaba que son necesarias "medidas valientes para combatir esta subida" y añadía que "el PSOE muestra falta de ambición" en este asunto. Item más, animaba a que la "ciudadanía se tiene que movilizar y tiene que advertir para que el Gobierno se mueva en esa dirección". Movilización, toma de calles, revolución. Parece que esté Rajoy al frente, pero no, está Sánchez, en coalición con Podemos. Asistimos atónitos al espíritu revolucionario que inflama la vida política, y ahí aparece el "aprovechategui" de turno que diría Rajoy, investido de revolucionario, Teodoro García Egea, quien desde el Partido Popular sentencia: "Vinieron a subir los impuestos a los ricos, y rico es ahora quien pueda pagar su factura de la luz".
Contundente respuesta de Joaquim Bosch al portavoz de Justicia de Ayuso
El magistrado y portavoz de Juezas y jueces para la democracia, Joaquim Bosch, ha sido protagonista en redes tras pronunciarse sobre la entrevista que realizó el periódico La Razón al portavoz de Justicia del Partido Popular, Enrique López.
El número dos de Ayuso, Enrique López, justificó el bloqueo del PP al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y argumentó que «El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial». Por otra parte, sostiene que «Sánchez debe entender que la renovación del CGPJ va unido a la reforma en la elección de vocales y del fiscal general».
A raíz de estas declaraciones, el magistrado Joaquim Bosch no dudó en responder desde su cuenta oficial en Twitter: «No me creo que la mayoría de la judicatura trabaje a favor del PP. Solo los que usan la política para subir profesionalmente, como Enrique López: sin apenas méritos llegó al CGPJ y al Tribunal Constitucional. Si él es el guía para despartidizar la justicia, lo llevamos claro».
La reflexión del magistrado Joaquim Bosch fue muy aplaudida en redes y se hizo viral, alcanzando más de 11.200 me gustas y 5.600 retuits.
Un usuario de Twitter preguntó a Bosch si pedía la reforma de la elección de los vocales. Como es habitual, el magistrado respondió amablemente a la pregunta.
"Siempre la he pedido y lo sigo haciendo. Aquí hablamos de otra cosa. Un cargo público que procede de la carrera judicial no puede estar insinuando constantemente que el poder judicial está al servicio de su partido. Eso es demoledor para la credibilidad de la judicatura".
Entre todas las fracturas que hoy dividen la política española hay una que llama la atención; la que separa a quienes apuestan por el diálogo y los que creen que hablar con el otro es una pérdida de tiempo, en el mejor de los casos. En el peor, una traición. "Es una deslealtad nacional, una humillación para todos los españoles de bien", sentencia Isabel Díaz Ayuso, que en su rechazo frontal al diálogo se alinea con sus mayores antagonistas: con esa parte del independentismo catalán que tacha de estéril este diálogo y apuesta al 'cuanto peor, mejor'. "La mesa de diálogo va a ser un fracaso, haremos una estrategia enfocada a la confrontación", admite abiertamente Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso de Junts. Que desde posiciones, valores e ideas diametralmente opuestas, comparte análisis y estrategia con el PP y con Vox. Cada uno de ellos, a su manera, apuesta por lo mismo: porque el diálogo no funcionará. Y creen que no moverse de su postura de máximos y azuzar el enfrentamiento tendrá su premio electoral. Tal vez quienes no se sientan en esa mesa acierten en su pronóstico. Tal vez fracase la negociación. Pero la pregunta clave es qué alternativa ofrecen. Y si esa alternativa es mejor. Se sabe cómo acaba la propuesta que aún hoy defienden Junts y la CUP, la de la declaración de independencia unilateral. El resultado está a la vista. Ya se probó en 2017 y es obvio que se volvería a repetir. Otra vez los presos, el ninguneo internacional, el rechazo de una mitad de los propios catalanes y la frustración, ante un nuevo fracaso, de la otra mitad. También se sabe cómo acaba la alternativa que ofrece la derecha española, la de la mano dura, la respuesta autoritaria y la recentralización. Hay que recordar que fue precisamente eso –encarnado en la campaña del PP contra el Estatut– lo que en buena medida explica cómo hemos llegado hasta aquí. La mesa de diálogo lo tiene muy difícil. Y así lo admiten todos los que allí se sientan, del Gobierno y la Generalitat. Una parte considera irrenunciable un referéndum de autodeterminación. La otra se niega a dárselo, y es dudoso que pudiera hacerlo, incluso si llegara a tener esa voluntad. Son tan lejanas las posiciones de partida que el primer gran acuerdo –que no haya plazos, que las reuniones sean "periódicas y discretas"– es un buen comienzo. Solo así será posible avanzar. La foto entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès era más que necesaria. Se había roto tanto la convivencia institucional desde 2017 que algo muy básico, el reconocimiento explícito del otro como interlocutor, supone un paso espectacular. Pero después de la foto, esa anunciada discreción será fundamental. También es un gran paso por lo que implica por sí mismo esta mesa, donde ambas partes con el hecho de sentarse han cedido ya. El reconocimiento, por parte del Gobierno, de que lo ocurrido en Catalunya es un problema político, y no una cuestión de orden público que dependa de los jueces o de las fuerzas de seguridad. Y el reconocimiento, por parte de ERC, de que esa independencia que legítimamente reivindican no depende solo del pueblo catalán, ni se puede imponer de forma unilateral. La libertad de movimientos de ambas partes es reducida, por la presión que ambos soportan de quienes apuestan por que este intento fracasará. ¿Sobrevivirá el Govern de la Generalitat esta legislatura cuando ERC y Junts mantienen posiciones tan distintas en una cuestión tan fundamental? ¿Qué capacidad de decisión tiene realmente el Gobierno frente al poder de ese Estado profundo que la derecha nunca ha dejado de controlar?
Detienen a Puigdemont en Cerdeña. La caverna celebra, algarabía y algazara en el extremo centro, entusiasmo desatado en el chavesnogalismo. Bustos festeja la hermandad ítalo-española y eleva a los altares el Supremo como garante de la grande y libre. Amón glosa a Llarena como el héroe constante y silente que atrapa al miserable. El himno suena en sus casas, potente y cipotudo, con una letra épica imaginada en la que los sediciosos caen por gloria y gracia de sus tercios togados. Apuran el bourbon y cierran su párrafo final. Puigdemont encerrado, el Gobierno caerá. Las primeras del periodismo patrio preparan la sentencia. Liberan a Puigdemont, la leche se derrama como las lágrimas de los nacionalistas españoles. Edgar Straehle nos trajo una cita de Giambattista Vico que sirve de manera un poco cruel para mostrar la incontinencia jacarandosa de quienes celebraron la detención de Carles Puigdemont sin tener demasiado conocimiento de lo que suponía: "Los hombres, ignorantes de las causas naturales que producen las cosas, cuando no pueden explicarlas ni siquiera por cosas semejantes, atribuyen a las cosas su propia naturaleza". El pensamiento ilusorio ha sido durante muchos años patrimonio del mundo independentista, pero cada vez más se está trasladando al mundo nacionalista español que solo concibe el conflicto, el enfrentamiento y la venganza como modo de dirimir las divergencias políticas con una parte de Cataluña que no comprenden y a la que solo quieren dominada. Todos los análisis sobre la detención de Puigdemont que pronosticaban el fin del Gobierno, antes de comprender el lío jurídico, parten de un deseo reprimido. El reaccionario patrio ya tenía la hoja de ruta, Puigdemont sería juzgado en España de manera inmediata, lo que acabaría con la mesa de diálogo y por traslación con el Gobierno de coalición. La realidad es que ese análisis mostraba más la ilusión que les hacía que el movimiento de la Policía sarda echara por tierra todo lo que la desinflamación nacionalista ha logrado que lo que muestran los hechos. Ni doce horas les han durado ese diagnóstico atribulado que confundía sus sueños húmedos con la vía que ha tomado la política en Cataluña. Si algo ha quedado claro durante el lustro perdido del procesismo es que el diálogo desune al independentismo y facilita la convivencia, mientras que el conflicto los une hasta hacerlos hegemónicos en Cataluña. Les interesa esa algarada constante, porque enardece las bases del nacionalismo español en el resto de las regiones. Quien quiera una España sin conflicto entre nacionalistas tiene que abogar por el diálogo, el fin de la represión y el reconocimiento por parte de los independentistas de que la vía unilateral solo sirve para envalentonar el fascismo y las ganas de venganza del Estado Profundo. Por eso ni JxC ni Vox quieren que nadie se siente a hablar, porque es la gasolina que necesitan para sobrevivir. De la reacción española nunca he esperado más que dolor y traición, de la catalana, de Puigdemont, solo espero que haga el menos daño posible a la convivencia entre iguales, y eso se consigue dejando que el señor haga sus cosas folclóricas por Cerdeña sin que nadie le preste demasiada atención, viviendo bien en Waterloo a costa de aquellos que se compran el carné de la república y las genuflexiones de sus albanodantes, perdiendo el tiempo como europarlamentario. Puigdemont dando vueltas por Europa. Un señor de derechas haciendo sus cosas de derechas sin molestar demasiado, porque se hace más daño a España deteniéndolo y juzgándolo con la hiel y la inquina de llarenas y marchenas que dejándole vivir en paz. Ya habrá tiempo de hacer justicia cuando la bunkerizada de las togas sea democratizada.
El Gobierno propone subir las cotizaciones para rellenar la hucha de las pensiones y garantizar las prestaciones de los ‘baby boomers’
El Gobierno planea que se aumenten las contribuciones a la hucha de las pensiones, que en la actualidad apenas cuenta con unos 2.000 millones de los 67.000 millones que llegó a tener. La sostenibilidad del sistema de jubilación es el quebradero de cabeza del Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá. Para rebajar la tensión que generará en sus cuentas la jubilación del baby boom, la generación más numerosa y nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta, el Ejecutivo maneja dos instrumentos correctores que se negociarán con los agentes sociales y el Pacto de Toledo. Según fuentes de la negociación, el primero será la aportación adicional al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones. Esta se hará con una subida finalista de la cotización de 0,5 puntos porcentuales durante 10 años a partir de 2023. Si estas aportaciones no fueran necesarias, el Gobierno valoraría devolverlas mediante bajadas de cotizaciones o mejoras de prestaciones. El segundo instrumento consistirá en que desde 2032 se hará una revisión cada tres años para analizar si el gasto en prestaciones sobre PIB se desvía de la proyección para 2050 del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report, de 2024. De ocurrir una desviación, se tomarían nuevas medidas para corregirlo. Las contribuciones a la hucha se financiarán con subidas de cotizaciones que se repercutirán a partes iguales entre la empresa y los trabajadores. Según fuentes de la negociación social, la subida para un salario medio será de unos diez euros al mes divididos entre la compañía y el asalariado. Para un mileurista, el incremento sería de cinco euros al mes. Con esta fórmula se pretende dotar a la hucha de las pensiones de un capital suficiente con el que afrontar en mejores condiciones la entrada masiva de nuevos pensionistas que se proyecta en un horizonte cercano. A partir de 2023 empezarán a jubilarse las primeras hornadas del baby boom. Y esta sobrecarga durará unas tres décadas. Según fuentes de la negociación, a esta vía de ahorro se incorporará de forma “contingente y temporal” otro mecanismo de control. Este entraría en acción cuando la proyección del gasto en pensiones se desvíe de la senda fijada por el ministerio tras haber inyectado unos 22.000 millones desde el presupuesto del Estado a la Seguridad Social con el fin de cerrar el actual déficit. Estas intervenciones, que todavía no han sido desarrolladas al completo, servirían para corregir el desfase futuro de las cuentas generado por la jubilación del baby boom. Y nunca podrían suponer en total más de 0,8 puntos de PIB al año en 2050, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy. Uno de estos instrumentos consistiría en disponer del dinero del Fondo de Reserva con un límite anual del 0,2% del PIB. Si eso no fuese suficiente o se hubiesen agotado los recursos de la hucha, entonces el Gobierno negociará con los agentes sociales una propuesta que elevaría al Pacto de Toledo para reducir el gasto en pensiones en porcentaje de PIB. Estas medidas tendrían un límite anual del 0,4% del PIB. Y si esto no resultara bastante, el Gobierno acordará con patronal y sindicatos otra subida de las cotizaciones hasta un máximo del 0,4% del PIB al año. El refuerzo de la hucha y el examen trienal conformarían el esqueleto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituirá al Factor de Sostenibilidad, un instrumento que aprobó el PP, cuya entrada en vigor fue retrasada y que recortaba la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Este estaba previsto derogarlo el año que viene en la segunda parte de la reforma de pensiones. Pero los sindicatos exigieron su eliminación inmediata. Ni la Comisión Europea ni la CEOE querían que se suprimiese el Factor de Sostenibilidad sin que hubiese otra fórmula que la sustituyese. Así que el acuerdo con los interlocutores sociales dice que estos deben consensuar el diseño final del MEI antes del 15 de noviembre. La idea es introducirlo como una enmienda en el Congreso. Si no alcanzan un pacto, según consta en el acuerdo, el Ejecutivo legislará solo. Según la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, el sistema se someterá a un examen cada tres años a partir de 2032. En esta evaluación se mirará el nivel de gasto y el equilibrio entre la población ocupada y la pensionista. Y en función de cuál sea la marcha de las cuentas se revisarán “el conjunto de parámetros del sistema”, según confirman fuentes de la negociación. Aunque la propuesta del Gobierno no los menciona de forma expresa, estos básicamente son: la edad de jubilación; la edad de jubilación anticipada y sus incentivos; el periodo utilizado para calcular la prestación; el salario utilizado o base reguladora; las bases máximas; las mínimas; el tipo de cotización, y la esperanza de vida. El ministro Escrivá ya ha sugerido en varias ocasiones que se podría aumentar el periodo de cómputo exigido para la pensión, una fórmula que implicaría trabajar más tiempo en ocupaciones que no sean catalogadas como penosas.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue diseñado en el año 2000, y su finalidad era la de acumular los excedentes de ingresos que financiaban las prestaciones para garantizar así la sostenibilidad del sistema. Desde su nacimiento y hasta 2011 las aportaciones llegaron a sumar un máximo de 67.000 millones de euros. Sin embargo, la crisis de 2008 obligó al Estado a recurrir a estos ahorros a partir de 2012 para pagar las pensiones. Y se quedó prácticamente en los huesos. En estos momentos apenas hay unos 2.000 millones de euros. El objetivo de la Seguridad Social es obtener con las subidas de cotizaciones un montante cercano a los 1.000 millones de euros al año. En un periodo estimado de cinco años, sumando estas aportaciones al remanente existente, se llegaría hasta los 7.000 millones de euros. ¿Por qué cinco años? En ese periodo será en el que empiecen a jubilarse los baby boomers, ensanchando el colectivo de pensionistas. Según el INE, hay 7,7 millones de trabajadores en España con edades comprendidas entre los 45 y los 59 años. Además, por sus mejores carreras laborales, estos futuros beneficiarios recibirán, en la mayoría de los casos, prestaciones más altas que las que se reparten en la actualidad. De acuerdo con los cálculos de la Autoridad Fiscal, una vez suprimida la reforma de pensiones del PP y empleando unos escenarios optimistas de demografía y del mercado laboral, el gasto en pensiones aumentará en relación a la economía en unos 4,2 puntos de PIB, el equivalente a casi 60.000 millones de hoy, esto es, subir el IRPF en cerca de un 60%. Ahora mismo se destina en torno al 12% del PIB. Cuánto habrá que financiar de esos cuatro puntos de PIB dependerá de cómo evolucione el tamaño de la economía, el empleo, la productividad, la inmigración, la natalidad o la generosidad del sistema, medida como la relación entre el último salario y la prestación inicial. La propuesta ha sido trasladada a los agentes sociales en la reunión de este martes por la tarde, y aún debe recibir el visto bueno tanto de los sindicatos como de la patronal. Fuentes sindicales apuntan a que “no les salen los números” con el proyectado incremento de las cotizaciones sociales, ya que de ninguna forma contemplan que pueda obtenerse de ellas un ingreso anual de 1.000 millones de euros. Y rechazan los ajustes que conlleva una parte del mecanismo. Por su parte, la CEOE se resiste a que haya subidas de cotizaciones.
marapez escribió:El Gobierno propone subir las cotizaciones para rellenar la hucha de las pensiones y garantizar las prestaciones de los ‘baby boomers’
El Gobierno planea que se aumenten las contribuciones a la hucha de las pensiones, que en la actualidad apenas cuenta con unos 2.000 millones de los 67.000 millones que llegó a tener. La sostenibilidad del sistema de jubilación es el quebradero de cabeza del Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá. Para rebajar la tensión que generará en sus cuentas la jubilación del baby boom, la generación más numerosa y nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta, el Ejecutivo maneja dos instrumentos correctores que se negociarán con los agentes sociales y el Pacto de Toledo. Según fuentes de la negociación, el primero será la aportación adicional al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones. Esta se hará con una subida finalista de la cotización de 0,5 puntos porcentuales durante 10 años a partir de 2023. Si estas aportaciones no fueran necesarias, el Gobierno valoraría devolverlas mediante bajadas de cotizaciones o mejoras de prestaciones. El segundo instrumento consistirá en que desde 2032 se hará una revisión cada tres años para analizar si el gasto en prestaciones sobre PIB se desvía de la proyección para 2050 del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report, de 2024. De ocurrir una desviación, se tomarían nuevas medidas para corregirlo. Las contribuciones a la hucha se financiarán con subidas de cotizaciones que se repercutirán a partes iguales entre la empresa y los trabajadores. Según fuentes de la negociación social, la subida para un salario medio será de unos diez euros al mes divididos entre la compañía y el asalariado. Para un mileurista, el incremento sería de cinco euros al mes. Con esta fórmula se pretende dotar a la hucha de las pensiones de un capital suficiente con el que afrontar en mejores condiciones la entrada masiva de nuevos pensionistas que se proyecta en un horizonte cercano. A partir de 2023 empezarán a jubilarse las primeras hornadas del baby boom. Y esta sobrecarga durará unas tres décadas. Según fuentes de la negociación, a esta vía de ahorro se incorporará de forma “contingente y temporal” otro mecanismo de control. Este entraría en acción cuando la proyección del gasto en pensiones se desvíe de la senda fijada por el ministerio tras haber inyectado unos 22.000 millones desde el presupuesto del Estado a la Seguridad Social con el fin de cerrar el actual déficit. Estas intervenciones, que todavía no han sido desarrolladas al completo, servirían para corregir el desfase futuro de las cuentas generado por la jubilación del baby boom. Y nunca podrían suponer en total más de 0,8 puntos de PIB al año en 2050, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy. Uno de estos instrumentos consistiría en disponer del dinero del Fondo de Reserva con un límite anual del 0,2% del PIB. Si eso no fuese suficiente o se hubiesen agotado los recursos de la hucha, entonces el Gobierno negociará con los agentes sociales una propuesta que elevaría al Pacto de Toledo para reducir el gasto en pensiones en porcentaje de PIB. Estas medidas tendrían un límite anual del 0,4% del PIB. Y si esto no resultara bastante, el Gobierno acordará con patronal y sindicatos otra subida de las cotizaciones hasta un máximo del 0,4% del PIB al año. El refuerzo de la hucha y el examen trienal conformarían el esqueleto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituirá al Factor de Sostenibilidad, un instrumento que aprobó el PP, cuya entrada en vigor fue retrasada y que recortaba la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Este estaba previsto derogarlo el año que viene en la segunda parte de la reforma de pensiones. Pero los sindicatos exigieron su eliminación inmediata. Ni la Comisión Europea ni la CEOE querían que se suprimiese el Factor de Sostenibilidad sin que hubiese otra fórmula que la sustituyese. Así que el acuerdo con los interlocutores sociales dice que estos deben consensuar el diseño final del MEI antes del 15 de noviembre. La idea es introducirlo como una enmienda en el Congreso. Si no alcanzan un pacto, según consta en el acuerdo, el Ejecutivo legislará solo. Según la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, el sistema se someterá a un examen cada tres años a partir de 2032. En esta evaluación se mirará el nivel de gasto y el equilibrio entre la población ocupada y la pensionista. Y en función de cuál sea la marcha de las cuentas se revisarán “el conjunto de parámetros del sistema”, según confirman fuentes de la negociación. Aunque la propuesta del Gobierno no los menciona de forma expresa, estos básicamente son: la edad de jubilación; la edad de jubilación anticipada y sus incentivos; el periodo utilizado para calcular la prestación; el salario utilizado o base reguladora; las bases máximas; las mínimas; el tipo de cotización, y la esperanza de vida. El ministro Escrivá ya ha sugerido en varias ocasiones que se podría aumentar el periodo de cómputo exigido para la pensión, una fórmula que implicaría trabajar más tiempo en ocupaciones que no sean catalogadas como penosas.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue diseñado en el año 2000, y su finalidad era la de acumular los excedentes de ingresos que financiaban las prestaciones para garantizar así la sostenibilidad del sistema. Desde su nacimiento y hasta 2011 las aportaciones llegaron a sumar un máximo de 67.000 millones de euros. Sin embargo, la crisis de 2008 obligó al Estado a recurrir a estos ahorros a partir de 2012 para pagar las pensiones. Y se quedó prácticamente en los huesos. En estos momentos apenas hay unos 2.000 millones de euros. El objetivo de la Seguridad Social es obtener con las subidas de cotizaciones un montante cercano a los 1.000 millones de euros al año. En un periodo estimado de cinco años, sumando estas aportaciones al remanente existente, se llegaría hasta los 7.000 millones de euros. ¿Por qué cinco años? En ese periodo será en el que empiecen a jubilarse los baby boomers, ensanchando el colectivo de pensionistas. Según el INE, hay 7,7 millones de trabajadores en España con edades comprendidas entre los 45 y los 59 años. Además, por sus mejores carreras laborales, estos futuros beneficiarios recibirán, en la mayoría de los casos, prestaciones más altas que las que se reparten en la actualidad. De acuerdo con los cálculos de la Autoridad Fiscal, una vez suprimida la reforma de pensiones del PP y empleando unos escenarios optimistas de demografía y del mercado laboral, el gasto en pensiones aumentará en relación a la economía en unos 4,2 puntos de PIB, el equivalente a casi 60.000 millones de hoy, esto es, subir el IRPF en cerca de un 60%. Ahora mismo se destina en torno al 12% del PIB. Cuánto habrá que financiar de esos cuatro puntos de PIB dependerá de cómo evolucione el tamaño de la economía, el empleo, la productividad, la inmigración, la natalidad o la generosidad del sistema, medida como la relación entre el último salario y la prestación inicial. La propuesta ha sido trasladada a los agentes sociales en la reunión de este martes por la tarde, y aún debe recibir el visto bueno tanto de los sindicatos como de la patronal. Fuentes sindicales apuntan a que “no les salen los números” con el proyectado incremento de las cotizaciones sociales, ya que de ninguna forma contemplan que pueda obtenerse de ellas un ingreso anual de 1.000 millones de euros. Y rechazan los ajustes que conlleva una parte del mecanismo. Por su parte, la CEOE se resiste a que haya subidas de cotizaciones.
José Luis Ábalos anuncia acciones legales contra The Objective tras airear su vida privada
El periódico The Objective publicaba este miércoles un polémico artículo de la periodista Ketty Garat sobre las supuestas razones de la caída del exministro socialista José Luis Ábalos.
Según este medio, el presidente Pedro Sánchez echó al ministro por su «oscura doble vida» y revela que se entregó a la vida nocturna, con «fiestas y mujeres en locales y pisos privados en plena pandemia» que terminaron con la carrera política del ministro de Transportes y número tres del PSOE.
A raíz des estas informaciones, el exministro anunciaba desde su perfil en Twitter que tomará acciones legales contra este medio: «Lo publicado sobre mí en The Objective es rotundamente falso, como se desprende de la imprecisión de su contenido. Solo responde a un interés por desprestigiar mi persona y obtener rédito para el medio. Exijo una rectificación y hoy emprenderé las acciones judiciales oportunas».
Sobre este asunto se ha pronunciado vía Twitter el exsenador de Podemos, Óscar Guardingo: «En serio se puede publicar una infamia contra Ábalos sin aportar ni una suela prueba y solo con declaraciones atribuidas a genéricas fuentes?»
José Luis Ábalos actualmente preside preside la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Anteriormente fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020-2021) y ministro de Fomento (2018-2020). También ha sido secretario de Organización del PSOE (julio de 2017 - julio de 2021).
Las evidencias científicas de cómo la publicidad de alimentos y bebidas no saludables influye en los niños
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado que regulará la publicidad de alimentos perjudiciales para la salud de los menores y así defenderá sus intereses frente a los de la industria alimentaria. Esta medida supondrá la prohibición, bajo ciertas condiciones, de anuncios de alimentos y bebidas no saludables dirigidos a menores de 16 años en múltiples medios de comunicación: televisión, cine, Internet, carteles publicitarios, radio.
Esta decisión surge a raíz de un grave problema sanitario que afecta a la población infantil de nuestro país: el 40,6 % de los niños entre 6 y 9 años tienen obesidad o sobrepeso debido principalmente al sedentarismo y al consumo de productos alimentarios insanos. Las campañas de marketing refuerzan el consumo de dichos productos, al influir en las preferencias y pautas de consumo de los más pequeños y aumentan, por tanto, el riesgo de obesidad infantil y de desarrollo de enfermedades asociadas (diabetes, enfermedades cardiovasculares y de las articulaciones, problemas respiratorios...). La actual regulación en España, establecida en 2005 y en la que la propia industria alimentaria se comprometía a cumplir voluntariamente un código ético (PAOS), ha sido un fracaso por incumplirse sistemáticamente: 9 de cada 10 anuncios de TV dirigidos a niños son de productos no saludables y más de la mitad de todos los alimentos publicitados a niños en TV incluían alguna declaración saludable, cuando, en realidad, la mayoría de estos eran productos poco o nada saludables.
¿Cómo influye la publicidad en los niños?
Para entender de qué manera el marketing condiciona las preferencias alimentarias de los menores es fundamental conocer tres factores clave:
Los niños, especialmente los más jóvenes, no suelen tener recursos económicos para la compra habitual de alimentos, sino que este hábito depende de los padres.
A la hora de elegir los productos alimentarios, los menores rara vez consideran si estos son saludables o no cuentan con los criterios suficientes como para distinguirlos.
Los más jóvenes son especialmente vulnerables, en comparación con los adultos, a los efectos de la publicidad y es más fácil modificar en ellos sus preferencias de consumo gracias al marketing.
Todo ello, en conjunto, lleva a que la industria alimentaria promocione ampliamente productos no saludables (ricos en azúcar, grasas o sal) a los niños, pero no como compradores directos, sino como intermediarios. En ese sentido, los más pequeños de la casa se convierten en los miembros más codiciados por las empresas para introducir ciertos alimentos entre sus familias. Miguel A. Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, explica que las acciones publicitarias buscan "que sean los niños los que insistan a sus padres y les convenzan para comprar estos productos, una técnica de marketing bien conocida y estudiada llamada "nag factor" o "factor de fastidio". Los recursos utilizados por la industria alimentaria para fomentar el consumo de sus productos por parte de los niños son variados y se aplican en diferentes lugares. En el etiquetado, por ejemplo, se emplean colores y letras coloridos y llamativos, mascotas, personajes animados famosos o juegos recortables. También es frecuente que los productos incluyan en su interior juguetes, cromos u otros artículos coleccionables que favorecen la continuidad de su compra. Además, el posicionamiento de estos artículos en las estanterías más bajas del supermercado es otra estrategia para aumentar su visibilidad entre los más pequeños. Los anuncios de TV a menudo recurren a dibujos animados (cuando el objetivo son los niños) o a grupos de jóvenes (cuando se dirigen a adolescentes) realizando actividades populares y consumiendo estos productos para darles un estatus de "deseables".
La influencia del marketing
Son numerosos los estudios científicos que han analizado la influencia del marketing de alimentos y bebidas insanos sobre el público infantil. La Organización de la Salud recoge en su página web parte de la investigación de más calidad en este campo. En 2016, una revisión sistemática examinó 17 ensayos clínicos sobre ingesta dietética y preferencias alimentarias en este ámbito. Los resultados mostraban que los niños incrementaban significativamente la ingesta dietética de estos productos durante la exposición a su publicidad o al poco tiempo después de esta. Por otra parte, era más probable que los niños expuestos al marketing de productos no saludables seleccionaran los alimentos y bebidas anunciados. Los autores concluían que la evidencia indicaba que la publicidad incrementa la ingesta y la preferencia hacia estos productos ricos en calorías y de baja calidad nutricional. Otra revisión sistemática de 2016, en la que se incluían 22 ensayos, mostraba resultados muy similares: la exposición aguda a la publicidad de alimentos no saludables aumentaba de forma significativa su consumo en los niños, pero no en los adultos. Los investigadores explicaban que estos datos apoyaban acciones políticas de salud pública para disminuir la exposición publicitaria de los niños a estos productos. Una revisión más reciente, publicada en 2019, analizó los resultados de un total de 71 estudios sobre la publicidad alimentaria dirigida al público de entre 2 y 17 años. La exposición a esta influía de forma poderosa sobre las actitudes, las preferencias y el consumo de alimentos no saludables con consecuencias negativas para su salud. Uno de los ensayos clínicos mejor valorados por la anterior revisión mostró el gran poder que puede tener la publicidad en las pautas de consumo de los niños. En este estudio se dividió a los niños (7-12 años), que se encontraban en campamentos de vacaciones, en dos grupos: en uno se expusieron a anuncios de diferentes snacks por televisión durante 4-6 días, o a anuncios que no eran de comida, y en otro a una combinación de anuncios de televisión y videojuegos publicitarios (conocidos como advergames) de los mismos productos durante el mismo tiempo. Los investigadores observaron que justo cuando los niños se exponían a la publicidad de aperitivos, estos consumían, de media, 46,3 calorías más al día a través de aperitivos que cuando se exponían a publicidad que no era de comida. Este consumo adicional de alimentos no se compensaba por una menor ingesta en el resto de comidas. Además, todos los niños que vieron los anuncios por la televisión y pasaron tiempo con los videojuegos publicitarios consumieron todavía más de los snacks anunciados comparado con aquellos que solo vieron la tele. A su vez, estos menores expuestos a la publicidad por múltiples canales consumieron, de media, 43,5 calorías más cada día que el grupo de la TV. Los autores avisaban de que, aunque el exceso en el consumo de calorías podría compensarse más adelante, su magnitud podría reforzar la ganancia de peso en niños. Este fenómeno que era aún más acusado en los niños que ya sufrían sobrepeso y obesidad y que se exponían a los anuncios.
La Fiscalía denuncia a una líder falangista por incitar a la violencia contra marroquíes y musulmanes
El Ministerio Público considera que Isabel Medina Peralta cometió un delito de odio por sus manifestaciones durante una concentración ante la Embajada de Marruecos en plena crisis migratoria en Ceuta
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra la líder falangista María Isabel Medina Peralta por “apremiar” a la violencia contra migrantes marroquíes y musulmanes en un acto frente a la embajada de Marruecos en Madrid el pasado 18 de mayo, en plena crisis migratoria con el país vecino. El Ministerio Público considera que la joven cometió un delito de odio por sus manifestaciones durante esta concentración, convocada por la organización ultra Bastión Frontal bajo el lema Alto a la invasión. Marruecos, estado terrorista y que no contaba con autorización de la Delegación de Gobierno.
Según la Fiscalía, Medina Peralta, en su condición de “líder de Bastión Frontal”, se colocó en la cabecera de la manifestación desde donde leyó ante las cámaras un manifiesto “con el que venía a apremiar a la violencia y hostilidad contra los migrantes marroquíes y musulmanes, relacionando inmigración y suplantación racial y cultural”. Una vez finalizada la concentración se produjeron una serie de enfrentamientos e incidentes, por parte de varios miembros del grupo Bastión Frontal que arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado, por lo que fueron detenidos cinco de ellos: uno por resistencia a la autoridad y cuatro por desórdenes públicos. Siete agentes resultaron heridos leves, según informaron a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.
La denuncia refleja varias otras citas textuales de Medina Peralta. En una de ellas decía: “Estamos aquí los militantes de Bastión Frontal para plantar cara a la indecencia de nuestros políticos que echan la vista a otro lado mientras sufrimos una suplantación racial sin precedentes (…). La llegada masiva de inmigrantes que acaban con nuestra polifonía, que acaban con nuestra cultura, que acaban con nuestra identidad moral y que acaban con lo que viene siendo España y Europa, y eso no lo vamos a permitir”. “Si nosotros no los frenamos esto será inminente porque la inmigración en Europa va a suplantar nuestra raza (…) y nosotros somos los únicos que vamos a luchar por ello…”. Ya por último volvió a reiterar su idea de luchar con los migrantes porque “no vamos a dejar que nos invadan. ¡Muerte al invasor!”, afirmó en otro momento.
La Fiscalía señala también que la propia denunciada gritó una de las consignas que coreaban los allí concentrados "no es inmigración, es una invasión". Además, mientras le aplaudían, en la concentración se profirieron otras consignas tales como "España cristiana y no musulmana", al tiempo que se exhibían banderas del grupo y se desplegaban dos pancartas en las que se recogían: "Ni el Rey ni el Gobierno ni la UE frenarán el expansionismo marroquí" y "Mohamed VI quita tus sucias manos de nuestra tierra… Adelante España".
El pasado febrero, la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal sobre las proclamas antisemitas efectuadas por Medina Peralta en un homenaje a la División Azul celebrado en las proximidades del cementerio de la Almudena de Madrid. No obstante, la jueza archivó la causa. "Es nuestra suprema obligación luchar por España y luchar por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío. Porque no hay nada más certero que esta afirmación. El judío es el culpable, el judío es el culpable y la División Azul luchó por ello", dijo entonces. Medina Peralta, que ronda la veintena, ha sido becada por el grupo alemán fascista Der III Weg para pasar diez meses en Dusseldorf (Alemania) formándose con esta organización en sus técnicas de propaganda y combate y luego regresar a España, según publicó 'Caso Abierto' de Prensa Ibérica.
El día que se hagan efectivos todos los delitos de odio que se cometen en España las cárceles no van a dar a basto.
Lo de Isabel Medina Peralta es inaudito. Parece que se libra del delito de odio porque no utiliza títeres ni es rapera. A ver qué dicen ahora los jueces... Lo malo es que muchos de ellos piensan lo mismo que ella.
P.D: Por cierto, no es "dar a basto" sino "dar abasto"
el.loco.lucas escribió:Lo de Isabel Medina Peralta es inaudito. Parece que se libra del delito de odio porque no utiliza títeres ni es rapera. A ver qué dicen ahora los jueces... Lo malo es que muchos de ellos piensan lo mismo que ella.
P.D: Por cierto, no es "dar a basto" sino "dar abasto"
Cierto: "bastos" incluidos. El pulgar derecho del llobu estaba muy ocioso.
Las empresas hacen fijos a 82.400 temporales en dos semanas tras una carta de la Inspección de Trabajo
En dos semanas, unos 82.400 trabajadores temporales han pasado a ser fijos gracias a la Inspección de Trabajo. Algo que ya eran en la práctica dada su labor o las características estructurales de sus puestos, pero que no reflejaban sus contratos, como ocurre en muchos casos de temporalidad fraudulenta. Las empresas para las que trabajan estas personas han convertido sus contratos temporales (irregulares) en indefinidos después de recibir una carta de la Inspección de Trabajo, que les advertía de la detección de una presunta irregularidad. Se trata solo del arranque del segundo plan de choque contra la temporalidad abusiva de 2021, que la autoridad laboral ha iniciado este noviembre.
"Se ha puesto en marcha en el mes de noviembre un segundo plan de choque para regularizar contratos temporales irregulares", responden en el Ministerio de Trabajo a consultas de elDiario.es sobre las actuaciones de la Inspección en este ámbito. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, subrayaba este jueves por la mañana en el Senado que en lo que va de año la Inspección de Trabajo ha logrado convertir en indefinidos "más de 267.000 contratos" temporales fraudulentos. "Un número impresionante de transformaciones", destacaba el 'número dos' de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Según el Ministerio de Trabajo, el balance de conversiones de contratos temporales fraudulentos en fijo en lo que va de año es "histórico". "Nunca se había alcanzado esta cifra", apuntan a este medio. ¿Cómo se ha logrado esta cifra récord? Responde a las actuaciones ordinarias de la autoridad laboral al respecto, pero sobre todo gracias a los planes de choque contra la temporalidad irregular de la Inspección de Trabajo que detectan casos de fraude a partir del cruce masivo de datos. De los "267.593" trabajadores temporales que pasaron a ser fijos en lo que va de año gracias a la Inspección, el 75% de los contratos fueron convertidos mediante los planes de choque. El 44% ("118.994") gracias a la primera campaña y el otro 31% ("82.393"), fruto del segundo plan que se acaba de desplegar.
La Inspección de Trabajo tiene una carta para ti
Los llamados "planes de choque" de la Inspección de Trabajo contra la temporalidad abusiva comenzaron en 2018, con el anterior Gobierno de Pedro Sánchez cuando encabezaba el Ministerio de Trabajo Magdalena Valerio. Desde entonces, el Ministerio, ya en manos de Yolanda Díaz, no solo ha mantenido esta estrategia, sino que la ha intensificado. Se trata de campañas en dos tiempos. La primera fase consiste en el envío de miles de cartas de la Inspección de Trabajo a empresas presuntamente incumplidoras, que han sido detectadas gracias al cruce masivo de datos. La autoridad laboral advierte en las misivas a los empleadores que han detectado irregularidades, como la contratación temporal irregular de ciertos empleados, y da un margen de tiempo para que las compañías regularicen estas situaciones de manera "voluntaria". Si no hay regularización, se despliega la segunda fase del plan de choque. En esta, la Inspección de Trabajo comprueba qué ha ocurrido en estos casos que detectó como presuntos fraudes. Ya sea porque las empresas hayan alegado en contra del aviso de la autoridad laboral o porque hayan ignorado la advertencia por carta. Mientras que la primera fase es fruto del cruce masivo de datos, gracias a la inteligencia artificial y a los equipos de lucha contra el fraude del organismo público, esta segunda etapa se basa en la actuación personalizada de los trabajadores de la Inspección de Trabajo, que comprueban caso a caso.
Un abuso muy extendido y herramientas para detectarlo
El secretario de Estado de Empleo ha señalado este jueves de que la cifra "impresionante" de conversiones de contratos indefinidos que ha conseguido la Inspección responde a dos causas. La primera, que existe una "enorme bolsa de fraude en la temporalidad" en nuestro país, algo en lo que coinciden multitud de expertos. España es campeona en la UE en trabajadores temporales, con más de un 26% de nuestros asalariados en esta situación. Estos datos se explican por un mercado laboral que ha facilitado la contratación temporal, pero también por un abuso de estas figuras. Muchas personas con contratos temporales no desempeñan realmente una función eventual. El 'número dos' de Yolanda Díaz, encargado de negociar la reforma laboral cada semana con los agentes sociales, ha sostenido en su comparecencia en el Senado que el Gobierno está tratando de revertir este uso desmedido de los contratos temporales en esta legislación. Aunque el tema aún está muy abierto en la mesa de negociación, y las posturas de los interlocutores sociales se mantienen distantes, Joaquín Pérez Rey ha subrayado la voluntad del Ejecutivo de llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos al respecto. La segunda causa de las altas cifras de conversiones de contratos fraudulentos radica en "la capacidad impactante de intervención de la Inspección de Trabajo" a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, ha valorado el secretario de Estado de Empleo. Hay mucha temporalidad abusiva, pero también más capacidad de detectarla de la mano de la inteligencia artificial y del conocimiento de la plantilla del organismo, que siempre denuncia que tiene menos recursos personales de los necesarios. Los números demuestran que los planes de choque tienen una efectividad muy elevada y han logrado multiplicar los incumplimientos detectados. El último balance anual de la Inspección de Trabajo, correspondiente a 2019, destaca que ese ejercicio se transformaron en indefinidos "169.252" trabajadores temporales, "cifras muy superiores a antes de aplicar el Plan de Choque". Durante el último año previo sin este tipo de planes, 2017, se convirtieron en fijos 92.925 contratos temporales. Por el momento, los resultados de detección de fraude en 2021 están batiendo récords y se espera que crezcan aún más en la recta final de año. En el primer plan de choque se mandaron "79.284" cartas que afectaban a "168.819 trabajadores", informan desde el Ministerio. Las conversiones (118.994) suponen que se detectaron irregularidades sobre el 70,5% del total de empleados. El segundo plan de choque, por su parte, solo acaba de comenzar y en apenas dos semanas suma ya "82.393" conversiones de trabajadores temporales en fijos. El número de cartas enviado en esta ocasión ha sido mucho mayor: "131.083" misivas, responden en Trabajo. Dado que aún no ha concluido el mes que la autoridad laboral suele dar a las empresas para regularizar contratos, y a que queda también la segunda fase del Plan de Choque, todo apunta a que el resultado final de la campaña será bastante más alto.
Cuando hay alguien competente dirigiendo el Ministerio de trabajo, las inspecciones de trabajo dejan de ser un vergonzoso paripé y se convierten en lo que deben ser.
PSOE y Unidas Podemos plantean eliminar 33 títulos nobiliarios concedidos durante el franquismo
Los grupos que integran la coalición registran una enmienda a la ley de memoria democrática para acelerar la supresión de marquesados, ducados o condados que exaltan el golpe de Estado, la dictadura o a sus instigadores.
PSOE y Unidas Podemos dan un paso más para eliminar los resquicios del franquismo en la ley de memoria democrática. Los grupos que integran el Gobierno de coalición plantean la supresión directa a través de esa norma de 33 títulos nobiliarios que fueron concedidos entre 1948 y 1978 y que aún hoy están vivos. Socialistas y grupo confederal han registrado una enmienda en la que enumeran los ducados, marquesados o condados que exaltan el golpe de Estado, la dictadura o a sus instigadores o participantes, entre ellos el ducado de Franco o el de Primo de Rivera.
La redacción inicial de la ley de Memoria Democrática que aprobó el Consejo de Ministros a instancias del departamento de Félix Bolaños -heredada en buena medida de Carmen Calvo- abogaba por dejar en manos del Gobierno la elaboración de un catálogo de esos títulos y, a partir de ahí, proceder a su supresión.
Con la enmienda, PSOE y Unidas Podemos pretenden reducir y acelerar los trámites, además de dar una mayor base legal a la decisión. “Con los trabajos de investigación ya realizados es posible determinar en este momento los títulos nobiliarios y grandezas de España que incurren en causa de supresión por exaltar el golpe de Estado, la guerra y la dictadura, y a sus instigadores, dirigentes o participantes del sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, lo que permite incluir una referencia expresa a los mismos en este artículo y establecerse de forma directa su supresión, siendo así el propio legislador, depositario de la soberanía popular, quien expulse del conjunto de títulos nobiliarios existentes en la actualidad aquellos cuya base está constituida por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en épocas preconstitucionales”, expresan los grupos en la enmienda a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Entre los títulos nobiliarios que PSOE y Unidas Podemos plantean eliminar está el ducado de Franco que en 1975 el rey Juan Carlos concedió a la esposa del dictador. A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez estudió vías para evitar que la nieta de Francisco Franco, Carmen Martínez Bordiú, heredara el ducado, no encontró ninguna. De ahí que sea necesario modificar la legislación. El nombramiento, que fue firmado por el exministro de Justicia Rafael Catalá el mismo día de la moción de censura, se publicó en el BOE el 4 de julio de 2018. Lo mismo sucedió en el caso del ducado de Primo de Rivera, otro de que serán suprimidos. En este caso, fue el exministro socialista Juan Carlos Campo el que rubricó la sucesión en julio de 2020.
También se pondrá fin al marquesado de Arias Navarro, con el que se premió al dirigente que se unió al bando golpista y actuó como fiscal impulsando el asesinato de cientos de republicanos. Durante el franquismo ocupó distintos puestos de responsabilidad, incluido el de ministro de Gobernación y fue nombrado presidente del Gobierno -el último de la dictadura y el primero de la monarquía-. Lo mismo sucederá con el ducado de Carrero Blanco, concedido a su antecesor en la presidencia.
Desaparecerán también los títulos concedidos a los principales militares que participaron en la sublevación, como Queipo de Llano o el general Mola y también de colaboradores del régimen, como el condado del Castillo de la Mota, emitido en agradecimiento a Pilar Primo de Rivera, presidenta de la Sección Femenina, por haber apostado por "las tradicionales virtudes de la mujer española", según se explicó en el decreto de concesión. (Puedes consultar aquí el listado completo de títulos que PSOE y Unidas Podemos quieren suprimir).
El plazo para la presentación de enmiendas parciales a la ley de memoria democrática finaliza este miércoles a mediodía sin que el Gobierno tenga asegurados los apoyos para su aprobación. Los aliados parlamentarios habituales del Ejecutivo han planteado enmiendas que los socialistas ya han rechazado, como la eliminación del título de rey. Además, el PSOE siempre ha rechazado acabar con la ley de amnistía y ahora Unidas Podemos y las fuerzas independentistas presionan para que sea modificada.
Hasta ahora desde el Gobierno veían margen para el acuerdo con ERC en aspectos como la consideración de “ilegal” del régimen franquista frente al concepto ilegítimo que recoge la ley, pero se mostraban reacios a otras cuestiones, como la conversión de la comisaria de Vía Laietana en Barcelona en un lugar exclusivo de memoria o las reclamaciones patrimoniales -en este caso bajo el argumento de que el “Estado ha indemnizado a miles de víctimas del franquismo con más de 21700 millones de euros”, según las fuentes consultadas-.
Las nuevas exigencias de las fuerzas independentistas llevaron al Gobierno a explorar la posibilidad de sacar adelante la ley con Ciudadanos. Según desveló el portavoz, Edmundo Bal, recibió una llamada del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, apenas unas horas después de que registraran las enmiendas el lunes. La negociación del Ejecutivo con el partido de Inés Arrimadas ha provocado malestar en ERC.
Los 33 títulos nobiliarios vinculados al franquismo que PSOE y Unidas Podemos quieren suprimir 1. Duque de Primo de Rivera, con Grandeza de España.
2. Duque de Calvo Sotelo, con Grandeza de España.
3. Duque de Mola, con Grandeza de España.
4. Conde del Alcázar de Toledo, con Grandeza de España.
5. Conde de Labajos.
6. Marqués de Dávila y la Grandeza de España que se le une.
7. Marqués de Saliquet.
8. Marqués de Queipo de Llano.
9. Marqués de Alborán.
10. Conde del Jarama.
11. Marqués de Varela de San Fernando.
12. Conde de Benjumea.
13. Marqués de Somosierra.
14. Grandeza de España otorgada al conde de Rodezno.
15. Marqués de San Leonardo de Yagüe.
16. Conde de la Cierva.
17. Marqués de Vigón.
18. Conde de Fenosa.
19. Conde del Castillo de la Mota.
20. Marqués de Suanzes.
21. Marqués de Kindelán.
22. Conde de Pallasar.
23. Marqués de Casa Cervera.
24. Conde de Martín Moreno.
25. Marqués de Bilbao Eguía.
26. Grandeza de España a D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo
27. Conde de Bau.
28. Duque de Carrero Blanco, con Grandeza de España.
29. Señorío de Meirás con Grandeza España.
30. Duque de Franco con Grandeza de España.
31. Marqués de Arias Navarro con Grandeza de España.
Que tal si los del PSOE/Podemos aprovechan para rebajarse sustancialmente sus sueldos y prebendas? (NO se, es una idea a propósito de quitar títulos nobiliarios)
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