No, todavía no vivimos en una realidad distópica, esa sociedad -ficticia- indeseable en sí misma como se define. Lo contrario a la utopía, al ideal que propuso Tomas Moro en la Inglaterra del siglo XVI y a quien, por cierto, Enrique VIII mandó decapitar en aquella práctica a la que como rey era tan aficionado. No estamos lejos, sin embargo. Los signos de disfunción son alarmantes y aumentan a diario. El detonante ha podido ser la pandemia de coronavirus caída sobre una población que se ha dejado infantilizar a niveles que le restan capacidad de respuesta racional a los problemas. Y, como siempre, el uso aprovechado que indeseables hacen de esa debilidad. Este jueves noche, la presentación de un libro en el centro de Madrid me obligó a cruzar por sus calles de postín, que transmitían una sensación de irrealidad plena. Aceras invadidas de terrazas ayusistas como el desparrame de una plaga, y colmadas de luces almeidas, excesivas en varias zonas. En un desplazarse entre duros atascos y pérdida de nervios. Es la imagen extrema que entra por los sentidos distorsionando lo real. Lo real empieza a ser alucinante. La variante ómicron del coronavirus se expande por España –como por otros países- a gran velocidad. Ya estamos en riesgo máximo de contagios, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y de nuevo es Madrid el epicentro, con mayor y desproporcionada incidencia sobre el resto de comunidades. Pero todo lo tapan en apariencia las luces, las terrazas y la propaganda. A menudo, alguien evidencia los efectos de esa promoción desinformadora. Los datos se conocen desde hace varios meses y son similares en otras fuentes, el INE incluido, aunque resbalan a los convencidos de lo contrario. Al tiempo que se recrudece el coronavirus crece el miedo de la sociedad inmadura, incapaz de entender que no hay soluciones inmediatas y totales a problemas como éste. U otros. Cuando encima se relajan las medidas de seguridad contra los contagios, más por agotamiento de la población y por mantener "la economía" que fundadas en motivos. Es entendible, llevamos demasiado tiempo así, pero los peligros no se esfuman porque nos cansemos de ellos. Los antivacunas, con más temor a una prevención que al virus que ha enfermado a millones de personas, están en pie de guerra. La irracionalidad puede alcanzar hasta a la consejera de ¡educación! del gobierno de Murcia que "sin estar en Atapuerca", dice, no se va a vacunar dando ejemplo a sus votantes. Y ni en este contexto se arbitran las medidas lógicas. Además de evitar contagios, dotar de más medios a la sanidad pública. Por el contrario, la han seguido mermando. La saturación de la Atención Primaria amenaza con dejar sin control casos de la sexta ola, dicen los profesionales. Se está fiando la diagnosis a test caseros o privados pero sin seguimiento y sin figurar en las estadísticas. Las políticas neoliberales de la codicia nos han salido ya muy caras y las víctimas parecen asumirlo como inevitables. Salen a protestar los sanitarios y los manipulan. Quizás se debería volver a centralizar, como piden muchos de ellos, algo tan serio como el cuidado de nuestro bienestar y nuestra vida. No lo van a consentir, algunos negocios se resentirían. Cuando ya ni la salud propia ni la de los seres queridos importan, no digamos la del resto de la humanidad, es que esta sociedad tiene problemas muy serios. Asiste impertérrita a saber que dejaron morir a miles de ancianos sin atención médica por priorizar otros gastos. Murieron por "circunstancias indeseables" viene diciendo esa justicia que padecemos en España. ¿Como dedicar millones de euros a la construcción de algún hospital inservible como tal? ¿Cómo haber recortado uno de los servicios públicos de salud más eficientes del mundo hasta dejarlo exhausto? Hay caldos de cultivo en donde se cuecen grandes males. Hemos sabido que a una niña de 14 años le dieron una brutal paliza, en Toledo, siete bestias de su edad, por una disputa nimia en WhatsApp. Y la grabaron y difundieron. En el propio Congreso de los Diputados se enseña a odiar, a mentir y hacer trampas sin el menor escrúpulo. Un Pablo Casado, en desesperada huida hacia adelante porque Ayuso le pisa los pies para alzarse con la presidencia del PP.S.A., está dando unos recitales impresionantes de ignominia. El peor, utilizar la mala saña de unos "presuntos malos tratos", presuntos, a un niño para atacar al Gobierno. O asegurar que no avisó de la pandemia cuando esa gestión ha sido alabada internacionalmente y ellos mismos (y sus tentáculos mediáticos y judiciales) le pusieron zancadillas desde el primer momento. Y dirigiendo Comunidades como Madrid que hicieron tal uso de la gestión sanitaria que les compete. En rigor y honor a la verdad. El nivel de virulencia y falsedad alcanzada por esta derecha ataca a la propia convivencia de todo el país. Sus protestas ficticias, su defensa de la España una, mínima y atada como amplifican sus medios. En ABC no faltó un detalle de esta miseria, hasta del miedo a las vacunas. Y ¿qué información es ésta que llama "profecía" a unas declaraciones de una viróloga alemana? Los medios. El Periódico de España, que dirige el periodista Fernando Garea, publica un espeluznante reportaje sobre Masterchef. Sabemos que todos los realities están guionizados al detalle, desde el primero, pero que el nivel que describe haya llegado a la televisión pública estatal, TVE, es un sinsentido aunque solo fuera en los testimonios que se aportan. Si el programa de mayor audiencia de TVE es Masterchef, y sus telediarios adolecen de un marcado sesgo a favor de la derecha en la información política ¿no es clamoroso que falla algo? El Consejo de RTVE suscitó numerosos dudas en su trámite y elección y sus resultados no son precisamente brillantes pero no parece que nadie vaya a operar el menor cambio. Y menos visto lo ocurrido con el impresentable Tribunal Constitucional que ahora se atrinchera y [url=https:// https//www.eldiario.es/politica/constitucional-cierra-paso-futuras-recusaciones-arnaldo-espejel_1_8585494.html]se niega a aceptar la recusación de los magistrados Arnaldo y Espejel[/url], presentados por el PP, pese a sus opiniones, por escrito, en contra de lo que han de decidir. ¿Y qué me dicen del Tribunal Supremo? Ultima una sentencia para criticar al Gobierno –al de Pedro Sánchez- [url=https:// https//twitter.com/rosamariaartal/status/1471741710917111815/photo/1]por hacer "nombramientos a dedo[/url]". El Tribunal Supremo de la justicia española. La televisión. Otros canales. Este viernes el top del Trending Topic era sobre otro reality de una cadena privada cuya lectura mostraba un submundo terrorífico. Basado en el bullying y el insulto. Con la misma brutal virulencia en los comentarios que en los platós. Si así se divierten unos cuantos millones de seres se explica mucho de cuanto nos ocurre. Con menor audiencia que otros productos similares, se lo tragaron sin embargo 1.631.000 espectadores. Parece ya una distopía, sí. En el Ayuntamiento de Madrid, el concejal del partido de extrema derecha le dice al alcalde portavoz del PP completo que "no apoyará presupuestos "de rodillas a comunistas". Y es que los concejales escindidos de la escisión Más Madrid están dispuestos a apoyar al PP para evitar que lo haga la ultraderecha. Estupefactos nos quedamos. Y ahí tienen a Ayuso, que finge no temer a ómicron mientras avisa sobre el "gran apagón" imaginario, como contaba aquí Íñigo Sáenz de Ugarte. Eso hasta ayer por la mañana, pero a media tarde dice que sí, que vienen semanas duras y que mucho cuidado con las reuniones en casa, que “el aliado ahora son los establecimientos de hostelería”, ha insistido. En serio. Han llegado ya al poder. Es evidente. De un lado echan mano del fondo de armario con ETA y su odio y envidia a Catalunya, y del otro desparraman la osadía de su insensatez. Un caudal sin grifo ni compuertas. Y se van tiñendo de él las inmensas filas de terrazas, las bombillas, los realities, los telediarios, los que miran, los que tuitean, los hospitales, los tribunales, las portadas de prensa, el Congreso… ¿Por qué quien puede al menos atajar los focos no lo hace? Entretanto hay niñas apaleadas, niños vituperados, realidades voluntariamente ignoradas, una sociedad abocada a lo indeseable. Porque la utopía de Tomas Moro, mínimos niveles de crimen, violencia y pobreza, es impensable en la práctica pero las amenazas de la distopía parecen cada vez más cercanas.
Creo que acabo de dar con una revelación al leer a alguien que dice que Vox no es un partido polínico sino un lobby de altos funcionarios, policía y ejército. A lo que yo añado que de mundo taurino, los que no soportan a igualdad con la mujer , los que están con Franco, a Iglesia reaccionaria y el mundillo empresarial más salvaje... También dice que su objetivo no es gobernar, esto ya lo sabía y se les nota bastante , pero él dice que porque ya son y representan al poder. Con lo que deduzco que los sirvientes y currantes serían los del Pp en una supuesta coalición. Y como ya está pasando en Madrid no es tan absurdo pensarlo....
Esta es la historia de dos países llamados España. Uno de ellos está al borde del apocalipsis, por culpa de un gobierno castrochavista ilegítimo, incompetente, traidor y criminal cuyo único objetivo en este mundo es la destrucción compulsiva de todo lo que tiene a su derredor. Un gobierno al que hay que derribar a como dé lugar, por el bien de la patria, y contra el que caben insultos, mofas y descalificaciones incluso en sede parlamentaria. Es el país de Vox y de un PP irremediablemente escorado a la extrema derecha. El otro país es el que vimos este jueves: uno donde empresarios y sindicatos, coordinados por el Ejecutivo, negocian civilizadamente y se ponen de acuerdo, como no se había visto en tres décadas, para reformar una ley laboral que resultaba claramente lesiva para los trabajadores. La artífice de este indudable éxito ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La misma a la que desde las hordas de Vox se refieren despectivamente como 'Yoli' y a la que la portavoz de la formación ultra, Macarena Olona -la misma que se indigna cuando alguien califica a su partido de extrema derecha-, llamó "fea" en sesión parlamentaria. Más allá de lo que cada cual pueda pensar sobre los atributos de la titular de Trabajo, el hecho de introducir el aspecto físico como un elemento del debate político solo revela la fealdad intelectual y moral de quien procede de tal modo. Pues bien, esa 'Yoli la fea' ha hecho el regalo más triste de Navidad a una derecha empeñada en hacer lo que sea, incluso romper a pedazos la convivencia en España, con tal de llegar al poder: un acuerdo. Un pacto. Un arreglo entre dos partes con intereses habitualmente contrapuestos, como lo son la patronal y las organizaciones de trabajadores. El PSOE y Unidas Podemos se habían comprometido alegremente a derogar por completo la ley laboral de 2012, que el Gobierno de Rajoy impuso por decretazo ante su incapacidad por poner de acuerdo a los agentes sociales. Digo alegremente, porque en realidad lo que había que tumbar de esa ley eran algunos aspectos muy concretos que perjudicaban de manera clara los intereses de los trabajadores. Por las noticias que trascendían al cierre de esta columna, los puntos más sensibles quedarán derogados: se limitará el uso de los contratos temporales para evitar abusos, los empleos estacionales previsibles se harán mediante contratación fija discontinua, los convenios sectoriales volverán a primar sobre los convenios empresariales, y los pactos colectivos mantendrán su vigencia hasta que las partes se pongan de acuerdo para renovarlos. Esto no significa que a partir de ahora tendremos un mercado laboral justo y equilibrado. Falta mucho trecho para lograr ese objetivo. Sin embargo, lo novedoso de este caso es que se han deshecho algunos atropellos perpetrados de manera unilateral contra los trabajadores por el anterior Gobierno del PP. Como bien señaló ayer la ministra Díaz, se trata de la "la primera reforma laboral que recupera y gana derechos para los trabajadores". Hasta ahora la tradición era que las reformas –tanto las del PP como las del PSOE- recortaran sistemáticamente sus derechos en nombre de la "competitividad", la "productividad", la "disciplina fiscal" y la sacrosanta globalización. Supongo que el jefe de la patronal, Antonio Garamendi, se enfrentará a la ira del PP y Vox por haber pactado con la internacional comunista cuyos hilos mueve desde desiertos lejanos George Soros. Hace seis meses, Garamendi tuvo que aguantar los desaires de ambos partidos por osar decir, en relación con los indultos a los presos del procés, que "si las cosas se normalizan, bienvenidas sean". ¿Cómo se le ocurría a un aliado natural de la derecha bendecir la normalización del país, cuando lo que se busca es todo lo contrario: un clima de confrontación permanente en el que no caben matices e intersticios para el entendimiento? Y ahora, como diría Pablo Casado, ¿qué coño le habrá pasado por la cabeza para que permita al Gobierno anotarse el tanto de, nada más y nada menos, una reforma laboral consensuada? ¿Por qué cojones le otorga ese balón de oxígeno al enemigo? No conocemos los entresijos de la negociación de nueve meses que ha parido el acuerdo. Suponemos que en el ánimo de la patronal han pesado los fondos europeos para la recuperación económica, que en últimas se destinarán a estimular el sector productivo del país. Y esa inyección de dinero –no hay que ser un lince para advertirlo- les vendrá de perlas a los empresarios. Tal como señalamos en una columna anterior, las ayudas de Bruselas explican en buena parte la desesperación de la derecha. Estamos hablando de unas sumas extraordinarias que, por esas cosas a veces molestas de la democracia llamadas elecciones, les ha correspondido gestionar a los 'rojos irresponsables' y no a los que 'conocen las necesidades reales de los españoles'. La reforma laboral no es el único regalo navideño que está recibiendo la derecha desde el país real. El Gobierno también ha logrado sacar adelante los Presupuestos, revalidando los apoyos de la investidura, lo cual indica que el mandato PSOE-UP sigue campante su curso sin que se produzca una crisis de gobierno como la portuguesa, que dos meses atrás celebraba nuestra derecha como la antesala de lo que sucedería inexorablemente en España. A ello se suma el último barómetro del CIS, en que el PSOE amplía en 7,2 puntos su ventaja sobre el PP. Y está además el resultado de la comisión parlamentaria que investigó la operación Kitchen, que ha llegado a la gravísima conclusión de que Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal conocieron la trama ilegal montada en el Ministerio del Interior para tapar los escándalos del PP. Definitivamente, en el país real las cosas no marchan como les gustaría al PP y Vox. Se entiende que prefieran recluirse en su país virtual, ese territorio mágico que está a punto de ser destruido por las turbas bolcheviques.
El vicepresidente económico de Vox administró empresas pese a estar inhabilitado por quebrar una compañía
Victor González Coello de Portugal, diputado por Salamanca, fue condenado en firme en 2018 a no poder gestionar empresas o bienes ajenos durante tres años, pero ignoró la sentencia y siguió al frente de varias sociedades
El vicepresidente del área económica de Vox y diputado por Salamanca en el Congreso, Víctor González Coello de Portugal, no ha cumplido su sentencia de inhabilitación para la administración de bienes ajenos, a la que fue condenado en firme en 2018 por la quiebra de la empresa Marmolería Leonesa. Coello de Portugal debería haber cesado como administrador de todas sus sociedades desde enero de 2018 hasta enero del 2021, sin que en los registros públicos conste que lo haya hecho.
Víctor González vio en enero de 2018 cómo el Tribunal Supremo rechazaba su recurso a la inhabilitación para administrar bienes ajenos durante tres años, dictada en una sentencia del 2015. Entonces se hacía firme el fallo que le declaró culpable de la quiebra de la empresa Marmolería Leonesa, que provocó casi un centenar de despidos y la desaparición de una histórica firma del sector. Según lo acordado por los tribunales, hasta enero de 2021 el diputado no podía gestionar nada que no fuera a sí mismo.
Pero en el periodo de referencia, enero 2018 a enero de 2021, el diputado ha seguido administrando empresas, según consta en el Registro Mercantil. También consta así en la documentación que él mismo cumplimentó en el Congreso de los Diputados al pedir la compatibilidad para gestionar sociedades con su acta de diputado.
González Coello de Portugal ha mantenido activos tres cargos en empresas en el periodo de su inhabilitación. Desde 2013 es administrador solidario de Management Productive Resources SL, dedicada a la consultoría y asesoramiento a empresas, gestión de bienes inmuebles o compraventa de piedra y areniscas. Desde julio de 2018 es representante de Management Productive Resources Africa SL, filial de la anterior sociedad dedicada al estudio y compraventa de los mercados de hidrocarburos. Y mantiene el cargo de administrador único de Leadership Systems SL desde 2010, dedicada al comercio de productos de farmacia, parafarmacia, alimentación humana y cosmética.
El diputado del partido de extrema derecha es uno de los tres vicepresidentes del partido que lidera Santiago Abascal, con responsabilidades sobre el área económica y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En la web del partido es el único miembro de la dirección nacional que no tiene ninguna información sobre su currículum o trayectoria. Su entrada en política fue en el año 2015 como miembro de la lista de Vox al Ayuntamiento de León en sus puestos finales, lista que no obtuvo representación. En las elecciones generales de 2019 fue elegido diputado nacional por la provincia de Salamanca, en la que recaló como ‘cunero’.
Coello de Portugal se hizo con el control de Marmolería Leonesa en el año 2008 al comprar la mayoría accionarial a su fundador, José Luis Gutiérrez Ballesteros. La empresa era una firma histórica del sector, proveedora de grandes empresas como El Corte Inglés con quien en su expansión vivió su época dorada como suministrador de piedra. En el año 2013 Marmolería Leonesa entraba en concurso de acreedores junto a otras sociedades vinculadas —Marmolería Astur Leonesa y Petabror— tras haber intentado resolver sus problemas de solvencia en el año 2010 echando a la mitad de su plantilla de 80 trabajadores. Fue el principio del fin de la histórica empresa leonesa, que acabó liquidada junto a la sentencia que inhabilitó al diputado por Salamanca por su mala gestión.
La condena de Víctor González a tres años de inhabilitación “para administrar bienes ajenos” y “representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo” se produjo por una operación contable que creó una “simulación de una situación patrimonial ficticia” en una operación de ampliación de capital contra compensación de una deuda. En la contabilidad de la empresa se mantuvo inflado un valor de participación en otra sociedad por 1,9 millones de euros, que debería haberse corregido a la baja antes de la declaración del concurso de acreedores en 2013.
Contactado por elDiario.es el vicepresidente económico de Vox no ha querido atender a las preguntas de este periódico, remitiendo al servicio de prensa del partido cualquier cuestión, que también declinó ofrecer su versión de estos hechos.
No se inscribió su inhabilitación en el Registro Público Concursal Según el Juzgado de lo Mercantil de León, “la firmeza de la sentencia de calificación produce el cese automático de los inhabilitados, sin que resulte pertinente ni posible efectuar un seguimiento del cumplimiento de la sanción”. Esto significa que desde el auto del 17 de enero de 2018 del Tribunal Supremo, en el que inadmitía los recursos de casación y extraordinario interpuestos por el diputado, la sentencia es firme, por lo que desde entonces y hasta enero de 2021 debía haber cesado como administrador de empresas, cosa que no hizo.
Un factor que ha contribuido al no cumplimiento de la inhabilitación es que el Juzgado de lo Mercantil de León no inscribió en el Registro Público Concursal la condena al diputado, tal y como contempla la ley. Desde el Juzgado se atribuye este hecho “al peregrinaje de asuntos en las sucesivas instancias”, asegurando que esto en “nada obsta a la eficacia de la sanción, y por tanto, a las eventuales consecuencias de su incumplimiento, si se hubieran producido”. La inscripción hubiera supuesto que automáticamente el registrador hubiera cesado como administrador de las empresas a Coello de Portugal durante el periodo condenado, en cumplimiento de la sentencia. Al no haber tenido lugar la notificación esto no se ha producido.
La entonces administración concursal que pidió su inhabilitación ha respondido a este periódico que el condenado aseguró tras ver confirmada la sentencia inicial por la Audiencia Provincial de León, en mayo de 2017, que cesaría en sus cargos activos, pero que no se comprobó posteriormente que lo hiciera ante el recurso que había presentado al Supremo. Consideraban ejecutada la sentencia ya que sí se eliminó los derechos del diputado de la masa acreedora de la empresa, pero no se verificó que se ejecutara en lo relativo a su inhabilitación, que apuntan que no se ha cumplido si no cesó como administrador de otras sociedades.
La publicación en el Registro Público Concursal hubiera supuesto que González Coello de Portugal no hubiera podido ser nombrado representante de la empresa Management Productive Resources Africa, SL en julio de 2018, ya que ese año tenía prohibido desde enero en que se dictó la sentencia administrar bienes ajenos al ser firme la sentencia de inhabilitación. El Registro Público Concursal contiene una sección específica para anotar las resoluciones en las que se declare la culpabilidad del concursado y las que designen o inhabiliten a los administradores concursales. La Ley Concursal prevé en su artículo 459 que la firmeza de la sentencia de calificación produce el cese automático de los inhabilitados, hecho que no se produjo al no haber inscripción en el mismo por parte del Juzgado de lo Mercantil de León.
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